De los cuatro procesados, dos son asambleístas permanentes, en tanto que los otros son un artesano y una abogada, que fueron a solidarizarse junto igual que muchos otros compañeros ante el primer allanamiento.

El abogado Gerardo Etcheverry, de CORREPI y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, recusó esta semana a los camaristas por prejuzgamiento. Los magistrados de alzada ratificaron una resolución del juez de primera instancia Raúl García, quien había ordenado el desalojo de la asamblea y los procesamientos por el delito de usurpación

Y así mientras esperaban ser reempadronados comenzaron a ser gaseados al principio y después baleados. Hubo varios heridos de arma de fuego. Afortunadamente ninguno fatal. Lo realmente llamativo es que no han sido manifestantes aislados sino algunos reconocidos militantes populares como Oscar Peralta de Patria Libre y Aldo Velásquez del MTD y del PTS, que fueron debidamente apuntados.

Sobich no es un gobernador más. Es el único que no es del PJ ni del remante UCR. Es un representante convincente de la derecha, ligado a las empresas exportadoras de petroleo y un claro exponente de la política de represión a la protesta piquetera.

Sobich aspira a encabezar un polo de derecha incluso frente al alicaido Lopez Murphy. La semana pasada, se reunió para semejante entente con el hijo de Bussi y con Patti. Y esta semana ordenó la represión sobre los piqueteros. Como una siniestra puesta en escena de lo que "hay que hacer" con los piqueteros.

Para ello contó con su particular policía y sus particulares fiscales, que cuando las víctimas fueron a denunciar la represión no les quisieron tomar la denuncia. Con lo que no cuenta Sobich es con su pueblo -uno de los más combativos del país- que inmediatamente le salió al cruce y se movilizó en repudio de su accionar.

LA POLICIA DE SOBICH
La Policía de Neuquén es probablemente la más cercana al modelo policial que nos ofrecen desde ciertos espacios "progresistas". Han cerrado la escuela de suboficiales y agentes y todos los que ingresan lo hacen como oficiales, disminuyendo la pirámide jerárquica y acercándose un poco más al modelo anglosajón (como anuncia el actual Jefe de la PFA).

Sus principales jefes han viajado a España (seguramente para aprender de las políticas represivas de Aznar cuando de apalear manifestaciones se trata o de torturar a los luchadores vascos) para cursar diversas materias universitarias, en especial vinculadas a la concepción de policía comunitaria (otro contacto con el Jefe federico) y a la defensa de los DDHH.

Sus discursos en paneles o mesas-redondas son más democráticos y garantistas que los de muchos abogados. Comparada con la Bonaerense o aún con la Federal, parece una policía democrática. ¿Al servicio de quién?

Esta semana, todos vimos a quién y para qué sirve la Policía de Neuquén. Sería bueno que esa experiencia ayudara a que no nos encajen nuevos espejitos de colores.

Pero no sólo allí se pueden encontrar los monstruos. También los hay en la legislatura porteña y en la defensoría del pueblo. Dos semanas antes de terminar su mandato, los diputados porteños consagraron a tres de sus pares para cubrir los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; un cuarto lugar fue para la esposa de un legislador y el quinto para uno de los defensores que acaban de terminar su gestión.

La justicialista Alicia Pierini será la nueva ombusman porteña. Tal vez la más cuestionada de las candidatas, que fue impugnada por los Familiares de Víctimas de la Represión y por la CORREPI (única organización de DDHH que se le atrevió a la ex secretaria de DDHH del indulto).

La elección fue el fruto de un espurio pacto entre el ibarrismo, el Partido Justicialista (en todas sus vertientes, kirchneristas, menemistas, duhaldistas, etc.), el macrismo y los radicales. Pierini necesitaba 40 votos para la elección, sobre un total de 60, y consiguió 43. Sólo cinco diputados votaron en contra: cuestionaron el acuerdo por su “falta de decoro” y lo calificaron como un “escándalo moral y ético”, “un procedimiento digno de la vieja política”. Ninguno de los diputados que apoyó el acuerdo rebatió esos cuestionamientos.

La publicación de este pacto sucio había atrasado este negociado. Pero como "esto es así" y como cambio por el apoyo kirchnerista al "progre" Aníbal, Pierini fue ungida como Defensora del Pueblo (?).

Dada la cantidad de votos requeridos, el acuerdo debió incluir al macrismo y la UCR. Por eso, el curro cerró con las designaciones de los adjuntos: el diputado macrista Atilio Alimena (ex Partido Demócrata) y su par radical Claudia Serio; los socialista propusieron a Graciela Muñiz, esposa del diputado Raúl Puy y; el quinto lugar quedó para Gustavo Lesbegueris. Este ùltimo, al menos, trabajó durante cinco años como adjunto y colaboró en casos de violencia policial. Si bien viene en representación del ARI y de los radicales independientes, es el único que no resulta repudiable.

Lo interesante fue cómo se nominó a Pierini en la sesión: Fue el actual macrista, Santiago de Estrada, quien propuso su canditura. Como dijo el diputado Abel Latendorf, del monobloque Piquete Socialista: “No es casual que un ex funcionario de la dictadura proponga a una ex funcionaria del menemismo”.

La CORREPI entiende que la designación de Pierini, funcionaria del menemismo, la que avaló los indultos, que perteneció al mismo ministerio del interior que pagó los honorarios del abogado del asesino de Walter Bulacio, que manifestó que durante su gestión como secretaria de DDHH "no hubo casos de gatillo fácil", etc. (ver boletin nº 234, donde transcribimos nuestra impugnación a su candidatura) es una burla a la defensa de los derechos del pueblo porteño.

La periodista Rosa María Mateo será la encargada de presentar el evento, que tendrá lugar en la Sala de Columnas del Congreso, y en el que intervendrán portavoces de todos los partidos promotores y representantes de las 20 asociaciones que hasta ahora han confirmado su asistencia. Todos los homenajeados recibirán un diploma de reconocimiento a su lucha por la libertad, realizarán una visita al hemiciclo y se harán una foto en la Puerta de los Leones.

El objetivo es honrar la memoria de las personas que fueron obligadas a exiliarse, entre ellos a los 'niños de la guerra', de las guerrillas de 'maquis' que optaron por quedarse en España refugiados en las montañas, de todos aquellos que fueron torturados o encarcelados por motivos políticos durante el régimen franquista y a de los familiares de los fusilados republicanos que quieren exhumar sus cadáveres de las fosas comunes para darles un entierro digno.

Entre las asociaciones que ya han confirmado su asistencia figuran las de Ex-presos y represaliados, Enrique Líster, Descendientes del Exilio Español, la Unión de Ex Combatientes, AFAR II República, el Foro por la Memoria y las fundaciones Ramón Rubial y Domingo Malagón.

Los promotores –Izquierda Unida, PSOE, CIU, PNV, CC, BNG, PA, ERC, IC-V, EA y la CHA-- enmarcan el acto en las celebraciones por el vigésimo aniversario de la Constitución y lo organizan en virtud de la proposición no de ley aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 2002 en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que se hacía un "reconocimiento moral" a "todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde de la dictadura franquista".

Grave error del PP

En cualquier caso, el homenaje no tendrá carácter institucional puesto que el PP ha preferido desvincularse recalcando que volver al pasado no aporta nada positivo y acusando a sus promotores de buscar "réditos políticos" removiendo una parte "conflictiva y triste" de la Historia de España.

Felipe Alcaraz, por Izquierda Unida, subrayó que las víctimas del franquismo no pueden ser tratadas "como forajidos" o aplicárseles una "ley de extranjería histórica" porque "supieron convertir la memoria en reconcialiación". Por ello reprochó a los 'populares' que no quieran "codearse" con la gente que "desde la legitimidad defendió la República" ni asumir que la Constitución "es de todos".

En la misma línea, la diputada del PNV Margarita Uría señaló que la celebración del 25 aniversario de la Carta Magna "habría quedado coja" sin ese homenaje a "las personas que defendieron el régimen constitucional roto por el alzamiento militar de 1936 y que son los cimientos de la democracia"

La diputada de Coalición Canaria Carmen Monzón, por su parte, mostró su deseo de que el acto sirva para hacer ver a las nuevas generaciones la "importancia" de la democracia, mientras que desde el BNG Francisco Rodríguez destacó la necesidad de "asumir la Historia" y de perder el "miedo al pasado"

Por último, José Antonio Labordeta (CHA), en nombre de todos los portavoces del Grupo Mixto, señaló que tras 40 años de homenajes a los "caídos por Dios y por España" es menester reconocer la lucha de los "caídos por la República". Para explicar esta necesidad leyó el epitafio escrito en el monumento erigido en honor de los 1.907 fusilados en Teruel: "Si nos olvidáis será cuando realmente moriremos".

'Por la libertad de expresión, no a una nueva ley mordaza', es el título de
una carta dirigida al presidente de la Nación Néstor Kirchner, que publicada
como solicitada, firman federaciones, asociaciones, uniones, sindicatos,
círculos, cámaras y organizaciones ligadas a la comunicación, junto con
organizaciones sociales, medios comunitarios audiovisuales y gráfico,
periodistas y dirigentes sociales.

El documento enfatiza que 'el Senado de la Nación, con el aval de la
intervención del Comfer, se intenta aprobar la penalización, con hasta dos
años de prisión, de los emisores 'no autorizados'. Muchos de ellos han sido
condenados a una situación irregular por la propia inacción del Estado o por
la continuidad de una legislación que la propia Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha calificado como 'anticonstitucional'. Sostiene que 'una
Argentina democrática, sin exclusiones ni prebendas, requiere de una ley de
radiodifusión de la democracia y no penalizaciones a los que no cumplen la
ley de la dictadura'. Advierte que 'este proyecto (Exte. 117/01) viola las
previsiones del Art.13, inc. 3º; del Pacto de San José de Costa Rica'.

'Hoy las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro no pueden
acceder a licencias. El denominado proceso de normalización de FM sigue
postergado. Está en juego el derecho a la comunicación y el ejercicio de una
actividad lícita que puede contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura,
el crecimiento económico y la generación de empleo', agrega la carta. La
solicitada está firmada por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA),
el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Federación de
Trabajadores de la Comunicación (Fetracom), la Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires (Utpba) y la Cámara Argentina de Cooperativas,
Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (Carco).

La Fetracom está integrada por las principales organizaciones de prensa de
la Argentina entre las que se encuentran la Utpba, el Círculos Sindical de
la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), el Sindicato de Prensa de
Rosario (SPR), la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), junto con redes,
círculos, foros y asociaciones. También suscriben la carta Abuelas de Plaza
de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Servicio de Paz y Justicia, Madres de
Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Biblioteca Autónoma de Periodistas (BAP),
Escuela Terciaria de Educación Radiofónica (Eter), Red Nacional de la
Comunicación, FM Alas de El Bolsón, La Ranchada de Córdoba y Radio Encuentro
de Viedma, entre otras organizaciones, medios audiovisuales y gráficos
comunitarios, periodistas y dirigentes sociales.

(UTPBA-ARGENPRESS)

30 DE NOVIEMBRE DE 2003 - COMCOSUR / MONTEVIDEO