Israel no puede declararse inocente frente al sufrimiento de los discapacitados palestinos. Además del penoso hecho de que un gran porcentaje de estas personas hayan resultado heridas sin haber hecho nada, sino más bien por obra y gracia de la insufrible manía de los soldados y policías de fronteras israelíes de disparar alegremente, las autoridades judiciales y el ministerio de defensa se han concentrado en la elaboración de una nueva ley de compensaciones que bloqueará por completo cualquier tipo de ayuda para los palestinos que hayan sido heridos sin razón aparente

Majad Jalad apenas puede moverse dentro de su propia casa. Majad, de Tulkarem, tiene cinco años y medio. Un soldado israelí le disparó en el estómago el pasado mes de agosto en un control de carreteras mientras viajaba en el coche de su abuelo para visitar a sus primos, que viven en el pueblo de al lado. Todos los órganos internos de Majad quedaron destrozados a consecuencias del incidente. Tras recibir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Sheba (en Tel Hashomer), fue enviado de vuelta a casa, donde recibe los cuidados de su madre y de su abuelo.

Majad necesita rehabilitación debido a la gravedad de las heridas sufridas. El lugar más cercano en el que puede seguir el tratamiento es el Centro de Rehabilitación Abu Raya en Ramallah. El camino desde Tulkarem hasta Ramallah (ambas ciudades asediadas) es tortuoso y difícil, y el pequeño no siempre puede llegar hasta allí.
Jihad Abu Rabia vive en el campamento de refugiados de Jalazun cerca de Ramallah; lleva discapacitado tres años. Tenía 15 años cuando un policía israelí de fronteras le disparó en la cabeza mientras huía. Todavía está parcialmente paralizado, no puede hablar, y sufre de incontinencia. Casi nunca sale de su pobre hogar del campamento de refugiados. Su padre trabaja limpiando en el campamento, y su madre limpia las oficinas locales de la Autoridad Palestina. Jihad necesita un tratamiento de rehabilitación de larga duración y, de hecho, debería estar en una institución que pueda atenderle.

Son cuatro las instituciones de rehabilitación y organizaciones de caridad palestinas que se ocupan de Jihad Abu Rabia: el Centro Abu Raya, la Organización de Cuidados Médicos, la organización de mujeres Al-Nahda, y el departamento de neurología del hospital de Ramallah. Pero no es suficiente. Su madre, Rabaa, asegura que no ha podido llevar a Jihad a rehabilitación durante los últimos cuatro meses debido al bloqueo impuesto sobre el campamento de refugiados.

La semana pasada, Rabaa había sido invitada a comparecer junto con Jihad ante el Comité de Justicia, Constitucional y Legislativo de la Knesset [Parlamento], que discute en la actualidad la ley de compensaciones que el gobierno quiere aprobar; pero tampoco pudo comparecer. El presidente del comité, el parlamentario laborista Ophir Pinez-Paz, declaró que a madre e hijo les había sido denegado el permiso para entrar en Israel. Para las autoridades, ambos constituían un riesgo contra la seguridad.
Los muertos se cuentas; los discapacitados, no. Según datos del Ministerio de Salud palestino, cerca de 2.000 personas heridas durante la actual Intifada sufrirán discapacidad de por vida. Según el instituto de investigación a cuyo frente se encuentra el doctor Mustafa Barghuti (en Ramallah), 437 de estos casos son niños. Estas cifras constituyen ya de por sí un duro golpe para cualquier sociedad, pero son especialmente duras para los palestinos debido a la inexistencias de servicios de rehabilitación apropiados.

Solamente existen tres centros de rehabilitación en Cisjordania, y ninguno de ellos puede compararse con los centros israelíes. El número de camas en las instituciones palestinas es cinco veces inferior al israelí, aún cuando el número de palestinos discapacitados como resultado de la Intifada es mucho mayor. La situación es muchísimo peor en Gaza, donde ni siquiera existe un centro de rehabilitación merecedor de tal nombre.

Las vergonzosas condiciones en las que se encuentran los servicios médicos abandonados por Israel después de 30 años en los Territorios Ocupados afectan también a los centros de rehabilitación. La Autoridad Palestina, por su parte, ha hecho muy poco por mejorar las cosas en este sentido. Los Mercedes-Benz y las oficinas lujosas siguen teniendo prioridad sobre los hospitales y los centros de rehabilitación. El resultado es que miles de personas discapacitadas no tienen acceso a programas de rehabilitación y deben permanecer en sus hogares, en condiciones espantosas.

Las ayudas económicas son igualmente minúsculas. Los discapacitados de la Intifada tienen derecho a una pensión de la Autoridad Palestina de 500 shekels por niño, y de hasta 1000 shekels mensuales por un adulto gravemente discapacitado. Debido al laberíntico carácter de la burocracia en el seno de la AP, no todos reciben esta pequeña cantidad. Los discapacitados palestinos, por lo tanto, solo pueden mirar con envidia la campaña que han puesto en marcha los discapacitados israelíes para pedir más ayudas gubernamentales.

Israel no puede declararse inocente frente al sufrimiento de los discapacitados palestinos. Además del penoso hecho de que un gran porcentaje de estas personas hayan resultado heridas sin haber hecho nada, sino más bien por obra y gracia de la insufrible manía de los soldados y policías de fronteras israelíes de disparar alegremente, las autoridades judiciales y el ministerio de defensa se han concentrado en la elaboración de una nueva ley de compensaciones que bloqueará por completo cualquier tipo de ayuda para los palestinos que hayan sido heridos sin razón aparente.

Así, el Fiscal General del Ejército, el General Menachem Finkelstein, se mostró bastante guasón durante la última sesión del Comité de Justicia, Constitucional y Legislativo de la Knesset al recordar que estos casos eran casos del estilo de "Estaba yo sentado junto al alféizar de la ventana y me cayó un misil encima". Pero el comportamiento del Ministerio de Justicia y de los responsables de Defensa no es en absoluto divertido. Ellos aducen que, debido a que no hay registros de cada uno de los incidentes ocurridos, es difícil comprobar la veracidad de las reclamaciones palestinas.

¿Y por qué no hay registros? Porque el ejército israelí ha dejado de investigar casi en su totalidad aquellos casos en los que un palestino ha sido herido o asesinado por los soldados.

Así que una omisión grave nos lleva a la siguiente: como en primer lugar no hay investigación, entonces este estado de cosas nos lleva a citar este hecho como justificación para no ofrecer ningún tipo de compensación a las víctimas. Las declaraciones de tono populista del Ministro de Justicia Meir Sheetrit acerca de ofrecer "compensaciones a terroristas" no tienen ningún fundamento, lo mismo que el argumento de los responsables de defensa que aseguran que se van a ahogar en un mar de reclamaciones no válidas. El sistema judicial, no precisamente conocido por su indulgencia hacia los palestinos, será el que finalmente decida quién tiene derecho a recibir compensaciones.

El resultado es que una sociedad que abusa de sus propios discapacitados hace dejación de su responsabilidad frente a los discapacitados de otra nación, algunos de los cuales se encuentran en la situación de discapacidad debido a la actuación de los soldados de esa otra nación. Si a Rabaa Abu Rabia y a su hijo paralizado Jihad, se les hubiera concedido un permiso y los miembros del Comité de Justicia, Constitucional, y Legislativo de la Knesset hubieran visto las condiciones en las que vive Jihad con sus propios ojos, quizás habrían comprendido que Israel no puede eludir su responsabilidad en lo tocante al destino de Jihad y de muchos otros que se encuentran en condiciones similares.

Los legisladores bien podrían haber cambiado de idea; quizás no habrían capitulado frente a la presión ejercida por los responsables de Defensa ni frente a las amenazas del Ministerio de Justicia. Y quizás habrían rechazado la legislación inmoral que se les pedía que aprobaran.