Las tribulaciones del futuro monarca en la génesis operativa de un nuevo mito político
fabricado para la sumisión conformista de los explotados.

Volviendo al hilo de nuestro relato histórico, fue en los prolegómenos de la emulsión completa del franquismo en Monarquía parlamentaria, que el príncipe candidato a la corona no alcanzaba a ver ese sueño suyo con demasiada certidumbre, embargado por la necesidad de atender simultáneamente a dos cuestiones: acabar la tarea de darle sentido a la Casa Real en el tiesto del capitalismo de cara a sus súbditos en la base de la sociedad civil, y, sobre las ruinas de la Dictadura, erigir un “Estado democrático de derecho”, bajo la misma forma de gobierno en que antiguas realezas europeas pudieron seguir viviendo en el siglo XVIII de los presupuestos estatales, esta vez a expensas del trabajo asalariado. Esa forma fue la Monarquía Constitucional. Desde que la Reina Isabel decidió expulsar a los comerciantes e industriales protestantes y judíos de la Península, España siempre ha llegado tarde a su encuentro con la historia.

Para la primera cuestión, mientras los asalariados españoles cumplían ritualmente con el mito del mercado, haciendo diariamente poco más que ir del trabajo a casa y de casa al trabajo —todavía podían hacer siquiera eso—, y como si no fuera ya peso suficiente la carga de embrutecimiento cultural que arrojaba sobre la conciencia colectiva el tinglado publicitario de la sociedad de consumo al servicio del capital, Torcuato Fernández Miranda se dedicaba a la creación de otro ritual más que reprodujera el nuevo mito en torno a la persona del Monarca, diseñando una serie de leyes y normas que reglaran el fastuoso protocolo real, esa especie de gran espejo cóncavo en el que la burguesía consiguió que una mayoría de españoles vieran reflejada su propia realidad social todavía más empequeñecida y patas arriba. Gestado durante el reinado de Carlos I, el protocolo español se inspiró en el utilizado por el ducado de Borgoña a principios del siglo XV, por entonces ya todo un centro de actividad económica. El Duque Felipe, el Bueno, decidió instaurarlo para crearse una aureola de dignidad y renombre frente a las demás Monarquías Europeas: Inglaterra, Francia, Alemania o Castilla y Aragón. Todo un culto al arte de imponer respeto reverencial y autoridad por algo: la Monarquía, a instancias de las mas refinadas formas del decoro ceremonial en torno de alguien: el Rey, por completo al margen de sus propios atributos personales y de lo que haga o deje de hacer, hasta el punto de considerarle por ley, un absoluto irresponsable. Imaginar mayor anacronismo político y decadencia social, es imposible [27] :

<<Fue un protocolo fastuoso inventado para propagar este Ducado de Borgoña, al mismo tiempo que se trataba de elevar la figura del Soberano, del Duque, convirtiéndolo en un ser casi semidivino, de modo que pudiera imponer su autoridad recibida de Dios frente a sus súbditos. (...)

El profesor sevillano Domínguez Ortiz, en su libro “Dos mil años de historia”, dice no explicarse muy bien por qué el Emperador Carlos V quiso instaurar este Uso de Borgoña en España. La doctora Mª Teresa Otero Alvarado, defiende (acertadamente) la teoría de que el protocolo es el instrumento que el poder ha utilizado para perpetuar una determinada situación política en cada período histórico. [28] >>

(http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=200&arefid=988&pag=2. Lo entre paréntesis es nuestro)

 Aunque no formara parte del ceremonial, en esta tarea de dignificar y embellecer la imagen de la futura familia real ante la opinión pública, participó el falangista Adolfo Suárez, a quién el por entonces jefe de gobierno, Carrero Blanco, le había nombrado director general de televisión. Fue durante su cometido de montar una filmoteca con las mejores imágenes ad hoc de los monarcas, cuando Adolfo Suárez tuvo oportunidad de hacer amistad y trabajar por la causa monárquica constitucional con quien estaba destinado a ser Juan Carlos I, rey de España.

No obstante que desde 1965 Franco le siguiera teniendo en su mente como seguro sucesor suyo, el hecho que ni su padre, el Conde de Barcelona, ni su primo hermano el duque de Cádiz, hubieran renunciado a ese puesto, no dejaba de obsesionarle, dada su conocida ambición por el poder. Mientras el régimen no se desestabilizara, Juan Carlos nada tenía que temer del primero, descartado por su condición de renegado liberal. La atención del príncipe Juan Carlos se centró entonces sobre Alfonso de Borbón, cuando, a petición suya, Franco propuso que se le concediera el mismo título de príncipe, con lo que, teóricamente, adquiría también el derecho al trono. Esta movida motivó que, el día del funeral de Primo de Rivera, Juan Carlos presentara a Franco una nota preparada por sus colaboradores, argumentando que la coincidencia de títulos produciría confusión, por lo cual le proponía  que Alfonso de Borbón obtuviera el tratamiento de Alteza real y el título de Duque de Cádiz, proposición que Franco aceptó.

Su siguiente zozobra le agobió al Príncipe durante el curso de los escasos meses de vida que le quedaban a Franco, cuando Alfonso de Borbón y su familia arreciaron en su conspiración política para eliminarle de la carrera por la Corona, al tiempo que su padre —que se encontraba en Lausana— declaraba por boca del abogado, Jaime Miralles, que sólo renunciaría a la sucesión dinástica en caso de que su hijo, el príncipe Juan Carlos, se pronunciara claramente por una monarquía constitucional y un régimen democrático. Por esa época, Santiago Carrillo había declarado al semanario "Times", que “todas las estructuras del franquismo —incluido Juan Carlos— deberán desaparecer", y que "si el pueblo español se decide por una monarquía, entonces el rey será don Juan". Ante ese flanco abierto desde su izquierda y por el que peligraba su futuro como Jefe de Estado, el Rey se movilizó para neutralizarlo, y tras un intento fallido a instancias de Manuel Prado y Colón de Carvajal para entrevistarse con Carrillo en Rumania, durante el verano de 1974 Juan Carlos envió al sobrino del dictador, Nicolás Franco Pascual  —quien había proclamado su adscripción al liberalismo político— para que en su nombre intentara nuevamente negociar con Carrillo, cosa que consiguió  en Paris. Durante esa reunión, Carrillo se comprometió a no mover un dedo hasta que Juan Carlos fuese coronado Rey, adelantando que el PCE estaba dispuesto a reconocer la Monarquía a cambio de que el PCE fuese legalizado. A todo esto, de cara a las bases “comunistas”, seguía declamando con toda firmeza la “inclaudicable” reivindicación de la República.

Hasta ese momento, el plan de Torcuato Fernández Miranda para la transición, seguía siendo la creación de un sistema político institucional en el que sólo dos partidos se alternaran al frente del Gobierno de la Nación, a saber: el socialdemócrata PSOE (h) (PSOE histórico) de Rodolfo Llopis, anticomunista, y un partido de centro-derecha que frene a los ultras. Es decir, que en ese plan, tanto el PSOE de Felipe González como al PCE quedaban excluidos. Así lo explica Sabino Fernández Campos en sus memorias. [29]

Controlado momentáneamente el peligro que representaba la sucesión al trono de su padre por su flanco izquierdo, Juan Carlos centró todo su quehacer conspirativo sobre lo que se le podía venir por su flanco derecho. Y cuando la Salud de Franco se quebrantó hasta el punto de que permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo de vida que le quedaba, Juan Carlos temió, incluso, ante la posibilidad de que el “bunker” franquista instalado en el palacio del Pardo —o los falangistas— hicieran algo para acabar con el “dolce fare niente” en que había transcurrido casi toda su vida:

<<¿Qué debo decirle a Franco?, le preguntó Juan Carlos al doctor Pozuelo sin saber lo que tenía que hacer. Y el médico del Pardo le sugirió, sobre todo, que le tratara con afecto. “Dígale que le quiere más que a su padre, porque su padre quiere quitarle el reino y él, en cambio, quiere dárselo”. Y también, mientras Sofía asentía con la cabeza: “Juegue usted mejor sus cartas, Alteza. ¿No se da cuenta de que los hijos del duque de Cádiz se pasan aquí todo el día, llamándole, abu, abu, sin parar? Yo le recomiendo que venga usted todos los días aunque sea un rato, y que traiga a sus hijos para que estén con él, para que sienta el afecto que le tenéis.  Obediente, Juan Carlos visitó al Caudillo más a menudo con los niños, y dejó para la historia escenas entrañables de toda la familia acudiendo al Pazo de Meirás a ver al “abuelito”. Cuando hubo entablado la última  y decisiva batalla, venció a su primo sin demasiados problemas.>> (Patricia Sverlo: “Un Rey Golpe a Golpe. http://www.jcasturias.org)

Al poco tiempo de su encuentro con Carrillo, el representante del príncipe Juan Carlos se reunió con Felipe González en una casa de la localidad madrileña de Pozuelo, propiedad de José Armero.  Allí se enteró que el PSOE lastraba la socialdemocracia de Pablo Iglesias y evolucionaba sin escrúpulos ideológicos hacia el liberalismo y las posiciones de la Trilateral. [30] Aun cuando tanto el PSOE como el PCE seguían consagrando ante sus respectivas clientelas políticas, todos los principios “irrenunciables” que habían esgrimido en la guerra civil, de cara al poder establecido los lastraban para negociar un espacio político en las instituciones de la futura monarquía parlamentaria que les prometía el Monarca en nombre de la Casa Real y de la fracción política más aperturista del franquismo.

Este dato —tanto como la predisposición negociadora del PCE— tampoco pasó inadvertido para el Príncipe Juan Carlos, aunque todavía no fue suficiente estímulo para desmarcarse respecto del plan urdido por su antiguo tutor. Muerto Franco, la siguiente tarea del tandem político Torcuato-Juan Carlos, paso a ser la de limpiar la Corona de todo resabio con la dictadura, emancipando a las instituciones estatales de sus servidumbres políticas respecto del movimiento franquista. Y el obstáculo para ese fin era el gobierno inmovilista presidido por Arias Navarro, quien, antes de hacerse cargo del gobierno, en vida de Franco había sido Ministro de la Gobernación, director general de seguridad y alcalde de Madrid. Al parecer, Arias nunca se llevó bien con el Rey. Según reporta Patricia Sverlo:

 <<...no podía dejar de sentir desprecio por el nuevo Monarca. Le gustaba ‘escarmentar al Borbón’, como él decía. Un día le comentó a Rodríguez Valcárcel, uno de sus amigos, cuando todavía era presidente de las Cortes (el cargo que después ocupó Torcuato): “Yo, con un niño, no sé hablar más allá de diez minutos. Después no sé qué decirle y me aburro. Algo así me pasa con el rey”. Con esta actitud, las relaciones entre Arias y el rey se fueron deteriorando a pasos agigantados durante los primeros meses de la monarquía. El presidente tenía una irritación cada vez más agresiva contra Juan Carlos. “Estoy atornillado en este sillón por ley y contra esto nada puede hacer el Rey”, dijo a más de un ministro, cuando se empezó a hablar de su dimisión. Exigirle la dimisión, que era una manera más fina de cesarlo, era una sugerencia en la que Torcuato insistía cada vez más. Pero no la aconsejaba nadie más. Juan Carlos se desahogaba de sus abusos en las reuniones que mantenía con sus colaboradores —Mondéjar y Armada— en la Zarzuela, a las cuales también asistía la reina. Todos intentaban calmar su desesperación. Pero la Casa se oponía a que lo cesara y, en concreto, Armada le dijo: “Torcuato será un gran profesor, pero de político, nada. Como político es incapaz. En una de aquellas reuniones, a la Reina Sofía se le ocurrió meter las narices en alguna cuestión que sacó de quicio al Monarca, cuyos gritos resonaron de tal modo, que ella tuvo que salir de la sala, llorando como una Magdalena. Después, él fue a pedirle disculpas. Cuando se lo explicó a Torcuato, echó la culpa a la tensión que le provocaban los conflictos con Arias: lo que más me irrita es que pienso que Arias me puede. Y esto, cojones, no es así, tú lo sabes.>> [31] Op. Cit: Cap. 9) 

En su gabinete estaban representados reformistas como Manuel Fraga y  Antonio Garrigues Díaz Cañabate. Alfonso Osorio y Antonio Areilza, eran, además, monárquicos; pero todos ellos también continuaban siendo fieles a los principios del Movimiento. Lo mismo que Adolfo Suárez, quien por entonces ejercía como Secretario del Movimiento, al mismo tiempo que, como hombre afín a las ideas de Torcuato, le mantenía informado de todo lo que sucedía en el seno del gobierno.

El proyecto de Carlos Arias no satisfizo a nadie. Sus propósitos aperturistas consistieron en reformar las Leyes Fundamentales (la Constitución del Franquismo), en cuyos intersticios pretendió dar cauce a la evolución según el espíritu de su discurso ante las Cortes franquistas el 12 de febrero de 1974. Estas inquietudes de Carlos Arias y de los "reformistas" del régimen no gustaron a los integristas del Franquismo, no a Franco que ya estaba en las últimas y no se enteraba de nada, sino a los jerarcas que no sólo se negaban a conservar el status quo tal como había llegado a ser con Carrero Blanco, sino que, incluso, querían regresar a las esencias fascistas de los años cuarenta. Pero la gestión de Arias Navarro tampoco agradó a la oposición democrática moderada de Torcuato Fernández Miranda; menos aún a la que llegó a serlo más llevada de la mano de Adolfo Suárez, puesto que, presionado como estaba por su derecha, en su discurso del 24 de junio de 1975 su Presidente del Consejo de Ministros definió una trinidad de principios inmutables:

  1. exclusión radical de cualquier tendencia filocomunista, incluyendo a cualquier grupo con connotaciones obreras reivindicativas. Quedan pues excluidas de la posibilidad de legalización un gran número de organizaciones ya sean políticas o sindicales;
  2. afirmación de la unidad nacional, que deja fuera de discusión cualquier reivindicación nacionalista y cualquier proyecto autonómico;
  3. reconocimiento de la forma monárquica del Estado, pero como parte del mismo régimen franquista.

En el otro extremo de la actualidad política de España —que seguía condicionando cualquier acción política— estaba viva en las bases de la izquierda burguesa la propuesta de un “Pacto por la libertad” proclamada en 1972 por el PCE para derrocar la dictadura, que contemplaba la formación de un gobierno provisional de amplia coalición, encargado de promulgar una amnistía general para presos y exiliados políticos, junto con la convocatoria —en un tiempo razonable tras legalizarse los partidos políticos y las centrales sindicales— de elecciones generales a Cortes Constituyentes para que el pueblo español pudiera pronunciarse por el futuro sistema político y sobre la forma del Estado, monarquía o republica. Así mismo, el gobierno provisional debería reconocer la personalidad específica de Cataluña, Galicia y Euskadi, junto a las autonomías regionales —que empezaban a reclamarse—, con la puesta en vigor de los Estatutos de la II República actualizados.

Después del pacto entre Carrillo y el sobrino de Franco, en Paris, esta realidad objetiva no sólo seguía siendo un problema para el proyecto de Torcuato y el Rey, sino que también empezó a serlo para Carrillo quien, automáticamente, pasó a ser un aliado-enemigo en la transición negociada que ya estaba en marcha a espaldas de sus bases partidarias. Como hemos visto, la táctica elaborada por Torcuato Fernández Miranda en contubernio con el Rey, seguía consistiendo en una salida de término medio entre la ultra derecha inmovilista y la ultra izquierda rupturista democrático-burguesa en que todavía permanecían las bases partidarias del PCE y el PSOE, a los que “había que cortar las uñas y limar los dientes”. 

En su conocida “operación Lolita”, el Opus tenía previsto que, tras la muerte de Carrero, Torcuato Fernández Miranda ocupara el lugar de Arias Navarro, pero este decidió —de acuerdo con el Rey— que su función, en lo inmediato, debía ser otra: la de Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Estimó que, desde allí le sería más fácil transformar sin traumas el Estado franquista en un Estado “democrático”, un plan más inteligente que la “Operación Lolita”; y para rechazar la oferta del OPUS se escudó en la “autoridad” del el Monarca: “Yo, lo que el Rey quiera”.

Esto no fue obstáculo para que, desde esas nuevas funciones, Torcuato y el Rey conspiraran al mismo tiempo contra el estorbo que, para su plan, suponía la presencia de Arias Navarro al frente del gobierno.

 Le facilitó la tarea el hecho de que, en ese momento, entre el gobierno de Arias Navarro y el “pueblo”, esto es, la sociedad civil, no existía el necesario vínculo de cohesión. El aglutinante, cada vez menos consensuado y más violento,  había sido la persona de Franco, por lo cual, desde su desaparición por muerte natural, en opinión de Fernández Miranda se imponía que en ese papel participaran, cada uno en su sitio, el Monarca y los partidos políticos de oposición al régimen, que aspiraban a ello cada vez con más insistencia con el apoyo de una parte significativa de la población. [32] Y en aquel contexto de la realidad social y política, el obstáculo a este objetivo aperturista, “democrático”, reformador del franquismo, era el gobierno postfranquista, excluyente, de Arias Navarro.

La descripción de los acontecimientos hasta este punto, basta para llegar a la conclusión de que la forma totalitaria de gobierno ya estaba en plena metamorfosis de término medio hacia la forma monárquico-parlamentaria, y ya se prefiguraba el germen de esa nueva estructura política burocrático-estatal que finalmente gestó la transición, conservando los mismos atributos esenciales de todo Estado de clase explotadora: conversión del cargo público en cosa privada, secretismo en la gestión y praxis conspirativa como método de lucha por el poder. Pero dado su carácter colegiado, la contradicción que encierran esas dos funciones de la burocracia política, tiende a sintetizar en la centrifugación de las conductas individuales o de grupo, que explican las rupturas y reagrupamientos políticos de distinto signo, en función de variables coincidencias o disidencias de intereses, según la evolución de los acontecimientos que modifican las circunstancias más o menos mediatamente determinadas por la ley del valor. 

De este modo, lo que definió el futuro personal del representante de la dinastía borbónica y su familia, así como el propio cambio en la forma de gobierno a cargo del Estado español, fue el cambio de las circunstancias o condiciones, económicas y políticas; las económicas determinadas por la crisis internacional del capitalismo, que hizo colapsar el proyecto de acumulación nacional, paternalista e ilusoriamente autárquico del franquismo; las políticas, determinadas por el propio colapso orgánico del dictador, en combinación con la ausencia de una alternativa revolucionaria del proletariado, gracias al dique de contención que el PCE —con su proyecto pequeñoburgués pacato de República burguesa, ahora trucada por el de Monarquía parlamentaria— erigió entre las masas asalariadas y la necesidad objetiva de la revolución socialista.

Entre diciembre de 1975 y marzo de 1976, se produjeron manifestaciones masivas en favor de la amnistía de los presos políticos y se multiplicaron las huelgas laborales de grandes dimensiones. Fue la movilización de masas antifascista más impresionante desde la guerra civil. Esto se debió, en parte, al llamamiento comunista en favor de una "acción democrática nacional", pero sobre todo reflejaba la exigencia de las masas populares en dirección a un cambio político.

El 12 de diciembre de 1975 Carlos Arias remodeló su gabinete, dando entrada a ministros "reformistas" como Manuel Fraga, que fue la verdadera cabeza visible del Gobierno. Oficialmente, el programa era la reforma Arias/Fraga, pero la cosa no funcionó al no contar con el apoyo de la oposición “democrática”, simplemente porque el Gobierno no contó con ellas para formular sus decisiones.

 En enero de 1976, Madrid quedó paralizada por una oleada de huelgas organizadas por Comisiones Obreras. En febrero, la Assemblea de Catalunya movilizó a más de 100.000 personas en manifestaciones de masas en pro de la amnistía, a lo largo de varios domingos sucesivos. Por primera vez desde los años 40, el ejército intervino para reprimir las luchas populares. Diversos servicios como el metro, la Renfe y correos fueron militarizados. La lucha obrera y popular echó a pique la alternativa oligárquico-imperialista de “democracia fuerte” representada por Fraga. La puntilla definitiva a este proyecto fueron los sucesos de Vitoria. En marzo se convocó a una huelga general en el País Vasco, organizada por un variado espectro de fuerzas políticas locales que incluyó a ETA y los sindicatos, ELA, LAB y LAIA, como protesta por la muerte por la policía de cinco personas en Vitoria. El día 3, la policía masacró una concentración obrera en la catedral asesinando a cuatro trabajadores. En los días siguientes la huelga general se extendió por todo el País Vasco y los enfrentamientos entre las masas y las fuerzas policiales alcanzaron una gran dureza.

Los dirigentes comunistas hubieron de aceptar el hecho de que las posibilidades para una "acción democrática nacional" quedaban limitadas a Madrid y Barcelona, pues la situación en el País Vasco era incontrolable. Se vio así la necesidad urgente de llegar a una unión más estrecha con la “Plataforma de Convergencia Democrática”. Al abandonar la insistencia comunista en una ruptura total y en la marcha de Juan Carlos, Carrillo se vio recompensado con la fusión, el 4 de abril, de la Junta de Coordinación Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática.

Esta realidad es la que estimuló en el Rey su instinto de conservación en tanto que bon vivant del sistema por excelencia, buscando apoyo en el bagaje político de gentes como Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, quienes ya no estaban ni objetiva ni subjetivamente vinculados al movimiento franquista, para el que había comenzado la cuenta atrás de su autodisolución inducida, aun cuando no del todo ininterrumpidamente. Pero el verdadero arquitecto de esta operación política superestructural fue Torcuato Fernández Miranda, con la ya tradicional supervisión del Ministerio de exteriores de EE.UU., ocupado en ese entonces por Kissinger.

Este momento de la lucha de clases en España, coincidió con una profunda crisis de liderazgo internacional de EE.UU. a raíz de su derrota humillante en la guerra de Vietnam, y la presidencia de Gerald Ford que acabó con el ciclo de sucesivos mandatos republicanos. Esta debilidad coyuntural de la política exterior norteamericana, confirió a las iniciativas de Torcuato Fernández y el Rey un mayor margen de autonomía relativa.

Fue en esa circunstancia exterior, combinada en lo interno con la ofensiva del movimiento de masas, que se produjo el viaje de la pareja real a EE.UU., en junio de 1976, para comunicarle al presidente Ford la decisión de profundizar la reforma del franquismo. El resultado de esa entrevista tuvo por consecuencia que, a su regreso de ese exitoso viaje, el Rey exigiera la renuncia de Arias Navarro, acto que éste refrendó sin rechistar presentándola, lo cual permitió lastrar su proyecto de someter la Monarquía al espíritu del 18 de julio y a las leyes fundamentales del franquismo. El plan de Torcuato consistió fundamentalmente en una reforma que liberaba a la Corona de ese cepo ideológico y político, a la vez que dejaba fuera a los proyectos republicanos todavía explícitos del PCE y el PSOE, así como a los independentistas vascos, catalanes, gallegos y canarios.

Por su parte, la oposición “democrática” de la “platajunta” era más un cúmulo de vacilaciones que un verdadero organismo unitario con un proyecto claro de lucha por el establecimiento de una monarquía parlamentaria de ruptura burguesa radical con el franquismo. Las líneas de demarcación entre quienes deseaban un pacto inmediato con el gobierno postfranquista de facto y quienes todavía aspiraban a una verdadera “ruptura democrática” se volvieron cada vez más borrosas. De cara a la opinión pública, se siguieron sosteniendo las tesis rupturistas, pero en su fuero interno, en el secreto de la elites burocráticas dirigentes de la izquierda burguesa, la mayoría de ellos (incluido el PCE) estaban ya dispuestos a ceder la iniciativa a los evolucionistas y aceptar el pacto que les ofrecieran, con tal de subirse al carro burgués de la futura monarquía parlamentaria neofranquista.

Fue en este contexto que tuvo lugar la formación del nuevo gobierno transicional presidido por el exfalangista Adolfo Suárez, elegido de entre una terna propuesta por el Consejo del Reino, en la que también estuvieron incluidos López Bravo y Silva Muñoz, —dos de las principales cabezas de la tecnocracia opusdeista— decisión que fue anunciada por los medios a toda la Nación el 3 de julio de 1976. A partir de entonces, fue el Monarca, apoyándose en los inteligentes servicios de Torcuato Fernández de Miranda— quien tomó de forma directa la iniciativa para la realización de la transición política hacia la “democracia” por una vía “sui generis”: la de reformar desde dentro el régimen fascista.

En todo este tinglado, Suárez empezó siendo el fiel servidor leal de un proyecto ajeno, el de Torcuato Fernández Miranda y el Rey, tarea que cumplió a la perfección hasta que los cambios políticos en la situación del país le impulsaron —como se vería después— “a volar sólo”. Mientras tanto, la línea de acción discurrió según el común acuerdo alcanzado entre el Monarca y Torcuato, de espaldas a Suárez: “El pacto lo acabamos de hacer tú y yo”, le dijo un día el Rey. Dicho acuerdo comprendía una línea de acción que pasaba por la formación de un gobierno de transición a la “democracia”, que operara la reforma de las leyes fundamentales del franquismo, así como la institucionalización de los partidos que darían vida al futuro Estado “democrático de derecho”, tareas que recaerían sobre ellos dos solos. Así fue cómo, en el Consejo de Ministros del 24 de agosto de 1976, ambos tomaron la decisión “democrática” de declarar materia reservada todos los asuntos relacionados con la reforma política.

Para su primer gobierno, Adolfo Suárez nombro vicepresidente a Alfonso Osorio, un miembro del “Grupo Tácito” —proveniente de la Asociación de propagandistas católicos— y como Ministro de la gobernación al falangista Rodolfo Martín Villa [33] . Su primer acto de gobierno fue presentar un programa político muy claro basado en dos puntos:

La realización del programa fue muy difícil, dado que, por un lado, había que convencer a la oposición para que entrara en el juego de la transición según el plan elaborado por Torcuato Fernández Miranda de acuerdo con el Rey. Para dar credibilidad a su proyecto de cara a este sector de la vida política española, Suárez fue adoptando una serie de medidas políticas. En julio de 1976 decretó una amnistía política parcial que fue ampliada en marzo de 1977 y que se convirtió en total en mayo de ese mismo año. En diciembre de 1976 fue disuelto el Tribunal de Orden Público. En marzo de 1977 se legalizó el derecho de huelga y en abril del mismo año se decretó la libertad sindical. También en marzo de 1977 se promulgó una Ley Electoral que cumplía las condiciones necesarias para ser homologada con las de los países que tenían un sistema de democracia liberal parlamentaria. Con todas estas medidas de gobierno, Suárez iba cumpliendo las condiciones que, desde 1974, exigían los grupos de la oposición. Estas fuerzas opositoras se habían reunido en noviembre de 1976 para crear una “Plataforma de Organizaciones Democráticas”, llamada “Platajunta”.

Pero, por otro lado, Adolfo Suárez sabía muy bien que el llamado "búnker", núcleo duro del franquismo dirigido por José Antonio Girón y Blas Piñar —cuyo órgano de difusión era el periódico “El Alcázar”—  tenía muy buenos contactos con oficiales militares y, a través de ellos, ejercía una evidente influencia sobre importantes sectores de las FF.AA., de modo que podían erigirse en un obstáculo insalvable si lograban poner al ejército en contra de la reforma política. Para salvar ésta dificultad, Suárez se apoyó en el grupo de militares más liberales del círculo del general Díez Alegría, a los que intentó colocar en los puestos de mayor responsabilidad. La personalidad más destacada de esta tendencia dentro del ejército era el general Manuel Gutiérrez Mellado. Pero en julio de 1976, el vicepresidente para asuntos de Defensa seguía siendo el general Fernando de Santiago que pertenecía al núcleo más inmovilista del ejército. De Santiago, que había manifestado su inquietud ante la primera amnistía (en julio de 1976), se opuso frontalmente a la Ley de Libertad Sindical, elaborada por el gobierno en setiembre del mismo año. En este momento Suárez quiso imponer su autoridad en el gobierno y el 21 de setiembre destituyó a Fernando de Santiago nombrando en su lugar a general Manuel Gutiérrez Mellado. [34]

En agosto de 1976 empezaron los contactos con los partidos “democráticos” —todavía en la clandestinidad— y con los mandos castrenses, a fin de diseñar los aspectos de la ley para la reforma política, en cuanto a lo que sus interlocutores políticos estaban dispuestos a conceder. El primero en establecer esos contactos fue Joaquín Garrigues Walker, representante de la “Trilateral” en España, quien se reunió con varios líderes de la oposición. Por su parte, Suárez se dedicó al PSOE y al PCE. El 10 de agosto y el 2 de setiembre se entrevistó con Felipe González. En estas reuniones, el Secretario General del PSOE se mostró dispuesto a reconocer la monarquía a cambio de que el gobierno de Suárez privilegiara el apoyo al PSOE en detrimento del PCE, advirtiendo que, de momento, de cara a su militancia seguirían levantando la consigna de la República como forma de gobierno, aunque sólo testimonialmente, dando a entender que eso era del todo negociable. Esto, al mismo tiempo que los hermanos Solana, Enrique Múgica y Luis Gómez Llorente, presionaban al Ministro del Interior, Martín Villa, para que no se legalizara al PCE, “al cual veían como un fuerte competidor”. ¿Hubieran aceptado las bases obreras del PCE y del PSOE esta maniobra divisionista del movimiento, de haber estado al tanto de esa diplomacia secreta? ¿No fue ésta una de las tantas conspiraciones de las burocracias políticas obreras contra la voluntad política y los intereses objetivos de sus bases sociales partidarias en conjunto? Tal es la esencia de la democracia representativa.

El 8 de setiembre, ya con el proyecto de ley en la mano, Suárez convocó a los capitanes generales y a la cúpula militar para explicarles los planes de la reforma política del Estado y para hablar sobre la legalización de los partidos, incluyendo al PCE que, en aquel momento, era el grupo político más organizado y con mayor número de militantes de la oposición. En esa reunión, Suárez se comportó de acuerdo con el plan acordado entre Torcuato y el Rey, para quienes, de momento, no se trataba de legalizar al Partido Comunista, dado que no sería aceptado por las FF.AA. La respuesta de Suárez a la inquietud de la cúpula militar, fue que, con los actuales estatutos del PCE, era imposible legalizar a ese partido, lo cual satisfizo a los mandos.

El proyecto de Ley para la Reforma Política fue elaborado por el gobierno de Suárez ese mismo mes de setiembre de 1976. Esta ley tenía que abrir la puerta a un sistema de “democracia” en España. Sin embargo, esta ley no concretaba cómo iba a ser ese nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de tal proyecto. En realidad, esta Ley se concibió más como acta de liquidación del franquismo, que como acta fundacional del nuevo régimen, incluido el staff de partidos que darían contenido político-institucional a la reforma jurídica. Para su aprobación había que convencer a los miembros de las Cortes de Franco, habida cuenta de que su aprobación suponía que debían abandonar sus escaños. Esta difícil tarea recayó a lo largo de noviembre sobre Torcuato Fernández Miranda, quien debatiendo e intrigando con unos y con otros en sucesivas sesiones, consiguió finalmente que la ley fuera aprobada por 425 votos a favor con 59 votos negativos y 13 abstenciones. Se había dado el primer paso para la dilución orgánica de la dictadura franquista en la Monarquía parlamentaria Juancarlista, lo que se dio en llamar eufemísticamente “ruptura pactada”. [35]

Una vez cumplido este trámite previsto, se decidió someter esta Ley a referéndum, que fue convocado para el 15 de diciembre. La “Plataforma de Organismos Democráticos”, popularmente llamada “Platajunta” —impulsada por el PCE y el PSOE— rechazó la Ley llamando a la abstención, pero con evidente desgana y carácter meramente testimonial de cara a sus propias bases militantes, tanto como para que su voto no obstaculizara su aprobación, que eso era lo que ellos querían porque así lo habían pactado secretamente con el gobierno postfranquista de facto. Así educaban estos verdaderos sátrapas a sus militantes en los principios de la democracia. Por aquellos días, la parálisis contestataria del PCE organizada por arriba era tan evidente, como nulo su apoyo a cualquier iniciativa de lucha popular; y demás está decir que su campaña por la abstención fue prácticamente inexistente. Desde su constitución, a principios de septiembre, la única perspectiva de esta “Platajunta” era la negociación —por supuesto secreta— con el gobierno postfranquista de Suárez. En esta negociación, desaparecieron de su propuesta originaria las exigencias revolucionarias de gobierno provisional y responsabilidades políticas por los cuarenta años de fascismo, así como la de realización de una consulta sin condiciones previas sobre la forma de Estado y de gobierno. No sólo se aceptó tácitamente que no habría cambio alguno en los aparatos del Estado franquista, sino que se renunció prácticamente a que el proceso de transición fuera encabezado por las fuerzas políticas que habían estado fuera del régimen, lo cual hubiera imposibilitado la operación política que culminó con la formación de la UCD. Su aceptación de la Monarquía en detrimento de la República fue ya un hecho consumado.

El referéndum para decidir sobre la Reforma política fue convocado para el 15 de diciembre de 1976. El Estado postfranquista lo difundió profusamente a todo el país, apareciendo en caracteres destacados de esta guisa:

La Ley para la reforma política es el paso más serio hacia la democracia
REFERENDUM NACIONAL
Para la Reforma Política
15 Diciembre
HAY RAZONES PARA EL SÍ

Fue éste el primer ejercicio comicial del pueblo español en más de cuarenta años y, como no podía ser de otra manera, la primera gran manipulación política BUROCRÁTICA de la voluntad popular por parte del gobierno postfranquista de Suárez, que monopolizó los medios de propaganda oficial en desmedro de la opción del No. En efecto, al redactar la convocatoria del referéndum diciendo que no era “sobre” sino “para” la Reforma Política elaborada por el gobierno postfranquista todavía de facto, el Estado convocante, que —supuestamente— debe ser neutral, estuvo induciendo subrepticiamente al SI. Porque, desde el punto de vista de los resultados políticos de la consulta electoral, el uso de una preposición gramatical u otra no fue inocua, como no lo es, tampoco, anunciar la convocatoria de un referéndum, por ejemplo, “sobre” la pena de muerte que “para” la pena de muerte. En la segunda forma va implícita, obviamente, la proposición inducida en favor del SÍ. No obstante, ni el PCE ni el PSOE —que teóricamente se posicionaron por la abstención— impugnaron esta forma subliminal de propaganda tendenciosa. Por tanto, ese referéndum no sólo fue ilegítimo porque estuvo manipulado desde el gobierno, sino porque las direcciones políticas del PCE y del PSOE —teóricamente posicionadas por la abstención—, hicieron todo lo posible por sabotearla, conspirando una vez más contra sus propias bases, convertidas así, en víctimas propicias de su “truco del almendruco”. En ese referéndum participó el 77,72% del censo electoral y, de éste, el 94,2% votó afirmativamente, el 2,6 en contra y el 22,6 se abstuvo. Si tenemos en cuenta que un año después —en las elecciones a la presidencia del primer gobierno “democrático” y a Cortes Constituyentes— los votos obtenidos por el PC y el PSOE en conjunto sumaron el 38% de los escrutados, está claro que el resultado de las votaciones en el referéndum sobre la reforma política, reflejó la dejación política de estos dos partidos en su campaña por la abstención. De no haber sido así, el porcentaje de síes hubiera sido significativamente menor al 94,45% que arrojó el resultado del escrutinio, dado que la abstención en este referéndum solo fue del 22,6%, 15,40 puntos porcentuales menos que, evidentemente, la mayoría de ellos pasaron a engrosar los  síes. Pero esto no fue lo que el PCE y el PSOE habían pactado con la burocracia franquista moderada completamente de espaldas a su electorado.

A todo esto, el líder del PCE, Santiago Carrillo, había regresado a España a fines de 1976, y a pesar de vivir clandestinamente, mantenía contactos con las demás fuerzas democráticas dejándose ver cada vez más por las calles de Madrid, con el fin de forzar un reconocimiento del PCE, cuando todavía ninguna fuerza democrática había sido legalizada. No pudiendo menos que demostrar su autoridad intimidatoria y represiva, el gobierno ordenó su detención manteniéndolo recluido en comisaría durante una semana los últimos días de diciembre de 1976.

No satisfecha con esto, la extrema derecha pasó a la acción y el 24 de enero de 1977 se produjo la “Matanza de Atocha”, atentado en el que resultaron muertos siete abogados laboralistas del PCE. Fue un episodio que provocó muestras de solidaridad y permitió que el PCE demostrara su enorme potencial político desestabilizador contenido en su poder de convocatoria ante aquella indignante agresión, al mismo tiempo que su no menos poderosa capacidad de control político sobre sus propias bases sociales. De hecho, la respuesta de masas del PCE al asesinato de los abogados comunistas, fue tan impresionante por la demostración de fuerza como por su “ejemplar civismo pacífico”. Tan fue así, que la policía tuvo que proteger a los miembros de un partido que no estaba legalizado, mientras que los agentes que detuvieron luego a los causantes de la matanza, se negaron a cobrar la recompensa a la que tenían derecho.

Suárez debió haber tomado nota del mensaje enviado por el PCE. A ese aviso, Suárez respondió en febrero de ese mismo año, haciendo desaparecer los requisitos más restrictivos para la legalización de los partidos, que así, todos ellos —excepto el PCE— consiguieron la legalidad. En ese mismo mes, Suárez se reunió secretamente con Carrillo, encuentro en el que hablaron durante seis horas. Allí, para no herir la susceptibilidad política de la derecha franquista y no entrar en contradicciones con el proyecto de Torcuato, Suárez le pidió a Carrillo que los comunistas se presentaran a las próximas elecciones como independientes. Aunque la reivindicación republicana ya la tenía paralizada de hecho y en vías de olvido, Carrillo entendió que aun era prematuro renunciar a ella como baza política negociadora, por lo que se negó, como también se negó a anular el proyectado viaje de Berlinguer y Marchais —secretarios generales de los partidos comunistas italiano y francés respectivamente— a Madrid, donde se iba a celebrar la "Conferencia Eurocomunista".

Es significativo que el día después de dicho encuentro, el Gobierno Civil de Madrid prohibió un acto que los comunistas pretendieron realizar ocultándose tras una denominación partidaria inocua. La sorprendente iniciativa partió de Torcuato Fernández Miranda, para quién “a estos comunistas hay que tratarlos con la política del palo y la zanahoria” para disuadirles de que no son tan importantes como lo creen y quieren hacer creer. En ese momento, después del comportamiento cívico “ejemplar” del PCE ante la matanza de Atocha y de sus conversaciones con Carrillo, Suárez se había convencido de que la transición sin el concurso del PCE era imposible. 

Desde enero de 1977, el recrudecimiento de la crisis económica y el cambio en la correlación de fuerzas políticas de la sociedad civil a favor de la minoría de extrema izquierda burguesa organizada en el PCE, creó un ambiente político de conmoción social traumática (movilizaciones masivas en respuesta a asesinatos de militantes antifranquistas, ofensiva armada contra el Estado por parte de ETA y los GRAPO).

En este contexto, el cambio de gobierno en EE.UU. que pasó a ser presidido por el Demócrata Carter, actuó como un contrapeso político de aquellas presiones. Carter llegó a la Casa Blanca en 1976 con un programa de derechos humanos, democracia y moralización de la vida pública, que permitió a Suárez proyectar su reforma política confiriéndole una amplitud de maniobra y alcance político mayor de lo previsto por él mismo. Recibido con honores por el muevo mandatario norteamericano, Suárez obtuvo un amplio respaldo a sus planes para la instauración de un sistema democrático en España.

Está claro que EEUU había respaldado a Franco hasta su último aliento. Pero no quedó menos claro que la Administración Carter-Brzezinski con la Coalición bélica de la OTAN, dieron un giro a la tradicional política exterior norteamericana interesándose por instalar en España un régimen “democrático” mientras se creaban partidos políticos dependientes de los centros de la propia Coalición, sobre todo de la RFA: la Fundación Konrad Adenauer había financiado a los democristianos; la Fundación Neumann financiaba a los liberales; la socialdemócrata Friedrich Ebert al equipo de Felipe González.

Fue este el momento en que —al decir de Torcuato Fernández Miranda—, Suárez empezó a “volar sólo”, intentando, evidentemente, hacer lo mismo que el Monarca hizo seis meses antes tras reunirse con Gerald Ford en la Casa Blanca. En este caso, presionar para que el tandem formado por Torcuato y el Rey fueran un poco más allá en la reforma del franquismo, incorporando en el proyecto al PCE. En ese momento, para unos España no sólo sufría una crisis económica devastadora, sino que, además, corría el peligro de verse desintegrada, a la vez que se intentaba institucionalizar al partido que mayores matanzas había perpetrado en el bando “nacional” durante la guerra civil. Los altos mandos militares se consideraron engañados por el intento de Suárez, y entre sus sectores más intransigentes del bloque franquista se abría paso la tesis de que era preciso un golpe de timón que resolviera los graves problemas emergentes por los que atravesaba la nación. Para esta parte minoritaria de la sociedad, habiendo llegado a este punto se trataba de liquidar el régimen democrático y sustituirlo por una monarquía apoyada en la fuerza militar, o incluso por una junta militar pura y simple al estilo argentino, uruguayo o chileno.

Para otros —incluidos socialdemócratas burgueses liberales (PSOE), socialialdemócratas burgueses de izquierda (PCE) y nacionalistas burgueses moderados (catalanes y vascos)— la solución pasaba por un gobierno de concentración nacional presidido por un militar con predicamento al interior de los medios castrenses, del tipo de Armada.

Como ya hemos visto, según reporta Patricia Sverlo, a principios de setiembre de 1976 Suárez se había reunido con el Consejo Superior del Ejército para explicar su política de legalización de los partidos, y se había apoyado en el éxito de aquella reunión para asegurar que él y su vicepresidente militar, Gutiérrez Mellado, tenían al Ejército controlado y no había peligro de involución. Aquí empezaron las desavenencias entre Suárez y Alfonso Armada, quien tenía información directa de la misma institución militar en el sentido de que si se legalizaba al PCE la irritación de los militares se desbordaría. A tales efectos, y a pesar de haberse comprometido a guardar en secreto dicha información, Armada elaboró un informe que entregó personalmente al Rey, quien, para saldar la cuestión, convocó a los dos en su despacho, donde se discutió si realmente Suárez había dicho a los mandos que legalizaría al PCE y si era cierto que acabaron la reunión aplaudiéndole:

<<Suárez aseguró que sí, que el Ejército estaba completamente al lado del gobierno y que era muy favorable a la legalización del PCE. [y que] Las apreciaciones de Armada sólo eran imaginaciones suyas. En medio de la Discusión, [Suárez] incluso llegó a atribuir a la extrema derecha [¿civil? ¿paramilitar?] los secuestros de Antonio Oriol y del General Villaescusa (en poder de los GRAPO), que tenían, según él, la intención de desestabilizar el sistema para evitar la legalización de los comunistas. A Armada le costó contenerse ante una herejía tan grande. [como si esa hubiera sido la primera vez que los ejércitos burgueses montaran provocaciones para justificar golpes de Estado] El rey, al menos en ese momento, no tomó partido por ninguno de los dos. Pero, creyera o no el relato de su presidente, asumió que, en todo caso, los militares serían controlables. El PCE sería legalizado>> (Patricia Sverlo: Op.Cit. Cap.10 La legalización del PCE) [36]

Ante estas nuevas condiciones, Suárez se alejó definitivamente de la táctica elaborada por Torcuato Fernández Miranda respecto del PCE. Para justificar su distanciamiento:

<<Suárez repetía a sus colaboradores, interrogándose a sí mismo en voz alta: “Y si los comunistas ocupan un día la calle, pero no pacíficamente, como en el entierro de Atocha, ¿qué hacemos, los disolvemos por la violencia? Y si insisten, ¿los ametrallamos?; y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿los detenemos a todos?.>> (Ibíd) 

El PCE, por su parte, consciente de que tenía la llave para la transición negociada, presionaba cada vez más públicamente para exponer sus “puntos de vista”, mandando el mensaje de que sólo podían olvidarse de sus planteos democráticos burgueses radicales y de su consigna de lucha por la república, a cambio de su legalización y acceso a la oligarquía partidocrática del futuro “Estado democrático de derecho”. Y acompañaban ese mensaje metiendo más presión con esa mercancía que deseaban lastrar cuanto antes, diciendo que la Ley para la Reforma Política era antidemocrática y, además, que las elecciones para las Cortes Constituyentes tenían que ser convocadas por un gobierno provisional del que formaran parte las fuerzas políticas de la oposición.

Dado que, además del PCE, el resto de la oposición no manifestaba ningún entusiasmo por esa Ley, Suárez tuvo que arriesgarse aún más para implicar en su juego a las fuerzas de oposición. La disposición de Carrillo a colaborar sin exigencias previas y su ofrecimiento de un "pacto social" (los “Pactos de la Moncloa”) para el periodo posterior a las elecciones, empujaron a Suárez a dar el paso más arriesgado de la transición. Así fue como el 17 de marzo Suárez promulgó el decreto de amnistía para los presos políticos, el 28 de abril se legalizaron los sindicatos y, el 9 de abril de 1977 —desde entonces llamado “Sábado Santo Rojo”—, mientras la mayoría de la elite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la desaparición del Movimiento o Partido único franquista y la legalización del PCE, a la que siguió, dos días después, la del PSUC (Partit Socialist Unificat de Catalunya):

<<La noticia cogió por sorpresa a los menos iniciados en la tramoya política que se cocinaba, Rápidamente, se organizó una reunión en la Zarzuela, con el rey, Suárez, Mondejar y Armada. Fue otra discusión entre Armada y el Presidente de las que hacen época, con el general gritando que (Suárez) había puesto en peligro la Corona. Pero Suárez ganó. Lo había hecho y los tanques no habían salido a la calle. En cambio, Armada recibió un mensaje claro, a través de Mondejar, de que tenía que ir pensando en abandonar La Zarzuela. (...) El martes 12 de abril se reunió el Consejo Superior del Ejército y difundió un comunicado público en el que expresaba la repulsa general que había causado en todos los cuarteles, aun cuando admitían disciplinadamente la legalización como un hecho consumado. Aparte de esto, redactaron un escrito más extenso y diferente, en el que, al parecer, iban más allá con ataques a Suárez y a Gutiérrez Mellado, que enviaron al rey. Y eso fue todo. No hubo nada más.>>  (Ibíd)

Por su parte, Fraga juzgó lo sucedido de "verdadero golpe de Estado", mientras un 45% de la población aprobaba la medida y sólo un 17% la rechazó expresamente, lo cual disuadió a la fracción más tentada de acabar con el proceso. Para desmentir estas acusaciones de la derecha más recalcitrante demostrando su plena determinación de cumplir sus acuerdos con el gobierno neofranquista de Suárez, el PCE decidió sorpresivamente que dejara de ondear la bandera republicana en sus mítines, al mismo tiempo que Carrillo declaraba:

 <<Los que silban no saben que no hay color morado que valga una nueva guerra civil entre los españoles>>
http://www.vespito.net/historia/transi/legalft.html

La reivindicación republicana no volvió a ser mencionada por ningún dirigente del PCE hasta bien entrada la etapa Anguita. Con estas declaraciones, el PCE decidió que era el momento de proceder al total sinceramiento con sus bases, confesando abiertamente lo que había venido haciendo de hecho desde principios de 1974: una política de capitulación en toda la línea de los ideales burgueses republicanos en aras de la “reconciliación nacional”, espíritu que la burguesía ya había conseguido introyectar en gran parte de la opinión pública gracias al inestimable aporte de ese partido en tal dirección, aún a sabiendas de que ese gesto suyo de responsabilidad política de Estado, mermaría significativamente sus posibilidades electorales inmediatas en favor del centro político y de los burócratas del PSOE, quienes en materia de moderación venían acreditando tener menos escrúpulos morales y, sobre todo, apoyo internacional.

Mientras tanto, Suárez reunió y agrupó como en un puzzle a diversos grupos políticos conservadores sin base social propia provenientes del franquismo —metamorfoseados en democristianos, liberales y socialdemócratas—, para conformar la coalición electoral llamada “Unión de Centro Democrático”. Como alguien dijo, “Suárez coaligó partidos y partidetes, en su mayoría compuestos por amigos y amiguetes, plenamente consciente de que todos los militantes de aquella gran coalición cabían en un taxi; eso sí, en un taxi antiguo”; como quien dice, el mismo producto en distintos envases, con rótulos como: “demócrata”, “socialdemócrata”, “liberal”, “popular”, “progresista” o “independiente”. Eran el Partido Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda), el Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, la Unión Socialdemócrata de Eurico de la Peña, el Partido Socialdemócrata Independiente de Gonzalo Casado, la Federación Socialdemócrata de José Ramón Lasuén, el Partido Popular de Pío Cabanillas), la Federación de Partidos Demócratas y Liberales  de Joaquín Garrigues Walker, el Partido Demócrata Popular de Ignacio Camuñas, el Partido Progresista Liberal de Juan García Madariaga, el Partido Liberal de Enrique Larroque, el Partido Social Liberal Andaluz de Manuel Clavero, el Partido Gallego Independiente de José Luis Melián, Acción Regional Extremeña de Enrique Sánchez de León, Acción Canaria de Lorenzo Olarte, y la Unión Demócrata de Murcia de Pedro Pérez Crespo.

A buena parte de estos líderes no los conocían ni en su casa y sus seguidores probablemente ni siquiera pudieran viajar juntos en un taxi. Todos estos grupos acordaron con Suárez en renunciar a la derecha más recalcitrante para presentarse como un partido de centro equidistante entre los dos extremos. Al principio, la gran banca franquista receló del proyecto de UCD; pero al final acabó cediendo al atractivo de la retórica de Suárez en cuanto a convertir la cualidad neutralizante de las dos Españas, en cantidad de votos que permitían acceder a las más altas instituciones del Estado “democrático”:

<<Hay pruebas de que, por lo menos para preparar las elecciones que vendrían a continuación —las municipales— se pidió dinero a los países árabes. A la Corte de Teherán, en concreto, llegó una carta del rey de España, fechada el 22 de junio de 1977, en la que se pedían 10 millones de dólares para apoyar al partido de su primer ministro, Adolfo Suárez, en las elecciones que se llevarían al cabo de seis meses. Quien firmaba la carta, el rey Juan Carlos, explicaba a sus “hermanos árabes”, que el PSOE contaba con la ayuda plena de la Internacional socialista, especialmente de la riquísima socialdemocracia alemana; y que hacía falta contrarrestar esta situación y buscar apoyos para que un gobierno de centro-derecha, como el de Adolfo Suárez, se pudiera sostener, y así proteger a la institución monárquica de la amenaza marxista. La monarquía saudí (en aquél momento se trataba del rey Halid, y Fahd era el primer ministro), que se sepa respondió favorablemente con la concesión de 100 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), mucho más de lo que se había pedido, que la Casa Real tenía que devolver en un plazo de diez años sin intereses.>> (Patricia Sverlo: OP. Cit. Cap. X Las elecciones)

 En fin, que se trató de una operación política superestructural a cargo del Estado español, auspiciada por el gobierno postranquista de Adolfo Suárez para generar —de la nada pero con mucho dinero— una base social de sustentación política a la futura Monarquía parlamentaria entre las clases subalternas de este país. Todo un consenso “democrático” bajo el chantaje institucional —completamente intacto de la violencia fascista encarnada en las FF.AA. del régimen anterior, con los mismos poderes fácticos y el mismo espíritu sedicioso que el 18 de julio de 1936 se alzó contra la voluntad popular que había erigido la segunda república burguesa en 1931. Desde entonces, la conciencia “democrática” de la mayoría absoluta del pueblo español, quedó hipotecada al terror de Estado residual que representan sus “fuerzas y cuerpos de seguridad” mechados en la Monarquía parlamentaria que se cocinó de espaldas a las mayorías sociales de este país; esta conciencia social aterrorizada que rige desde entonces la vida política española, no es, por tanto, ni libre ni democrática, diga lo que diga día que pasa ese ejército de filisteos públicos y privados, propagandistas a sueldo del sistema capitalista español.  

Suárez dio cumplimiento al segundo punto de su programa político convocando  a elecciones generales —que se celebraron el 15 de junio de 1977— para la formación de un gobierno y unas Cortes Constituyentes a fin de aprobar la Ley de la Reforma política. Antes de la celebración de los comicios, Torcuato Fernández Miranda, quien había sido preceptor del Príncipe Juan Carlos de Borbón hasta la muerte del Dictador, renunció ante su pupilo —convertido en Rey “por la gracia de Dios” y con el permiso de Franco— a sus cargos de Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Sorprendido al ver que Suárez no es un fantoche suyo sino que tiene una política propia y se dedica a pactar con Felipe González y Santiago Carrillo, a Fernández Miranda le disgustó también que el Rey haya pasado a estar tan contento con este papel de Adolfo Suárez y no le escuche más a él para reformar el sistema.

Como hemos visto, su plan para la transición era la creación de un sistema en el que la izquierda estaba sólo reservada al PSOE histórico de Rodolfo Llopis, donde no tenían cabida ni el PSOE “renovado” de González, Mújica y los Hermanos Solana, ni los “comunistas” de Carrillo y la Pasionaria. Por estas razones es que, probablemente, Fernández Miranda presentó su dimisión, y el Rey —que lo había “borboneado” como antes hiciera con Arias Navarro—, a cambio de sus servicios prestados le compensó con el título de Duque, concediéndole el Toisón de Oro y una butaca vitalicia en el Senado por designación real. [37]  

 Los comicios del 15 de junio de 1977 consagraron la existencia de cuatro importantes fuerzas políticas a nivel nacional, que se repartieron los votos emitidos de ésta forma:

Habiendo sido con diferencia la primera y única fuerza política de oposición al franquismo antes de integrarse en la operación política de la “transición”, como no podía ser de otra manera el PCE pasó a ser la tercera, a considerable distancia de la UCD y el PSOE. [38]

Uno de los primeros trofeos que se cobró Suárez con el triunfo en estas elecciones, fue la cabeza de Alfonso Armada:

<<Suárez se plantó delante del rey aprovechando la ocasión, dos días después de las elecciones, y le dijo: “o él o yo” Y el rey tenía perfectamente claras sus prioridades en aquél momento. Armada pidió que se dijera que abandonaba La Zarzuela voluntariamente con objeto de mandar tropas y completar su carrera militar. También puso por condición que le sustituyera Sabino Fernández Campo, porque tenía el mejor concepto de él desde que se conocieran en la Secretaría del Ministerio del Ejército en tiempos de Franco..>> (Patricia Sverlo: Op. Cit. Cap. 10)

El 13 de julio de 1977 se inauguran las nuevas Cortes “democráticas”, cuyo primer objetivo fue el de elaborar la deseada Constitución. Con ese fin, a finales de julio quedó constituida una Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 36 parlamentarios (en número proporcional a los escaños obtenidos en el Parlamento); que encargó la elaboración de un anteproyecto a un grupo de diputados expertos, con preparación jurídica suficiente, que fueron 3 de UCD, y uno de cada fuerza política importante: PSOE, PCE, AP y minorías nacionalistas. En total siete.

Paralelamente, en agosto el Gobierno se reunió con los sindicatos para convencerles de la necesidad de la moderación salarial. El argumento fue: “acabar con la inflación”. En realidad se trató de superar la crisis elevando la tasa de ganancia a expensas del nivel de vida de los asalariados. [39] En septiembre, Fuentes Quintana discutió con el resto del Gobierno su documento base y en octubre se redactó el texto final con los demás partidos políticos: en el fin de semana del 8 y 9 se llevó a cabo un "resumen de trabajo", como lo llamó Felipe González para no darle excesiva importancia, y durante los días siguientes se desarrolló ese resumen en comisiones especializadas. Finalmente, el día 25 de ese mes  firmaron los Pactos de la Moncloa los representantes de los principales partidos políticos, incluidos Santiago Carrillo y Manuel Fraga, aunque éste, para salvar la cara, no subscribiera la parte de los pactos sobre cuestiones jurídicas y políticas con resabios franquistas, esto es, el derecho de reunión y asociación, la reforma del Código Penal, y la reorganización de las fuerzas de orden público.

Los pactos fueron aprobados por el Parlamento el 27 de octubre y su contenido se dividió en medidas económicas urgentes “contra la inflación y el desequilibrio exterior” derivado de ella, así como reformas necesarias a medio plazo para repartir la parte de los costes de la crisis entre los sectores de la burguesía.

En cuanto a la Constitución, una vez terminada la redacción de su texto, donde se plasmó el acuerdo de las principales fuerzas políticas oligárquicas presentes en las Cortes, fue aprobada en  referéndum el 6 de diciembre de 1978. Aquí se aplicó el mismo “modus operandi” manipulador que en el referéndum anterior. Este fue anunciado así:

España decide
Su futuro
REFERENDUM NACIONAL
DIA de la CONSTITUCIÓN
6 DE DICIEMBRE
TU DERECHO ES VOTAR
VOTA LIBREMENTE

Si, faltando 20 días para el referéndum ya se indicaba en prensa, radio, TV, etc., que el 6 de diciembre era el “día de la Constitución”, como si fuera la efeméride anticipada de un gran acontecimiento que ya se daba por hecho, la sugerencia lógica resultaba paradójica: ¿para qué votar? En el contexto de ese anuncio, el remate de la frase: “tu derecho es votar”, aparecía tan imperativamente incrustada como para que en las conciencias resuene como: “tu deber es votar”....y votar afirmativamente. ¿Y qué decir del “vota libremente”, un cínico eufemismo fraudulento del poder político embaucador de clase burguesa? Pues, si.

En el Estado español la abstención fue elevada, el 33%, pero en Euskadi llegó al 46,69%, lo que sumado a la gran cantidad de votos contrarios a la Ley (en Guipúzcoa el 29,88%), dio como resultado que en esta parte de España, la Constitución cosechó un claro rechazo. Esto provocó que Euskadi apareciera separada del resto del Estado. Mientras tanto, los militares se habían calmado, sobre todo cuando vieron el pésimo resultado que el PCE había obtenido en las primeras elecciones generales, donde, como hemos visto, sólo había llegado a un escaso 9% de los votos, gracias a la labor de vaciamiento ideológico y político llevado adelante por sus direcciones, al renegar de los principios republicanos que habían dado sentido de identidad a ese partido durante la guerra civil y todo el decurso del franquismo:

<<En 1977, Carrillo ya asistía a las recepciones oficiales del monarca  como si nada, y presumía, además, de que los camareros de Comisiones Obreras le reservaran los mejores canapés. El rey y “Don Santiago” —como Juan Carlos le llamaba afectuosamente, incumpliendo excepcionalmente la borbónica costumbre de tratar de tú a todo el mundo— se acabaron haciendo amigos. “Tendría usted que rebautizar a su partido y llamarlo Real Partido Comunista de España —le dijo un día el monarca. A nadie le extrañaría”. Carrillo le reía las gracias al rey, como cualquier otro personaje palaciego.>> (Patricia Sverlo: Op. Cit.)

¿En qué Constitución decidieron enfundarse los dirigentes comunistas siguiendo la misma lógica política posibilista burguesa que inauguraron durante la última guerra civil española? Desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio a propósito del 11M, es decir, de la relación entre el Estado capitalista —bajo la forma monárquico-parlamentaria de gobierno— y la prevención del delito en general, lo primero que cabe decir sobre ella, es que, jurídicamente, retrotrae la figura de la jefatura del Estado a los tiempos del más absoluto arbitrio dinástico feudal. En efecto, como hemos dicho más arriba, de entre todas las instituciones del Estado español, la Corona es la más independiente de todas; no está sometida a control alguno, ni parlamentario ni judicial; tampoco a control político, puesto que el poder ejecutivo no es de su incumbencia constitucional. Por tanto, no se le puede imputar ningún delito ni juzgarle por nada. Su independencia es nítidamente de tipo feudal, absolutista. Se trata, pues, de un Estado de naturaleza social capitalista, enfeudado a una dinastía de la Edad Media, al menos en lo que atañe a cuestiones de trascendental importancia política, es decir, estratégica.

En efecto, en primer lugar, si como es cierto que la igualdad ante la ley es un precepto constitucional de obligada observancia, al mismo tiempo está legislado constitucionalmente que esa norma constitucional no rige para el Monarca. En efecto, el artículo 56, 3., la Constitución aprobada el 6 de diciembre de 1978 establece taxativamente que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Y sigue :

<<Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 [1. (...) por el Presidente del Gobierno en funciones y, en su caso por los Ministros competentes (...) 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden], careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2., [que se refiere al nombramiento y relevo de los “miembros civiles y militares de su Casa” (Real)] >> (Op. Cit.)

Desde la promulgación y aprobación en referéndum de la Constitución, jamás se ha dado el caso, todavía, de un acto del Rey que no haya sido refrendado. La Constitución no prevé tal circunstancia, dando pábulo a dos alternativas.

  1. Que el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros comprometidos en tal desacato a la autoridad Real, presenten su renuncia, como sucedió con el anteúltimo Presidente de facto, Arias Navarro, y luego con el primer presidente “democrático”,  Adolfo Suárez, poco antes del 23F. En estos casos, estamos ante actos de absolutismo político constitucionalmente previstos o golpes de Estado encubiertos, una violación despótico-constitucional de la voluntad popular expresada en las urnas por parte del soberano real, sea por voluntad política propia o inducida.
  2. Que se rebelen desembocando directamente en una crisis orgánica del sistema político —que no del sistema social—, como sucedió durante el reinado del abuelo paterno de Juan Carlos I, Alfonso XIII. Esta alternativa es la que los distintos actores del drama que derivó en el 23F han querido y podido hasta hoy evitar; por eso es que la crisis abierta por la legalización del PCE y los cambios en algunas jefaturas claves de las FF.AA. se cerró en falso, del mismo modo que está sucediendo ahora con el 11M, aunque por otras causas políticas.

Sean cuales fueren las consecuencias políticas del comportamiento del Monarca que la Constitución deja abiertas a lo imprevisible, lo cierto es que el presupuesto constituyente que lo exime de toda responsabilidad penal, no sólo hacen de él un simple burócrata cuya discrecionalidad y secreto propio de su cargo hasta cierto punto blindan los actos de su función pública que así les permite convertir en cosa privada, sino que la garantía legal de su impunidad le inducen a devenir en el burócrata por excelencia —con capacidad legal para llevar la arbitrariedad de sus actos a lo absoluto— y, como lógica consecuencia, en el más absoluto de los conspiradores políticos para beneficio propio.

Pero el común de los españoles no se le ocurre pensar que el Monarca pueda llegar a semejantes extremos, porque, aun cuando se le considere perecedero, al mismo tiempo se le piensa y siente como imbuido de cierta virtud sobrenatural. Este bloqueo mental de los súbditos respecto de sus superiores sociales jerárquicos es una probada función propia de todo protocolo, que para eso se ha inventado, para justificar esa desigualdad humana fundada en la superioridad social jerárquica de la realeza, sólo así reproducible en la conciencia de los explotados. Como hemos visto, el protocolo real español estuvo inspirado en el ducado de Borgoña durante el siglo XIV. El tercer Duque de Alba recibió el encargo de enseñárselo al príncipe de España, quien después se convertiría en el rey Felipe I. Entre los objetivos de este protocolo estaba la “creación de una atmósfera casi divina en torno al soberano, que obligara a los súbditos a creer en el mito del monarca”, cosa que encajaba perfectamente con el derecho divino de los reyes, según el cual, “Todo poder viene de Dios y Dios lo deposita directamente en la persona regia” Un poder “divino” que se trasmite por la descendencia a instancias del acto sexual entre la pareja real, por lo que la vigencia del más etéreo y celestial espíritu de la divinidad, descansa en el más elemental instinto reproductor del ser humano terrenal, según el argumento de Marx expuesto en “La Sagrada Familia”.  

La manifestación social de la crisis económica mundial iniciada con la inconvertibilidad del dólar (1971) —agravada por la subida espectacular en los precios del petróleo—, se hizo presente de forma explosiva en la sociedad española durante 1977, dos años después de la muerte de Franco. Ese año, la situación económica del país se tornó políticamente explosiva; a la crisis de sobreacumulación se le sumó la crisis de abastecimiento del petróleo; en esos doce meses, el barril de crudo pasó de 1,63 a 14 dólares.

Dado que España es un país no productor de petróleo, el valor de las exportaciones sólo alcanzó a cubrir el 45% de las necesidades de importación, lo cual le ocasionó una perdida en divisas de 100 millones diarios, y una deuda exterior acumulada de 14.000 millones de dólares, superior al triple de las reservas de oro y divisas en poder del Banco de España.

La inflación trepó por encima del 20% en 1976, llegando al 44% a mediados de 1977, frente al 10% de promedio existente en los países de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Europeo” (OCDE).

El endeudamiento de las empresas ascendió a centenares de miles de millones de pesetas, y el desempleo se situó en 900.000 personas —de las cuales sólo 300.000 recibían subsidio de paro— que siguió subiendo hasta alcanzar la cifra de 2.000.000 en 1998.

Fue en tales circunstancias cuando, parafraseando a un político republicano de 1932, Enrique Fuentes Quintana, autor del documento base cuyo contenido inspiró los “pactos de la Moncloa”, llegó a decir: “O los demócratas acaban con la crisis, o la crisis acaba con la democracia”

Durante todo el mes de agosto, el Gobierno provisional monocolor de la “Unión de Centro Democrático” —formación política ad hoc constituida por la fracción reformista del franquismo— presidido por el ex falangista Adolfo Suárez, se estuvo reuniendo con los sindicatos UGT (del PCE) y UGT (del PSOE) para urgirles que convenzan a los trabajadores de que acepten la política de moderación salarial, a fin de acabar con la inflación, salvar a la Corona y a la oligarquía política y sindical de la que ellos formaban parte. [40]

En setiembre de ese mismo mes de 1977, el Presidente del Banco Central, Fuentes Quintana, discutió su documento base con el Gobierno; en octubre se redactó el texto final conjuntamente con los demás partidos políticos en distintas comisiones. Como ya hemos dicho, el 25 de octubre, se firmaron los Pactos de la Moncloa, antecedente inmediato de la futura Constitución. Dos días después, el 27 de octubre, dichos pactos fueron aprobados por el Parlamento en plena actividad “constituyente”

En este contexto, el Comité de Catalunya de la CNT tomó la iniciativa de proponer a los Comités de Catalunya de UGT y CC.OO., que se formara una mesa de análisis y discusión crítica conjunta del “Pacto de la Moncloa”. De estas jornadas que las delegaciones de los tres sindicatos catalanes desarrollaron durante el mes de septiembre y octubre de 1977, surgió el acuerdo de convocar a una manifestación en contra del Pacto de la Moncloa, que tuvo lugar en Barcelona durante el mes de octubre, y en la cual participaron 400.000 trabajadores. Fue este el primer y último acto unitario del Movimiento Obrero durante toda la Transición a la “democracia”, dirigido contra las decisiones dictadas al Gobierno de Suárez por la “Trilateral” capitalista mundial, como requisito indispensable para el futuro ingreso de España a la U.E. [41]

No se trataba aquí de ningún conflicto parcial, como el de las huelgas a fines de 1976, en Roca Radiadores, de Gavá (provincia de Barcelona), que duró tres meses a barricada diaria, con decenas de huelguistas encarcelados; tampoco de la huelga de gasolineras, convocada meses después por la CNT en Catalunya, donde los “grises” de la Policía Nacional sustituyeron a los distribuidores de gasolina, provocando varios incendios durante cuatro o cinco días; todo esto desató la represión y el acoso policial contra la CNT.

De lo que se trataba con la manifestación contra el Pacto de La Moncloa, era de desbaratar el acuerdo entre el Estado y el conjunto de la burguesía, para “poner en cintura” al conjunto del movimiento obrero español, disciplinarle al plan de estabilidad, esto es, conseguir que se resignara a perder todo lo conquistado en la lucha contra el franquismo, para ajustar las condiciones de la explotación de trabajo ajeno a la crisis de superproducción de capital. La burguesía sabía que sin este consentimiento del movimiento obrero, la transición al “chollo” de la “democracia” era imposible.

Y la gravedad del asunto no estribaba en el propio radicalismo de la CNT. Dado su insignificante peso social relativo, lo que esta organización pudiera hacer por sí misma no suponía ningún peligro político para el proyecto de la burguesía representada por el gobierno provisional de Suárez. Pero el caso era que la CNT había conseguido que su razón política necesaria gravitara sobre las secciones catalanas de UGT y CC.OO, haciendo posible que esa cualidad reivindicativa suya se trocara en cantidad superando las limitaciones ideológicas y organizativas del movimiento en esa parte de España. Y ante la manifestación de 400.000 personas recorriendo las calles de Barcelona el 15 de enero de 1978, saltó la alarma entre la patronal de que lo ocurrido en Catalunya se extendiera por el resto del país como una mancha de aceite. Fue cuando la partidocracia burguesa de derecha e izquierda se puso a temblar, decidiendo cortar esta movida a sangre y fuego, utilizando todos los medios, incluidos los ilegales, para evitar que el Movimiento Obrero a escala nacional se alzara unido contra el proyecto de la burguesía y del Gobierno.

Así fue cómo lo primero que acordaron hacer los “demócratas” cerrando filas en torno al gobierno postfranquista, fue aislar a la CNT para conseguir que las disidentes cúpulas catalanas de UGT y CC.OO. volvieran al redil de la transición pactada. Lo segundo, destruir a esa organización disidente lanzando contra ella a la Unidad Móvil de las Brigadas Político-sociales (BPS). [42] Para ello se utilizó la infiltración de un confidente en un grupo de la FAI, en Murcia   —Joaquín Gambín—, quien había vendido a dicho grupo dos maletas de armas y explosivos, que, evidentemente, fueron descubiertas por la policía; este hecho fue vinculado a las 54 detenciones realizadas en Barcelona el 30 de enero, con lo cual la reunión de la FAI pudo ser juzgada como una conspiración terrorista.

En ocasión de la manifestación, la Unidad Móvil de las “Brigadas político-sociales” (BPS) utilizó el mismo confidente, Joaquín Gambín, quien llegó a Barcelona 3 días antes de la manifestación que tuvo lugar el día 15 de enero de 1978, durante la cual se procedió a incendiar la sala de fiestas “SCALA”, situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan, acción en la que Gambín embarcó a cuatro jóvenes (tres de ellos menores de edad), afiliados a la CNT. En ese atentado murieron cuatro personas que trabajaban en el local: Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo.

Al fiscal del caso le pareció del todo normal que un delincuente común de cincuenta años, en busca y captura por varios juzgados, hubiera sentido de repente una irresistible atracción por las ideologías libertarias. Además, Gambín colaboró —siempre presuntamente— con los responsables directos del atentado, llevándoles por Barcelona en su coche y enseñándoles cómo fabricar cócteles molotov, dirigiéndoles de manera experimentada.

Según declaraciones del mismo fiscal, a las pocas horas del incendio la policía de Madrid ya sabían los nombres y demás señas de identidad de los autores, procediendo a comunicarlo a sus colegas de Barcelona, naturalmente omitiendo cualquier referencia al tal Gambín, más conocido en los turbios ambientes delicuenciales como “El Grillo”. El entonces ministro de Gobernación (ahora se llama Interior) Rodolfo Martín Villa, presentó ante los medios de comunicación, la detención del grupo anarcosindicalista (en poco más de 24 horas) como un verdadero triunfo de las fuerzas del orden contra la barbarie anarquista. Exactamente como se procedió tras el 11M. Sin embargo, dirigentes confederales estaban seguros de que este apestoso asunto había sido un complot para acabar con la central sindical libertaria, que iba tomando fuerza ante el oligopolio sindical de CCOO y UGT pactado entre el gobierno de la UCD y los partidos socialista y comunista.

Según reporta Matías J. Ross: http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?Id=1408, los condenados: José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Pla, en ningún momento aceptaron su participación directa en los hechos, aunque sí la preparación de los cócteles Molotov. Se han sentido manipulados y dirigidos por el confidente policial infiltrado entre ellos. El juicio oral, celebrado en diciembre de 1980, no pudo contar con el testimonio de Rodolfo Martín Villa —solicitado por las defensas de los acusados— ni con la presencia de Joaquín Gambín, quien logró fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias. [43]

A pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con el paradero de El Grillo, aunque sí lograron entrevistarlo —previo pago— varios periodistas, que localizaron al confidente en Rincón de Seca (Murcia). En el reportaje que apareció en una revista muy leída por entonces —entre otras cosas— dijo Gambín que el comisario Escudero era su jefe directo. Escudero era un policía subordinado del comisario Roberto Conesa, por entonces mano derecha de Martín Villa. [44] Dijo que por sus trabajos de infiltración en la Confederación Nacional del Trabajo y/o por constituir el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajador (ERAT), cobraba 45.000 pesetas mensuales. Este grupo dio varios atracos antes de caer en otra “extraordinariamente brillante” operación policial, cuando ya no se le necesitó. Por la delación del asunto de La Escala, cobró 100.000 pesetas de las de entonces. [45]

La presión mediática sobre las fuerzas policiales subió de tono a raíz del juicio y de las alegaciones del indignado fiscal Del Toro, que fue incluso acusado de simpatizar con los anarquistas. Del Toro se defendió y llegó a escribir que, ante el escándalo judicial que representaba una vista pública sin el Grillo y sin Martín Villa, su problema fundamental estribaba en no cubrir de ridículo su carrera. Todo estaba cojo en este caso y por lo tanto era propicio a las más desaforadas imaginaciones. Exactamente igual que ahora respecto de las conclusiones del Fiscal Del Olmo.

El periodista Luis Andrés Eldo, de quien hemos recogido parte de lo que hasta aquí hemos dicho sobre este oscuro episodio de la transición a la “democracia” en España, agregó lo siguiente:

<<Pero el hecho más escandaloso de este “agujero negro” que es el Caso Scala, no se limita a la utilización por la BPS (con la connivencia del Gobierno) de un agente provocador (que ha engañado a cuatro adolescentes). No, el tema desborda estas chapuzas de la acción policial.

Efectivamente, el Juez que inició el Sumario del Caso Scala (pues el incendio de esta sala se ha convertido en “Caso”), requirió ese mismo día a un perito especializado en catástrofes de esta índole (un tal Sr. Villalba) la misión de recoger muestras del resto del incendio. El Sr. Villalba y su equipo de especialistas, se presentaron con la autorización del Juez el mismo día a recoger sus muestras (pues el Juez había decidido destruir al día siguiente las ruinas a que había quedado reducido el edificio tras el incendio).

El Sr. Villalba sometió las muestras recogidas a análisis de laboratorio, y el resultado es definitivo: ¡había fósforo! Es decir, que los cócteles de gasolina han caído sobre un edificio que alguien había preparado con la acumulación de fósforo, para que pudiera arder en unos minutos.

Para más INRI, uno de los acusados, Xavier Cañadas, atestiguó públicamente, años más tarde, que en los primeros interrogatorios policiales observó que encima de una mesa había una carpeta con una indicación en letras mayúsculas: CASO SCALA, FÓSFORO.

Se trataba, sin ningún género de dudas, del informe del perito Sr. Villalba.

Este hecho nuevo (la existencia de fósforo) explicaría que un informe del Fiscal General del Estado, Burón Barba, exigiera una investigación sobre la presunta participación de los Servicios de Seguridad del Estado en el incendio de la SCALA.

Resulta que ambos informes, el del Sr. Villalba como el del Fiscal General, desaparecieron del Sumario, no llegaron al Juicio Oral, celebrado en Barcelona tres años después, en diciembre de 1980.

Para que todo esto pudiera ser posible, no existe otra explicación: el que nos encontramos ante una operación de Alta Política de Estado, de alcance internacional, como es la de eliminar la movilización del Movimiento Obrero, peligro real contra la Reforma Pactada, decidida en el marco del “Mundialismo Capitalista”, lo que justificaba la ignominia montada por la BPS.

¿Porqué los Partidos de la llamada izquierda y sus propios Sindicatos miraban hacia otro lado cuando, a través del Caso Scala, el Gobierno y los mass-media machacaban a la CNT?; no se imaginaban (ingenuos todos ellos) que el Poder estaba neutralizando a todo el Movimiento Obrero, condición sine qua non para que el “Mundialismo Capitalista” accediera a que el PSOE alcanzara el Poder en 1982 y continuara metiendo el cerrojo a la movilización del Movimiento Obrero, ante las draconianas “reconversiones industriales” exigidas para su ingreso en la Unión Europea.?>>  (Luis Andrés Edo: http://www.soliobrera.org/actualidad/congres.html)

De “ingenuos” nada, compañero Luis Andrés ¿O usted ignora que, para ese entonces, Santiago Carrillo ya había aceptado las condiciones que le impuso el Rey en 1975, para que el PCE pasara a formar parte del “staff” político partidocrático que pasó a ser el rostro de la “democracia”, desde que, con el SÍ obtenido en referéndum amañado se instauró la Monarquía Constitucional española en 1978?

En noviembre de 1978, un grupo de coroneles y tenientes coroneles protagonizaron la llamada "operación galaxia". El teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero, y el capitán Saez de Inestrilla, el 11 planearon un asalto al palacio de la Moncloa previsto para el día 17, con el objetivo de secuestrar al gobierno y exigir un cambio de política. EL complot fue desbaratado por la policía gracias a las confidencias de uno de los implicados, pero los conspiradores fueron condenados a  suaves penas de seis y siete meses de prisión 

éste y el resto de nuestros documentos en otros formatos
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[27] De entre todas las instituciones del Estado español, la Corona es la más independiente de todas; no está sometida a control alguno, ni parlamentario ni judicial; tampoco a control político, puesto que el poder ejecutivo no es de su incumbencia constitucional. Por tanto, no se le puede imputar ningún delito ni juzgarle por nada.

[28] Carlos V (I de España) El malestar que produjo su llegada a España en septiembre de 1517 —por su juventud, educación flamenca y consejeros extranjeros— aumentó dos años más tarde cuando, al descontento producido por su petición a las Cortes castellanas de subsidios para ser elegido emperador, se unieron una serie de reivindicaciones políticas, dando lugar en 1520 al inicio de la revuelta y guerra de las Comunidades. Las principales ciudades castellanas, dominadas por oligarquías nobiliarias y burguesas, se unieron en un levantamiento que adquiriría matices tanto sociales como políticos. El memorial de agravios dirigido al Rey recogía las aspiraciones de los llamados comuneros. Aunque éstos consiguieron algunos éxitos bélicos, fueron derrotados en abril de 1521 en la batalla de Villalar, que significó la sumisión castellana al gobierno regio. En adelante, las Cortes cederían la mayor parte de su antiguas prerrogativas políticas, limitando sus funciones a materia tributaria: los pecheros castellanos tuvieron que soportar desde entonces el peso de los gastos imperiales. El movimiento de las Comunidades de Castilla dio comienzo en 1520 y fue derrotado al año siguiente por las tropas realistas.

[29] Profesor de Escuela Normal. Militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y diputado socialista en 1931, 1933 y 1936 por Alicante.  Fue director general de Enseñanza Primaria en el ministerio que dirigía Marcelino Domingo en 1931.  Secretario general adjunto del PSOE y miembro de comité ejecutivo del sindicato socialista UGT.  Al estallar la guerra civil fue secretario de la presidencia del Gobierno con Largo Caballero. Exiliado a Francia tras la guerra civil, siendo secretario general del PSOE en el exilio y ocupó la presidencia de un supuesto gobierno republicano en el exilio en el año 1947.  En 1972 se apartó del PSOE para constituir el PSOE (Histórico) quedando Felipe González como secretario General del PSOE al frente del sector de los llamados Renovadores.  En 1976 regresó a España y se presentó a senador por Alicante sin éxito por lo que se volvió a Francia.  Escribió La Rusia que yo he visto (1929) y Hacia una escuela más humana (1934).

[30] Nacida en julio de 1973, la Comisión Trilateral, un organismo internacional de carácter privado cuyo más destacado ideólogo fue Zbigniew Brzezinski, quien lo definió como "el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el Mundo haya conocido nunca". Después de varias reuniones del Comité Ejecutivo, en las que se estableció una declaración de principios y se trazaron las líneas maestras de la organización, en mayo de 1975 tuvo lugar en la localidad japonesa de Kyoto su primera sesión plenaria. Los delegados asistentes representaban en su conjunto alrededor del 65% de las firmas bancarias, comerciales e industriales más poderosas del Planeta. Figuraban entre ellos los máximos dirigentes de las bancas Rothschild y Lehmann, del Chase Manhattan Bank, de las multinacionales Unilever, Shell, Exon, Fiat, Caterpillar, Coca Cola, Saint-Gobain, Gibbs, Hewlett-Packard, Cummins, Bechtel, Mitsubishi, Sumitono, Sony, Nippon Steel, etc., así como los mandatarios de varias Compañías públicas nacionalizadas de proyección multinacional. En definitiva, los mayores productores mundiales de petróleo, de acero, de automóviles y de radiotelevisión, y los principales grupos financieros del Planeta estaban en manos de miembros activos de la recién creada Comisión Trilateral. Con el transcurso del tiempo y las sucesivas incorporaciones, la concentración de grandes firmas en el seno de la Comisión iría a más. Los dos temas que constituyeron el objeto central de aquel encuentro no podían llevar títulos más expresivos: "La distribución global del Poder" y "Perspectivas y asuntos claves de la Comisión Trilateral".

[31] General Alfonso Armada. En 1955 fue nombrado por Franco preceptor del por entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, candidato a monarca. Fue posteriormente secretario de la Casa del Rey durante 22 años, hasta que éste le cesó a exigencia de Adolfo Suárez al asumir la primera presidencia “democrática”, para ser destinado a Lérida donde se le designó gobernador militar. El 22 de enero de 1981, contra la voluntad de Adolfo Suárez, fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Durante los meses anteriores al 23F  había venido realizando una intensa actividad política, propia de un presidente de gobierno eventual de gestión, período durante el cual protagonizó diez (!!) audiencias reales, entrevistas secretas con decenas de políticos: Múgica del PSOE, Pujol  de CIU y con la mitad o más de miembros de UCD (todos actualmente en el PP). El "gobierno de gestión" en ciernes ―y, sobre todo― sus reales apoyos, fueron un secreto a voces durante el largo otoño del 80.

[32] Acontecimientos como la muerte de Carrero Blanco y el nombramiento de su sucesor al frente del gobierno: Arias Navarro, así como la primera hospitalización de Franco, habían creado divisiones al interior del propio sistema —hasta entonces monolítico—entre los llamados evolucionistas, partidarios de la autorreforma del régimen, y los inmovilistas del llamado “bunker” en el lenguaje de la época, partidarios de seguir con la política de palo y tentetieso. También se aceleraron los esfuerzos unitarios de la oposición.

[33] Ex Secretario General del tristemente célebre Sindicato Estudiantil Universitario (SEU), durante el primer gobierno preconstitucional pasó a desempeñarse como Ministro de relaciones sindicales, y en el segundo fue nombrado Ministro de la gobernación. En 1978 formó parte del primer gobierno constitucional de Suárez, en el que ocupo la cartera de Ministro del Interior. Sobre su actuación en este último cargo, ver: http://www.nodo50.org/gpm/referendumUE/03.htm

[34] Este enfrentamiento con el general De Santiago, le acarreó a Suárez la oposición de un amplio sector del ejército, animadversión  que se agudizó aún más con la legalización del PCE, en abril de 1977. Estas dos decisiones de Suárez, junto a la tendencia centrífuga que suponía el existencia de los nacionalismos vasco, catalán, gallego y canario, estuvieron en la raíz de los acontecimientos que desembocaron en el 23F

[35] El día 16 de noviembre de 1976, el Proyecto de Reforma Política fue presentado ante las Cortes franquistas a petición propia por Miguel Primo de Rivera. Durante los dos días siguientes se estableció el debate parlamentario en el que hubo duras críticas de los sectores más inmovilistas, como fue el caso de Blas Piñar, quien insistió en el carácter de ruptura y no de reforma de la ley, manifestando su desacuerdo con la sustitución de un Estado nacional por un Estado liberal que desmontaba el sistema franquista.

[36] En una entrevista concedida el 9 de abril de 2002 a “El Círculo a primera hora”, ante la pregunta  respecto a qué hubiera pasado si se hubiera sabido de su reunión con Suárez en febrero de 1976, Santiago Carrillo comentó que “hubieran pasado cosas muy gordas. En aquel momento el alto mando del Ejército era declaradamente hostil a la legalización del PCE. Pero esa conversación no trascendió hasta meses o un año después. En aquella época, un paso hacia la democracia hubiese sido imposible sin legalizar el Partido Comunista". Carrillo dio así la razón a Alfonso Armada.

[37] “Borbonear”, término popularizado durante el reinado del abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, en alusión a su especial instinto político de conservación para influir sobre —y apoyar oportunamente a— quienes, teniendo facultades para tomar decisiones políticas, eran proclives a adoptar las que convenían a la estabilidad de la Casa real dentro de las instituciones del Estado.  El Rey compensó la obediencia de Arias Navarro concediéndole el título de Marqués.   

[38] En estas elecciones, también empezó a manifestarse la fuerza electoral de los partidos nacionalistas en sus respectivos ámbitos: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergencia Democrática de Catalunya (CDC).

[39] En un régimen capitalista de patrón oro, es decir, basado en la economía real, todo aumento salarial derivados del aumento en los ritmos del trabajo, debe traducirse automáticamente en un descenso de la ganancia patronal, dejando los precios estables. Pero en una economía de creación de dinero sin respaldo, ante cada demanda salarial efectiva los empresarios pueden acudir al crédito bancario, trasladando esos costes financieros a los precios sin menoscabo para su fondo de consumo. Tal es la causa y el origen de de la inflación, no el aumento en los salarios, como explica este fenómeno la burguesía y los burócratas sindicales asienten.  

[40] Lo que queremos significar cuando hablamos de la necesidad de crear opinión pública basada en la ciencia social, para una actitud colectiva general comprometida con la transformación radical de la sociedad en que vivimos, es que la economía y la sociedad se han tornado demasiado complejas y llevan consigo demasiados riesgos de catástrofes como para ser gestionadas no importa por qué clase de empresarios privados, de burócratas  "expertos" ni de políticos profesionales —que por esa misma condición social de propietarios privados o burócratas corruptos, son cada vez menos competentes—, ni por cualquier tipo de elites minoritarias. Del mismo modo, nosotros creemos que esta crisis mundial es demasiado grave como para ser dejada a merced de "leyes objetivas del mercado" que se realizan a espaldas de la humanidad. Esta crisis sólo será resuelta de manera que sea la última, si por lo menos una mayoría de trabajadores toman en sus manos la gestión de sus propios asuntos, de la economía, del Estado, de la Sociedad. Para eso, es necesario contribuir, de momento, a que la vanguardia amplia de la clase obrera se sacuda multitud de prejuicios introducidos en su movimiento por el enemigo de clase, y no tenga reparos en decidirse de una vez por todas a comprender y aplicar a la a realidad que vive, los principios de la ciencia social moderna, el materialismo histórico.

[41] La “Comisión Trilateral fue fundada en julio de 1973. Ideada principalmente por Zbigniew Brzezinski, sus tres partes geoestratégicas estaban constituidas por América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa y Japón. En mayo de 1975 tuvo lugar en Kyoto su primera sesión plenaria, y los delegados asistentes representaban alrededor de 65 por ciento de las empresas bancarias, comerciales e industriales más poderosas del planeta, originarias de esas tres áreas geográficas. En su origen fue presidida por David Rockefeller y su propósito explícito inmediato fue el de contribuir a alcanzar una "distribución global del poder" en el Occidente capitalista con proyección estratégica mundial, lo que equivale a decir, que su principal propósito fue la destrucción del llamado “bloque de poder comunista”. Según la retórica de sus principios, "todos los pueblos forman parte de una comunidad mundial, que dependen de un conjunto de recursos. Están unidos por los lazos de una sola humanidad y se encuentran asociados en la aventura común del planeta Tierra... La remodelación de la economía mundial exige nuevas formas de cooperación internacional para la gestión de los recursos mundiales en beneficio tanto de los países desarrollados como de los que están en vías de desarrollo".

La creación de ese espacio del poder mundial partía de la aceptación de que Estados Unidos había dejado de ser la potencia incontrastable que fuera en los primeros años de la segunda posguerra, que el mundo registraba un fuerte emparejamiento económico y se vivía ahora (en aquel momento) en un mundo multipolar. Carter empujó su política exterior inspirado en el discurso trilateralista (un mundo multipolar, un gobierno multipolar), y como un intento de buscar crear condiciones que acercaran los países subdesarrollados al mundo desarrollado. Entre sus mayores logros estuvo reunir a Israel y a Egipto, casi inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días.

[42] Esta Unidad ya había actuado contra la CNT después de la muerte de Franco, cuando el 30 de enero de 1977 intervino para desbaratar una reunión de la FAI (Federación Anarquista Ibérica).

[43] Rodolfo Martín Villa empezó su carrera política en el régimen franquista como Jefe nacional del falangista Sindicato Español Universitario. De ahí saltó a ser Presidente del Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas. Luego pasó a desempeñarse como Delegado provincial de Sindicatos en Barcelona y como Director general de Industrias Textiles del Ministerio de Industria. En noviembre de 1969 fue nombrado secretario general de la Organización Sindical, y en 1974, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento falangista en Barcelona. El 11 de diciembre de 1975 pasó a ser Ministro de Relaciones Sindicales. Finalmente, como procurador general en la Cortes,  participó en las Legislaturas franquistas VII, VIII, IX y X. Su currículo en la etapa “democrática”  es tan amplio, que, explicarlo en todos sus detalles, exigiría un ensayo sobre la entomología política en su variedad protozoaria del tipo de los esporozoos intraestatales, especie de la que este sujeto es de lo más paradigmático. Para una introducción a su estudio, ver:  http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/martinvilla.html#_Hlt968802211,8219,8220,0,,E

[44] Comisario de la Brigada Político-social franquista. En 1974 organizó y financió un comando para policial en Valencia, para hacer la guerra sucia a los militantes del Front Revolucionari Antifeixista Popular (FRAP) y ETA... Tuvo especial relevancia en la desarticulación de los comandos del Grupo Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), que no pocos analistas atribuyen a su creación.

[45] En diciembre de 1981, el Grillo fue detenido en Valencia tras un tiroteo. Declaró que se entregó harto de que la Brigada de Información de la Policía Nacional le hubiera abandonado a su triste suerte. Así se están sintiendo ahora mismo Rafa Zouhier, Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro. La segunda vista por el caso “La Escala” se celebró en Barcelona en diciembre de 1983, con un solo acusado: Joaquín Gambín. La prensa llegó a decir que era la primera vez que se juzgaba en España a un confidente policial. Fue condenado a siete años por ir a una manifestación con armas y preparar explosivos.