04. Las FAS con el pueblo

 

         En estas circunstancias, es preciso abordar una urgente y radical modificación de las Fuerzas Armadas bajo las siguientes premisas:

         La soberanía corresponde al pueblo, comoquiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo.

         Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente inaceptables.

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          En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto.

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         La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la Jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien que haya sido democráticamente elegido. La III República es, pues, inaplazable.

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*       La defensa de la soberanía exige la salida de nuestro país de las alianzas militares -la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los EEUU y sus aliados están utilizando para la realización de su política imperialista- y la eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones extranjeras en nuestro territorio.

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*       La “guerra contra el terror” constituye una burda manipulación propagandística, sembrada desde los centros de poder económico-financiero y militar, que justifican la represión contra la disidencia política legítima en todos los órdenes.

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*       El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad y la solución negociada de los conflictos. El recurso a la fuerza está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución de la Segunda República: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

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*       Ningún tratado internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios extranjeros en el territorio del estado español, especialmente por los delitos definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional humanitario.

 

Ningún tratado otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El TPI tendrá plena jurisdicción en el estado español.

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