Durante las huelgas el Estado impone por la fuerza el derecho al trabajo que asiste a los asalariados no dispuestos a secundarlas. El mismo derecho que los patronos violan impunemente creando paro masivo al cobijo de leyes votadas por los partidos políticos, que les garantizan el despido barato y el trabajo temporal con el beneplácito de los grandes sindicatos estatizados.
Los asalariados parece que sobran, cuando la ganancia que sus patronos les pueden sustraer, no alcanza a compensar el dinero que, para ello, deben invertir. En tales circunstancias, nada ni nadie les impide desviar ese capital hacia los mercados especulativos, dejando a millones de familias en la miseria del paro y el trabajo precario, de modo que cuanto más corta y peor remunerada sea su vida laboral, menor será su aporte al fondo común previsional y más irrisoria la cuantía de sus futuras pensiones.
Quienes sobran, pues, son los patronos como clase social, y el sistema de vida capitalista ya caduco. GPM.
1. Los antecedentes
LA PRIMERA reforma de las pensiones del postfranquismo, se hizo bajo la Presidencia del “socialista” Felipe González Márquez —amigo íntimo del multimillonario mexicano Carlos Slim—, con Joaquín Almunia como Ministro de trabajo y Miguel Boyer al frente de la cartera de economía. Ocurrió en 1985, cuando el período mínimo de cotización o tiempo trabajado para poder jubilarse, fue incrementado de diez a quince años, y la base reguladora para el cómputo de la pensión, pasó desde los dos últimos años cotizados —vigente antes de esa reforma— hasta los ocho previos a la jubilación. Es decir que, a partir de entonces, se exigió trabajar un mayor número de años, para cobrar una menor cuantía de jubilación que antes de la reforma. Ese primer recorte de las pensiones fue respondido con una huelga general convocada por CC.OO., que fracasó porque el sindicato “socialista” UGT la boicoteó.
A pesar de que estas medidas supusieron un notable refuerzo del fondo de pensiones, a expensas naturalmente de asalariados en activo y jubilados, en los años siguientes el número de pensiones y la cuantía de la pensión media continuaron subiendo. Entre 1980 y 1995, el gasto en pensiones contributivas pasó del 5,6% del PIB, al 8,4%; y la relación entre afiliados cotizantes al fondo de pensiones y pensionistas beneficiarios de ese fondo, disminuyó desde 2,7% hasta 2,1%. O sea, que en progresión, aumentaron históricamente más los pensionistas que los cotizantes al fondo de pensiones. ¿Por qué? porque disminuyó la vida laboral de los asalariados en edad de trabajar. La sinrazón estructural o sistémica de este fenómeno, la explicaremos en el siguiente apartado del presente trabajo.
LA SEGUNDA reforma tuvo por antecedente la aprobación por el Pleno del Congreso, el 15 de febrero de 1994, de una proposición para crear una Ponencia en la Comisión de Presupuestos, con el fin de elaborar un informe acerca del problema planteado por ese incremento de la relación entre pensionistas y población activa, que minaba los pilares del sistema jubilatorio. Este Informe, conocido como Pacto de Toledo, analizó tanto los antecedentes del sistema de Seguridad Social, como los factores que podían malograr su continuidad, para lo cual propuso quince recomendaciones, que fue la base del acuerdo al que se llegó el 9 de octubre de 1996, entre el Estado y los dos sindicatos mayoritarios, denominado Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social.
Este acuerdo fue, posteriormente integrado en una Ley aprobada por el Congreso el 15 de julio de 1997, según la cual, el período de cotización al fondo de pensiones para poder cobrar una jubilación, se mantuvo en los mismos quince años de la última reforma. Pero se incrementó de 8 a 15, el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión. Así fue cómo involucionó el llamado Estado de bienestar en materia de pensiones solo doce años después de la primera reforma. También se decidió desincentivar las jubilaciones voluntarias.
Con posterioridad, el 9 de abril de 2001 —esta vez en ausencia de la “socialdemócrata” Unión General de Trabajadores—, el Gobierno del Partido Popular, la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, firmaron un Acuerdo para la “Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social” (Sic), que se concretó en la aprobación de la ley 35/2002, de 12 de julio, por la que, entre otras modificaciones, se incentivó la jubilación más allá de los 65 años y se permitió la jubilación anticipada, pero solo a partir de los sesenta y un años y para los trabajadores que se hubieran afiliado a la Seguridad Social con posterioridad al 1º de enero de 1967, siempre que acreditaran 30 años de aporte al Fondo de Pensiones. Otro ataque al artículo 50 de la Constitución, donde se garantiza el derecho a “la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”.
En 2008, el Congreso dio inicio a una nueva “evaluación” de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Fue el resultado de la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida al nacer, “que están transformando la estructura de la pirámide poblacional española, en la que adquiere importancia el colectivo de más de 65 años”. Según esta nueva evaluación, de cara al futuro el mantenimiento en lo esencial de estas características demográficas determinará modificaciones sustanciales de la estructura de la población.
A diferencia de las anteriores, las últimas proyecciones demográficas de Eurostat (Estadisticas oficiales de la U.E.), previeron que durante el período 2008-2060 se registraría en España un aumento demográfico cercano al 15%, lo cual supondría un crecimiento poblacional de unos 6,5 millones de personas respecto del incremento medio para el conjunto de la Unión Europea. Dicho resultado se produciría como consecuencia de la intensidad de los flujos netos de entrada de inmigrantes, que aportarían algo más de 11 millones de personas en términos acumulados hasta el final del período de proyecciones. La intensidad de estos flujos migratorios constituye la diferencia principal respecto a anteriores proyecciones, que preveían caídas de la población a lo largo del período analizado.
Sin embargo, pese al fenómeno migratorio desde los países económicamente dependientes por el efecto llamada de los países más desarrollados, las proyecciones de Eurostat ponen de manifiesto un acusado proceso de envejecimiento poblacional, que produciría una elevación de la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar de casi 35 puntos, hasta llegar en España al 59,1% en 2060; casi 8 puntos por encima de la media de los 15 países más importantes de la UE en dicho año. Este aumento de la tasa de dependencia se atribuyó a una baja tasa de natalidad (1,39 hijos por mujer) y al progresivo aumento de la esperanza media de vida en 7,5 años para los hombres y 5,7 años para las mujeres.
Dichas previsiones del Pacto de Toledo, bajo la tremenda presión de la presente crisis de superproducción del capital global, precipitaron LA TERCERA reforma de las pensiones, en perjuicio de los futuros pensionistas, verdadero golpe mortal contra el llamado Estado de bienestar, del que tanto había venido presumiendo la burguesía internacional. Como justificación, se alega, por un lado, el descenso de la tasa de natalidad que determina un menor crecimiento de la población asalariada en condiciones de trabajar; por otro lado, la más larga esperanza de vida de los mayores de 65 años, como resultado del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo aplicada a las ramas de la alimentación, la medicina, la cirugía y la industria de los medicamentos, que presagia una mayor perspectiva de crecimiento de la población jubilada. Y como resultado de todo ello, la insostenibilidad del sistema de pensiones.
Está claro que ante cada paso adelante que da el progreso
material de la sociedad, contradictoriamente las condiciones de vida de los
asalariados activos se deterioran relativamente
y el sistema público de pensiones retrocede con
clara tendencia a desaparecer. Pero empresarios, políticos institucionalizados
y periodistas venales, mienten al explicar este fenómeno igual que hacen
con todo lo demás. Como si el capitalismo no tuviera nada que ver con
los grandes males de la organización social del trabajo basada en sus
propias leyes de funcionamiento.
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