La alternativa liberal al interior del aparato franquista: El caso “Matesa”

La opción definitiva de Franco quedó clara con el nuevo gobierno nombrado el 25 de febrero, cuando Laureano López Rodó fue entronizado discretamente como secretario general técnico de la Presidencia. [6] El 26 de julio se firmó la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado: era el primer jalón legal de la alternativa económica desarrollista a las leyes fundamentales del franquismo. La infraestructura de la industria pesada que haría posible el desarrollo, estaba a punto por obra de las grandes inversiones de esta década: en septiembre comenzó a funcionar el primer alto horno de Avilés. Pero, en lo político e institucional, todo seguía igual. Este inmovilismo, cada vez más contradictorio con las exigencias de los cambios en la estructura económica del régimen, es lo que el “Grupo Tácito” intentó modificar poniendo en marcha la “Operación Lolita”, más tarde conocida como “Operación Príncipe”.

La crisis política de 1957 estuvo marcada por el fracaso de la reforma institucional patrocinada por José Luis de Arrese [7] , lo que significó el fin definitivo de la Falange Histórica, ante su incapacidad para expresar políticamente la “aufheben” o superación del capitalismo nacional conservado en el capitalismo multinacional español, que comenzó a gestarse una vez acabada la reconstrucción europea durante la  Segunda post Guerra. Desde la crisis gubernamental de 1957, la opción política de la Falange se vio envuelta en un proceso de vaciamiento orgánico por el continuo trasvase de sus miembros hacia el movimiento nacional-católico y tecnocrático del "Opus Dei", que operaría el tránsito del franquismo burocrático-militar-autárquico, al franquismo-burocrático-civil-desarrollista con proyección internacional.

Este proceso se agudizó el 22 de julio de 1969, cuando Franco proclamó sucesor oficial del régimen a Juan Carlos de Borbón y, al día siguiente, el príncipe prestó juramento de lealtad a Franco a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Los falangistas, que habían venido encajando muy malamente el creciente predominio de los tecnócratas del Opus Dei, con su tendencia a debilitar el autarquismo económico del régimen, vieron cómo esta tendencia cobró fuerza desde que el ex falangista, Laureano López Rodó, al frente de la Secretaría Técnica de la Presidencia, lanzó el primer plan de desarrollo nacional auspiciando paralelamente una serie de aventuras inversionistas del “Opus Dei” en el extranjero.

Una de ellas fue la protagonizada por su íntimo amigo, el capitalista Juan Vilá Reyes, al frente de la empresa “Material Textil del Norte de España” (Matesa). Según reporta el periodista César Vidal:

<<El 5 de abril de 1969, los telespectadores españoles asistieron a la consagración mediática de un personaje llamado Juan Vilá Reyes. En el curso del programa de TV, “Ésta es su vida”, presentado por Federico Gallo, Vilá, inventor del telar sin lanzadera Iwer, fue presentado como un verdadero empresario modelo que, a su notable juventud —cuarenta y cuatro años a la sazón— sumaba talento y éxito. Lo que ignoraban los millones de personas que contemplaban el programa, era que tan sólo tres meses antes, el ministro de Hacienda había ordenado una investigación sobre Maquinaria Textil del norte de España (Matesa), la empresa de Vilá Reyes.>> (Op. Cit.: http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1275760023)

La investigación se inició a raíz de la visita a España del ministro argentino de Industria. En el curso de una entrevista con su homólogo español, éste le dio las gracias por haber comprado 1.500 telares Iwer. El argentino, quien restó importancia al hecho, precisó las cifras: tan sólo se habían vendido 120 máquinas; el resto —1.380— se encontraban, como se supo después, en una nave situada en los aledaños de Buenos Aires. La “exportación” se hizo físicamente, porque el producto salió del país, pero aún no tenía comprador. En apariencia, al menos “Matesa” estaba cobrando créditos de ayuda a la exportación por una operación comercial con el exterior que, en realidad, no se había realizado.

Según el mismo relato de César Vidal, el asunto se trató el 12 de agosto de 1969 en el Hotel Finisterre de A Coruña, durante una reunión oficiosa del Consejo de Ministros con la presencia del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. El por entonces Ministro de Hacienda: Espinosa San Martín, dijo que el saldo deudor de “Matesa” al Banco de Crédito Industrial superaba ya los diez mil millones de pesetas, “una cantidad que, por ejemplo, superaba el presupuesto del Ministerio de Agricultura”.

Después habló Faustino García Moncó, ministro de Comercio y responsable de la exportación, quien señaló la necesidad de recuperar los créditos y señalar responsabilidades. Para ello propuso incautar la empresa. En apariencia, la solución técnica era la más sensata pero Manuel Fraga Iribarne, flamante ministro de Información y Turismo, la desechó señalando que “se trataba de una cuestión exclusivamente política y como tal había que tratarla”, es decir, que la culpa no la tenía el cerdo sino quien la daba de comer: el Opus.

Junto a Vilá Reyes y a López Rodó, los ministros más directamente implicados fueron Faustino García Moncó, Juan José Espinosa San Martín y el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, todos ellos miembros del Opus Dei. Solís y Fraga, quienes, dentro del falangismo representaban la línea intermedia entre los inmovilistas y los aperturistas, vieron llegado su momento. Fraga permitió que la cadena de publicaciones del Movimiento lanzase una virulenta campaña contra el Opus, con el discreto apoyo de otros grupos igualmente hostiles.

Este caso, sin duda supuso un retroceso político para las aspiraciones reformistas de los tecnócratas nacional-católicos a favor del “bunker” instalado en El Pardo. El triunfo falangista tampoco favoreció los planes de Franco respecto de una transición suave hacia la monarquía de Juan Carlos, al tiempo que Carrero Blanco se sintió molesto por la utilización liberalizadora de los medios que Fraga había hecho del asunto desde el Ministerio de Información en contra del Opus. Franco, que tuvo en cuenta todos estos datos, a fines de octubre ordenó un reajuste ministerial destituyendo a tres ministros del Opus Dei como castigo por el asunto Matesa, pero también se libró de Solís y de Fraga, como castigo por intentar capitalizar políticamente un incidente que había dañado el prestigio del Gobierno. Con todo, los tecnócratas del Opus Dei pudieron conservar sus posiciones en el nuevo Gobierno, donde las figuras dominantes siguieron siendo el almirante Carrero Blanco y Laureano López Rodó.

En cuanto a Carrero, aunque se hallaba estrechamente ligado al Opus Dei y se decía que había persuadido a Franco de que abandone la autarquía dejando probar suerte a los tecnócratas desarrollistas, en lo estrictamente político siguió encarnando la línea dura franquista de los años cuarenta, estrechamente identificado en eso con el propio Caudillo. El primer encargo político de Carrero tras la victoria en la guerra civil, había sido asistir en 1939 a la celebración en Roma del vigésimo aniversario de la fundación del Movimiento fascista italiano. 

El gobierno surgido de esta crisis política estuvo constituido por el poderoso grupo de ministros del Opus Dei, que incorporó a Gregorio López Bravo en Asuntos Exteriores, quien intentó hacer realidad las concesiones de Carrero Blanco a la “modernidad”. Su esquema de un franquismo sin Franco, se basó en la esperanza de que la prosperidad económica debilitara las presiones que respondían a la necesidad —derivada del mismo progreso económico— en el sentido de una liberalización política. En este plan a contramano de la historia, tampoco resultó sorprendente que el nuevo ministro-secretario del movimiento, Torcuato Fernández Miranda [8] , pusiese fin inmediatamente al proyecto liberalizador de Solís de asociaciones políticas, por temor a que dieran lugar a una verdadera proliferación de partidos con significación de masas, que pusiera en evidencia la creciente debilidad política relativa del Movimiento.

El 29 de junio de 1970, López Bravo había conseguido un acuerdo comercial preferencial con la CEE, aunque la plena integración siguiese dependiendo de una liberalización política que el régimen franquista era incapaz de llevar a cabo. La reforma educativa no fue capaz de superar el atraso relativo de la enseñanza superior respecto de las necesidades que la acumulación acelerada de la burguesía española estaba exigiendo: la creación de una universidad de masas destinada a proveer de técnicos, directores de empresa y funcionarios, que el aparato productivo, la circulación de riqueza y los servicios estaban demandando. Este retraso añadió un profundo descontento educativo al descontento político de los estudiantes. Por consiguiente, la agitación universitaria aumentó, al mismo tiempo que los conflictos laborales por aumentos salariales en el punto culminante del ciclo expansivo de los negocios a fines de la década de los sesenta.