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El "estado del alma" en pena  
 
El poeta argentino acusó, ante los periodistas argentinos, al presidente Batlle de encubrir al asesino de su nuera; dijo que Batlle "conoce el nombre del asesino"
  ..para que reconsidere la decisión de su Gobierno, nuestro Gobierno Nacional, de denunciar a los ciudadanos desocupados y “piqueteros” que el miércoles 22 del corriente mes procedieron a... por: Hugo A. de Pedro   Lo que pasa ahora en Palestina no puede ser justificado por ninguna conducta moral. Seguro que podría ser un crimen contra la humanidad, el reducir la mayoría árabe hasta el límite que Palestina sea un hogar parcial o...  
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De lo que nadie habla de lo que poco dicen...

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Fueron, son y seguirán siendo criminales
  "A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal"

Carta Abierta a la Junta Militar 24 de marzo de 1977 - Rodolfo Walsh

por Jorge Fernando Daffra y Hugo Alberto de Pedro

El diputado nacional Ricardo Argentino Bussi es el hijo del genocida -hoy preso por violación a los Derechos Humanos a la espera de ser extraditado a España para ser juzgado por el Juez Baltasar Garzón- y elegido intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el general Antonio Domingo Bussi.

En la sesión de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación realizó la apología del terrorismo de estado y se tomó el atrevimiento de atacar a quienes en las inmediación del Congreso Nacional apoyaban a los legisladores que propiciaban la anulación de las Leyes del Olvido (Punto Final y Obediencia Debida) por insanablemente nulas, así como también la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra.

Éste abogado nacido en mayo de 1963 con sus estudios superiores realizados en la Universidad de Belgrano y habiendo cursado hasta tercer año de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires también nos viene a decir que “No tengo ninguna, ninguna, responsabilidad de lo que sucedió en la década del 70. Yo jugaba a los autitos y pasaba mi tiempo jugando a la pelota. Nada que ver con aquellas instancias”. Esa normal forma de pasar la niñez, la adolescencia y juventud no pudo ser gozada por miles niños víctimas directas del genocidio militar.

El mismo, el diputado, se encarga de afirmarlo así “En algunas jurisdicciones, y esto hay que decirlo, el país llegó a implantar un verdadero terrorismo de Estado asociado con episodios de delincuencia común. Claro, me toca aclarar que este no es el caso de Tucumán”. Por supuesto que miente como indudablemente fue educado para hacerlo. En esa provincia hubo 7 Centros Clandestinos de Detención comprobados por la CONADEP (Comisión por la Desaparición de Personas): Escuelita de Famaillá, Jefatura Policía de la Provincia, Ex Ingenio Lules, Ingenio La Fronterita, Escuela República del Perú, Departamento de Educación Física UTN de Tucumán y la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga. El informe de esa comisión es terminante al afirmar: “A la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la “institución” Centro Clandestino de Detención, como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina”. Fueron por lo menos 656 las personas identificadas como desaparecidas en Tucumán, aunque para el padre del diputado “No se puede desconocer la Operación Independencia, que es el único éxito de las armas en la Argentina en el siglo que finaliza” según su manifestación realizada en el año 1999.

Cuando afirma: “... como hay una muestra clara de lo que es el fascismo en la Argentina, que no solamente está del lado de la derecha, sino también de la izquierda...” vuelve a mentir porque los desaparecidos fueron detenidos de la siguiente forma: 62% en su domicilio ante testigos, 25% en la vía pública, 7% en los lugares de trabajo y un 6% en los lugares de estudio. Tres de cada diez desapariciones fueron realizadas de noche. El 30% eran obreros, 21% estudiantes, 18% empleados, 11% profesionales, 6% docentes, 4% amas de casa, entre otros. El 3% eran mujeres embarazadas siendo un 30% las mujeres desaparecidas. El 90% de los desaparecidos no habían cumplido 40 años.


Bussi (hijo) fue asesor de bloque del Pacto Autonomista Liberal de Corrientes (1984/87 y 1991), de Bandera Blanca (1987), Fuerza Republicana (1988/91 y 1993/95) y de un senador santiagueño (1992); además de ser secretario privado de su padre en 1995 mientras era gobernador de la provincia de Tucumán. Es decir, su medio de vida fue la democracia que su padre se encargó de quebrar por más de 7 años a fuerza de pólvora.

Cuando ataca e insulta a los que hoy deben intentar subsistir con un plan de ayuda se hace detestable escucharlo decir “Hay toda una comunidad que no es ésta que está en la plaza, que son seguramente la mayoría de ellos beneficiarios de planes Trabajar que pagamos todos los argentinos para que vengan a gritar acá a la plaza”. Su incorporación desde hace 16 años al ámbito legislativo no sirvió para ayudarlo a corregir su miserable educación fascista y por ello no puede respetar a todos los ciudadanos que no piensan como él.

Aún demuestra en sus dichos que detesta a la misma institución al decir: “No voy a cometer la imprudencia de hacerlo aquí, porque se del ambiente en el que me muevo” refiriéndose a la Cámara de Diputados. Pero es ese ámbito el que hoy le permite obtener ingresos por más de 6.200 pesos y en el cual permanece atornillado en los últimos 16 años.

El diputado Bussi dijo durante la sesión en una demostración de intolerancia y falta de respeto a la memoria de tantos muertos lo siguiente: “Hay que terminar con estas cuestiones, no sirve de nada. Nadie le va a devolver los muertos a la señora de Carlotto y nadie le va a devolver los muertos a la señora de Berdina. Yo quiero decirles que es tiempo de terminar con estas cuestiones, que no sirve de nada este debate estéril”. Hay que ser demasiado perverso y fascista para hacer una declaración de éste tenor en el Congreso Nacional, pero también han demostrado ser muy poco demócratas todos los diputados presentes que no exigieron que se retire del recinto en ese mismo momento y no solamente expresar una moción de privilegio. Porque la Argentina ya está demasiado llena de privilegios y de sinvergüenzas como el legislador tucumano. Con la memoria de nuestros desaparecidos nadie puede hacer juegos de palabras y menos aún de sentimientos. Sencillamente porque estamos aquí nosotros para no permitirlo.

¡Y en esto hay que ser irreductibles señores diputados nacionales! Ustedes deben hacer algo con éste par de ustedes.

Que importante es la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidente es Estela Carlotto, porque con su trabajo de años han permitido que muchos hijos conozcan su pasado y fundamentalmente su verdadero origen. De no haber existido las Leyes del Olvido sin dudas también se hubiera permitido haber conocido toda la verdad de los negros años dictatoriales y quizás muchos niños arrancados de sus hogares familiares no hubieran tenido una educación de corte fascista como la del diputado si hubieran sido reintegrado a sus familias de sangre.

Son estos los momentos en que debemos dejar salir nuestros más íntimos pensamientos y decir con todas las letras que fueron, son y seguirán siendo unos “Hijos de Puta” estos personajes nefastos y criminales.

Por personajes funestos como el diputado Ricardo Bussi es que debemos exigir que la justicia, tanto argentina como internacional de ser necesario, actúe rápidamente y haga caer todo el peso legal sobre todas y cada una de las violaciones a los Derechos Humanos por los crímenes de lesa humanidad realizados, por el terrorismo de estado, por las torturas realizadas, por la apropiación de niños, por la desaparición de una generación de obreros y trabajadores, estudiantes, amas de casa, profesionales, docentes, periodistas, religiosos, etc.

No aceptamos que personas como Bussi nos pida “Tenemos que empezar entre todos y de una vez, y para siempre a hermanarnos, a sincerarnos, a perdonarnos”. Nosotros no podríamos ser hermanos y jamás perdonar a los que torturaron, mataron y desaparecieron a nuestros familiares, amigos, compañeros de estudios y compañeros en general.


Si algo tuvo de provecho la espera es que podamos 20 años después reactivar la memoria, que hoy en pleno siglo 21 estemos hablando de lo que sufrimos hace 28 años atrás. Que tomen conciencia nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones de lo que se padeció por canallas como Bussi ya sea el padre, en el ayer, y su engendro, el hijo que hoy disfrazado de demócrata se comporta de la forma más salvaje y deleznable. El ejemplo Bussi, es emblemático, de lo que no debemos repetir. Ese general genocida, este hijo que aprovechándose de la falta de toma de conciencia de su pueblo se filtra en las instituciones libres del mismo. Deben ser éstas las que mediante sus mecanismos corrijan lo que el electorado no tomó en cuenta y expulsen de su seno a estos miserables que deberían estar presos o al menos sin la posibilidad de disfrutar de la honorabilidad que debiera tener el acceder a un cargo público.

Tan cerca de la elección de Capital, los porteños deberán tener la más sensata de las elecciones para que con Mauricio Macri no se repita el fatal “error Bussi” de un pueblo, el de Tucumán, y que nos dejara padeciendo a todos los argentinos. La democracia debe ser para las personas que la respetan y honran. Los cargos los deben obtener ciudadanos que no usufructúen de él, que nos demuestren que la elección ha sido la acertada, que no se vuelvan contra el pueblo como desgraciadamente ha sucedido en los últimos tiempos.

Solo seguiremos exigiendo Justicia y Castigo y denunciándolos como nos enseñara Rodolfo Walsh que un día después de haber publicado la carta mencionada en el epígrafe fuera asesinado., como también su hija, Patricia Walsh, que con su perseverancia y luchas de años logro llevar adelante la anulación de estas abominables Leyes del Olvido y que permitirán actuar a la justicia de los hombres.

Cuando eso se produzca nuestros compañeros desaparecidos estarán, si es posible más todavía, junto a nosotros y nuestros corazones.


13 de agosto del 2003

 
Ahora vamos al Senado
 
El miércoles próximo se realizará una radio abierta y una marcha cuando el Senado trate los proyectos de Anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
(Analia Rodríguez - Red Eco) Buenos Aires - La media sanción al Proyecto de ley de Anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y a la adhesión argentina –firmada el lunes por el Gobierno– a la de la ONU, sólo fue el primer paso para terminar con una extensa historia de impunidad. Por esa razón las organizaciones que convocaron el martes pasado a la Plaza de los Dos Congresos se reunieron ayer para resolver qué se hará la próxima semana cuando dichos proyectos deban ser discutidos en el Senado.

Se informó primero que las organizaciones y particulares que deseen enviar correos electrónicos a la Cámara de Senadores para reclamar la aprobación de las leyes pueden hacerlo de la misma manera en que se procedió con los Diputados. En este caso, la dirección a la que deben ser enviados es senadores@senado.gov.ar Desde esta casilla los correos son direccionados a la dirección de cada uno de los Senadores.

A su vez, las organizaciones decidieron pedir entrevistas con carácter de urgente a los jefes de bloque del PJ y de la UCR y a la Senadora Cristina Kirchner.

El tratamiento en el Senado de estas leyes es el miércoles 20, si bien es posible que los senadores decidan posponer el tratamiento una semana, los convocantes resolvieron realizar una manifestación ese día aunque se anuncie la postergación. A las 15 hs. del miércoles se realizará una radio abierta y a las 18 hs. se iniciará una marchar alrededor del Congreso Nacional hasta que se aprueben las leyes. La consigna será:

“Ahora Vamos por el Senado

Por Una Argentina Sin Impunidad

Nulidad Efectiva de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida e Indultos

Cárcel a los Genocidas.”

Por otro lado, para terminar de organizar lo que se hará ese miércoles, se realizará una reunión el martes 19 a las 18.30 en Chacabuco 955.


 
Un solo mundo muchas voces
  (ANC-Utpba) Córdoba- Un fallo de la justicia federal de Río Cuarto aceptó, el pasado 14 de agosto, la acción de amparo presentada por los pobladores de las localidades rurales de Mattaldi y Nicolás Bruzzone para que continúen funcionando las señales de un circuito cerrado de televisión codificado, al que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) había declarado clandestino y ordenado su decomiso, en octubre de 2002.

El juez federal Luis Martínez aceptó el pedido para que continúen funcionando los canales en la banda UHF de Mattaldi Cable Color, una empresa surgida de la Cooperativa de Electricidad y Servicios de esa localidad cordobesa, y recalcó la necesidad de que "se garanticen los derechos humanos a la información, comunicación, libertad de expresión, de recreación y patrimonio cultural de la zona" donde habitan alrededor de 440 personas.

Según expresó en un comunicado de prensa, Miguel Rodríguez Villafañe, autor de la demanda de los vecinos de Mattaldi, “este es el primer fallo de la historia, avalado por la justicia, en donde los televidentes, se manifestaron en la preservación de un medio. Los vecinos interpretaron a los medios como un importante actor social. El día de mañana, los vecinos podrán manifestarse en defensa de otros medios o en defensa de otros derechos. El resultado positivo de esto nos beneficia a todos”.

Tal como informó la Agencia Nacional de Comunicación (ANC) días atrás, el magistrado declaró nula la resolución del Comfer y ordenó a ese organismo que proceda a resolver el pedido de la señal de TV. A su vez dispuso que la prestadora del servicio realice "todos los actos, diligencias y gestiones necesarias que le fueran requeridas a los fines de la conclusión del trámite administrativo de ampliación de la licencia televisiva en la banda UHF".

El amparo presentado por los vecinos, con el patrocinio del abogado Miguel Rodríguez Villafañe hizo hincapié en que la suspensión del servicio violaba el derecho humano a la información y la comunicación, dado que no existen otras opciones de acceder a la TV local, regional o provincial.

El fallo del juez sostuvo que la declaración de interés público, a la que hace referencia la Ley de Radiodifusión, debe interpretarse en forma armónica con las disposiciones de nuestra Constitución Nacional que garantiza a todos los ciudadanos un libre acceso a la información y remarcó que la facultad que tiene el Estado Nacional para el otorgamiento de permisos ó licencias para usufructuar frecuencias de UHF no puede ejercerse en forma arbitraria y restrictiva, ya que ello implica una encubierta violación del derecho de libertad de prensa o acceso a la información.

“Entre tanto monopolio debemos luchar por más pluralismo. De esta manera, se fortalece la democracia, el derecho a la información y el derecho a expresarse. De no ser garantizados estos derechos, seremos súbditos y no ciudadanos”, aseveró Villafañe.

 
Informe CELS
  En una reunión organizada por la Comisión de Ejecución de la Pena de la Facultad de Derecho de la UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representantes de ONGs, legisladores, defensores oficiales, docentes universitarios, jueces, fiscales, asesores del Poder Ejecutivo provincial y abogados analizaron estrategias de acción concretas sobre dos problemáticas penitenciarias centrales: la violencia, especialmente institucional, y la sobrepoblación.

“Si bien con la salida de Carlos Ruckauf de la gobernación de la provincia de Buenos Aires no se siguieron tomando medidas activas para que el hacinamiento en las cárceles y comisarías empeorara, el problema subsiste en los mismos niveles. Sigue siendo imprescindible plantear políticas públicas activas que no sólo planifiquen la construcción de más cárceles sino que fortalezcan el rol de control del Poder Judicial y que el Poder Legislativo dicte normas que respeten la Constitución Nacional”, afirmó Gustavo Palmieri, director del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS, luego de la reunión que se realizó en la ciudad de La Plata.

En la provincia de Buenos Aires el problema de la sobrepoblación se ha agravado progresivamente hasta alcanzar, en la actualidad, niveles alarmantes: en 2001 la cantidad de personas alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario y de la Policía provincial era 22.075, cifra que ascendió a 24.249 en 2002, sobre un total de sólo 16.060 plazas disponibles. A ello deben sumarse las deficiencias sanitarias y de alimentación, y la falta de espacio para actividades recreativas, laborales y educativas. Este dato revela por si sólo la violación de la garantía de los reclusos de recibir un trato digno y condiciones carcelarias adecuadas.

Este contexto, de hacinamiento genera altos niveles de conflictividad entre los internos, que se ve incrementada por la violencia institucional a la que son sometidos sistemáticamente. Entre marzo de 2000 y setiembre de 2002 se registraron 1.515 casos de tortura en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Entre las modalidades más comunes cuentan los maltratos de todo tipo (golpes, patadas, bastonazos y culatazos, y quemaduras de cigarrillos), y el uso de picana eléctrica y “submarino seco”.

Las condiciones inhumanas de detención, las torturas y la violencia institucional en cárceles y otras dependencias no pueden ser toleradas por la sociedad ni por el Estado. Antes bien, deben ser enfrentadas, no con políticas erráticas y desarticuladas, sino un análisis integral del problema en sus múltiples aspectos y con estrategias que sobre esa base articulen soluciones de corto, mediano y largo plazo. La violencia y las condiciones infrahumanas de detención no pueden ser toleradas en este ámbito ni en otros con argumentos como la necesidad de reprimir del delito, la escasez de presupuesto o la mayor violencia desplegada por las personas acusadas de cometer ilícitos.

La solución a estos problemas es responsabilidad de los tres poderes del Estado. Sus causales principales son la deficiente formación del personal a cargo del control carcelario, la falta de fijación legislativa de estándares mínimos que garanticen condiciones dignas de encierro, la insuficiencia de mecanismos eficaces de acceso a la justicia, la deficiente información acerca de los derechos y falta de una adecuada respuesta judicial a los diversos planteos y denuncias intentadas. El Poder Judicial tiene una responsabilidad central en el aporte de soluciones que apunten a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.

 
Guerra del gas
  (Prensa Latina) Bolivia- La demanda social de una consulta popular sobre el proyecto de exportar gas a Norteamérica vía Chile se sumó hoy a presiones transnacionales para apurar el negocio, rechazadas por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Una Cumbre Social, que congregó a cientos de organizaciones populares de todo el país, incluyó entre sus conclusiones de cambios políticos y económicos, la exigencia de un referéndum sobre la venta del gas y sobre su posible ruta.
El vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, advirtió al Gobierno que "se puede desatar una convulsión social" si el tema no se somete a una consulta de ese tipo que permita a la ciudadanía decidir sobre el destino de uno de los últimos recursos naturales de Bolivia.
Previamente, el principal líder de la oposición, Evo Morales, anunció para el 5 de septiembre una reunión de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), con dirigentes de organizaciones populares, para definir la estrategia de lo que llamó guerra del gas.
Morales consideró así una campaña de divulgación técnica y movilizaciones contra el proyecto transnacional y para revertir la millonaria campaña propagandística gubernamental y de las empresas interesadas, para persuadir a la ciudadanía en favor de la salida del gas por las costas de Chile.
Por su parte, Sánchez de Lozada reiteró que el Gobierno tiene previsto realizar una consulta con instituciones y organizaciones regionales y anteriormente desestimó el referéndum y dejó en claro que la decisión la tomará su administración, antes de fin de año.
José María Moreno, integrante del bloque de transnacionales explotadoras del gas natural boliviano, intensificó la presión al insistir en que el recurso debe salir por las costas de Chile, porque "no hay negocio" por las costas peruanas, opción que favorece a la mayoría de la población.
El ministro de la Presidencia, José Justiniano dio una nueva señal de anuencia gubernamental al señalar que "tenemos que ir por la vía que permita el mayor ingreso posible neto para el país".
 
Amenazas a otro periodista
  Berazategui, 14 de agosto (ANC-Utpba).- La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) expresó su máximo repudio a las amenazas telefónicas recibidas el pasado sábado 9 por el periodista Ulises Caballero, director del periódico Articulo 14 e integrante del programa Radio Rebelde, que se emite por FM La Porteña de Berazategui.
Caballero, quien en agosto del 2000 sufrió agresiones físicas en el Consejo Deliberante de Quilmes, expresó que no conoce el motivos de las intimidaciones y que realizó la denuncia correspondiente en el juzgado de Quilmes (ANC-Utpba).
 

 

 
DLa Tapa - Información Alternativa dlatapa@yahoo.com.ar / dlatapa_mail@yahoo.com.ar
Buenos Aires 14.07.2003
 
 
Título a
último procesal de cada uno de los requeridos por el Juez Garzón
 
Título b
último procesal de cada uno de los requeridos por el Juez Garzón
 
Título c
último procesal de cada uno de los requeridos por el Juez Garzón
 
Título d
último procesal de cada uno de los requeridos por el Juez Garzón
 
 
Título e
epi
Se le solicitó al Juez un detalle de la situación procesal de cada uno de los requeridos por el Juez Garzón y por último se fundamentó, jurídica y políticamente