El Consejo de Transparencia de Andalucía ha comunicado a Ecologistas en Acción que ha remitido una Resolución al Ayuntamiento de El Puerto por la que le insta a que “en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, facilite a la asociación reclamante la información indicada”, en referencia al destino de las multas coercitivas por infracciones urbanísticas.
En 2015 Ecologistas en Acción reclamó al ayuntamiento información sobre el destino de lo recaudado por el cobro de sanciones por infracciones urbanísticas. Se nos contestó, más de un año después, que se desestimaba esta petición en base a que esa información no constaba como tal. Excusa sorprendente que el ayuntamiento no conozca el destino de las multas por infracciones urbanísticas.
Según determina el artículo 197 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el importe de las sanciones por infracciones urbanísticas tiene carácter finalista y deben incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo. No es por tanto sólo una medida coercitiva para hacer cumplir a los infractores las normas urbanísticas, sino también una forma de compensar a la ciudadanía el daño causado por estas construcciones en suelos no urbanizables. En concreto, la LOUA dispone que ese fondo debe destinarse a la adquisición de suelo y promoción de viviendas de protección oficial; a la conservación, mejora y ampliación del patrimonio público de suelo; a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas; así como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural.
Por tanto, el ayuntamiento dispone de un importante fondo destinado a construir y mejorar viviendas de protección y equipamientos, y a mantener, mejorar y crear nuevas zonas verdes. Nada de esto se ha hecho en las últimas décadas a pesar de contar con fondos que tienen ese destino.
En 2018 volvimos a solicitar esta información, sin resultado. En agosto del año pasado Ecologistas en Acción reiteró la solicitud del “Importe que el ayuntamiento ha recaudado con la imposición de multas coercitivas y sanciones urbanísticas en los 10 últimos ejercicios, así como adquisiciones realizadas con cargo a estos fondos para integración dentro del patrimonio público municipal del suelo.”
El Teniente de Alcalde de Innovación, Comunicación y Administración Electrónica del Ayuntamiento, Javier Bello, respondió con datos generales sobre las sanciones cobradas, pero negando la información sobre “las adquisiciones realizadas con cargo a esos fondos para su integración al Patrimonio Municipal del Suelo.” De la información recibida se deduce que el ayuntamiento ha ingresado en el periodo 2006-2019 un total de 2.677.518€, que los responsables municipales no saben, o quieren ocultar, en qué se ha invertido.
El Consejo de Transparencia de Andalucía destaca que “es innegable la relevancia pública de la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a las decisiones de gasto por parte de las Administraciones Públicas.” Exactamente lo contrario que hace el Ayuntamiento de El Puerto que es ocultar esa información sobre las inversiones de las multas coercitivas y sanciones urbanísticas.
Ante la excusa del Ayuntamiento de carecer de medios para elaborar esa información, el Consejo de Transparencia responde que “el ayuntamiento debe tener constancia de las adquisiciones de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública que se hayan incorporado al patrimonio público del suelo.”
Tras este varapalo del Consejo de Transparencia, esperamos que el ayuntamiento facilite en ese plazo de 15 días la información demandada sobre las adquisiciones realizadas con cargo a las sanciones y multas coercitivas por infracciones urbanísticas para su integración en el patrimonio público municipal del suelo. Esperemos también que el ayuntamiento publique en su portal de transparencia, de forma anual, toda la información sobre ingresos por sanciones y multas coercitivas y el destino de estos.