Como cualquier otro ciudadano de Iraq, la mujer iraquí ha sufrido
enormemente a causa de los nefastos efectos de un embargo que ha provocado
la caída de los ingresos, una astronómica subida de los precios
y el declive del nivel alimenticio y sanitario de la población. El
espíritu de ciudadanía de la mujer le ha impuesto la añadida
responsabilidad, frente a la comunidad a la que pertenece, de eliminar la
discriminación hacia las mujeres y promover su contribución
en los asuntos públicos, tanto políticos como económicos,
sociales y culturales. No obstante, el embargo continuado ha obligado al
conjunto del sistema gubernamental iraquí a enfrentarse, en primer
lugar, a las prioridades que aseguren las vidas de los ciudadanos, a la
garantía del mínimo nivel de nutrición que impida las
muertes por inanición. La actual situación ha determinado
la paralización de la ejecución de programas establecidos
originalmente para mejorar la situación de la mujer y eliminar los
obstáculos que pudieran estorbar su progreso. Por supuesto, en las
circunstancias actuales, bajo la prolongación del embargo, la mujer
iraquí no puede exigir la ejecución de los programas estratégicos
orientados al progreso femenino aprobados por las conferencias internacionales,
dado que no hay fondos para financiarlos. Además, el hecho de encontrarse
tan absorbidas por las tareas domésticas a causa del embargo ha impuesto
a las mujeres iraquíes una obligada indiferencia, en cuanto que ciudadanas,
por los asuntos públicos y políticos. En este sentido, son
previsibles efectos graves sobre la contribución de la mujer a la
vida pública. Si recordamos que las mujeres constituyen el 48,7%
de la población total iraquí podemos apreciar la gran importancia
de este aspecto [2].
Desde la aprobación de la resolución 661 del Consejo de
Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU), que impuso el embargo a Iraq,
y a lo largo de las sucesivas medidas que afectan a los derechos fundamentales
del pueblo iraquí -especialmente, el derecho a obtener alimentos
y medicamentos- Iraq ha indicado claramente a la comunidad internacional
que la decisión de imponer el embargo e insistir en su continuidad,
a pesar de la ausencia de razones para ello, supone una guerra económica,
la utilización de un arma económica para conseguir objetivos
políticos, proceder inaceptable en las relaciones internacionales
y violación de los derechos humanos legalizada bajo el disfraz de
una decisión internacional.
El [primer] informe publicado por la FAO el 14 de julio de 1993 ya señalaba
el deterioro, en proporciones alarmantes, de la situación nutricional
de la población. Actualmente, un gran número de iraquíes
obtiene cantidades de comida muy inferiores a las que obtienen las poblaciones
de países africanos que se encuentran bajo el umbral de la pobreza.
Desde entonces, un sinnúmero de factores han aumentado la gravedad
de la situación. He aquí algunos de ellos:
1. La caída de la producción local a causa de la carencia
de instrumentos para la producción alimenticia tales como maquinaria,
vehículos, fertilizantes químicos, pesticidas y piezas de
repuesto.
2. Una aguda reducción de las importaciones de comida debida
a la prohibición de exportar petróleo iraquí, a la
congelación de los fondos iraquíes y a la interrupción
de los créditos y facilidades sobre los depósitos financieros
iraquíes en bancos extranjeros.
3. Un desorbitado incremento de los precios y una inflación difícil
de creer [3]. Como luego recordaré,
el coste de una caloría alimenticia se ha multiplicado por 516 desde
el inicio del embargo, lo cual significa que los ingresos medios por individuo
deberían haberse multiplicado al menos 500 veces a fin de preservar
el nivel alimenticio del que disfrutaba la población antes de la
aplicación de las sanciones por el CS. Si tenemos en cuenta que las
personas de ingresos estables y limitados, es decir, los funcionarios, los
trabajadores y los jubilados, que constituyen un alto porcentaje del total
de la población iraquí, han visto incrementados sus ingresos
en no más del 32,6%, apreciaremos el sufrimiento de un amplio sector
social. Si el gobierno no se hubiera esforzado en idear el sistema de racionamiento
por cartilla, satisfaciendo gracias a él las necesidades de una serie
de productos alimenticios básicos, con toda seguridad se habría
producido una auténtica y amplia hambruna en Iraq.
El embargo ha afectado a todos los sectores en Iraq, y especialmente
a la mujer. La contribución de la mujer al aspecto político
de la vida pública se ha reducido, su actividad política ha
disminuido, y no ha ejercido sus derechos políticos con el mismo
entusiasmo, ya que el embargo ha dañado uno de los elementos esenciales
para alcanzar las condiciones objetivas que permitan a la mujer proseguir
su lucha. Las consecuencias más importantes de este hecho son:
1. La profundización en la aplicación de la democracia
va en interés de la mujer y de sus reivindicaciones. Iraq ha dado
importantes pasos para reforzar la democracia mediante la elaboración
de un proyecto de Constitución y una Ley para el establecimiento
de partidos políticos, todo ello unido al derecho a publicar periódicos
y revistas. Tales medidas ampliarán la contribución de la
mujer, como ciudadano, a la vida política, y le permitirá
participar, de mejor manera, en la toma de las decisiones políticas
y en la gestión de la vida pública. No obstante, la guerra
y el embargo no han contribuido a crear las condiciones objetivas necesarias
para dar hacer de estos importantes pasos democráticos un éxito.
2. No es posible hablar de los derechos políticos de la mujer
cuando no se atiende a la situación global del país y los
proyectos exteriores destinados a su fragmentación. La resolución
688, del 5 de mayo de 1991, y la injerencia de los países aliados
agresores en el norte de Iraq han transformado la zona de autonomía
[kurda] en una zona de ocupación, y han cortado sus lazos con el
resto del país. En consecuencia, esto ha negado a la mujer de esta
zona la posibilidad de continuar utilizando la cobertura y los servicios
públicos estatales.
3. La presión psicológica del embargo sobre las mujeres
ha dejado sus huellas en la actividad política de éstas.
4. Es la mujer la que soporta la mayor parte de la presión económica
ejercida por el embargo sobre la familia iraquí. Además, se
ha visto tan envuelta en el mantenimiento del hogar familiar que éste
ha absorbido el tiempo antes dedicado a la actividad política.
5. Debido a las agresivas circunstancias y al embargo, el mayor y creciente
desafío es abastecer de alimentos a los ciudadanos. Por otro lado,
el gobierno no puede proveer gran parte de los utensilios y el menaje doméstico
que le ahorrarían a las mujeres tiempo y esfuerzos en la realización
de las tareas del hogar, tiempo que podrían dedicar a participar
en la vida pública, incluida la actividad política.
6. Debido al descomunal aumento del coste de la vida y al desajuste
de los salarios respecto a aquél, un gran número de mujeres
se ha visto obligado a dejar sus trabajos o a jubilarse anticipadamente,
lo cual ha llevado a muchas mujeres a eludir ejercer sus derechos civiles.
7. Debido a las circunstancias creadas por el embargo, las prioridades
gubernamentales han sido dirigidas a poner al alcance de los ciudadanos
los alimentos y las medicinas, hasta el punto de que las medidas tomadas
para reforzar los derechos de las mujeres han devenido secundarios en comparación
con las medidas emergentes necesarias para asegurar estos productos básicos.
8. Un conciso repaso al papel y las actividades de la Federación
General de Mujeres Iraquíes (FGMI) como organización de masas
que representa a las mujeres iraquíes puede arrojar luz sobre el
alcance del daño infligido por el embargo a las actividades de la
organización en relación a la promoción económica,
social y cultural de las mujeres. Una de las principales actividades de
la organización ha sido la educación sanitaria y la alfabetización
femenina [4] que, obviamente, requieren
recursos financieros. Finalmente, el embargo ha llevado a la restricción
de la participación de la FGMI en las conferencias internacionales,
bien a fin de reducir sus gastos, bien por denegación de los visados
de entrada en los países en los que se han celebrado.
9. Como consecuencia del embargo, la FGMI ha centrado sus actividades
en el fortalecimiento de la resistencia de la mujer iraquí, y en
aligerar la pesada carga que ha caído sobre ella por medio de la
adopción de programas económicos y productivos destinados
a desarrollar la contribución de la mujer a la vida pública
y política y a aumentar su conciencia de sus derechos políticos.
La ley 55/1980 de la Asamblea Nacional garantiza el principio de igualdad
en cuanto a candidaturas y elecciones. No obstante, en la última
configuración de la Asamblea Nacional se observa que, debido al embargo,
la representación de las mujeres ha disminuido: sobre un mismo total
de 250 miembros, en 1980 las mujeres electas eran 16 (el 6% de la cámara);
en 1985, 33 (13,2%); en 1990, 27 (10,8%); y en 1996, 17 (6,8%). Las mujeres
también participaban en la Asamblea Legislativa de la autonomía
del Kurdistán: en 1988, dos mujeres fueron miembros de ella, entre
un total de 50, lo que representa un porcentaje del 4%.
La participación de las mujeres iraquíes, como trabajadoras
y funcionarias, en las actividades económicas, sociales y culturales,
se expandió durante los años 70 y 80, dando pie a que gran
número de ellas combinaran las labores de la casa y el cuidado de
los niños con el empleo asalariado [5].
Tras más de cinco años de embargo, las mujeres trabajadoras
arrostran dificultades financieras, puesto que los salarios que reciben
son insuficientes para cubrir el coste del transporte hasta el lugar de
trabajo, ahora que los servicios ofrecidos por el Estado se han visto reducidos.
Incluso las mujeres con títulos universitarios rechazan ahora aceptar
trabajos porque los salarios son bajos. Un creciente número de mujeres
están dejando sus empleos por la misma razón. Las consecuencias
de este abandono del trabajo sobre el estatuto de la mujer en la sociedad
se extienden desde el presente hacia el futuro: las ideas de quienes claman
por la permanencia de la mujer en el hogar y su no participación
en el trabajo están ganando adeptos en nuestra sociedad, con las
graves implicaciones que esto tendría para el futuro de la mujer.
La situación nutricional de la familia iraquí se ha deteriorado,
como demuestra el denominado Indice de Poder Adquisitivo Alimenticio (establecido
por la FAO), que recoge la relación entre el salario mínimo
y el coste global de los alimentos necesarios para una familia de 6 miembros,
incluido un bebé. El coste de la cesta nutricional era en 1993 de
3.259 dinares iraquíes (DI), es decir, cuatro veces el salario medio
mensual; en 1995, dicho coste había aumentado hasta llegar a ser
de 99.373 DI, es decir, más de 16 veces el salario medio mensual.
Como indicador del empobrecimiento paulatino de la población como
consecuencia de la inflación, señalaremos que el umbral de
la pobreza se situaba antes del embargo en un ingreso mensual por persona
de 18,63 DI, un valor que había aumentado a 369,05 DI en 1993 y a
11.266,60 DI en 1995. Como consecuencia de ello, el coste de una caloría
se ha incrementado 516 veces, como antes he indicado. Estos indicadores
económicos explican el deterioro de la situación sanitaria.
Este sumario repaso de los efectos del embargo permite advertir que
las consecuencias de la actual coyuntura internacional, claramente desequilibrada,
llevarán inevitablemente a una obligada demora de la ejecución
de los programas encaminados al progreso de las mujeres iraquíes.
La igualdad, el desarrollo y la paz son objetivos que no pueden ser alcanzados
en un estado de desigualdad entre los países, de postergación
del crecimiento, y de sustitución de la paz por los conflictos y
la agresión. Iraq se encuentra ahora en unas circunstancias inusuales
como consecuencia de los cambios internacionales producidos a lo largo de
las décadas de los años 80 y 90. Esas circunstancias han situado
a Iraq ante duras elecciones y prioridades, de extrema importancia, puesto
que afectan a la existencia del país y al derecho de sus ciudadanos
a la vida.
El CS de NNUU, a despecho de todas las recomendaciones hechas por las
organizaciones internacionales, no ha mostrado voluntad de aplicar el principio
de proporcionalidad entre, por un lado, el grado de cumplimiento por parte
de Iraq de las resoluciones del CS y, por otro, el grado de atenuación,
cuando menos parcial, del embargo por parte de dicho Consejo. Esto evidencia
que el CS se encuentra dominado por una voluntad política, fundamentalmente
norteamericana, que busca alcanzar determinados objetivos políticos
en Iraq y Oriente Medio.
Finalmente, hay que poner énfasis en reclamar la aplicación
de lo establecido en las resoluciones de la Cuarta Conferencia Internacional
celebrada en Beijing (China) en 1995. En el artículo 145 de su declaración
final, la Conferencia instó a la adopción de medidas en concordancia
con el Derecho Internacional a fin de que los graves efectos negativos sobre
las mujeres y los niños de las sanciones económicas sean aliviados.

Guerra y sanciones
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