OPINIÓN

Por qué los ecologistas no ganaremos las elecciones
ALGUNAS PROPUESTAS PARA CAMBIAR NUESTRA FORMA DE VIDA

La estrategia española para el desarrollo sostenible, los seis meses de presidencia europea, las próximas citas de La Haya (Convenio sobre Diversidad Biológica) en abril y la de “Río+10” en Johanesburgo en septiembre, la reducción de emisiones alcanzada en Marraquech,... todo parece anunciarnos que España va bien en lo que se refiere a compromisos medioambientales.

¿Se corresponde esta imagen con la realidad del comportamiento ecológico de los españoles? Desgraciadamente no: ni la Administración ni los ciudadanos ejercen acciones respetuosas con el agua, el suelo, la atmósfera. Derrochamos energía por un tubo (crecimientos de más del 5% anual), sin percatarnos de las secuelas ambientales que este consumo desmedido acarrea. La movilidad sostenible no deja de ser una quimera inalcanzable frente a la hegemonía implacable del transporte motorizado y privado (tocamos ya a más de un coche por cada dos personas en España). No existen políticas de gestión y contención de la demanda de agua, cifrando el Plan Hidrológico Nacional todas sus expectativas en las grandes obras hidráulicas (trasvases y presas), marginando la Directiva Marco del Agua. El Plan Nacional de Saneamiento y depuración de las aguas residuales no ha logrado restituir el buen estado ecológico de nuestros ríos en los cursos medios y bajos. La Prevención y el Control Integrados de la Contaminación (IPPC), al menos en el proyecto de ley de noviembre pasado, se fije más en reducir o gestionar la contaminación generada por la actividad industrial que en prevenirla o evitarla. La producción limpia, es decir, la que incide en el consumo de agua, materiales y energía, reduciendo de esta forma los contaminantes, no es el funcionamiento habitual de las instalaciones industriales. No existe una estrategia para hacer frente al cambio climático y las emisiones de CO2 suben y suben (un 30% por encima del compromiso del Protocolo de Kioto para España). La inseguridad alimentaria, crisis de las vacas locas, importaciones de maíz y soja transgénicos, presencia de dioxinas en agua y alimentos, ofrecen un panorama poco halagüeño para el consumidor responsable.

Lo que continuamente advertimos es a la diferencia creciente que hay entre las proclamaciones retóricas y las actuaciones prácticas; en la política ambiental española necesitamos compromisos vinculantes, objetivos alcanzables y plazos concretos para desarrollarlos. De lo contrario, deberíamos cambiar la denominación de desarrollo sostenible por la de desarrollo SOStemible: una política ecológicamente insostenible, socialmente injusta y económicamente ineficiente, que hemos venido en llamar neoliberal. El desarrollo económico, el progreso social y la protección medioambiental, tendrían que ser los tres elementos clave del desarrollo sostenible.

Ya en marzo del año pasado, la Comisión Europea reconocía seis tendencias importantes que representan una amenaza al desarrollo sostenible en la Unión Europea:

·El cambio climático
·Los peligros para la salud pública
·La explotación creciente de algunos recursos naturales esenciales
·La pobreza y la marginación social
·El envejecimiento de la población
·La congestión y la contaminación.

Pero en este breve repaso a los problemas ambientales que seguimos arrastrando, no todas las responsabilidades están del lado de los gobiernos y administraciones. Los ciudadanos también son partícipes (cómplices) muchas veces en la degradación ambiental. La sumisión al coche privado, el consumismo desaforado, el derroche energético, la generación de basuras y ruidos, el riego incontrolado de jardines, el sometimiento a la publicidad, las compras innecesarias,... son requerimientos y pautas de conducta ampliamente compartidos, que repercuten muy negativamente en el medio ambiente y que disuaden habitualmente a los políticos para adoptar medidas “impopulares”, como serían:

· Incrementar los impuestos sobre carburantes y destinarlos a promover las energías limpias
· Prohibir el coche privado en los cascos urbanos históricos y limitar drásticamente su circulación en la ciudad
· Implantar la separación domiciliaria de las basuras de forma generalizada, obligando a la recuperación de la fracción orgánica y limitando los productos tóxicos
· Moratoria a las grandes superficies comerciales y grandes centros de ocio
· Gravamen sobre vehículos todoterreno y de gran cilindrada
· Obligar a las nuevas edificaciones e a instalaciones solares y ala red separativa de aguas grises y negras
· Prohibir el PVC, los productos sobreempaquetados y todos aquellos que representen una amenaza para la salud de las personas
· Implantar tasas ecológicas en aquellas zonas turísticas con problemas de saturación en la oferta o con alto grado de vulnerabilidad
· Limitar la ocupación de suelo por segundas (y terceras) residencias, poniendo fin a la especulación urbanística y ofertando suelo público de precio asequible
· Imponer compromisos de reducción de emisiones de CO2, de disminución en el consumo eléctrico, de ahorro de agua en los hogares y de menor generación de residuos sólidos urbanos

¿Existen políticos con el suficiente arrojo como para proponer estas medidas a sus electores? ¿Están dispuestos los ciudadanos a reclamar de la Administración la implantación de estas medidas?
El lector tiene la respuesta.

Daniel López Marijuán
(Ecologistas en Acción)