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Mientras la política del gobierno de unidad nacional Likud-Laborista de Israel mantiene la solución militar de la Intifada, incidiendo en las prácticas exacerbadas de demolición de viviendas palestinas en Gaza y Cisjordania y provocando un nuevo éxodo de refugiados palestinos, el gabinete de Sharon aprueba nuevas ayudas económicas para el alojamiento de nuevos inmigrantes judíos procedentes de Argentina, Sudáfrica y Francia. 50.000 judíos emigrarán a Israel en 2002 Nota informativa del CSCA. CSCAweb, 11-01-2002 Tras un año y cuatro meses de Intifada, el gobierno de Israel ha intensificado la política planificada desde el inicio de la ocupación de los territorios palestinos (1967) de desalojar el territorio aplicando medidas expeditivas como la demolición de viviendas palestinas y la confiscación de tierras. Desde septiembre de 2000, cuando estalló la segunda Intifada, esta medida ha sido exacerbada hasta el punto de que más de 3.750 viviendas palestinas han sido bombardeadas y destruidas en su totalidad por el ejército israelí. A esta cifra hay que unir al menos otras 809 viviendas demolidas. La demolición de viviendas palestinas por parte de Israel está asociada a la práctica posterior de confiscación de la tierra en la que se levantaban. De ese modo, desde el comienzo de la Intifada, al menos 3.669.000 metros cuadrados de tierras palestinas han sido confiscadas en los TTOO por Israel. En estas tierras, el ejército israelí ha arrancado asimismo más de 112.900 olivos. El hecho de que desde 1967, Israel haya confiscado casi 750.000 acres de tierra de los 1.5 millones de acres que integran Cisjordania y la Franja de Gaza, así como la intensificación de esta práctica en el último año, pone de manifiesto la permanencia de los objetivos de modificación territorial diseñados por Israel desde el inicio de la ocupación. Igualmente, desde 1967, casi 200.000 olivos han sido arrancados por las fuerzas israelíes de la tierra palestina y más de 7.000 hogares han sido demolidos bajo el argumento de que habían sido construidos sin los permisos requeridos (permisos que conceden las autoridades israelíes y que son prácticamente imposibles de obtener para la población palestina). Conviene recordar que buena parte de las tierras confiscadas han sido después convertidas en asentamientos ilegales para colonos judíos venidos de terceros países y del propio Estado de Israel. En el último año de Intifada y debido a la represión militar y económica sin precedentes que está ejerciendo las autoridades israelíes, el índice de personas desalojadas ha aumentado hasta el punto de que los informes oficiales de NNUU (noviembre, 2002) y de organizaciones palestinas de derechos humanos han resaltado la preocupación de que se pueda producir una nueva ola de refugiados palestinos que, ante el mantenimiento sostenido de la represión militar israelí y debido a las condiciones infrahumanas que tienen que soportar a causa del deterioro que han producido los cierres de frontera israelíes en la vida palestina, se estarían viviendo forzados a abandonar los TTOO y dirigirse a terceros países vecinos, particularmente Jordania, donde ya, se especula, al menos 40.000 palestinos se habrían desplazado en el último año buscando un alojamiento. Jordania es el país que concentra el mayor número de refugiados de las dos grandes oleadas históricas palestinas, la de 1948 y la de 1967. Frente a las prácticas ilegales de la demolición de viviendas, confiscación y desalojo forzoso de la tierra -que contravienen los principios elementales del Derecho Internacional y la IV Convención de Ginebra en lo que afecta al tratamiento de un territorio y una población bajo ocupación- el Estado de Israel ha venido practicando, igualmente de modo ilegal, desde 1967, la repoblación de territorio palestino previamente desalojado, con colonos judíos del exterior. Esta práctica que tiene como objetivo modificar el balance demográfico en los territorios palestinos así como el control territorial de los TTOO, se ha seguido ejecutando en los últimos años a pesar del proceso de Oslo y se ha actualizado recientemente. Mediante una decisión gubernamental del gabinete de Sharon (6/1/2002), el gobierno de unidad nacional Likud-Laborista ha decidido destinar una ayuda económica a todos los emigrantes judíos procedentes de Francia y Sudáfrica hacia Israel. Igualmente, hace dos semanas, y en una táctica que explota dramáticamente la crisis financiera y popular de Argentina, el gobierno israelí decidió conceder un beneficio económico similar a los judíos inmigrantes procedentes del país latinoamericano. Hasta la fecha, los inmigrantes judíos procedentes de la ex Unión Soviética y de Sudáfrica han sido beneficiarios los mayores beneficiarios de estas ayudas israelíes. Esta decisión -justificada con el explotado argumento del anti-semitismo- se ha tomado oficialmente en respuesta a supuestos informes israelíes según los cuales el incremento del anti-semitismo está aumentando en esos países, particularmente en Francia. Representantes oficiales franceses y algunos líderes de la comunidad judía francesa, sin embargo, han negado rotundamente dichos informes. Por el contrario, la decisión israelí ha de evaluarse como una explotación cínica de una situación de crisis extrema -en el caso de Argentina- o con el objeto de renovar el ruido del anti-semitismo -Francia- a fin de incrementar los índices de población judía en Israel. El ministro israelí para la Inmigración, Yulie Edelstein, de hecho, no ha dudado en explicar que la asistencia financiera, suficiente para cubrir las necesidades básicas de cada inmigrante judío durante seis meses, está orientada a animar a aquellos judíos que contemplan la posibilidad de trasladarse a Israel. Eldstein ha expresado asimismo que el gobierno de Israel aspira a conceder las ayudas financieras a todos los inmigrantes judíos de cualquier parte del mundo. De acuerdo con estimaciones oficiales del propio Ministerio de Inmigración israelí, hay una previsión de que se trasladen a Israel durante el año 2002 más de 50.000 judíos, lo que supone un incremento significativo respecto a los 44.000 del año pasado.  Comité de Solidaridad con la Causa Árabe |
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