El Caso Urbanor

Enrique Sarasola murió cuando aún no había pasado un año desde su comparecencia en el juicio por las abundantes y multimillonarias irregularidades en el Caso de las Torres de KIO. Sarasola había actuado, una vez más, como “conseguidor” ante el gobierno de turno en la etapa felipista, y como “intermediario” o comisionista por esa función, en una de las operaciones corruptas y corruptoras entre las muchas que se llevaron a cabo en el mundo de las finanzas durante la etapa “democrática” en la historia reciente del Estado español: La decisión de cambiar unos terrenos en la Plaza de Castilla, —oportuna y ventajosamente habilitados por el gobierno PSOE para edificar sobre ellos—, por un paquete de acciones —en poder del grupo kuwaití “Kuwait Investmen Office” (KIO)— sobre el Banco Central, que debían facilitar su “toma” por los Albertos, fue, como decíamos más arriba, diseñada y sugerida por Enrique Sarasola a instancias de Ibermer,, una sociedad propietaria de Horwitz, en la que eran socios Enrique Sarasola y Álvaro Álvarez Alonso. [18]

Según reporta “El Confidencial” en su edición del miércoles 7 de diciembre de 2005, la historia del asalto al Banco Central se inició el 11 de septiembre de 1987, cuando Álvaro Álvarez Alonso (en representación de Horwitz, empresa panameña controlada por Sarasola) invitó a cenar en su casa de la calle Fuentemilano (en la urbanización de Puerta de Hierro, Madrid) a su socio y amigo, Enrique Sarasola, a los Albertos y al mismísimo Felipe González, entonces presidente del Gobierno español. El objetivo del ágape, consistió en perfilar la operación mediante la cual Cortina y Alcocer debían hacerse con la mayoría de las acciones del Banco Central (17%) propiedad del grupo KIO, permutándolas por los terrenos recalificados de Plaza de Castilla, donde posteriormente se construyeron las popularmente llamadas “Torres KIO”. Según declaró De La Rosa en la Audiencia Nacional, el acuerdo de la permuta con la empresa kuwaití se firmó un día del mes de noviembre de 1987 en Londres, entre él y Enrique Sarasola Lerchundi a nombre de la empresa Horwitz. 

Los accionistas de Urbanor lo eran sólo hacía 18 meses, y habían pagado por la sociedad, es decir, por los terrenos de Plaza de Castilla, 1.300 millones de pesetas en total. Además, ese solar estaba pendiente de recalificación y existían fuertes resistencias del Ayuntamiento de Madrid a concederles el permiso necesario para edificar en él 125.000 metros cuadrados. En semejantes condiciones, KIO asumía un riesgo excesivo y a un precio demasiado alto que no podía entenderse salvo que tuviera la seguridad de que esos terrenos fueran recalificados o habilitados para poder construir sobre ellos. Esto es lo que procedieron a hacer los burócratas del PSOE a instancias de Sarasola —tras un procedimiento por completo irregular, por no decir arbitrario o ilegal—  por quienes en esos momentos no sólo tenían en sus manos el gobierno de la Nación, sino también el autonómico y el municipal de Madrid.

Como se ha dicho antes, además de la empresa de Los Albertos con un 40% y la panameña “Horwitz” de Sarasola, con un 14%, en Urbanor participaban también las empresas “Astor”, con un 32%, y “Construcciones San Martín”, con un 14%. Los accionistas de Astor sostuvieron que KIO redactó una “carta-oferta” para adquirirles el 30,4% de la sociedad por 8.778 millones.

En medio de las alternativas de esta operación, un hecho, absolutamente insólito para el mundo de la banca en esos días, fue el descubrimiento de las desavenencias matrimoniales de Alberto Cortina con su esposa, Alicia Koplowitz —dueña junto a su hermana, Esther, del imperio de Construcciones y Contratas—, la primera constructora y empresa de servicios comunales de España, que creció al amparo de los dirigentes de “El Corte Inglés”, tras la orfandad prematura de las hermanas Koplowitz. [19]

Tales desavenencias conyugales sobrevinieron a raíz de unas fotos tomadas fuera de España, donde se desvelaba la relación que Alberto Cortina mantenía secretamente con Marta Chávarri, una modelo muy conocida por la alta sociedad madrileña. A raíz de este conflicto matrimonial, el 5 de febrero de 1990 Alcocer tuvo que presentar la dimisión de todos sus cargos en “Construcciones y Contratas”   (Coycon) y Mario Conde fue acusado de financiar el viaje del fotógrafo autor de las instantáneas.

El momento más grave de esta guerra sucia, ocurrió cuando la revista “Interviú” —perteneciente al Grupo Zeta— publicó unas no recientes fotos de Marta Chávarri, en las se le ve el vello púbico a través de la transparencia única de unos leotardos que llevaba puestos. Nadie dudó que Mario Conde estuviera detrás de aquello.

A raíz de esta ruptura sentimental, Los Albertos —quienes ya controlaban el Banco Zaragozano— vieron cómo se desvanecían todos sus sueños económicos de levantar un emporio financiero. Sus entonces esposas, Esther y Alicia Koplówitz, que eran realmente las dueñas de la fortuna que ellos gestionaban, el 5 de mayo de 1990 vendieron al Banco Central el 12% de los títulos de la entidad financiera que tenía "Conycon".  De este modo, los Albertos y el gobierno del PSOE fracasaron en su intento de controlar el Banco Central, y poco después comenzó para los primos el calvario penal por la venta de Urbanor a KIO.

El juicio por este asunto empezó cuando, la empresa “Astor” presentó querella contra los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que todavía se prolonga. En él aparecieron públicamente comprometidos en sucesión, no sólo el actual ministro del Interior y dos fiscales del Estado —uno durante el gobierno del PSOE y el otro durante el subsiguiente gobierno del Partido Popular— sino incluso el mismísimo rey Juan Carlos por la amistad “entrañable” que dispensa a Alberto Alcocer; todos ellos haciendo lo más posible por favorecer a los dos primos procesados.

Los delitos imputados fueron dos, falsedad en documento mercantil y estafa. El primero por la misiva dirigida a los socios minoritarios —representados por Pedro Sentieri Cardillo en nombre de la empresa Astor”, y Julio San Martín en representación de “Construcciones San Martín”— donde se les comunica que la venta de los terrenos se acordó a un precio de 150.000 Pts. el metro cuadrado, cuando, en realidad la transacción se hizo a 388.000 Pts. El segundo delito por el engaño consecuente.

El fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, pidió inicialmente seis años de prisión acusando a Los Albertos, al socio de Sarasola, Álvaro Álvarez Alonso y a Rafael Montes, apoderado de la empresa Horwitz”, de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. El 28 de diciembre de 2000, la Audiencia Provincial de Madrid acreditó los delitos por los que se acusó a los querellados, pero les absolvió por considerar que la causa había prescrito.

Posteriormente, el 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo resolvió revocar la anterior sentencia, declarando no prescrito el delito, por lo que procedía la condena a tres años y cuatro meses de prisión. El Supremo consideró probado que los primos engañaron a sus socios minoritarios de Urbanor (entre ellos Sentieri y San Martín) al negociar en su nombre la venta de la sociedad y conseguir un precio mayor al que recibieron los accionistas minoritarios.

En el proceso de instrucción, aparecía el contrato firmado por Alberto Cortina y Alberto Alcocer con KIO —a través de su representante, un tal Richard Robinson— el 23 de noviembre de 1987 en Londres, por el cual la compañía kuwaití se comprometía a pagar a todos los accionistas de Urbanor el mismo precio: 388.000 pesetas por metro cuadrado. Un contrato que incorporaba una cláusula de «secreto» para los demás socios. Según quedó recogido posteriormente en el proceso, Cortina y Alcocer comunicaron en una carta a Pedro Sentieri (Astor) y Julio San Martín (Construcciones San Martín), que el precio que habían conseguido pactar con KIO fue de 150.000 pesetas. Es decir, menos de la mitad por metro cuadrado que el precio al que se firmó el contrato con KIO y Los Albertos se embolsaron. Ese fue el motivo de la condena.

El principal argumento de Los Albertos fue que pactaron con KIO la permuta de sus acciones de URBANOR por otras “sobrevaloradas” del Banco Central —con el compromiso de no venderlas durante cinco años— mientras que los socios minoritarios habrían cobrado un “precio cierto” en metálico y con total disponibilidad. Pero, según los querellantes, “Construcciones y Contratas”, es decir, Los Albertos, no destinaron todo el producto de la venta de URBANOR a la compra de la mayoría de Cartera Central, sociedad con la que se habían propuesto controlar el Banco Central.

Esto es, en esencia, lo que recogió en su sentencia el Tribunal Supremo para condenar a Los Albertos. Pero sólo horas después de ese pronunciamiento, en el buzón de una documentalista llamada Gloria Álvarez —administradora de una sociedad dedicada a "la investigación periodística independiente"— apareció un sobre anónimo conteniendo una carta presuntamente firmada por Pedro Sentieri Cardillo dirigida a su socio, Julio San Martín, en la que reconoce la existencia de un doble precio en la venta de las acciones de Urbanor. Para los Albertos, la prueba de esta carta era decisiva, dado que, de ser cierta, haría desaparecer la causa de uno de los dos delitos por los cuales habían sido condenados, el de falsificación en documento mercantil, quedando sólo en pie el de Estafa, con lo cual, la condena sería inferior a tres años de prisión y no tendrían que ir ala cárcel por carecer de antecedentes.

 Como caída del cielo, esa carta iba a permitir a Los Albertos poner en marcha los mecanismos para querellarse contra sus ex socios, intentar reabrir el proceso y mostrar que su condena había sido injusta. En la misiva, supuestamente redactada por Sentieri, se le sugiere a San Martín no revelar que les interesó, convinieron y aceptaron percibir por su parte de los terrenos de Urbanor (donde finalmente se instalaron las Torres KIO) un precio menor que el percibido por los "Albertos", argumentando que "manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron".

 El delito de estafa por el caso URBANOR, tiene como requisito esencial que los querellantes desconociesen la existencia de los dos precios en la venta de las acciones de esa empresa. Es pues un hecho psíquico —y así fue apreciado por los jueces— que los querellantes fueron engañados porque no tenían conocimiento de las diferentes condiciones de venta. De modo que, si esto no fuera así, si los querellantes hubieran conocido esta circunstancia y la hubieran tolerado y ocultado, no sólo no habría habido estafa, sino que los propios querellantes podrían haber incurrido en conducta delictiva, al engañar ellos mismos al tribunal que juzgó a los Albertos.

La presunta carta de Sentieri a San Martín fue entregada por la documentalista Gloria Álvarez al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien la remitió inmediatamente al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y éste, a su vez, la derivó al juzgado número once de la capital a cargo de la Juez María Concepción Azuara. De forma sorprendente –pues el caso se basa exclusivamente en esa carta anónima, con claros indicios de ser una burda falsificación–, la juez María Concepción Azuara decidió abrir diligencias.

 La carta dio lugar a la denuncia del Fiscal y a la realización de dos pruebas periciales por los Cuerpos especializados de la Policía Científica y de la Guardia Civil. Por el contenido de la carta se deduce que el remitente (Sentieri) y el destinatario (San Martín) conocían y toleraron los términos de la operación que luego denunciaron. Sin embargo, hasta el 7 de setiembre de 2005, Sentieri se mantuvo en el convencimiento de que él no había escrito esa carta y que la firma que aparecía al pie tampoco era la suya. Pero ese día, ante el resultado de los peritajes caligráficos y la observación por primera vez de la carta original, Sentieri aceptó que la firma pudiera ser la suya, pero insistió en que el nunca firmó ese texto, porque lo que allí se dice no es cierto, concluyendo que seguramente fue redactado sobre un papel en blanco, sacado de su despacho y por tanto, que:

<<Ha habido un delito de estafa procesal en grado de tentativa inacabada por parte de Los Albertos, ya que intentaron una revisión de la sentencia del Supremo que les condenó, y lo hicieron cuando ya sabían de forma fehaciente que la presunta prueba en la que se basaban era falsa>>.

 A mediados del año 2003, el Constitucional suspendió el ingreso en prisión de los primos, debido al recurso de amparo presentado por los financieros, hasta que se resuelvan sus alegaciones referentes a la presunta “vulneración de sus derechos constitucionales” en el proceso por el que fueron condenados. Posteriormente, el Consejo de Ministros del gobierno “popular” presidido por Aznar, denegó en octubre el indulto solicitado por ambos financieros. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid suspendió la ejecución de la condena para no interferir en ambos trámites.

Los primos siempre se llevaron bien con el poder político “democrático”; no sólo con el gobierno “socialista” de Felipe González. También con el Partido Popular. Por algo será que tras las elecciones que le permitieron acceder al gobierno, en junio de 1996 Alfonso Cortina fuera nombrado presidente de Repsol, y que, en setiembre de 2002, ambos primos fueran invitados ilustres en la boda de la hija de Aznar. Y con La Zarzuela, por la entrañable amistad que une al Rey con Alberto Alcocer:

<<Según fuentes muy cercanas a Don Juan Carlos, el primo mayor es de los poquísimos privilegiados que están en contacto directo con él a través de su móvil, pues posee el real número desde hace tiempo y lo utiliza con frecuencia. Lo hizo asimismo, también según ha podido saber El Siglo, inmediatamente después de que José María Aznar ganase las elecciones que le dieron la mayoría absoluta en marzo de 2000>>  Ver:http://www.losgenoveses.net/Opinion/Los%20dossieres/losalbertosintocables.html

Cuando “Los Albertos” presentaron al Ministerio de Justicia su petición de indulto y al Tribunal Constitucional su solicitud de amparo, según “El Semanal Digital” del 31 de marzo de 2003 se habló de una llamada del rey Juan Carlos “al ministro de justicia, José María Michavilla, y al fiscal del Estado, Jesús Cardenal” tratando de impedir la entrada en prisión de los dos primos, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido.  

Volviendo a las andanzas de Mario Conde, apenas un año después de su entrada en Banesto y dos meses antes de la ofensiva de Cartera Central sobre el banco de Escámez, el 18 de mayo de 1988 acordó con éste la fusión de ambas entidades para crear el Banco Español Central de Crédito” (BECC). En realidad, se trató del intento desesperado de Conde y Escámez, por defenderse frente al inocultable propósito por parte del poder político estatal de acabar con ellos.

<<El mismo día en que se anunció la gran fusión, los famosos primos se sintieron burlados por la maniobra de Escámez y prepararon toda su artillería con vistas a la Junta General del Central prevista para el 25 de junio, en la cual se debía aprobar la operación. Una serie de maniobras, no precisamente orquestales, en la oscuridad tuvieron lugar entre el 18 de mayo y el 25 de julio, intentando frustrar el acuerdo de fusión y llevarse por delante al viejo Escámez y, si podían, al joven Conde. “Ese es un problema de Escámez y el Central, que él deberá resolver con los Albertos”, decía por aquellos días el de Tuy. (Conde)>> (Jesús Cacho: “El edificio Windsor, testigo de uno de los episodios más tristes de la cultura del pelotazo”: http://64.233.161.104/search?q=cache:pyg7ppsYz7gJ:www.elconfidencial.com/conlupa/indice.asp%3Ffecha_d%3D14/02/2005%26dia_s%3DLunes%26psw%3D+%22M%C3%81S+TRISTES+DE+LA+%E2%80%9CCULTURA+DEL+PELOTAZO%22&hl=es . Lo entre paréntesis nuestro)

Fue en ese momento, cuando el llamado “guerrismo” y el propio Alfonso Guerra, comenzó a ver con simpatía al banquero Alfonso Escámez y no a Miguel Boyer, ni a los Albertos, ni a Mario Conde. [20] En esos momentos, los apoyos del Gobierno de Felipe González en la sociedad civil de cara a un desalojo de Alfonso Escámez, se habían vuelto más débiles que nunca. Pero también estaba claro que el enemigo común a batir para toda la familia socialista en ese oscuro mundo de las finanzas seguía siendo Mario Conde.

El 22 de febrero de 1989, Juan Abelló dejó Banesto, cuando el asunto de la “guerra sucia” del gobierno PSOE con “Los Albertos” contra Conde y Escámez estaba en su apogeo. Abelló decidió separarse de Conde, abandonando el oficio de banquero y todos los cargos anejos: la aseguradora, el consejo de Tudor y el del Banco Central. A cambio de esa determinación, acordó la recuperación sin intereses de los 15.250 millones de pesetas que había invertido en acciones de la entidad. Dicen que en la ruptura de la comandita formada por Conde y Abelló, mucho tuvo que ver la esposa de este, una hohenlohe llamada Ana Gamazo. Se atribuye a una de sus amigas de la infancia —en la Marbella fundada por su abuelo, el príncipe Maximiliano de Hohenlohe— haber comentado que “Cuando Mario Conde entró en su casa por primera vez, Ana vio enseguida el peligro. Lo caló al instante y advirtió a su marido de que tenía el enemigo en casa, aunque entonces no le hicieron mucho caso”:

<<Mario Conde también supo reconocer la inteligencia natural de Ana, la fuerza que significaba en la familia. Por eso no jugó limpio con ella y empleó la táctica del divide y vencerás. Pero ganó únicamente las primeras batallas, no la guerra. Conde acabó en la cárcel, Abelló salió intacto de aquella relación y multiplicó su patrimonio. Y una vez más a Ana Gamazo tuvieron que darle la razón.>> http://www.el-mundo.es/cronica/2002/346/1023102765.html

Esto es cierto. Pero parece también serlo que Conde ya no soportaba tener un segundo que, en realidad, era su primero.

Privados de su principal soporte real que había sido “Construcciones y Contratas” en la siempre vaporosa y voluble superestructura de las finanzas especulativas, Los Albertos quedaron momentáneamente descabalgados de la carrera por hacerse con el patrimonio bancario de Escámez y, de paso, desbaratar los planes de Mario Conde. En esos momentos, después de muchos años de relaciones tensas, Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, inició un acercamiento a Escámez, al tiempo que varios colaboradores de confianza del presidente del Central, manifestaron tener claro que “Banesto” estaba pasando por una difícil situación patrimonial, que sólo podía solucionar fusionándose con el “Central”, es decir, con el crédito fiscal que recibiría la entidad resultante, el Banco Español Central de Crédito” (BECC). [21]

Además, la salida de Abelló afectaba al buen nombre de “Banesto”. Mariano Rubio, entonces muy activo en la cuestión del BECC, quiso evitar esa salida con la idea de tener un presidente de emergencia en el caso de que Mario Conde se viera “obligado” a marcharse, como estaba previsto por el PSOE en el gobierno. De ahí que antes de la renuncia de Abelló, por vez primera se ofreciese a Conde vender su participación en Banesto —“al precio que él quisiera”— a cambio de salir del “Español de Crédito”. Pero Conde rechazó la oferta.

Según el mismo relato de Jesús Cacho, El domingo 5 de junio, tras una reunión entre Enrique Sarasola, Mariano Rubio y el propio Felipe González, Los Albertos recibieron el visto bueno para dinamitar el BECC en una larga soiré celebrada en “La Bodeguilla”: al día siguiente, en efecto, los primos anunciaban haber comprado el 2% de Banesto. Un torpedo en la línea de flotación de don Mario. Cartera Central ya no era sólo un problema para Escámez. Aunque se da cuenta de que la fusión con el Banco Central es ya imposible, Conde rechaza esa proposición y el 7 de marzo de 1991 envía una carta a Escámez  reconociendo el fracaso de la fusión bancaria, pero ofreciéndole seguir con el intento de fusión industrial. Pero Escámez desestimó esa oferta por extemporánea.

Entonces, Conde decidió fundar la Corporación Industrial de Banesto, con el propósito de reunir todas las participaciones industriales en una sola entidad, para capitalizar su valor con las acciones de la nueva compañía, lo cual suponía duplicar su crédito en acciones, la mitad de ellas sobre un patrimonio ficticio, es decir, acciones sobre acciones, lo cual le serviría, fraudulentamente, para sortear la carencia  recursos propios.

Para eso era imprescindible que los potenciales suscriptores de esas acciones gozaran de las exenciones fiscales por 120.000 millones de pesetas, que el Estado tiene previsto para estos casos de ampliación de capital, y que Conde había solicitado antes del verano de 1989. Pero debían ser autorizadas por el gobierno de turno, en este caso el segundo del PSOE. Y todavía a principios de 1990, el “socialista” devenido neoliberal, Carlos Solchaga —por entonces a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda— se mostraba reticente a conceder ese beneficio gratuitamente. Un proceder completamente opuesto al adoptado cuando Solchaga desde el ministerio de economía, y Mariano Rubio desde el Banco de España, promovieron el proceso de fusión entre los bancos Bilbao y Vizcaya, los dos “bancos buenos” por su afinidad política con los gobiernos socialistas. [22]

Algo que el poder político suele hacer con ciertos agentes económicos incordios, es obligarles a incurrir en la tentación bíblica de obtener el fruto prohibido para luego caer sobre ellos con todo el peso de la “ley”. Esto es lo que hizo el PSOE desde el gobierno negándose de oficio a concederle a Conde las exenciones fiscales a su oferta de acciones como única viabilidad de su proyectada corporación industrial, a sabiendas de que la única posibilidad que le quedaba al de Tuy, era el tráfico de influencias mediante la preceptiva “comisión”, y que para estos menesteres siempre están a mano los “amigos”, amables componedores al acecho de la oportunidad en el entorno de las grandes fuentes personales de capital-dinero para enriquecerse. Así lo dice Rafael Pérez Escolar en sus “Memorias”:

<<Entonces, las “amistades peligrosas” terciaron, para llevar al ánimo de Conde que, si accedía a lubricar un poquito el óxido que atascaba la salida de las ansiadas exenciones, podía eliminarse tan enojoso obstáculo sin mayor dificultad. Y Conde picó el anzuelo tendido por los conseguidotes más desvergonzados del Reino. Las exenciones solicitadas fueron concedidas, aunque no totalmente, en abril de 1990. El coste de la coima no fue demasiado alto si se estima en términos relativos: 600 millones de pesetas para lograr un fin enteramente indispensable en los planes del banco. Y digo que no fue excesivo porque, cuando luego se produjo la disparatada fusión ente "Iberduero" e "Hidrol"., Iñigo Oriol (conocido en el mundo de las eléctricas como Copito, por su asombroso parecido con el gorila albino que ha muerto no hace mucho en el zoo de Barcelona) pagó a los mismos conseguidotes (Cortés, Navalón y Selva, acompañados esta vez por Adolfo Suárez y otros truhanes de pelaje menos tupido) la friolera de 8.000 millones de pesetas. Copito, lejos de sufrir ningún disgusto procesal, ni siquiera el menor reproche por el astronómico dispendio concedido sin autorización del consejo, sigue presidiendo plácidamente Iberdrola año tras año.>> (Op. Cit. Cap. VII Ed. Foca/2005)

 Según reportó el diario El Mundo en su edición del 19 de mayo de 2002, "Navalón cobró comisiones por valor de 7.000 millones de pesetas, que repartió entre los abogados que contrató. Uno de ellos resultó ser Adolfo Suárez padre, “quien recibió 185 millones de pesetas, según se publicó —matiza el periódico—, aunque nunca se ha podido demostrar judicialmente que el ex presidente Suárez cobrara tales comisiones y, además, él siempre lo ha negado tajantemente”.

En su comparecencia ante el juez Siro García en los primeros días de marzo de 1998, Mario Conde declaró  que en 1994 mintió al juez García-Castellón, reconociendo, esta vez, que en 1989 entregó efectivamente 300 millones de pesetas al ex presidente Adolfo Suárez. Otros trescientos hicieron el total de seiscientos por el juicio de “Argentia Trans” que Conde gasto en coimas para que intercediesen por él ante el Banco de España. El “trabajo” de Suárez consistió en convencer a Mariano Rubio, de que la fusión entre el Banco Central y Banesto era conveniente. A esta fusión se oponían algunos accionistas del Banco Central amigos del PSOE en el gobierno, como Alberto Cortina y Alberto Alcocer y, naturalmente, el propio Mariano Rubio.

Fernando Garro, por entonces responsable de relaciones institucionales de Banesto, parece ser que fue quien sugirió a Conde que hablara con Antonio Navalón para que le procurara un soporte político en el gobierno. Navalón, amigo de Suárez, aconsejó a Conde que utilizara al ex presidente para mediar ante el Banco de España. Según el relato de Conde ante el juez, Suárez accedió a intervenir, pero pidió a cambio 300 millones para la financiación del Centro Democrático Social (CDS), aunque esta cantidad no debía figurar en los libros de contabilidad del partido. Para este pago, Conde dice que utilizó a los llamados clásicos del banco, y fue Martín Rivas quien se encargó de todo. [23]  

Tras las declaraciones de Conde el ex presidente Suárez difundió un comunicado en el que negó veracidad a tales afirmaciones del banquero de la gomina, remitiéndose a su declaración de 1995 ante el juez García-Castellón. En ellas Suárez negó haber recibido dinero de ningún gestor de Banesto para que interviniese ante el Banco de España. Mariano Rubio hizo otro tanto. Posteriormente, en su sentencia Nº 2001 dictada el 29 de julio de 2002, dentro del punto I de “Antecedentes”, el Tribunal Supremo consideró como un “hecho probado”, que Mario Conde ordenó “unilateralmente” retirar 300 millones de pesetas de la caja de Banesto, “para fines ajenos al giro propio de la empresa”, y que:

<<Para llevar a efecto aquella disposición global de 300 millones de pesetas, el acusado Mario Conde Conde se puso en contacto con Martín Rivas Fernández, Director General de Banca Comercial, a la vez que encargado de las relaciones crediticias del Banco con los partidos políticos, comunicándole su propósito, indicándole verbalmente que había que hacer un pago de 300 millones de pesetas a don Adolfo Suárez, ex Presidente del Gobierno, por un servicio que éste había prestado ante el Banco de España, y Martín Rivas asumió el encargo de gestionar la ejecución de la orden de disposición de efectivo.>> Cfr.: http://www.losgenoveses.net/pdf/banesto.pdf

¿Qué destino tuvo aquel plus de seiscientos millones en capital-dinero, cuya contraparte en riqueza es generada por anónimos apellidos que de él no montan ni un solo tanto? ¿Cuanto de ese montante pasó realmente a llamarse Matías Cortés, Antonio Navalón, Diego Selva o Adolfo Suárez? Parafraseando el poema donde el afrocubano Nicolás Guillen busca infructuosamente su identidad perdida por sus antepasados esclavos sobre las aguas del Atlántico, gracias a la impunidad del cohecho que garantiza el secretismo burocrático, y a la justicia burguesa que consagra el recurso a mentir para no declarar contra sí mismo, sólo cabe contestar: ¡Qué enigma entre los dedos de esa gente! [24]

Entre los tantos “ius utendi et ius abutendi” de los amos en la sociedad antigua, al igual que en la sociedad colonial durante la etapa del capitalismo comercial, regía entre ellos la norma de cambiar el apellido a sus esclavos, tanto como para que, perdiendo la memoria de sus orígenes telúricos y familiares, su completa despersonalización garantizara la más absoluta enajenación de su voluntad evitando que se sublevaran. En la sociedad capitalista industrial, por el contrario, quien adopta el nombre de los actos o voluntades que unos venden al servicio de otros, es el dinero. Los vendedores tienden a olvidarse de lo que enajenan porque no soportan verse reflejados en el espejo de su propia degradación moral. Por tanto, la memoria de las voluntades que se cambian por dinero, en realidad no es patrimonio de los vendedores. Pero tampoco de sus compradores; porque no son ellos por sí mismos quienes consiguen mover esas determinadas voluntades, sino el capital-dinero del que disponen, verdadero medio y fin de todas las voluntades. Incluida la de los burgueses, aunque ellos crean estar por encima de esta cosificación general. Y según fluye como único residuo perdurable de la existencia que se gasta en su “curso legal”, no deja resquicio posible para la dignidad humana, que sólo se puede comenzar a recuperar destruyendo su forma social de manifestación como capital.

Esta recuperación tiene su fundamento en que, políticos inorgánicos de la burguesía, como Adolfo Suárez, o truhanes como Navalón y Selva, pueden ser los enterradores de su dignidad personal para no tener que ocuparse más de ella en este mundo, los asalariados ven como se hunde la suya en la penuria relativa y el trato cada vez más degradante que padecen, pero no porque ellos así lo hayan elegido, sino porque así lo decide ineluctablemente la ley general de la acumulación capitalista encarnada en sus patronos. Tal es la condición material que determina la necesidad histórica objetiva y la posibilidad subjetiva real de la acción política revolucionaria del proletariado. 

Respecto a toda esa runfla que gravita en torno al capital-dinero, semejante realidad enajenada nos remite al pasaje de “Israfel”, obra inspirada en la vida del poeta norteamericano Edgard Allan Poe, donde su autor, Abelardo Castillo, describe al protagonista en diálogo imaginario con su joven y ya extinta esposa, cuando le pone súbitamente ante un escenario en que varios cuervos se pelean por una moneda de oro, volviendo a sorprenderle dando un brusco giro sobre sí mismo cual si su airosa capa marcara el paso de un tiempo más largo, para decirle: “Mira, Virginia, los cuervos han desaparecido, solo ha quedado la moneda de oro”.  

Obtenidas en abril de 1990 las exenciones tributarias para los compradores de las acciones con las que la Corporación Industrial Banesto pudo erigirse en el mayor holding industrial español —equivalente al 1% del producto interior bruto del país— sólo restaba confirmarlo poniendo a “trabajar” en el mercado la parte de ese capital adicional disponible necesaria para su desarrollo, manteniendo el resto de los títulos en la cartera de Banesto. Pero en agosto de ese mismo año, las tropas del régimen de Sadam Hussein invadieron Kuwait provocando el pánico en los mercados, las bolsas internacionales se desplomaron, y el grupo de Conde se vio obligado a suspender la colocación de las acciones de la Corporación, convertida, así, en un contrapeso para Banesto. Ante la consecuente recesión, Banesto debió lastrar buena parte de su base real de apoyo financiero, vendiendo su participación en “Petromed” y buena parte en “La Unión y el Fénix”, enajenando también lo que quedaba del grupo cementero.

Fue en estos momentos cuando el gobierno del PSOE arreció “hasta la asfixia” sus presiones sobre Banesto:

<<Era curioso ver cómo actuaba la Administración socialista en contradicción consigo misma: así, cuando se convino la enajenación a AGF de una parte de La Unión y el Fénix, la dirección General de Seguros puso toda suerte de obstáculos para que no se cerrase la operación. O sea: “venda usted, porque lo necesita” (Banco de España), pero “no se le ocurra vender, porque se lo echaremos en cara” (Ministerio de Hacienda)>> (Rafael Pérez Escolar: Op. Cit.)     

En 1992, mientras Banesto parecía salir de la postración que había venido padeciendo desde 1987, saltó a la luz pública el escándalo de la empresa “Ibercorp”, principio del fin en la vida de Mariano Rubio, no sólo como Gobernador del Banco de España. Ese año, Rubio y su amigo, Manuel De la Concha, a la sazón síndico de la Bolsa de Madrid, crearon un banco dedicado a la especulación, previendo con seguridad en cada momento lo que estaba por suceder en los distintos mercados (financiero, bursátil o de divisas), para lucrarse alternando la compra y la venta sin riesgo alguno, según la oportunidad que les brindaba la información privilegiada de la que disponían como supuestos guardianes de la ortodoxia monetaria y financiera en nombre de los “intereses generales” del país.

El sonado “caso Ibercorp” tuvo como antecedente inmediato la venta de “Sistema AF” — empresa líder en mobiliario de oficina propiedad del grupo Hispano— que se encontraba atravesando una importante crisis financiera y que, así, de haber sido una empresa productiva, pasó al sector especulativo bajo el nombre de “Sistemas Financieros”. El Grupo Ibercorp cerró un contrato con “Sistemas Financieros”, en el que se comprometía a gestionar la totalidad de la empresa nombrando para ello como presidente a otro de los imputados, Benito Tamayo. El mismo día en que se formalizó el contrato, Rubio y De la Concha sacaron a la venta un paquete de 300.000 acciones, que fueron adquiridas por personalidades relevantes y sociedades instrumentales como “RTS Internacional”, Ratiol y Sirne controlados por los también imputados Rafael Vázquez Padua, Amo Álvarez y Velasco Calderón. [25]

Mediante la compra de esas acciones, tales sociedades instrumentales provocaron un vacío patrimonial de “Sistemas Financieros”, sin que sus órganos de representación hubieran tenido conocimiento alguno de la existencia de tales sociedades instrumentales, ni del uso de ellas se había hecho en beneficio de los gestores del grupo Ibercorp y en perjuicio de los accionistas minoritarios, quienes viéndose perjudicados con la fusión denunciaron el caso demostrando deudas tributarias de 1.600 millones de pesetas.

Descubierto el “pelotazo” por los accionistas minoritarios en febrero de 1992, Mariano Rubio apareció como dueño de una cuenta corriente “opaca” en “Ibercorp” con 130 millones de las antiguas pesetas. [26] Según el periodista Jesús Cacho, en el curso de ese mismo mes Rubio convocó a una reunión celebrada en su domicilio de la calle Jovellanos, a la que, además de los imputados Tamayo, Jaime Soto y De la Concha, acudieron Luis Ángel Rojo, subgobernador del Banco de España —quien se presentó portando el informe confidencial de “Iberporp”—, Emilio Botín por el Santander y Mario Conde por Banesto:

<<Rubio, desesperado, pedía ayuda como fuera para salir del atolladero, apelando, incluso, a una frase inolvidable dirigida a Botín: “de no ser por mí, los socialistas habrían nacionalizado la banca”. Delirios de un hombre desesperado. ¿O tal vez no?>> (http://www.elmundo.es/suplementos/nuevaeconomia/2005/273/1115503207.html)

Ese día no se encontró ninguna solución. Pero a las 10 de la mañana del día siguiente, Botín y Conde volvieron al despacho de Rubio, para proponerle invitar a varios bancos, a fin de que lancen una OPA de exclusión sobre “Ibercorp”. Esta operación, regulada por Real Decreto 432/2003, está normalmente prevista para inversores interesados en empresas con buenas perspectivas de crecimiento y expansión, pero con ciertas dificultades coyunturales de financiación. Estos inversores intervendrán comprando una participación de la sociedad, la sacarán de cotización en la Bolsa mediante una OPA de Exclusión, la reestructurarán para que crezca y se expanda en un período calculado entre 3 y 5 años, para finalmente vender esa participación —por ejemplo, a otra sociedad o a los propios directivos—, obteniendo así una plusvalía que según su cálculo debería oscilar entre un 30 y un 35%.

Pero la OPA de exclusión sobre “Ibercorp” no consistía en eso, sino en comprar la voluntad de los accionistas minoritarios para detener su denuncia ante la justicia y escamotear así el delito de peculado mediante utilización de información privilegiada por parte de Rubio, De la Concha, Jaime Soto y Tamayo:

<<Mientras Botín se despedía, porque tenía cita con el Rey, Conde quedó encargado de ir a ver a Alfonso Escámez, al objeto de incorporar al Central en el rescate. ¿Saben quién tomaba aplicadamente notas en aquella reunión destinada a ocultar la verdad y engañar al personal? Pues el viejo profesor, el señor Rojo, el guardián de la ortodoxia. En aquella farsa financiera ejecutada en la sede del Banco de España, con él se sentaban todos sus hijos intelectuales. Lo de menos es que no se encontrara solución. Lo que importa es que Rojo estaba dispuesto a aceptar cualquier salida con tal de evitar la catástrofe .>> (Jesús Cacho: Op. Cit.)

Por su parte, Pérez Escolar señala en su libro ya citado, que:

<<Rojo no tuvo la menor reticencia en seguir a Mariano Rubio como su sombra, mientras intentaba colar de matute a Banesto el montón de porquería en que Soto, De la concha y Tamayo habían convertido a “Ibercorp” a pesar de la desastrosa situación de la empresa y los torpes manejos de sus gestores>> (Op. Cit.)

¿Qué tipo de interés determinó que el profesor Rojo, se implicara en semejantes maquinaciones, puro altruismo hacia su superior inmediato? No. Según pudo saberse después, este guardián de la ortodoxia financiera —alumno de Karl Popper en la prestigiosa London School of Economics y maestro de los ex presidentes Adolfo Suárez y Felipe González— también tenía una cuenta opaca en “Ibercorp” y también delinquió beneficiándose de “plusvalías ilegales”. [27]

Pero la operación fracasó cuando los accionistas minoritarios descubrieron la falsificación de la lista de accionistas de Sistemas Financieros por parte del ex síndico de la Bolsa, Manuel de la Concha —que había sido solicitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores— denunciando el caso ante los tribunales y en la prensa, como consecuencia de lo cual Rubio y De la concha acabaron en la cárcel.

Cuando en la sesión parlamentaria Rubio fue inquirido sobre el origen de ese dinero, apareció en todos los telediarios totalmente atribulado; no habiendo podido encontrar ninguna explicación siquiera verosímil a su comportamiento, solo alcanzó a balbucear tres palabras: “no soy consciente”. En este juicio se demostró una vez más —la billonésima? en todo el mundo desde los tiempos de Montesquieu— hasta que extremos el secreto burocrático en la función estatal, reflejo político del secreto comercial practicado por la burguesía en la sociedad civil, disuelve los vínculos entre la ley y el comportamiento de los más altos funcionarios del Estado, y entre la voluntad popular y las instituciones de la democracia representativa. Este divorcio es el que —durante las crisis económicas severas— suele crear la condición política de las crisis revolucionarias de Estado. [28]

¿Por qué no se intervino Ibercorp y tampoco se investigó qué papel desempeñó Rojo en esa maniobra para salvar a Rubio de la cárcel que, como vimos, cierta prensa —enconada con los intereses del PSOE en el gobierno— no dudó en implicarle? La inspección del Banco de España no solamente omitió cuidadosamente poner su lupa sobre este personaje, sino que el gobierno “felipista” procedió de inmediato a premiarle designándole para ocupar el más alto cargo de esa institución en lugar de su amigo ya en prisión, Mariano Rubio. Pero, tal como sucediera con la solidaridad de Rojo hacia Rubio, tampoco fue aquél nombramiento del “viejo profesor” un acto puramente altruista del gobierno “socialista”. Sin duda llevaba una carga mortífera no sólo contra las ambiciones empresariales y políticas de Mario Conde, sino contra su propia libertad personal:

<<Recuerdo lo que Conde nos contó que le había soltado Rubio al despedirse como gobernador en 1992: “Te lo digo confidencialmente, no creas que conmigo se han acabado tus enemigos en el Banco de España. No te equivoques, tus enemigos siguen dentro”. Los hechos posteriores demostrarían que el enfático personaje, en el fondo un pobre diablo, se había quedado corto en el diagnóstico>>. (Rafael Pérez Escolar: Op. Cit.)

Semejante pronóstico se hizo todavía más previsible cuando ese mismo año, Conde emprendió la aventura de hacerse con las riendas de la empresa de radiodifusión “Antena 3”. Porque una cosa es —como decía Pedro de Toledo— que “la banca deba estar con el gobierno”, y otra muy distinta que quiera ser gobierno. Para eso es necesario ser miembro del muy selecto del “sistema político” creado por la oligarquía política que fabrico la transición “democrática”. Pero los burócratas que crearon ese club se cuidaron muy mucho de que fuera lo más parecido a un coto privado de caza. De ahí que para romper su coraza, Conde debiera tener sus propios “mass media”. De lo contrario, es el poder político quien decide quienes son sus aliados en la banca. Esto llegó a saberlo Conde como un niño aplicado de doce años se sabe la regla de tres.

<<Cuando descubrí que el poder político está capturado por el sistema, traté de tener poder financiero y mediático. Al tenerlos, tienes poder político. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que iba a por el poder político. No iba por ahí, pero si yo dejo el banco, sin dejar de controlarlo y el banco controla un aparato mediático y yo ejerzo, además, el poder político, entonces, cierro el círculo. Le doy la vuelta al sistema (partidocrático). Lo dinamito. Ellos (especialmente los oligarcas del PSOE) se dieron cuenta del peligro. Yo había descubierto algo muy importante: los medios de comunicación tienen efecto-impacto en la cuenta de resultados de los bancos. No sólo por la publicidad, sino por la cantidad de mensajes que puedes mandar. Así me convertí en un problema político para la derecha, para la supuesta izquierda, es decir, para González, y su aparato de poder>>. (Mario Conde: http://www.el-mundo.es/larevista/num111/textos/mario1.html . Lo entre paréntesis es nuestro)

Mario Conde hizo estas declaraciones, a fines de noviembre de 1997, pocos días antes de sentarse en el banquillo de los acusados por el juicio de “Argentia Trust”.  Pero en mayo de 1992 no parecía ser ésa su estrategia, porque llegó a un acuerdo con Antonio Asensio y Jesús de Polanco —este último, desde entonces hasta hoy compinchazo con el PSOE— para hacerse con el control de Antena 3 por la vía del mercado accionarial. [29]

Antena 3 de Radio surgió con la aplicación del Plan Técnico de Radiodifusión de 1979. Apadrinada por veintitrés empresas periodísticas —entre las que destacan los diarios “La Vanguardia” y “ABC”, el Grupo Zeta y la agencia Europa Press— la cadena contaba en 1987 con 94 emisoras, de las cuales 78 se destinaban a la programación convencional y 16 a Radio 80 en su versión fórmula. Fue la única radio que, en 1992, consiguió superar en medio millón de oyentes a la cadena SER, líder hasta ese momento, llegando a la cifra de 3.139.000 oyentes, un auténtico éxito en tan solo cinco años.

Antonio Herrero y José María García se convirtieron en el mayor exponente periodístico de la emisora. Si Herrero consiguió ser líder absoluto de audiencia por encima de Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, no fue precisamente por sus cualidades profesionales, sino por la decidida denuncia de la corrupción política y de los crímenes de Estado en que se encontraba inmerso el gobierno del PSOE. Actuando como la cuarta pata del llamado “pacto de los editores” —junto a Polanco, Asensio y Godó— Mario Conde permitió la eliminación de Antena 3 de radio y la línea política editorial de Antena 3 televisión, el grupo no controlado por el gobierno socialista más poderoso e influyente de cuantos criticaban los desmanes y delitos del felipismo. [30] Mientras Polanco compraba y cerraba la radio, Antonio Asensio y Mario Conde procedieron a la liquidación del telediario de mayor audiencia, el dirigido por Luis Herrero, en el que Federico Jiménez Los Santos era comentarista político. [31]

<<El malogrado Antonio Herrero conseguía cada mañana que la gente se enterase del escandaloso tinglado de intereses tejido en torno a González y Polanco. Desde su programa el primero de la mañana fustigaba sin tregua la corrupción clamorosa del felipismo. Era una especie de oasis en el vasto desierto en que el grupo Prisa había convertido a los medios de comunicación, después de que el gobierno le entregase la SER a precio de saldo.>> Rafael Pérez Escolar: Op. Cit.) [32]

Pero, en esa operación de asalto sobre “Antena 3”, Conde no sólo sirvió al gobierno PSOE de cobertura financiera, sino que, seguidamente, hasta le regaló a Polanco el edificio donde venía funcionando la cadena SER, sin contar con la preceptiva autorización del consejo de Banesto y —ni que decir tiene— de los accionistas del Banco:

<<Toda esa manzana, de un valor incalculable, fue cedida por Banesto a Prisa como una dádiva  intolerable, sin otra razón que corresponder a la solicitud, insistentemente mantenida, de Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián y Matías Cortés, para complacer al voraz editor dispuesto a ejercer sobre el sumiso banquero su inmensa capacidad de coacción.>> (Ibíd)       

Estos sucesivos actos de dispendiosa “generosidad” por parte de Conde hacia el entorno político y mediático del “felipismo”, no parece que se puedan explicar si no es porque la fuerte propensión del banquero a congraciarse con ese poder fáctico, pudo más que las advertencias de Mariano Rubio sobre las firmes determinaciones del PSOE a quitarle de en medio.

 Conde creyó ver reforzada sus ilusiones respecto de su relación conflictiva con el gobierno del PSOE, cuando Luis Ángel Rojo fue nombrado Gobernador del Banco de España, en julio de 1988. Siempre según el relato de Pérez Escolar, Conde contó al consejo de Banesto que, ese día, tras el acto de su toma de posesión, Rojo le dio la seguridad de que las relaciones entre los dos bancos iban a cambiar, “porque se inicia una nueva época de entendimiento”:

<<A pesar de que esta declaración de principios era formulada por quien carecía de los más elementales, Mario Conde, por inconcebible que parezca, cayó en el garlito.>> (Ibíd)

Lo cierto es que, tres años y medio después, las discrepancias con el Banco de España en torno a las técnicas de balance “poco ortodoxas” de Conde, parecieron aventarse, porque los inspectores de la entidad supervisora —que llevaban instalados en la planta 10 del edificio de Banesto desde 1985— todavía seguían allí si haber encontrado nada observable; salvo el problema de las previsiones de fondos líquidos a fin de atender futuras insolvencias —para lo cual el Banco de España fijó un plazo de dos años— aceptando mientras tanto las plusvalías implícitas de las empresas de la Corporación Industrial Banesto, con el compromiso de desinvertirlas o liquidarlas lo más rápidamente posible, sin fijar para ello un plazo preciso. [33]

Además, el Banco de España autorizó a Banesto el pago a sus accionistas de un dividendo equivalente al 50% de los beneficios obtenidos en ese ejercicio, con lo cual, Luis Ángel Rojo pareció confirmarle a Conde que, efectivamente, las cosas estaban cambiando entre los dos bancos. Pero la perspectiva de Pérez Escolar parecía ser otra:

<<Yo creo que, en realidad, lo que ocurría era que estaban al caer las elecciones generales de 1993 y Felipe González, a quien no terminaban de acosar los interminables escándalos de corrupción y crímenes de Estado, estaba pendiente de que Conde le echara una mano mediante su influencia en los medios de comunicación vinculados al banco y a su persona de una u otra manera, lo que se confirmó tristemente con el llamado “pacto de los editores”>> (Ibíd) [34]

A fines de 1992 quedó cerrado el pacto de caballeros entre Conde y el Banco de España en la persona de Luis Ángel Rojo, que dio vía libre al “plan de actuaciones” de Banesto, fecha en que también se produjo la sustitución como consejero delegado en Banesto, de Juan Belloso por Enrique Lasarte, compañero de estudios de Mario Conde, unidos ambos por una estrecha amistad.

Hasta bien entrado el mes de noviembre, para las clases dominantes 1993 fue el año de la incertidumbre y el temor ante un futuro inmediato que se avizoraba sin un liderazgo político capaz de llenar el vacío de poder que iba dejando el gobierno del PSOE, hundido hasta el cuello en una charca infecta de sucesivos escándalos de corrupción y crímenes de Estado. En toda la sociedad se notaba que, desde 1992, el “viejo topo” estaba haciendo lo suyo y esos movimientos tectónicos en la base material del sistema repercutían conmocionando la superestructura. En los ámbitos económicos y financieros, donde respiran y actúan para medrar a expensas de otros los verdaderos poderes fácticos en tiempos de crisis, se presentía que la partidocracia no garantizaría ya la tranquila continuidad político-institucional del sistema, dado que el Partido Popular no parecía ser una alternativa de mayoría absoluta —situación en la que había venido transitando la “democracia” desde 1977— y el PSOE había perdido ya toda posibilidad real de serlo por algún tiempo.

Esta inestable situación de oscura perspectiva política para el tinglado que se montó durante la transición, coincidió en igual período con un salto espectacular de la figura de Mario Conde hacia las más altas cotas de contagiosa magnificencia social en la vida pública española. Su consagración como potencial estadista comenzó el 14 de enero, durante su intervención en el coloquio organizado por la revista española “Política Exterior” y la alemana “Europa Archive”, en el que participaron popes políticos como Zbniew Brezinsky, miembro de la “Trilateral”, consejero “científico” del presidente Johnson y Consejero de Seguridad durante el mandato de Carter; Simone Veil, ex ministra de asuntos sociales durante el gobierno francés de Edouard Balladur y presidenta del Parlamento Europeo, o Alexander Yakovliev, ex embajador de la URSS en Canadá, inspirador de la “Perestroika”, entre otras personalidades de la vida cultural, como David Abshire, presidente de una fundación norteamericana con fines culturales, el escritor ultraliberal francés Jean Francois Revel, el conocido historiador e hispanista burgués de “izquierda”, Hugh Thomas, o el “prestigioso filósofo” francés André Glucksmann, junto a los presidentes de dos Länders alemanes. [35]

Ese día, en la Sala Vecchia del Sínodo Vaticano, un “pletórico” Mario Conde se dirigió al “Santo Padre” para proclamar sofísticamente que “la actividad económica ha de estar sometida al juicio moral”, y que “la economía de mercado ha demostrado ser la que mejor consolida el progreso técnico”. Estos prejuicios interesados ya en andrajos frente a una realidad que los desmiente a cada paso que la burguesía da en su propia historia, suenan hoy al obrero espontáneo gracias al incesante soniquete propagandista laico de la intelectualidad burguesa postrera, como en tiempos del dominio aristocrático tardío sonaba todavía en los oídos de campesinos y artesanos, aquel tópico de que Dios era ley en los campos que ara el buey y en los palacios del Rey, gracias al interrumpido soniquete de campanario, púlpito y sacristía que animaba el espíritu objetivo del Estado teocrático.

Casi seguidamente —y sin duda como parte de sus propios planes y preparativos para lanzarse a la vida política española— durante una solemne y al mismo tiempo glamurosa ceremonia ampliamente difundida por los medios del país, Mario Conde fue investido Doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, en presencia del Rey —que ejerció la presidencia del acto— y de los miembros de su familia, así como de lo más representativo del claustro universitario y del empresariado nacional, ente quienes destacaron el Gobernador Luis Ángel Rojo y Jesús Polanco. La laudatio corrió a cargo del ex embajador de Israel en España, Slomo Ben Ami, quien seguramente tuvo algo que ver con el siguiente viaje proselitista de Conde al extranjero. [36]       

 Y, en efecto, durante el otoño de 1993, Mario Conde viajó a Israel para participar en una “resonante” conferencia Judeo-árabe donde se iban a echar los cimientos del desarrollo económico de Cisjordania y Gaza tras la constitución del futuro Estado palestino:

<<El éxito del viaje fue extraordinario y clamorosas las dos intervenciones a cargo de Conde, una en el curso de la propia conferencia y otra en la Universidad de Jerusalén, ambas ante el público más representativo. Simón Pérez, entonces líder de la oposición, se entrevistó con Mario Conde en el hotel King David durante más de dos horas, y en la última noche en Israel asistieron seis ministros a la cena que ofrecieron al visitante>>. (Ibíd)      

A todo esto, desde mediados de ese año varios expertos de la J. P. Morgan —cuyos directivos habían puesto sus ojos sobre Banesto y estaban negociando con Mario Conde— trabajaban en sus dependencias para cerciorarse sobre la salud patrimonial y contable de esta entidad, con la perspectiva de participar en la “macroampliación” de su capital, la más ambiciosa en la historia de la banca en España.  Como resultado de las investigaciones y tratativas, el acuerdo fructificó en mayo de 1993, cuando J..P. Morgan dispuso que su “Fondo de Inversiones Corsair” destinara unos 160 millones de dólares a la compra de 12,8 millones de acciones de Banesto, un 7,9034% del total. Fue ésta la evidencia más rotunda de que —dada la coyuntura económica y política del capitalismo— el banco de Mario Conde estaba en condiciones de lograr su saneamiento financiero por sus propios medios.  

Esta operación de la J. P. Morgan, sirvió como espaldarazo para que el Banco de España no pudiera dejar de aprobar la ampliación de capital de Banesto, ante lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tampoco pudo poner objeciones, permitiendo así a Conde abrir la espita para lanzar al mercado bursátil una primera emisión de 100.000 millones de pesetas en acciones.

En ese lapso de tiempo se habían llevado a cabo las elecciones generales el 6 de junio de 1993, en las que el PSOE perdió la mayoría absoluta, aunque pudo conservar el poder ejecutivo. Así las cosas, respecto del futuro de Conde la burocracia partidocrática en su conjunto —muy especialmente la del PSOE y el PP en las personas de González y Aznar, por este orden— tratando de evitar en lo posible la solución drástica del problema, depositaron todas sus expectativas en el fracaso de la macroampliación de capital. Los directivos del banco supervisor apostaron a que resultaría un fracaso, previendo que no podrían al no poder colocar más allá del 20% de los 100.000 millones emitidos. Pero esa previsión fue desmentida por una demanda de acciones que superó con creces la oferta, ante lo que la tan digna “comunidad financiera internacional”, celebró entusiastamente los resultados de la operación.

A caballo de este éxito, en octubre el Banesto lanzó una OPA sobre su Corporación Industrial. El bajo precio al que estaban cotizando las acciones de esas empresas pudo reflejarse como coste contable para mejorar posteriormente su posición en el mercado bursátil a fin de acometer de la forma más propicia y ventajosa la pactada política de desinversiones, por lo que el Banco de España no tuvo más remedio que autorizar la OPA sin problemas.

Diga lo que diga el señor Rafael Pérez Escolar, Banesto nunca pudo presumir de una ortodoxia financiera y contable impoluta. Pero los demás bancos, tampoco. Todas las operaciones de ingeniería financiera al uso —en mayor o menor medida— son el medio discrecional propicio para alternar en el oscurecimiento o blanqueo de masas ingentes de capital dinero adicional, producto en no pocos casos de actos delictivos de todo tipo, incluido el negocio de la droga. [37]

 Cualquier partido político burgués eventualmente a cargo de un Estado capitalista, puesto sistemáticamente a evitar toda irregularidad o delito en la gestión financiera bajo su jurisdicción nacional —mientras el resto de Estados deja intangibles los suyos— acabaría en poco tiempo con todo el sistema bancario privado como práctica rentable al interior de ese país, viéndose obligado a estatizarlo. Aunque lo más probable —dados los tiempos que corren— es que el poder fáctico de los bancos afectados acabaría antes con ese tan imaginario como quijotesco gobierno burgués moralizante. No es el Estado el que determina a la sociedad civil —como pensaba Hegel— sino que son los grandes poderes fácticos los que, en última instancia, determinan la existencia del Estado, como pensaba Marx.

En realidad —y nunca se insistirá lo suficiente mientras el inexistente valor de la “justicia igual para todos” impere sobre la conciencia de los explotados— los delitos en materia económica, monetaria o financiera en la relación normal entre sociedad civil y Estado, sólo sirven para que determinadas fracciones de la llamada clase política en función de gobierno, procedan a “hacer justicia” por arriba sólo con ciertos poderes fácticos que molestan o atentan contra sus intereses políticos particulares o contra los de la clase partidocrática en su conjunto al interior de las instituciones estatales. Pero para esto deben contar con la anuencia o el apoyo —implícito o explícito— del resto o de la mayoría más poderosa.  Esto es lo que sucedió en el llamado “Caso Banesto”, con el agravante de que el Banco de España ni siquiera se tomó el trabajo de probar y exponer públicamente, unas irregularidades que el propio consejero delegado de Banesto, Enrique Lasarte confesó —contagiado de la confianza depositada por su jefe en Luis Ángel Rojo— convencido de que el compadreo entre las dos instituciones iba en serio.

Así fue cómo, el 28 de diciembre de 1993 —día de los santos inocentes— el Banco de España decidió intervenir Banesto, destituyendo a Mario Conde y a todo su Consejo de Administración, para nombrar en su lugar como presidente provisional del banco a Alfredo Sáenz Abad —por entonces vicepresidente del Banco Bilbao-Vizcaya— quien formó un nuevo equipo de dirección. [38] Al día siguiente, los clientes del banco retiraron de sus cuentas entre 75.000 y 100.000 millones de pesetas ante la alarma provocada por la intervención, mientras el gobierno difundió un comunicado respaldando la decisión del banco emisor y aseguró que los depositantes podían estar tranquilos. El día 30, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, compareció ante el Congreso de los diputados para informar que la crisis de Banesto se debió a la mala gestión de los ya cesados administradores. Estas declaraciones fueron interpretadas por políticos y periodistas como que en Banesto estaba al borde de la bancarrota. Dos días después de esa comparecencia de Rojo, hubo una corrida de los clientes del banco sobre sus depósitos en cuenta corriente calculada en más de 900.000 millones de pesetas. El 11 de enero de 1994, Mario Conde compareció ante lo medios de prensa asegurando que no había razones para la intervención, negando que pudiera hablarse de un “agujero” patrimonial de 500.000 millones de pesetas. Ante esta declaración, Rojo dejó que transcurrieran trece días para poder montarse cómodamente sobre la furibunda campaña de prensa presidida por el Grupo Prisa en esas dos semanas, anunciando el día 24 que el desequilibrio patrimonial de Banesto era de 605.000 millones. Cumplido el mes desde la intervención, el 28 de enero Mario Conde y otros ex consejeros de la entidad intervenida recurrieron ante la justicia lo actuado por el Banco de España alegando indefensión. Pero todo fue inútil:

<<La cifra no un grano de anís: primero se habló de 500.000 millones de pesetas, pero acto seguido, y “por criterios de prudencia”, se fijó en 605.000 millones. ¿Sería por dinero? Qué más daba cien mil millones de más o de menos? Quedaba más aparente la cosa añadiendo al boleo otros cien mil millones, por supuesto sin la menor justificación. Porque todavía estamos esperando a que nos expliquen cuáles fueron los criterios de prudencia por los que se aumentó de sopetón del “agujero” nada menos que en un 20 por ciento. Si en tan brevísimo tiempo las huestes invasoras pudieron descubrir un sin  fin de operaciones defectuosas que ascendían a tan fantástico dineral, lo cierto era que, tratándose de un banco enorme, con un grupo industrial poderoso y múltiples filiales bancarias y parabancarias, su contabilidad no debía estar tan mal llevada cuando permitió un estudio tan extenso y complejo. Porque en menos de un mes, los “meros agentes” del Banco de España fueron capaces de evaluar el imaginario déficit con una precisión tan acabada que luego a la cifra elegida ya no se movió un ápice, ni siquiera una peseta más o menos.>> (Ibíd)

Como estaba previsto, la movida del Banco de España actuando como ariete institucional de la partidocracia en ese momento a cargo del gobierno felipista, deterioró la imagen de Banesto. Se hizo para arruinar a Mario Conde aun a expensas de clientes e inversores. En efecto, el día de la intervención, las acciones del banco cotizaban a 1.900 pesetas. Cuando el primero de febrero de 1994 el Banco de España autorizó que las acciones de Banesto volvieran a la Bolsa, lo hicieron a 855 pesetas. Nueve meses después, ante la inminente apertura del juicio que le llevaría a la cárcel, durante el reportaje citado más arriba el periodista pregunta a Conde cuanto dinero le quedaba de todo el que tenía, a lo que éste respondió sintéticamente:

<<Yo compré 7.000 millones de pesetas en acciones de Banesto. Pedí un crédito al Hispano. Le di en garantía las acciones, incluso las que yo había comprado con el dinero de Antibióticos. Luego forzaron la Bolsa, pusieron las acciones a 800 pesetas y me las quitaron>>. (Op cit.)

Ya hemos dicho que la inspección del Banco de España llevaba investigando en las entrañas financieras y contables de Banesto desde 1985. Ningún banco del sistema financiero español había si objeto de semejante pesquisa desde 1977 hasta que fue intervenido. Sin embargo, durante todo ese período ningún alto funcionario de esa institución supo de alguna observación o fue notificado de cualquier anomalía. Pero desde el 28 de diciembre de 1993, todos los periódicos y telediarios del país en su furibunda campaña mediática contra Conde, se pusieron de acuerdo en que el “agujero” de Banesto era de 500.000 millones. Y cuando éste sólo insinuó desmentirlo, el Banco de España lo aumentó a 605.000 millones, tanto como para que la opinión pública supiera que los ilícitos en Banesto tras la intervención, se reproducían como las setas en un bosque después de la lluvia y Conde no volviera a abrir la boca:

<<Yo me he preguntado mil veces, a propósito del largísimo tiempo durante el cual trabajó tan intensamente en Banesto la inspección del Banco de España, donde recogían esos funcionarios el resultado de su ardua investigación cuando comprobaban que una operación determinada resultaba defectuosa por cualquier causa, por ejemplo, el incumplimiento de las reglas sobre dotación de provisiones. Sí, me he preguntado insistentemente en qué papel, en qué notas escritas a mano o a máquina o registradas de viva voz en algún magnetófono; en qué registros, ficheros u ordenadores se dejaba constancia de tantos y tantos defectos como luego dijeron que se habían producido, aunque sin determinar ninguno de ellos>>. [39]

Desde que Marx y Engels han dicho en el “Manifiesto Comunista” que “el capitalismo es la sociedad del engaño y el pillaje mutuo” (entre burgueses, se entiende), cada vez que se produce el enésimo episodio que confirma este aserto, tras recurrir infructuosamente a los tribunales las víctimas propicias con capacidad para ello, escriben páginas y páginas denunciando que han sido objeto de tropelías monumentales por parte de unos “filibusteros”. Lo hacen invocando los más altos valores  éticos y jurídicos consagrados, pero en realidad demuestran que la moral vigente y el derecho burgués positivo —tanto en ausencia como en presencia de conflictos, cualquiera sea su magnitud y trascendencia en las relaciones interburguesas— nada tienen que ver con el buen hacer ciudadano según la ley vigente, sino con el poder económico más concentrado, cuyos personeros siempre logran que el platillo sobre el que gravitan sus intereses, vuelque en su favor la balanza de la justicia. Y por esa regla de tres más infalible y fatal que la ley de la gravedad válida para el sistema de referencia de nuestro Planeta, a Mario Conde, Romaní Biescas, Garro Carballo, Pérez Escolar, y demás previsibles perdedores —posteriormente procesados y encarcelados por el caso Banesto—, les tuvo que tocar la “china”.

Opinar que la sentencia sobre el caso Banesto ha sido injusta, es tan peregrino como aceptar que las sentencias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los beneficiarios de un préstamos a interés —concedidos con dinero ajeno y que constituyen el contenido y razón de ser de los bancos— son actos de “justicia natural”, como ya afirmaba James William Gilbart en 1834. Ambos tipos de sentencias dictadas por otros tantos jueces, son el producto directo de “actos jurídicos”  que, en realidad, no son más que disfraces de hechos impuestos por el modo de producción capitalista, cuya legalidad o legitimidad jurídica, es la simple expresión post festum de esas imposiciones, sean conscientes, como en el primer caso, o inconscientes, como puede ser en el segundo.

Todo esto nada tiene que ver con la determinación libre y equitativa de tales actos. En el primer caso porque la sentencia sobre Banesto fue un acto de intención manifiesta: anular las posibilidades políticas de Conde arruinándole económicamente. En el caso de las sentencias por impago del “principal” (capital-dinero prestado) más los intereses devengados según contrato firmado por las partes, el contenido del incumplimiento por los prestatarios de créditos bancarios, remite a su antecedente inmediato, el préstamo de dinero ajeno existente en las cuentas corrientes de los bancos, cuya disponibilidad crediticia “ex ante” para distintos fines de los prestatarios, permite ampliar la producción de capital adicional más allá de los límites objetivos del propio capital global en funciones, siendo que, a la postre esta ampliación crediticia artificial de la producción, resulta ser la causa de los impagos masivos ante la inevitable crisis emergente y la imposibilidad material consecuente de realizar el capital producido.  

¿Por qué la “injusta” sentencia sobre Banesto puede merecer los más infamantes calificativos por parte del banquero Pérez Escolar, en tanto que puesto frente al impago de créditos bancarios concedidos a multitud de prestatarios —que así agravan las crisis llevando el paro y la miseria a millones de familias asalariadas— este mismo señor no duda un segundo en calificar las correspondientes sentencias judiciales condenatorias de los prestatarios como actos de perfecta “justicia”?  En el contexto que analizamos aquí, no hay ni puede haber justicia. Hay leyes objetivas del sistema capitalista que, en última instancia, se cumplen independientemente de toda voluntad humana —individual o colectiva— con la fatalidad propia de los hechos que ocurren en el mundo natural. [40] Esas leyes determinan hechos que desencadenan conflictos de índole económica y política, los cuales se resuelven siempre según la ley del más fuerte.

Fuera de este contexto de relaciones interburguesas, puede decirse igualmente que, en general, el vigente derecho positivo en todo el mundo y su correspondiente sistema judicial administrado por jueces, fiscales y abogados defensores, no es más que una vil tapadera —de la misma verdad histórica— al servicio del orden capitalista. Sucede ni más ni menos que como con los demás aparatos ideológicos y de control social del Estado, en suma, de la hegemonía burguesa sobre la conciencia de los explotados. La justicia del capitalismo es una ilusión que se renueva como la ensoñación embrutecedora con la riqueza millonaria en el juego de la lotería, donde invariablemente basta con el anuncio periódico —de los que nunca dejan de ganar— acerca de quién ha sido el jugador afortunado.   

Retomando el hilo tras la intervención de Banesto, para comprender lo que sucedió después hay que recordar que, desde 1991, el gobierno del PSOE venía arrastrando una serie de escandalosos casos de corrupción, entremezclados con la malversación de fondos reservados para el enriquecimiento personal de altos cargos del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, en medio de la sustantivación del juicio por el caso de los GAL o implementación del terrorismo de Estado contra ETA en territorio francés.

A fines de mayo de ese año estalló en la prensa el escándalo Filesa. Según la investigación periodística, los principales bancos y empresas del país habían pagado cientos de millones de pesetas a dos pequeñas empresas de Barcelona, propiedad de destacados dirigentes socialistas, a cuenta de una serie de estudios de consultoría de diversa índole que jamás se llegaron a realizar. Así resultó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), había montado una extensa red de cobro en concepto de comisiones por el asesoramiento a empresas —liderada por Filesa y Time Export— cuya recaudación trasvasaba a su sede central de la calle Ferraz, en Madrid. Con tan solo media docena de personas en plantilla, estas dos sociedades fueron presuntamente capaces de asesorar al por entonces “Banco Bilbao-Vizcaya” sobre containers, al “Banco Central” sobre fusiones bancarias, o a la empresa de las hermanas Koplowitz sobre cómo conseguir que Construcciones y Contratas” se implantara en Gran Bretaña. Todo el dinero recaudado en cohecho con sus acaudalados mecenas políticos, fue utilizado para sufragar los gastos de campaña para las elecciones generales de octubre de 1989. Entre otros interesados con la “causa socialista” figuraba la importante imprenta, “Hauser y Menet”, una de las agencias de publicidad que contrataba en nombre del partido, “El Viso Publicidad”, y la empresa de vídeos “Mabuse”. El encargado de gestionar este genuino impuesto del PSOE fue el responsable de finanzas del grupo parlamentario socialista, Carlos Navarro. En una pequeña nota inmediatamente posterior a la revelación de los hechos, el PSOE mostraba su desconcierto:

<<“Al no existir ninguna relación entre las actividades del partido y la información reseñada, se ha remitido el contenido de la misma a los asesores jurídicos para las actuaciones que de su estudio puedan derivarse”>> ( Cita de Fernando López Agudín en: “Las Claves de la Democracia Española. Ver:  http://www.el-mundo.es/nacional/constitucion/1991/historia.html

Poco después, Carlos Navarro dimitía como tesorero del grupo parlamentario socialista y Guillermo Galeote era separado de la secretaría de Finanzas del Partido. El recurso de los partidos al capital privado para financiar sus campañas electorales, es una de las formas en que opera la ley general de la acumulación capitalista para fundir el Estado con los oligopolios, transformando así la democracia formal pura bajo condiciones de competencia perfecta —correspondiente a la dispersión de pequeños capitales en la sociedad civil típica del capitalismo temprano—, en democracia formal dineraria bajo condiciones de competencia oligopólica —correspondiente a la centralización de grandes capitales típica del capitalismo tardío o postrero.

Ya mencionamos más arriba que, en setiembre de 1991, el juicio de los GAL se había quedado en la condena de los agentes Amedo y Domínguez. Aunque mediante un auto de 1988, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional extendió las investigaciones judiciales a las instituciones del Estado, los tres años transcurridos desde entonces solo sirvieron para que, a instancias del inefable juez Garzón, el Estado español intentara malamente salvar el rostro de su “Justicia”, convirtiendo a ese juzgado en un “patético” escenario por el que se hizo desfilar a los más altos cargos de Interior y mandos policiales, cuyos clamorosos silencios y evasivas declaraciones, tornaron más elocuentes y verosímiles los múltiples datos publicados en algunos medios. [41]

En medio de este proceso de deterioro ante la opinión pública y consecuente pérdida de las expectativas de voto, en 1993 el gobierno del PSOE se vio obligado a convocar elecciones anticipadas que se celebraron el 6 de junio, en las que volvió a ganar y logró mantenerse en el gobierno, pero no pudo renovar su mayoría absoluta conseguida en las tres elecciones anteriores (1982-1986 y 1989). A partir de aquí, en el contexto de la crisis económica que elevó el paro a tres millones de asalariados, y no habiendo podido solucionar ninguno de los escándalos de corrupción y terror de Estado en que estaba inmerso, le fue imposible recuperar la confianza perdida de buena parte del electorado que le había permitido gobernar holgadamente, por lo que el PSOE continuó perdiendo voluntad política de apoyo en la sociedad. Recordemos que este año de 1993 acabó con la intervención de Banesto y la destitución de todo su consejo de dirección.

La progresión en el deterioro político del PSOE en el gobierno se puso de manifiesto a principios de 1994 durante el debate sobre el estado de la nación, cuando el 20 de abril el jefe de la oposición a cargo del Partido Popular, José María Aznar, acabó una de sus intervenciones en el pleno del Congreso pronunciando su célebre frase: “Váyase, señor González”. Diez días más tarde, el 30 de abril —después de que, en noviembre de 1993 fuera obligado a solicitar su cese como director de la Guardia Civil, cuando el periódico “Diario 16” destapó el escándalo ante el "desmesurado" incremento de su patrimonio durante su mandato— Luis Roldán huyó de España. Este hecho provocó una gran crisis política en el gobierno y el PSOE, con la dimisión del por entonces ministro del Interior, Antoni Asunción. En este contexto, el 12 de junio el Partido Popular consiguió una amplia victoria sobre el PSOE durante las elecciones al parlamento europeo.

El miércoles 20 de julio de 1994, el ex secretario general de los socialistas vizcaínos, Eduardo García Damborenea —implicado en el secuestro de Segundo Marey— declaró ante el juez y ante la prensa acusando a Felipe González de conocer la existencia y actuación de los GAL, y a Barrionuevo, al ex ministro de Defensa, Narcís Serra, y al secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, de participar directamente en su organización. Cinco días después, el lunes 25, el periódico “ABC” publicó la noticia de la reunión secreta entre el entonces secretario general de Izquierda Unida, Julio Anguita y el Presidente del PP, José María Aznar, celebrada en la casa del director de “El Mundo”, Pedro J. Ramírez. En aquella cena se gestó la "pinza" política contra Felipe González. La idea de que "¡hay que acabar con el felipismo para regenerar el sistema!" estuvo presente en las conversaciones, según escribió más tarde la biógrafa autorizada de Pedro J., una periodista al frente de un periódico —del que seguía siendo accionista el procesado Mario Conde— y que reunió a los líderes de la derecha y de la izquierda burguesas institucionalizadas sugiriendo "un pacto a la griega".

Según reporta el ex ministro de justicia e Interior del segundo gobierno de Felipe González comentando el libro de Pedro J Ramírez: “Amarga Victoria”:

<<Pedro J. Ramírez explica su papel en la entrada de Anguita en la Operación Pinza contra el socialismo español, asume ser el organizador de la cena en donde, al amparo de una buena química entre Anguita y Ana Botella, se perfiló la vertiente política de eso que, empecinadamente, se niega a llamar Conspiración. Como es lógico, Anguita jugó un papel clave en la credibilidad del conjunto, el líder comunista es tratado con toda consideración y afecto>>.

 “Regenerar el sistema” también fue el slogan esgrimido por un grupo de periodistas, juristas y financieros, para conspirar y acabar con la figura política de Felipe González, en primer término, y conseguir la abdicación del Rey, en segunda instancia. Así lo explicó a la revista "Tiempo" Luis María Ansón —ex director del periódico monárquico "ABC"— quien asistió a muchas de las reuniones donde se discutían estos asuntos. Según ha dicho el propio Ansón, la fórmula empleada para conseguir estos fines, fue elevar la crítica pública y la crispación social "hasta rozar la estabilidad del Estado". Dado que, en realidad, no se trataba de regenerar nada sino de cambiarle la fachada al Estado, los conspiradores “democráticos” tenían buenas excusas: los GAL, el secuestro y tortura de Lasa y Zabala, la malversación de fondos reservados, las andanzas de Luis Roldán y una serie de escándalos protagonizados por altos cargos en el gobierno del PSOE —que el propio González no supo cortar tras las elecciones de 1993— proporcionaron la munición que, hábilmente empleada y en ocasiones magnificada, sacudió la vida pública española. Mientras tanto, las corrupciones de otros partidos —los casos Naseiro, Hormaechea y del alcalde de Burgos, que salpicaron al PP, o las concesiones de las tragaperras, que afectaron al PNV— pasaban de puntillas ante los ojos de esa prensa. Aparentemente, sólo había corrupción socialista. (Ver: Revista “Tiempo” de la última semana de febrero de 1998). [42]

Pocos días después, en agosto de ese mismo año de 1994, José Luis de Vilallonga (biógrafo oficial del monarca), se sumó a la denuncia de su colega promonárquico en un artículo publicado por el periódico barcelonés “La Vanguardia”, diciendo allí que la estrategia de provocar la caída del gobierno del PSOE y la desaparición de la monarquía, consistía en implantar una república presidida por el ex notario, empresario y abogado Antonio García Trevijano. Al frente de esa trama política el Marqués de Vilallonga situaba al ex banquero Mario Conde y al financiero Javier de la Rosa. Y enfatizaba: "Todo esto suena a broma pero no lo es. Me dicen que Luis María Ansón, entre otros, se lo toma muy en serio". Según “La Vanguardia”,

La denominada operación República desencadenó una tormenta de verano, aunque el propio González manifestó creer en la existencia "de un proceso, más o menos organizado, de deslegitimación institucional que continuará con una cierta intensidad en los próximos meses". (Op. Cit. 16/08/98)

De hecho, apenas tres meses después, el entonces presidente del Gobierno comenzó a denunciar los primeros síntomas de esta conspiración tras la reapertura del sumario de los GAL por parte del magistrado Baltasar Garzón, que salpicó a destacados dirigentes de la etapa socialista, entre ellos al ex ministro de Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, para quienes el fiscal solicitó 23 años de prisión.

La teoría de la conspiración adquirió un nuevo cariz en noviembre de 1994, tras conocerse que González se había entrevistado con Jesús Santaella, abogado de Mario Conde y del ex miembro del CESID, Juan Alberto Perote, quien en 1991 sustrajo abundante documentación del servicio secreto que acabó en manos del ex banquero y que constituyó una de las principales pruebas de cargo en el sumario de los GAL contra el gobierno del PSOE.

 González justificó los citados contactos para recuperar la documentación, señalando que "el Gobierno es consciente del riesgo" que suponían, pero que eran necesarios "para velar por la seguridad del Estado". Estas declaraciones del entonces presidente fueron acogidas con duros calificativos por parte del entonces líder de la oposición, José María Aznar, quien acusó a González "de enredarse en el trapicheo" con dos presuntos delincuentes, y de confundir a la opinión pública intentando hacer creer que se buscaba la seguridad del Estado.

En diciembre de 1994 se produjeron dos reuniones que resultaron decisivas para el curso del PSOE en el gobierno; una de ellas tuvo lugar en el despacho de Pedro J. Ramírez, con la participación de Francisco Álvarez Cascos en representación del opositor Partido Popular, Jorge Manrique, abogado de Amedo y Domínguez, y el propio Pedro J. Pocos días después se realizó una segunda reunión entre Pedro J. y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Desde el 19 de setiembre de 1991 —en que fueran condenados a 108 años de cárcel— los agentes Amedo y Domínguez se habían mantenido en silencio esperando infructuosamente que el PSOE cumpliera su promesa de sacarles de la cárcel. Otro tanto habían venido haciendo el ex director general de seguridad y ex gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el ex  jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuela, y el Francisco Álvarez, todos ellos imputados por el “caso GAL”.

En 1993, ante el anuncio de las elecciones generales adelantadas para junio de ese año, Amedo presionó amenazando con hacer algunas declaraciones comprometedoras para el PSOE y Felipe González, pero el Juez Garzón le pidió que continuara callado porque en las próximas elecciones de junio iría como segundo candidato en las listas de ese partido, con lo que, en caso de ganarlas, sería nombrado ministro de Interior y él indultado. Para aspirar a ese puesto, el 28 de abril de 1993 Garzón solicitó oficialmente al Consejo General del Poder Judicial la excedencia voluntaria en la carrera judicial. Pero tras ganar los comicios, el PSOE dejó a Garzón con la miel en los labios. [43]

Entonces, el juez decidió reincorporarse a la judicatura, poniendo la “independencia” del poder judicial en lo que concierne al juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional a su cargo, al servicio de la “pinza” política organizada por Pedro J. Ramírez, Izquierda Unida y el Partido Popular contra el PSOE. Lo primero que hizo Garzón tras su breve y fracasado periplo por la política partidaria —reincorporado ya como Juez de la Audiencia Nacional— fue encargarse del sumario por el secuestro de Segundo Marey, iniciando así su segunda etapa a cargo del “caso GAL” en diciembre de 1994. Este juez fue precisamente quien puso de moda la X a despejar en el juicio sobre los GAL a su cargo en la Audiencia Nacional, que él oficiosamente atribuyó a Felipe González dejando que se desparrame por la sociedad para facilitarle las cosas. Preguntado sobre esta perla de Garzón, durante una entrevista concedida a “El Faro de Vigo”, en agosto de 2003, el General Sáenz de Santamaría dijo lo siguiente:

<<—Hablando de personas y amigos suyos, ¿qué opinión le mereció Felipe González?
—Un hombre que está 14 años en el poder es que tiene algo. Es un animal político, y muy aprovechable para cargos exteriores de España.
 —¿En algún momento usted pensó que fue el señor X?
—No había el señor X. La X salió por primera vez en un organigrama que hizo el señor Garzón de los cojones. Qué casualidad, lo hace después de venir de pelearse con González porque le había llevado en su candidatura. Estamos todos bailando alrededor de un señor G que es Garzón. De una G, porque Garzón no es señor>>.

http://www.noticiasgalicia.com/interviu/interviu30.html

Con semejantes intenciones y comportamiento, el Juez Garzón ha demostrado que el “Estado de Derecho” como expresión del imperio de “la ley igual para todos” no existe, y que es una ficción más en la ya larga lista de dígitos siderales que lo han venido confirmando en los cuatro puntos cardinales, desde los tiempos en que el pobre Montesquieu se ha creído sus propios embelecos. Ha demostrado, tratando de hacer valer el suyo, que para la burguesía sólo existen intereses creados gravitando en torno al sol de la propiedad privada capitalista, donde lo que realmente impera es la ley del más fuerte. Pero en la medida en que esa ficción jurídica arraiga en la conciencia ingenua de las clases subalternas, los relativamente pocos depositarios de ella —como es el caso de Garzón— adquieren un poder enorme. Más aún si ese poder ha sido megapotenciado por la falsa aureola de dignidad moral y política que los mass media han venido haciendo levitar sobre su cabeza.   

Y siendo cierto que, en parte, “se lo ha currado”, no menos cierto es que la borrachera de poder que experimentó este —en el fondo— insignificante personaje para llegar a desinhibirse a tal extremo —peligroso para el sistema—, es la misma que le ha hecho caer en la trampa de la ley política que rige la vida de los que parecen más fuertes, llevado irresistiblemente por su efímera capacidad de poder hasta la inevitable crisis y declive personal, que sin duda le ha de sobrevenir en algún momento antes de su propia decadencia física, tan inevitablemente como la ley del valor conduce la acumulación del capital por sucesivas crisis periódicas de superproducción, acercando el sistema a su colapso político definitivo antes que a su propio colapso económico científicamente previsto.

¿Cuánto tiempo más deberá transcurrir hasta que la última de las ficciones jurídicas y morales  de la burguesía exhale el último aliento en la conciencia de los explotados? Dejemos que los apologetas a sueldo del sistema sonrían desdeñosamente por toda respuesta a esta pregunta. Mientras tanto, nosotros, por arriba —tal como el “viejo topo” desde abajo— a lo nuestro, para hacer cuanto antes posible lo necesario, conscientes de que sólo a la larga van los explotados al encuentro de las ideas revolucionarias, pero no por eso menos seguramente.   

Estábamos en el pulso de poder a poder que el despechado Garzón decidió echarle a Felipe González. Fue cuando, en julio de 1995 Amedo y Domínguez cambiaron bruscamente su estrategia de defensa y se dispusieron a declarar “voluntariamente” ante el juez “estrella” reabriendo el caso GAL. [44] Estas declaraciones fueron seguidas por las de Sancristóbal, Planchuelo y Álvarez, quienes no menos inopinadamente se retractaron de sus anteriores exculpaciones y admitieron su participación en el secuestro de Segundo Marey, actitud que justificaron por “obediencia debida” a sus superiores inmediatos: Vera y Barrionuevo. [45]  

Esto es lo que Garzón estaba esperando que sucediera para elevar en agosto el sumario al Tribunal Supremo, con la sugerencia de que el jefe de los GAL era Felipe González. Finalmente, la puntilla en la reapertura del caso GAL la dio Mario Conde —con la ayuda de Sancristóbal— en la cárcel de Alcalá-Meco, donde fue ingresado el 23 de diciembre de 1995. Fue allí desde donde  puso en marcha su estrategia personal dando a Santaella la orden de dar conocer los documentos que había comprado al coronel Perote sobre la guerra sucia del gobierno de Felipe González contra ETA, completándose así, de forma dramática, en encendido de todos los detonantes con los que el poder jurídico, político y mediático procedió a la "explosión controlada" del caso GAL.

Según el periodista Ernesto Ekaizer, lo que desgastó al PSOE y acabó por desalojarlo del gobierno en 1996, fue la utilización por parte de Mario Conde de ese arsenal de datos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) —relacionados con temas de seguridad y de la guerra sucia de los GAL—, robados en su momento por el coronel Juan Alberto Perote. [46]

Sin embargo, en principio el objetivo de Mario Conde no era éste, sino evitar mediante un chantaje algunas de las cosas que se le estaban viniendo encima, como la condena por el caso Banesto, o la primera condena a seis años de prisión por el caso “Argentia Trust”.  Su propósito era cambiar los papeles del CESID por su inmunidad judicial más los 14.000 millones de pesetas que le supuso el expolio de su patrimonio accionarial de Banesto, entre otras cosas. En una primera fase, a través de su representante, el abogado Jesús Santaella, Mario Conde solo quiso presionar al gobierno. Pero al no tener éxito en la negociación, decidió pasar del chantaje a cumplir su amenaza, entregando los papeles del coronel Perote al periódico “El Mundo” de Pedro J. Ramírez, la “bestia negra” del PSOE a lo largo de toda su gestión al frente del Estado.  

La publicación de algunos papeles comprometedores en este diario, buscó ablandar al gobierno provocándole algunas bajas en su nómina. Fue así que, en junio de 1995, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y Ricardo García Damborenea, ex secretario de los socialistas vizcaínos, fueron encarcelados por su implicación en la acción armada clandestina de los GAL, mientras
Roldán era detenido en Laos, y el ministro de Defensa, el vicepresidente del Gobierno, y el director del CESID, Eduardo Serra, Narcís Serra y Emilio Alonso Manglano respectivamente, fueron obligados a renunciar. Según Ernesto Ekaizer, el proceso de negociación con Mario Conde estuvo mediando por José María Ansón:

<<Pues fue Mario Conde quien le dijo, el 31 de mayo de 1995 a Ansón, que le transmitiera al general Emilio Alonso Manglano —director del CESID— que si éste no declaraba ante el Tribunal Supremo ciertas cosas,  el 1 de junio se haría explotar la bomba. Ansón, que ha actuado muchas veces de confidente del general Manglano, se lo transmitió.  Manglano no le hizo caso. El 12 y 13 de junio, Conde apretó el botón. Y "El Mundo", entonces, "investigó". Puso la bomba en su portada: las escuchas del CESID.>> (“La Vanguardia”: 22/02/98.)

http://72.14.207.104/search?q=cache:ekSyT_NaGlMJ:www.lavanguardia.es/cgi-bin/notilvd_print.pl%3Fnoticia%3Dekaizer220298%26seccion%3Dtemas+%22%27%27Conde+pagar%C3%A1+por+Banesto+pero+no+por+su+operaci%C3%B3n+de+chantaje%22%22&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=1

Según el mismo reporte de Ekaizer, González conoció la operación chantaje con los papeles en poder del Coronel Perote directamente. Pero una vez puesto ante las consecuencias de su renuencia a negociar, en un primer momento se negó a comparecer personalmente en el Congreso, enviando en su lugar al ministro Juan Alberto Belloch. Más tarde, el 8 de noviembre de 1995, acudió para admitir que "Al menos parte de esa documentación (del CESID) se encontraba a disposición de don Mario Conde".

Varios meses antes, el 12 de junio de 1995, González había recibido al abogado Santaella en la Moncloa. Y siempre según el relato de Ekaizer es cierto que el ex presidente Adolfo Suárez recomendó a González que recibiese a Santaella si el asunto era grave. Pero la responsabilidad fue de González.

<<—¿Podía haber hecho otra cosa?, pregunta el entrevistador de “La Vanguardia”.  

—Sí. Podía haber citado a Santaella y detenerle posteriormente, tras la entrevista. Acto seguido, podía practicar la detención de Conde, después de que en la madrugada del 18 de junio se envió a detener al coronel Perote. González no lo hizo por varias razones. Una de ellas es que el material que tenían los chantajistas era inflamable. No digo que los documentos del CESID no se prestaran a discusión, pero hay que admitir que eran comprometidos. Los contactos entre los chantajistas y el gobierno siguieron durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1995. El 1 de septiembre, Santaella abandonó la Moncloa con este mensaje: "El domingo y el lunes próximos tengo concertadas entrevistas con Pedro J. Ramírez y Luis María Ansón". La realidad, pues, es que el gobierno socialista fue miserablemente presionado por una banda de gente que tenía cuentas pendientes con la justicia. Si esa banda pudo hacerlo, fue porque tenía armas. El material del CESID, los documentos clasificados de la lucha antiterrorista.>> (E. Ekaizer: Op. Cit.)

Resulta —por no decir otra cosa— curioso, el criterio de interpretar este conflicto por parte de nuestro “prestigioso” analista político. Porque, al parecer, para él Santaella y Conde demostraron ser una “banda de miserables chantajistas”; pero se abstuvo de calificar a la otra parte, esto es, lo que demostró ser el Estado a cargo del PSOE en todo este asunto. [47] Por eso tales papeles fueron materia de información clasificada y tal ha sido su carácter verdaderamente inflamable, una cualificación política que Ekaizer debió escamotear por razones “profesionales” desviando el incendio de su deflagración hacia algunos altos cargos del gobierno finalmente “calcinados”, sacrificados en aras de los intereses superiores del Estado “de derecho”. Si hay algo en el trabajo de los más modernos sofistas —desde que el dinero papel pudo independizarse de su encaje en oro— que merezca calificarse de artístico, es el arte de vender su discurso sabiendo muy bien a qué cosas no deben jamás llamar por sus verdaderos nombres:

<<7 de diciembre de 1987. Pasillos del Congreso de los Diputados. Felipe González avista a Pedro J. Ramírez, va a su encuentro cual correcaminos, le apunta con el dedo índice y exclama fuera de sí ante el alucine del personal:

¡¡¡Lo que estáis publicando sobre los GAL es terrible, lo que está escribiendo Melchor Miralles es terrible, lo único que tengo que negociar con ETA es que si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos!!!>> (“El Mundo”: 29/08/04) [48]

¿A quiénes incluye el “nosotros” de que habló Felipe González en ese contexto, sólo a los miembros de su gobierno y a su partido? ¡No! A todo el personal superior que forma parte de las instituciones del Estado español, especialmente al personal superior de sus servicios secretos, quienes por la propia naturaleza de sus funciones y la información de que disponen, son los de mayor estabilidad o permanencia en sus cargos  y, por eso mismo, están por encima de las alternancias políticas de los partidos a cargo del gobierno del Estado. De hecho, agentes implicados en las acciones de los GAL, como el comisario Ballesteros, Jesús Martínez Torres, los Generales Jesús Galindo, José Antonio Sáenz de Santamaría y Andrés Casinello, Guillermo Ostos, Cándido Acebo o Casinillo, son personas que ya ocupaban sus mismos cargos en la época “predemocrática”.

Además, no debemos olvidar que se trata de un aparato de Estado constituido por responsables de servicios de información y servicios secretos; por tanto, de una institución y unos cargos que resisten las alternancias de gobiernos. De hecho, se trata de personas que ya ocupaban esos cargos en tiempos de la UCD, que permanecieron con el gobierno del PSOE y que siguieron estando en los organigramas que el PP diseñó en 1996 para los servicios de información. Personas como Ballesteros, Martínez Torres, Galindo, Sáenz de Santamaría, Guillermo Ostos, Cándido Acebo, Casinello y otros menos conocidos que se han formado con ellos, constituían un auténtico poder fáctico, pervivieron en las cúpulas policiales, y sus prácticas se han acuñado en ese molde hermético del Estado, lo que garantiza su continuidad, aún incluso tras su dimisión y aparente alejamiento.

Está claro, pues, que el terrorismo de ETA y el contraterrorismo de los GAL se integran en el conflicto político y militar entre el colectivo orgánico comprendido en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y ese otro colectivo orgánico llamado Estado español. Y a los fines políticos de cada parte en conflicto, no importa con qué individuos ni a nombre de qué partidos, instituciones o comandos —legales o ilegales— actúe el Estado español, ni con qué individuos o comandos operen los etarras.    

En tanto están ahí y actúan, ellos, ese “nosotros” de un bando y otro, son como la función esencial que hace a sus respectivos organismos vivos en lucha uno contra el otro. Por tanto, cuando una parte de ese “nosotros” burocrático-partidario del Estado español utiliza medios materiales y personal del Estado eventualmente a su cargo, para organizar clandestinamente a delincuentes comunes con fines terroristas, el que de hecho viola su propia legalidad no es esa parte del “nosotros” gobernante del Estado, sino el Estado mismo, convertido así, funcionalmente, en Estado terrorista por necesidad política de determinadas condiciones del conflicto. De hecho, el paulatino debilitamiento militar de ETA, comenzó a raíz de las incursiones clandestinas de los GAL en suelo francés, para atacar a los miembros etarras encargados de su logística y guerra de movimientos entre una frontera y otra, situación que coincidió con ataques sistemáticos de los agricultores franceses a camiones cargados con productos agrarios españoles que intentaban atravesar la frontera para venderlos a menor precio en los mercados franceses.

Cabe concluir, por tanto que, con la movida de los GAL, el gobierno de Felipe González trasladó el conflicto entre el Estado español y ETA al Estado francés, presionándole para que deje de mirar para otro lado y asuma la tarea represiva sobre los refugiados etarras españoles en su territorio. Así fue como los dos países acabaron firmando un tratado de colaboración antiterrorista, por supuesto a cambio de que España apoye mayores subvenciones de la UE a los altos precios de los productos agrarios franceses. Ver: http://www.nodo50.org/gpm/pac/06.htm. Tal fue la causa combinada del paulatino debilitamiento en la capacidad militar de ETA, es decir, de su capacidad para desafiar con las armas en la mano al Estado nacional español, como expresión de su lucha por la autodeterminación política nacional burguesa vasca. [49]

¿Qué tiene esto que ver con la “legalidad” y la “ilegalidad”, con el tan manoseado cuento macabeo del “Estado de derecho” en España o en cualquier otra parte del Mundo? Desde que la sociedad se dividió en clases, todo Estado, cualquiera sea su naturaleza social, no se ha venido sustentando en el derecho sino en la violencia organizada en tanto poder económico concentrado que ha podido ejercer una clase o sector de clase sobre el resto de la población que así resultó ser oprimida y explotada. Esta lógica no ha cambiado en la sociedad capitalista, donde las leyes y el derecho de cualquier Estado nacional, han sido y siguen siendo las leyes y el derecho que, de hecho, imponen por la fuerza de las armas sus clases económicamente dominantes nacionales, de acuerdo con sus particulares intereses, dentro de su territorio “soberano”, y extramuros como potencia eventualmente interventora de esos intereses, al mismo tiempo que disuasoria respecto de posibles injerencias extranjeras.

Tal es el sustrato económico y político en el que se sustenta el derecho internacional y el siempre inestable equilibrio mundial de fuerzas políticas. Esto es así aunque toda o parte de la población oprimida, expoliada o explotada en el Mundo, “piense” y sienta lo contrario. El derecho de la burguesía jamás ha sido el derecho de la razón, sino la razón del interés de clase o sector de clase sobre los que, en cada caso, hace palanca la fuerza policial o militar como único fundamento y legitimidad del derecho.

En este sentido, por ejemplo, ¿sería legal que España respondiera por la fuerza ante una hipotética “marcha verde” por parte de Marruecos sobre Ceuta y Melilla? La inmensa mayoría de españoles explotados y oprimidos que “piensan” y sienten con la cabeza y el corazón de sus clases dominantes nacionales, opinarían sin dudarlo un momento, que sí. Pero desde el otro polo de la relación dialéctica nacional y en la misma situación de sometimiento ideológico, gran parte de los marroquíes opinarían justamente lo contrario. Otro tanto pasaría con la discrepancia entre españoles y gibraltareños ante la pregunta: ¿Sería legal que España quisiera recuperar por la fuerza el Peñón?

Y si esto es hoy por hoy así en todas partes, ¿por qué no ha de ser igualmente legítimo que buena parte de la burguesía y del pueblo vascos luchen porque quieren ejercer su propia legalidad en un territorio que consideran suyo, siendo que se piensan y sienten secularmente invadidos y sometidos por la fuerza de las armas a la legalidad del Estado centralista español?  

Marx afirmaba, con toda razón científica, que entre dos derechos contrapuestos resuelve la fuerza (Cfr.: El Capital” Libro I Cap. VIII-1). Y no lo decía precisamente refiriéndose al “derecho” de autodeterminación  nacional, sino al  políticamente implícito “derecho” de autodeterminación social; no aludía al derecho contrapuesto estratégicamente no antagónico de una nacionalidad burguesa opresora sobre una nacionalidad burguesa oprimida, sino al derecho contradictorio entre dos clases sociales, entre explotadores y explotados.

Pues bien, en tanto que el análisis y manifestación política y militar de la dialéctica entre distintas legalidades burguesas nacionales estratégicamente no antagónica coloniza la conciencia de los explotados y oprimidos, el análisis y comprensión del antagonismo estratégicamente irreconciliable de la legalidad entre burguesía y proletariado —que subyace en las contradicciones económicas de la sociedad—, no cabe en la conciencia colectiva de la clase explotada y oprimida de la sociedad, impidiendo así su expresión política y militar. En el caso español, esta dilución de la conciencia social del proletariado en el conflicto entre sus tres nacionalidades burguesas más importantes, es lo que obstaculiza todavía más la unidad política en torno a sus comunes intereses de clase.

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