El Puerto de Santa María, 15/02/2021
La anulación, a instancia de Ecologistas en Acción, por parte de la Junta de Gobierno Local del Proyecto de Urbanización del Rancho Linares, supone un varapalo a la política seguida por el equipo de gobierno del ayuntamiento, y es un paso decisivo para enterrar definitivamente este proyecto especulativo y salvaguardar este magnífico bosque.
El ayuntamiento ha anunciado este acuerdo de anulación en una larga y farragosa nota de prensa con la que han pretendido enmascarar el acuerdo adoptado, que ni se menciona. La Junta de Gobierno Local no ha aprobado requerir a la empresa promotora ningún trámite, lo que ha aprobado es “ASUNTOS DE URGENCIA. Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los/as señores/as asistentes, se acuerda anular la aprobación definitiva del proyecto de urbanización “Rancho Linares” y estimar recurso potestativo de Ecologistas en Acción.”
En el recurso presentado recientemente por Ecologista en Acción se destacaba, tal y como hemos venido reiterando, que la aprobación del Proyecto de Urbanización del Rancho Linares vulnera de forma absoluta todo el procedimiento preceptivo de evaluación de impacto ambiental (EIA). La obligación de someter los proyectos de urbanización al procedimiento de EIA está claramente explicitada tanto en la legislación urbanística como medioambiental. El equipo de Gobierno se la ha intentado saltar, aplicando la política de hechos consumados; pero ha fracasado.
En su nota de prensa, el equipo de gobierno vuelve a justificar la modificación del PGOU aprobada en 2011 para declarar el Rancho Linares suelo residencial y permitir la construcción de 1.260 viviendas. Esta modificación se aprobó sin haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que era obligatoria para todos los planes aprobados a partir del 21 de julio de 2006, según determina la Ley 9/2006 relativa a la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, que traspuso la Directiva 2001/42/CE. Esta es la razón por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el PGOU. Esta modificación del PGOU es manifiestamente nula, y no se entiende que se pretenda justificar y darle validez.
Y sigue sorprendiendo que, tras haber demostrado una ignorancia supina de los procedimientos de tramitación de planes y proyectos urbanísticos, el equipo de gobierno asegure que la evaluación de impacto ambiental, es un mero trámite administrativo que ya se está cumplimentando para poder “culminar el proyecto”. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que la evaluación ambiental de un plan o proyecto es un requisito obligatorio y vinculante para decidir sobre su viabilidad; si se prescinde, como es el caso, del trámite esencial de la EIA, la aprobación de un plan o proyecto habrá de considerarse nula de pleno derecho. Y así ha sucedido con multitud de planes y proyectos urbanísticos en los que -como en el PGOU o en el Rancho Linares-, los ayuntamientos han pretendido soslayar este procedimiento esencial.
Ahora la promotora y el ayuntamiento deberán comenzar desde el principio, sometiendo el proyecto a una auténtica EIA donde se debe demostrar la necesidad de esas 1.260 viviendas, analizar las alternativas de ubicación y que no provoca impactos ambientales. Muy difícil, por no decir imposible, será demostrar que esta ubicación es mejor que, por ejemplo, en La Florida, o que urbanizar el bosque con mayor biodiversidad del municipio no provoca impactos ambientales. Además, es obligatorio contar con la participación pública en la toma de decisiones. Nada de esto se ha hecho con este proyecto de urbanización, que ha pretendido ejecutarse por las bravas. Va a ser muy difícil que un procedimiento reglado de evaluación ambiental pueda avalar este proyecto urbanístico
Está claro que este proyecto está condenado al fracaso, y que mejor sería que el equipo de gobierno así lo reconociera –el Pleno ya se pronunció en contra de esta urbanización el pasado mes de diciembre-, para no hacer perder más el tiempo a los técnicos del ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, y evitar hacérnoslo perder también a los ciudadanos que hemos tenido que actuar para evitar este despropósito.
Ecologistas en Acción quiere agradecer a las entidades y a la multitud de ciudadanos y ciudadanas que han participado en las numerosas acciones en defensa de este bosque, y que son también protagonistas de este éxito que, sin duda, culminará cuando se proteja legalmente el Rancho Linares y se conjure definitivamente cualquier amenaza de urbanizarlo.
Por último, exigimos responsabilidades a los responsables de esta lamentable trama para urbanizar el Rancho Linares: a la concejala de Urbanismo que ha estado defendiendo reiteradamente la legalidad del proyecto de urbanización, y descalificando las advertencias de Ecologistas en Acción; al concejal del Área de Medio Ambiente, por su silencio y por aprobar un proyecto de alto impacto ambiental sin haberse sometido a EIA; al Jefe de Servicio de esta área, por informar favorablemente un proyecto sin EIA; y al alcalde, por mantener un silencio cómplice, como si el Rancho Linares no estuviera en El Puerto, pero aprobando todos los trámites ilegales para su urbanización.
