La estrategia norteamericana contra Iraq consiste
en justificar la prolongación de las sanciones hasta lograr provocar
el cambio político interno en el país
10 años de sanciones contra Iraq,
10 años de genocidio
Editorial de Nación Árabe, núm.
42, otoño de 2000
Este mes de agosto se han cumplido diez
años de la aprobación por el Consejo de Seguridad (CS) de
Naciones Unidas (NNUU) de las sanciones económicas contra Iraq por
su ocupación militar del emirato de Kuwait. Iraq es hoy un país
desmilitarizado (1), ha reconocido la soberanía de Kuwait y un nuevo trazado
de fronteras entre ambos países gravemente lesivo para sus intereses
(otorga a Kuwait áreas petrolíferas antes comunes y le hurta
su única salida al Golfo, el puerto de Um Qasr), y destina ya un
tercio de sus exportaciones de petróleo al pago de las indemnizaciones
por los daños causados durante la crisis del Golfo, habiendo gastado
hasta la fecha más dinero para tal fin que lo que ha podido emplear
en la compra de productos humanitarios. Pese a ello, el embargo se ha prolongado
hasta hoy, con el alivio tan solo parcial de la entrada en vigor, desde
diciembre de 1996, del programa humanitario llamado "petróleo
por alimentos" (resolución 986), por lo demás una iniciativa
norteamericana de ya probada ineficacia como luego recordaremos destinada
antes a evitar el fin de las sanciones que a poner fin realmente al sufrimiento
del pueblo iraquí.
En estos diez años de sanciones, Iraq, un país rico, que
alberga las segundas reservas petrolíferas del planeta, ha pasado
de situarse entre los de desarrollo medio al puesto 42 de los 77 más
pobres del mundo. Los daños ocasionados a la infraestructura civil
del país durante los 42 días de bombardeo de la Guerra del
Golfo (según NNUU (2), más
de 22 mil millones de dólares) y diez años de embargo total
han sumido a su población en la miseria, la muerte y la desesperanza
(3):
El PIB se ha reducido al nivel de 1949, antes del inicio de las exportaciones
de petróleo. La renta per capita era en 1989 de 3.508 dólares;
hoy el programa humanitario de la NNUU concede a cada iraquí 252
dólares al año.
El 60% de las fábricas ha cerrado; el resto funciona a una capacidad
del 10%. El paro afecta a más del 50% de la población activa.
En 1990 un dinar iraquí correspondía a 3 dólares;
hoy 1 dólar son 1.800 dinares. La inflación, que ha llegado
a alcanzar cuatro dígitos, fue del 140% en 1999.
El coste de una caloría alimenticia se ha multiplicado por más
de 500; el salario medio de un funcionario se ha devaluado un 80%.
Más de la mitad de la población vive por debajo del nivel
de la pobreza (menos de 9 dólares al mes por familia), más
de 4 millones y medio de personas en la extrema pobreza.
Solo el 44% de la población tiene acceso a agua potable (en
1990, el 92%). Ello favorece la expansión de enfermedades infecciosas,
que combinadas con la malnutrición provocan una mortalidad en menores
de 5 años tres veces mayor que antes de las sanciones (más
de 5.000 al mes).
Pese a que ha evitado la hambruna, la cartilla gubernamental de aprovisionamiento
(2.030 calorías/día) no cubre las necesidades nutricionales.
La malnutrición infantil es comparable a la del África Subsahariana:
afecta a más del 60% de los niños.
La esperanza de vida se ha reducido de 66 a 57 años.
Pese a su carácter obligatorio, la incorporación a la
escuela se ha reducido del 92,4% 1992 al 68,8% en el curso 1996/97. Uno
de cada cuatro estudiantes (el 21%) abandona los estudios para ayudar a
la economía familiar, 100.000 al año). Los índices
de delincuencia juvenil se han duplicado. La educación ha dejado
de ser gratuita.
En las ciudades los cortes de electricidad oscilan entre 10 y 16 horas
al día; en el campo el suministro puede ser sólo de 3 a 6
horas. 50.000 hogares siguen sin electricidad.
La perversión de lo humanitario
En esta misma sección del número 40 de Nación
Árabe señalábamos que las sucesivas dimisiones
de dos coordinadores de la ayuda humanitaria de NNUU en Iraq primero, la
del irlandés Dennis J. Halliday, en septiembre de 1998, y, en febrero
de este año, la del diplomático alemán Hans von Sponeck
son sin duda la más clara expresión de la crisis moral y política
del sistema de sanciones que sufre Iraq. Pese a los aumentos sucesivos decididos
por el CS en la cantidad de dinero que Iraq puede exportar en crudo (4), von Sponeck considera que no es razonable
esperar una mejorar apreciable de la situación del pueblo iraquí.
Debido al estado ruinoso de su industria petrolera, Iraq no ha podido llegar
a ingresar ni tan siquiera la cantidad autorizada por el CS (5).
Hay además un inaceptable retraso en la llegada al país de
los productos humanitarios debido a dilaciones administrativas o al bloqueo
ejercido por EEUU o Gran Bretaña en la aprobación de los contratos
presentados por el gobierno iraquí: al término de la VI fase
(que concluyó en noviembre), menos del 10% de los productos había
entrado en Iraq.
Según datos presentados por Kofi Annan ante el CS (6),
desde diciembre de 1996 y hasta el 30 de abril de 2000 se habían
depositado en la cuenta de NNUU para el programa humanitario en Iraq (7) un total de 25.341,9 millones de dólares
en concepto de ventas de petróleo iraquí. De esta cantidad
solamente la mitad (12.990,2 millones, el 51%) está destinada a la
compra de suministros humanitarios por parte del gobierno iraquí
(8); y ello solo teóricamente:
EEUU y Gran Bretaña sólo han autorizado en el Comité
de Sanciones del CS contratos por valor de nueve millones y medio de dólares,
vetando o retrasando durante meses la aprobación de aquéllos
que incluyan productos que consideran puedan ser susceptibles de "doble
uso", prácticamente cualquier producto mínimamente manufacturado
(desde incubadoras a fertilizantes). Pero, finalmente, por dilaciones administrativas
del CS, a la fecha indicada del 30 de abril habían entrado en Iraq
productos por valor de menos de siete mil millones de dólares. Esta
cantidad corresponde a menos del 10% de las importaciones en bienes y servicios
sociales que Iraq efectuaba antes del embargo. Ello explica por qué
en este período de aplicación de la 986 no se ha logrado frenar
la mortalidad infantil o apenas se haya podido aumentar la dotación
de la cartilla gubernamental de aprovisionamiento.
En contraste, en ese período de tiempo, Iraq ha pagado ya más
de siete mil millones y medio de dólares (el 30%) por reclamaciones
por los daños causados durante la crisis y la Guerra del Golfo (9), es decir, una cantidad superior a la
gastada en productos humanitarios (10).
La resolución 687 de alto el fuego de la Guerra del Golfo y posteriores
aprobadas por el CS obligan a Iraq a destinar una tercera parte de sus ingresos
derivados de sus exportaciones al pago de la llamada deuda de guerra.
Iraq afronta a partir de ahora el pago de las más fuertes demandas,
aquéllas reclamadas por las compañías multinacionales
(las petroleras, en concreto) y los Estados. La cifra estimada de las primeras
reclamaciones de esta categoría se aproxima a 300 mil millones de
dólares, es decir unos 15.000 dólares por iraquí (11), cuando el sueldo medio en Iraq de un profesional
cualificado oscila de 3 a 5 dólares. Israel, por ejemplo, ha exigido
compensaciones por valor de 2,6 mil millones de dólares; de esa cantidad,
910 millones de dólares retornarán a EEUU en concepto de "gastos
especiales de defensa" por el despliegue durante la contienda, en suelo
israelí, de las baterías del sistema antimisiles Patriot.
Pero son las reclamaciones de Kuwait las más elevadas y, de todas
ellas, la correspondiente a 21,5 mil millones de dólares por la pérdida
de ingresos por exportaciones de crudo durante la ocupación iraquí.
El CS ya había aprobado el pasado año una indemnización
a Kuwait Texaco Oil Co. (compañía 100% norteamericana)
por valor de 2,9 mil millones de dólares por destrucción de
instalaciones.
Así, si Iraq sigue deduciendo ese 30% de sus ingresos por venta
de crudo, se calcula que el pueblo iraquí tardará en liquidar
su deuda de guerra más de medio siglo. Si a esta cantidad se añaden
los intereses de esta deuda acumulados desde 1990, al menos otros 320 mil
millones de dólares, Iraq terminará de pagar su deuda en el
año 2125 (12). Gravoso legado
de la Guerra del Golfo que mantendrá a Iraq anclado en el subdesarrollo
durante varias generaciones.
Por ello, si bien EEUU y Gran Bretaña siguen vetando buena parte
de los contratos para piezas y recambios para la recuperación de
la infraestructura petrolera iraquí a fin de regular la entrada
de crudo iraquí en el mercado mundial (13),
han de ver con buenos ojos como buena parte del dinero de la 986 va finalmente
a sus bolsillos industria militar y multinacionales o a los de sus aliados
regionales, además de contribuir a la rebaja del precio internacional
del crudo, hoy a precios iguales a los de 1990-91.
Doble estrategia: embargo y guerra sucia
Desde que en diciembre de 1998 EEUU y Gran Bretaña lanzaran en
solitario contra Iraq la operación denominada Zorro del Desierto,
la Administración Clinton ha venido desarrollado a lo largo de los
dos últimos años una doble estrategia de profundización
del asedio contra este país, que ha de dar paso en los próximos
meses (con mayor seguridad si se cierra, como está previsto, este
otoño la negociación final palestino-israelí) a una
nueva escalada militar en la región, quizás ya el intento
de asalto final por parte de EEUU contra Iraq tras un lustro de embargo
y guerra.
En esta doble estrategia, EEUU, tras bloquear durante meses cualquier
solución en el seno del CS y dificultar, como hemos visto, la aplicación
práctica de la resolución 986, forzó en diciembre del
pasado año la aprobación por el CS (con la abstención
de Francia, Rusia y China, la primera vez que ello ocurre desde 1990, además
de Malasia) de una resolución que es una nueva vuelta de tuerca en
el proyecto norteamericano de control estratégico léase definitivo
de Iraq: la resolución 1284 (14). Al tiempo que establece nuevas exigencias en materia
de desarme, y con ello un calendario extremadamente dilatado y ambiguo para
el fin de las sanciones económicas, la resolución 1284 incluye
también nuevas medidas gravemente restrictivas de la soberanía
nacional iraquí, en concreto, la previsión del control financiero
y tecnológico del país una vez concluido el embargo.
La táctica de EEUU es fácil de comprender: una resolución
así contaría con la oposición de Iraq como no podía
ser de otra manera y determinaría un nuevo bloqueo de la situación
en el seno del CS, situación ideal que favorecería durante
meses o años la prolongación de las sanciones o, en su caso,
justificaría nuevas agresiones militares unilaterales y más
dinero para impulsar la guerra sucia de la oposición iraquí.
La Administración Clinton, tras desbaratar todo el sistema de control
armamentístico impuesto a Iraq desde 1991 (al involucrar a la comisión
de desarme UNSCOM (15) en tareas de
espionaje y forzar la salida precipitada de los inspectores del país
al lanzar unilateralmente la operación Zorro del Desierto)
ha impuesto en el CS una resolución que enfatiza la necesidad del
retorno de los inspectores de desarme y la puesta en marcha de "un
sistema reforzado de vigilancia y verificación permanentes del desarme
[iraquí]" (16), con
la creación de una nueva comisión de desarme, la denominada
UNMOVIC (Comisión de Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación
e Inspección), que sustituye a la UNSCOM. El gobierno iraquí
ya ha indicado que no aceptará la entrada en el país de esta
nueva comisión (17) inicialmente
prevista para agosto y EEUU podría estar preparando a la opinión
pública internacional ante una nueva escalada militar contra Iraq.
A comienzos de febrero, pocos días después de ser nombrado
el presidente de la nueva comisión (el sueco Hans Blix, ex director
de la OIEA), la prensa estadounidense daba cuenta de informes de los servicios
secretos del Pentágono que indicaban que Iraq está reconstruyendo
instalaciones de producción de armas atacadas en diciembre de 1998
(18). Y nuevamente a comienzos de julio,
el New York Times (19) informaba,
citando a fuentes oficiales norteamericanas, que Iraq seguía adquiriendo
materiales de uso civil para reanudar la fabricación de armas de
destrucción masiva y que estaba probando un misil de largo alcance,
al-Somoud: "A medida que pase el tiempo, nuestras preocupaciones
aumentarán", concluía el informe del Departamento de
Estado.
Pero al tiempo que se sirve del CS en la medida que le resulte útil,
EEUU ha acelerado desde 1998 una política ya explícita de
cambio de régimen interno en Iraq (20).
A finales de ese año, el Congreso norteamericano aprobaba la
denominada Acta de Liberación de Iraq, y se designaba en enero
del año siguiente al número dos de la embajada de EEUU en
Ankara, Frank Ricciardone, como "representante especial para la transición
en Iraq". A lo largo de 1999 y 2000 se han aprobado paquetes de ayuda
financiera y, por primera vez, militar al Congreso Nacional Iraquí
(CNI, plataforma opositora refundada nuevamente el pasado abril en
Washington y que agrupa, entre otras, a las organizaciones kurdo-iraquíes
UPK y PDK), el último de ellos el pasado junio. Tras entrevistarse
con representantes del CNI, el vicepresidente Al Gore (candidato demócrata
a la presidencia) indicaba que "EEUU no flaqueará en el apoyo
a sus esfuerzos [del CNI] por cambiar el régimen. No habrá
paz en Iraq ni en Oriente Medio mientras Sadam Husein esté en posición
de reprimir a su pueblo y amenazar a sus vecinos" (21),
al tiempo que reiteraba la determinación de EEUU de procesar
internacionalmente a los máximos dirigentes iraquíes.
Esta estrategia de abierta injerencia se complementa con los ataques
en las áreas de exclusión aérea del norte y sur del
país, cuyo objetivo (además del, en ciertos casos, estrictamente
económico, por ejemplo, los ataques a instalaciones petrolíferas)
es incitar a la población y a sectores del ejército y del
partido Baas a una revuelta contra Sadam Husein. Iraq sufre ataques casi
diarios, especialmente en la zona de Basora, incluidos sus únicos
centros de purificación de aguas y de comunicaciones civiles. Desde
la Guerra del Golfo, según el propio Pentágono, se han realizado
sobre Iraq 280.000 vuelos militares, la mayor campaña aérea
moderna de EEUU, superior ya a la de la guerra de Vietnam (22).
Iraq asegura que desde diciembre de 1998 han fallecido más de 300
civiles y otros 890 han resultado heridos en ataques llevados a cabo por
21.600 aviones británicos y norteamericanos. El Pentágono
gasta anualmente entre 50 y 60 mil millones de dólares en su asedio
militar a Iraq (23).
No hay contradicción alguna en estos dos mecanismos de intervención
de EEUU contra Iraq, entre la lógica de la injerencia y la desestabilización
o la guerra abierta, y la lógica de las sanciones: ambos mecanismos
comparten la determinación de EEUU de garantizar el control estratégico
de Iraq, que implica su desestructuración como potencia emergente
en una zona de máximo interés, una determinación que
pasa de Administración a Administración, sea republicana o
demócrata. Incluso de producirse el cambio de régimen interno
en Iraq, ello no implicará que EEUU levante su agresiva tutela sobre
el único Estado árabe de Oriente Medio que, al combinar población
23 millones de habitantes y recursos, es, en la lógica hegemónica
de Washington una amenaza potencial para sus intereses políticos
y económicos, y para los de sus aliados regionales, Israel y las
petromonarquías. Quizás el nuevo régimen de
Bagdad instaurado por EEUU y Gran Bretaña sea formalmente
democrático, con ese sentido cínico y utilitario que tiene
el concepto para Occidente en general y para EEUU en particular; pero sin
duda será un régimen títere, al que se le habrán
hurtado, por medio de la batería de resoluciones aprobadas en estos
años por el CS, los resortes estratégicos para un futuro desarrollo
independiente y social del país, muy en particular, la gestión
de la renta petrolífera. Iraq será un país recolonizado,
algo que la oposición iraquí parece aceptar de buen grado
a cambio de poder llegar a Bagdad (24).
Al cabo de estos diez años de guerra y sanciones contra un país
y todo un pueblo, a nadie le debería caber la duda de que la intervención
contra Iraq ni estuvo motivada en 1990-91 ni lo está hoy por la defensa
del Derecho Internacional, de los derechos de las minorías o de la
democracia política.
Contenido
Este número de Nación Árabe dedica buena
parte de su contenido a la evaluación crítica de diez años
de negociación palestino-israelí, en un momento en el que,
tras el fracaso de la cumbre Arafat-Barak denominada Camp David II,
aparece en suspenso la fase final del proceso de negociación palestino-israelí
que, este 13 de septiembre, debería haber alumbrado, según
el calendario previsto, un acuerdo marco final sobre el estatuto de Gaza
y Cisjordania y la resolución de las cuestiones estratégicas
pendientes: refugiados palestinos, Jerusalén, soberanía; en
suma, la creación de un Estado palestino independiente. Sobre si
la cumbre ha sido un fracaso o un éxito, cabe citar al director del
influyente diario árabe al-Quds al-Arabi, quien abría
su columna del 26 de julio con una significativa frase: "El fracaso
de la cumbre de Camp David representa el mayor éxito conseguido por
los palestinos desde que se iniciase la denominada paz de los valientes"
(25). Abd al-Bari Atwan se felicitaba
de esta manera por la firmeza demostrada por la delegación palestina
ante las presiones norteamericanas e israelíes, un enfoque que es
compartido por no pocos palestinos que prefieren prorrogar indefinidamente
la autonomía actual que firmar un tratado de paz desventajoso que
escamotee definitivamente los derechos nacionales del pueblo palestino.
Además de dedicar al tema su Informe central (en el que Loles
Oliván, Ignacio Álvarez-Ossorio sus coordinadores, Adel Samara,
Roni Ben Efrat y Carlos Varea, con aportaciones especiales de Haider Abdel
Shafi y Mayed Nasar, desglosan los aspectos políticos y económicos
del proceso, y la situación interna palestina), la sección
Documento reproduce un nuevo llamamiento internacional de personalidades
palestinas de los Territorios y del Estado de Israel contra la imposición
de lo que califican "sistema de apartheid" (los mapas elaborados
especialmente para Nación Árabe por Jan de Jong facilitan
apreciar la perniciosa configuración territorial derivada de la negociación
entre Israel y la AP), y en la de Actualidad Ignacio Gutiérrez de
Terán evalúa la postura del Vaticano durante estas décadas
de conflicto palestino-israelí con motivo de la visita papal a Oriente
Medio en marzo.
Igualmente en la sección Actualidad, Robert Naiman analiza la
utilización política que de la deuda externa hace EEUU como
arma de control político de los regímenes de los países
árabes, ninguno de los cuales se encuentra entre los posibles beneficiarios
de condonación. También en esta sección, los politólogos
Sadri Hhiari y Olfa Lamloum repasan los resultados de las últimas
elecciones en Túnez a la luz de la radicalización autoritaria
del régimen de Ben Ali y el incremento del malestar popular por las
políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y
el FMI, políticas que son evaluadas, en lo que al ámbito rural
se refiere, por Stepahn J. King, profesor de la universidad de Stanford.
Las entrevistas a los intelectuales Hasan Hanafi egipcio y Sadeq Jalal
al-Azm sirio, realizadas por Vanesa Casanova y Haizam Amira, respectivamente,
permiten aproximarse al debate continuo sobre islam y laicismo, sobre tradición
y modernidad en la sociedad árabe, y sobre la articulación
entre lo político y lo religioso y el devenir de los movimientos
islamistas.
La Revista de Prensa permite retomar el tema de las espinosas relaciones
egipcio-norteamericanas, ya tratado en el Informe del anterior número
de Nación Árabe, por medio de la publicación
de la supuesta carta de Clinton a Mubarak publicada por Thomas L. Friedman
en The New York Times y las airadas respuestas a la misma desde la
prensa egipcia.
Finalmente, la sección Cultura está dedicada a Áhmed
Uld Abdel Qáder, quién, como señala la autora del texto,
la arabista de la universidad de Alicante Cristina García Cecilia,
"es, como la propia Mauritania, un desconocido para los pocos o los
muchos que por el mundo árabe se interesan", pese a ser el representante
literario más valorado de la prosa y la poesía modernas de
su país.
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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