
INFORME:
EL IMPACTO DE LAS SANCIONES SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA MUJER IRAQUÍ (1)
Carlos Varea
Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe
(Campaña Estatal por el Levantamiento de las Sanciones a Iraq)
Una explícita política gubernamental de promoción
social de la mujer y las inversiones públicas en sectores estratégicos
como la sanidad y la educación situaron a Iraq, al iniciarse la década
de los 90, entre los países en desarrollo con mejores indicadores
de género. A ello se unió el papel económico y social
que la mujer iraquí hubo de asumir durante la guerra irano-iraquí
(1980-1988), una prolongada y sangrienta contienda que determinó
un importante incrementó de hogares con mujeres como cabezas de familia
y su incorporación al trabajo asalariado.
Desde agosto de 1990, tras su invasión del emirato de Kuwait,
Iraq sufre un régimen de sanciones internacionales impuesto por el
Consejo de Seguridad que se han mantenido en vigor tras la Guerra del Golfo
(enero-febrero de 1991) y hasta la actualidad, tan solo muy discretamente
aliviado por la aplicación, desde enero de 1997, de la resolución
986, conocida como petróleo
por alimentos . Las Agencias especializadas de Naciones Unidas (NNUU)
han documentado y descrito como extremadamente graves y atentatorias de
los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y demás legislación humanitaria internacional sobre protección
de poblaciones civiles (desde la Convención de Ginebra a los protocolos
sobre derecho alimentario de la FAO) el impacto que las sanciones económicas
están teniendo sobre la población iraquí y, en concreto,
sobre sus sectores más vulnerables -la infancia, la ancianidad, los
enfermos crónicos. La Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Comisión
de Derechos Humanos de NNUU indicaba, hace ya algún tiempo, lo siguiente:
"La Subcomisión llama la atención sobre las alarmantes
informaciones contenidas en numerosos informes de las Naciones Unidas y
de organismos especializados en relación con la situación
de personas inocentes que sufren [en Iraq] un menoscabo inaceptable
de los niveles de salud, nutrición, atención sanitaria, educación,
empleo y agricultura.(...)
Considerando que todo embargo cuyo resultado sea condenar a un pueblo
inocente al hambre, la enfermedad, a la ignorancia e incluso a la muerte,
sin que se alcancen los objetivos para los que se impuso, constituye una
violación manifiesta de los derechos económicos, sociales
y culturales de ese pueblo así como del derecho internacional, la
Subcomisión hace un llamamiento a la comunidad internacional y,
en particular, al CS para que se levanten las disposiciones del embargo
que afectan a la situación humanitaria de la población iraquí"
(2).
Más recientemente, en marzo de 1999, la situación de la
población iraquí era descrita como crítica y
extremadamente grave en el informe S/1999/356 elaborado por un grupo
de expertos encargados por el Consejo de Seguridad de evaluar las condiciones
de vida de la población iraquí: "El país ha
pasado de una situación de relativo bienestar a la pobreza masiva
(...) La gravedad de la situación humanitaria del pueblo iraquí
es incuestionable y difícilmente puede exagerarse (pág.
31). Este grupo consideraba que la crisis humanitaria que vive Iraq no puede
ser solucionada satisfactoriamente por medio del programa humanitario derivado
de la aplicación de la resolución 986 y no duda en concluir
-en el párrafo 45 de su informe- que esta situación es consecuencia
principal de la mortífera combinación de la destrucción
causada durante la guerra de 1991 y de casi nueve años -entonces-
de aplicación de un embargo económico absoluto sobre la economía
del país.
La mujer iraquí se sitúa también entre los grupos
poblacionales más gravemente afectados por la prolongación
desde hace 10 años de las sanciones económicas, y ello tanto
en aspectos específicos asociados al grave retroceso en la asistencia
sanitaria pública y el empobrecimiento generalizado de la población
(por ejemplo, el incremento de la tasa de mortalidad materna), como en un
nueva funcionalidad social que está modificando notoriamente, a veces
de manera contrapuesta, tendencias previas de promoción femenina
y equiparación de género.
1. Colapso económico, indicadores macroeconómicos
y empleo femenino
Cuando la Guerra del Golfo se inicia el 17 de enero de 1991, la economía
iraquí seguía sometida a los efectos de la prolongada contienda
con Irán (reducción del PIB y de las reservas nacionales,
inflación y endeudamiento, ralentización del crecimiento en
el sector industrial y austeridad presupuestaria). Sin embargo, las sanciones
económicas combinadas con la destrucción ocasionada por la
intervención militar multinacional a la infraestructura civil y económica
(estimada por NNUU en 22 mil millones de dólares: UN, 1996) (3) han ocasionado un impacto incomparablemente
mayor sobre la situación económica y social del país.
Al comparar los informes del PNUD de los años 1990 a 1999, se
aprecia que Iraq ha pasado de situarse en la franja de los países
de desarrollo medio a estar en el puesto 42 de los 77 países más
pobres del mundo. Cabe recordar que Iraq alberga las segundas reservas petrolíferas
del planeta. Un rápido repaso a algunos indicadores socioeconómicos
más comunes da cuenta de ello (The Economist, varios años):
Las estimaciones de pérdidas en el PIB debidas al embargo alcanzan
los 166,6 mil millones de dólares en el sector no petrolífero
y 98,7 mil millones en el petrolífero entre 1990/95. En 1991 el
PIB se había reducido en sus tres cuartas partes, situándose
al nivel de los años 40, antes de que el país iniciara la
explotación y exportación de su crudo y derivados.
Antes del embargo al PIB contribuía un 61% las exportaciones
de hidrocarburos y sus derivados, un 22% el sector servicios, un 12% la
industria y un 5% la agricultura. En la actualidad, los sectores económicos
dominantes son la distribución y los servicios, con el 81%.
La renta per capita era en 1989 de 3.508 dólares; hoy
el programa humanitario de NNUU concede a cada iraquí 252 dólares
al año, según cálculo del anterior coordinador humanitario
de NNUU en Bagdad, Hans von Sponeck (4).
En 1990 un dinar iraquí correspondía a 3 dólares;
hoy un dólar son 1.800 dinares. La inflación, que ha llegado
a alcanzar cuatro dígitos, fue del 140% en 1999. El coste de una
caloría alimentaria se ha multiplicado por más de 500. Por
el contrario, la devaluación de los sueldos en el sector público
-como a continuación indicaremos- ha llegado a ser del 80%.
El 60% de las fábricas ha cerrado; el resto funciona a una capacidad
del 10%. El paro puede afectar al 50% de la población activa (5).
Más de la mitad de la población vive por debajo del nivel
de la pobreza (menos de 9 dólares al mes por familia); más
de 4 millones y medio de personas viven en la extrema pobreza.
En este contexto de aguda crisis económica y empobrecimiento general
de la población es donde ha de insertarse la evolución reciente
de los índices de participación laboral de la mujer iraquí.
El Código Laboral número 17 de 1987 -complementado anteriores
leyes de 1971, en concreto la de Pensión y Seguridad Social y la
de Maternidad- consagró una serie de beneficios a la mujer trabajadora
en el sector público, además de garantías de equiparación
salarial y de oportunidades, y cobertura en caso de maternidad (con un mes
de paga previa al parto y de seis meses tras éste, o de un año
con media paga), sin duda en una etapa de política oficial natalista
en el país e igualmente de necesaria promoción de la incorporación
de la mujer al trabajo asalariado debido a la prolongación de la
guerra contra Irán desde 1980. Durante este período, las mujeres
iraquíes suplen la incorporación masiva de los hombres al
ejército, que llega a absorber el 21% de la fuerza laboral en 1988,
casi diez veces más que en 1970, cuando era del 2,9% (Alnaswari,
1994). El empleo femenino en la industria se incrementó entonces
en un 38%, mientras que el masculino disminuyó en un 22% (UNICEF,
1998). Muchas mujeres se convirtieron entonces en cabezas de familia, a
las que se unirá el contingente de viudas de guerra y esposas de
mutilados.
Tras el fin de la guerra irano-iraquí, en los años posteriores
a la intervención multinacional contra Iraq de enero-febrero de 1991,
fueron desmovilizados de las fuerzas armadas un gran contingente de hombres,
reduciéndose aquéllas prácticamente a la mitad, de
unos efectivos superiores a los 900.000 soldados a entre 300.000 y 400.000
(Graham-Brown, 1999). Si bien los desmovilizados reciben una pensión,
ésta es inferior al salario del ejército, un factor que asociado
a la crisis económica general ocasionada por la prolongación
de las sanciones debería de favorecer la permanencia de las mujeres
en el mercado laboral.
La etapa de prolongación de las sanciones que sufre el país
se caracterizará así por el retorno al mercado laboral de
los hombres desmovilizados del Ejército, en una coyuntura de extrema
crisis económica, con elevadas tasas de paro, una inflación
que llega a los cuatro dígitos y un empobrecimiento generalizado,
especialmente de las capas medias funcionariales. Las familias habrán
de multiplicar sus ingresos para poder sobrevivir, en una estrategia que
explica varios fenómenos simultáneos:
a. la salida de los hombres del sector público, incorporándose
al sector privado y a las nuevas estructuras económicas surgidas
con el embargo, con su consiguiente desprofesionalización;
b. la emigración fuera del país, preferentemente de hombres
y de cuadros cualificados, en el bien conocido fenómeno de drenaje
de cerebros, a veces abiertamente favorecido por universidades de EEUU,
Canadá y Europa;
c. la concentración de las mujeres en el sector público,
sector, sin embargo, que se encuentra en plena recesión debido a
los planes de austeridad gubernamental que, al carecer de ingresos en divisas,
va cediendo parcelas públicas a la iniciativa privada a fin de obtener
liquidez en moneda iraquí, tras abandonar políticas previas
abiertamente inflacionistas (como la emisión de papel moneda: Graham-Brown,
1999); y
d. la multiplicación de empleos en la familia, compatibilizando
los hombres su puesto público con trabajos devaluados vinculados
a la economía emergente y alternativa, a veces también por
medio de tareas desarrolladas por las mujeres en sus domicilios o por el
desempeño de trabajos o la mendicidad por los hijos, que abandonan
los estudios para ayudar de esta forma a la economía familiar, como
más adelante veremos.
En 1994, cuatro años después de impuesto el embargo, la
participación laboral asalariada femenina correspondía al
25% del contingente de mujeres del país, mientras que la ocupación
masculina alcanzaba el 78% (UNICEF, 1998), una estimación que devalúa
sin duda alguna la participación económica real de la mujer
iraquí, no solamente en las áreas rurales, en un momento en
que, debido al colapso económico del que era un país de economía
predominantemente estatal, los sectores de economía informal, sumergida
o privada están aumentando. En cualquier caso, en 1997 el empleo
femenino urbano formal presentaba su tasa más baja en el país
desde 1985: 50.000 mujeres empleadas sobre 4 millones de asalariados (UN,
1999).
Las mujeres siguen siendo mayoritarias en algunos segmentos de la Administración,
incluido el especializado, si bien disminuye su porcentaje ostensiblemente
en los estratos más altos (del 56% en personal administrativo o el
52% entre especialistas y técnicos al 12% entre directivos y jefes
de administración; GFIW, 1994). De igual manera, el porcentaje de
empleo femenino ha aumentado en el sector servicios (ya hemos indicado que
ahora predominante en la economía nacional) del 11,9% en 1987 al
79% en 1992, así como en el de la gran industria, de l3 al 29%, y
ello pese a que las cifras absolutas de empleo en el sector han disminuido
en esos años en un 22% como consecuencia del deterioro económico.
Pese a la preocupación de que las mujeres abandonen sus puestos
de trabajo en sectores estratégicos para su promoción y equiparación
sociales, el empleo femenino es mayoritario en la educación. Las
escuelas de magisterio siguen siendo mayoritariamente femeninas: el porcentaje
de graduadas pasó del 51% en 1980 al 60% en 1994. Reflejo de ello
es que el porcentaje de profesoras en primaria ascendió del 48% en
1980 al 69% en 1994, y en secundaria del 41% en 1980 al 54% en 1994. En
cuanto a la sanidad, un estudio de 1993 señala que las mujeres superaban
entonce en número a los hombres en los hospitales públicos,
siendo mayoritarias en especialidades como odontología y farmacia,
y casi equiparables en medicina general, pero no así en las especialidades
(CSO, 1994). Por el contrario, el abandono femenino en el sector de la enfermería,
debido a la pérdida de valor adquisitivo de los sueldos, en ocasiones
por debajo del coste de desplazamiento al lugar de trabajo (como a continuación
comentaremos), es notorio en los centros públicos, al menos de Bagdad
y Basora.
Los hombres están abandonando el sector público en busca
de mejores salarios en el interior o en el exterior del país, con
el consiguiente fenómeno de su desprofesionalización. Un estudio
realizado en 1996 indica que la devaluación salarial ha sido menor
en el sector privado: si el porcentaje medio de descenso salarial entre
1991 y 1996 fue del 56%, el salario de un puesto de rango medio en el sector
público se ha devaluado hasta el 80%, mientras que en el sector privado,
por ejemplo en la industria textil, el salario de un trabajador cualificado
lo ha sido en un 17% y el de un no cualificado en un 43% (Boone et al.,
1997). Así, el salario medio en el sector público, que era
mayoritario en el país, corresponde en la actualidad a entre 3 y
5 dólares, una cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas
de una familia, a pesar del subsidio efectivo que supone la cartilla de
racionamiento. Por el contrario, las mujeres parecen permanecer en el sector
público. Aún cuando no sean cabeza de familia, han de compatibilizar
su función de contribución económica con el incremento
de sus responsabilidades domésticas (por ejemplo, hacer el pan o
tareas antes mecanizadas con electrodomésticos) y familiares. Así,
aportarán sueldos complementarios por medio del trabajo en domicilio
(la Federación General de Mujeres Iraquíes -FGMI- ha favorecido
esta fuente alternativa de ingresos, por ejemplo, por medio del reciclado
de ropa) o se mantendrán más que los hombres en el sector
público, donde las condiciones laborales son mucho más cómodas
para ellas, incluidas las ventajas por maternidad o la posibilidad de conservar
el puesto en excedencia sin paga. Estos sueldos se consideran hoy cruciales
en el mantenimiento de la precaria economía de las familias iraquíes
(UNICEF, 1998).
Las mujeres separadas y sin asistencia familiar o las viudas y las esposas
de mutilados y afectados síquicamente por las guerras irano-iraquí
y la del Golfo, nutren los segmentos más vulnerables de la población
iraquí. Desde 1980 el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales venía
prestando asistencia financiera a éste y otros sectores sociales
de bajos ingresos, integrados por personas indigentes, pobres o vulnerables
(6). Desde el inicio de las sanciones, el cómputo
de su número ha dejado de ser fiable y la asistencia prestada por
el gobierno muy limitada (7). En 1996 el Programa
Mundial de Alimentos de NNUU los cifraba en 450.000, a los que se sumaban
otras 765.000 personas, miembros de familias urbanas empobrecidas que precisaban
asistencia alimentaria, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres
(Graham-Brown, 1999).
2. El impacto de la crisis en la equiparación
educativa de género
En 1974/75 el gobierno iraquí declara gratuitos todos los niveles
educativos, desde el preescolar a los estudios de postgrado en el extranjero,
y se prohíbe la enseñanza privada, en un sistema de educación
mixto y no confesional. Un año después es declarada obligatoria
la enseñanza primaria. En los años sucesivos se logra la plena
equiparación de género en primaria y muy positivos porcentajes
en niveles educativos medios y superiores. El trabajo infantil queda prohibido.
En 1980 Iraq es el primer país de la región en reconocer por
ley los derechos sociales de los discapacitados (en 1990 había abiertos
en el país 43 centros dedicados a su educación). En 1989 Iraq
destinaba el 6,4% del gasto nacional a educación, un incremento financiero
de 2,5 veces en una década, casi el doble de la media de los países
en desarrollo. Entre 1975 y 1988 el número de estudiantes universitarios
y de escuelas técnicas superiores se incrementó en un 52%:
pasando de 781 a 1.188 por 100.000 habitantes.
Debido a la destrucción ocasionada durante la Guerra del Golfo
y tras diez años de sanciones, los retrocesos en el sector educativo
son evidentes, una situación que el anterior coordinador de la ayuda
humanitaria de NNUU en Iraq, von Sponcek, ha calificado de "embargo
intelectual" sobre las generaciones que habrán de regir
el país en el futuro (8). Un reciente
informe de UNICEF (1998) permite presentar resumidamente esta realidad respecto
al tramo escolar:
"[El deterioro educativo] incluye la falta de los más
básicos suministros tales como pizarras, tizas, lápices,
cuadernos y papel, inaccesibilidad a cualquier clase de agua y saneamientos
inexistentes o inutilizables. Algunos niños, privados en sus propios
hogares de agua y comida antes de ir a la escuela, no han desarrollado
la necesidad de usar un servicio; otros regresan a casa para poder hacer
sus necesidades.
Debido a la escasez, hasta cuatro niños pueden tener asignado
un mismo pupitre: el día que han de sentarse en el suelo algunos
padres no les envían a la escuela.
No hay presupuesto público para el mantenimiento de los centros.
Ventanas rotas, tejados con goteras y letrinas y lavabos estropeados permanecen
sin reparar. Incluso cuando hay suministro eléctrico, los niños
aprenden en una atmósfera de luz sombría, escasa ventilación,
de agua que gotea por techos de las aulas.
Las amenazas a la salud y la seguridad en las escuelas y en su vecindad
incluyen cables eléctricos desnudos, basuras, insectos y ratas y
aguas estancadas provenientes del desbordamiento y rotura de las tuberías
del alcantarillado. La mayoría de las escuelas carece de botiquín
de primeros auxilios." (pp. 87 y 88).
El programa humanitario de NNUU petróleo
por alimentos destina a la educación menos del 4% de la cantidad
que Iraq puede ingresar por la exportación limitada de su petróleo,
en total 72 millones de dólares desde que entrara en vigor la resolución
986, en enero de 1997, una cifra que no cubre ni el 10% de las necesidades
básicas y que ha de dedicarse mayoritariamente a la recuperación
infraestructural de los edificios (9). Sin
embargo, Iraq había pagado a finales de 2000 en concepto de indemnizaciones
de guerra 8.600 millones y medio de dólares.
El deterioro en las condiciones en que se imparte la enseñanza,
que la anterior cita del informe de UNICEF sintetiza bien, se combina con
la crisis económica familiar determinando la reducción de
las tasas de asistencia a clase en todos los niveles educativos. Así,
pese a su carácter obligatorio, la incorporación a la escuela
(la etapa de primaria cubre de los 6 a 1os 11 años) se ha reducido
del 92,4% 1992 al 68,8% en el curso 1996/97 (pese a que la matriculación
en el año previo fue mucho más elevada, el 84%), manteniéndose
la equiparación de género (UNICEF, 1998). A lo largo de los
tramos educativos posteriores se estima que uno de cada cuatro estudiantes
(el 21%) abandona los estudios para ayudar a la economía familiar
(un contingente anual de 100.000): hoy es habitual ver en las calles de
las ciudades iraquíes o en las carreteras chicos y chicas trabajando
o mendigando (10), si bien el absentismo escolar
afecta de diferente manera a uno y otro sexo.
Así, mientras que el abandono de los estudios para contribuir
a la economía familiar parece recaer más en los chicos que
en las chicas, el incremento de las tareas domésticas junto con el
aumento del gasto escolar antes cubierto por el Estado, el desánimo
por el deterioro de las instalaciones y la devaluación de la educación
como valor social, están invirtiendo la tendencia de la década
anterior a la equiparación de género en los distintos tramos
educativos, con descensos en las tasas femeninas de matriculación
y asistencia, más intensamente en el medio rural (UNICEF, 1998).
Para contrarrestar esta tendencia, el ministerio de Educación
iraquí, en colaboración con UNICEF y la FGMI, puso en marcha
un programa denominado de educación no-formal destinado a
niñas de entre 10 y 14 años que hubieran abandonado sus estudios.
El programa animaba a las niñas a reincorporarse a la escuela normal
tras este período de adecuación. Pese a su éxito (logro
atender la demanda de 12.000 niñas y adolescentes), en 1996 el ministerio
hubo de paralizar el programa por falta de fondos. Un programa similar (denominado
Escuelas Yafeen) procura la recuperación de chicos de más
edad que no hayan completado sus estudios primarios por haberse puesto a
trabajar.
Por el contrario, sin duda debido al impulso oficial en la promoción
educativa femenina previa al inicio de las sanciones, los niveles de matriculación
femenina y equiparación de género en estudios superiores se
mantienen, si bien también con una clara tendencia a su disminución,
como muestra la evolución de las tasas entre los cursos 1991/92 y
1995/96 (UN, 1999): reducción del porcentaje de matriculación
femenina casi nuevamente hasta el nivel de 1980 (hasta el 32%) y de graduación
(del 47% en 1991/92 al 40% en 1995/96 33.653 mujeres), pero incremento
en los estudios de postgrado. (el 28% en 1995/96 frente al 21% en 1991/92)
El retroceso educativo general y la disparidad de género afectan
igualmente a la población adulta y sus tasas de alfabetización.
En 1977 el gobierno iraquí puso en marcha una campaña de erradicación
del analfabetismo, que entonces afectaba a más de 600.000 hombres
y a más de dos millones y medio de mujeres entre 15 y 45 años.
En una década, el porcentaje de analfabetismo femenino se reduce
del 62,4% al 25,2%, y el masculino del 24,4% al 13%. Iraq recibió
por ello cinco premios de la UNESCO, y otro más la FGMI por su tarea
específica de alfabetización femenina. En 1995 el analfabetismo
afectaba de nuevo al 42% de la población adulta, y había aumentado
hasta el 65% entre las mujeres, porcentaje que, sin bien es similar al regional,
ilustra claramente la regresión sufrida (UN, 1999). Según
estimaciones del ministerio iraquí de Educación, la tasa de
analfabetismo en el país se incrementa anualmente un 5% desde el
inicio de las sanciones.
3. Indicadores de salud materno-infantil. Lactancia
materna
Los problemas generales de salud y el deterioro del sistema público
iraquí afectan particularmente a las mujeres iraquíes, muy
especialmente los relativos a la maternidad. Así, si en 1989 la tasa
de mortalidad por maternidad era de 117 mujeres fallecidas por 100.000 nacidos
vivos (UNICEF, 1998), el más reciente estudio de UNICEF y del ministerio
iraquí de Salud (UNICEF, 1999) estima esta tasa hoy en 294 por 100.000,
es decir, un incremento de 2,5 veces en diez años. Según indica
este último informe referido: "(...) el porcentaje de muertes
maternas (31%) muestra que la mortalidad por maternidad es la principal
causa de muerte en los últimos diez años entre las mujeres
en edad reproductora [entre 15 y 45 años]" (pág.
16). Tal incremento en la incidencia de mortalidad materna es debida al
aumento de partos con complicaciones, la desnutrición materna, la
anemia crónica y la limitación de recursos para la atención
correcta, como medicamentos, material quirúrgico y suturas. Los problemas
asociados al parto y el incremento en mortalidad materna deben asociarse
a deficiencias materiales más que a la cualificación del personal
sanitario o auxiliar.
La falta de recursos e instrumental básico, incluida la anestesia,
hacen de los partos un trance difícil y peligroso, sobre todo si
es complicado, aumentando las posibilidades de hemorragias post-parto y
sepsis puerperales. Las deficiencias en los sistema de urgencias y la falta
de ambulancias incrementan el riesgo de muerte materna. Uno de cada ocho
partos es complicado (hemorragias y prolongado, la mayoría de los
casos) y, debido a la falta de ambulancias solo un tercio de los partos
complicados puede ser derivado al hospital (UNICEF, 1998).
Pese al deterioro del sistema público de salud, las mujeres iraquíes
prefieren mayoritariamente seguir acudiendo a los hospitales para dar a
luz. En la actualidad el parto se realiza en hospitales en el 54% de los
casos y es domiciliario en el restante, siendo atendidas las mujeres por
parteras tradicionales de las cuales alrededor de un 50% no han recibido
programa de formación. Antes del embargo el 90% de los partos era
atendido por personal formado, un dato que resalta la adecuación
de los primeros programas de salud materna desarrollados en el país
(MOH, WHO IFPA y UNICEF, 1997). En la actualidad se han puesto en marcha
con el apoyo de UNICEF programas de capacitación de parteras tradicionales
y dotación de equipos básicos para la atención del
parto domiciliario.
La malnutrición materna puede ser evaluada por medio de la incidencia
de bajo peso (menos de 2,5 kilos) en los recién nacidos. Antes de
1990 la prevalencia de bajo peso al nacer se situaba en el 5%, con una peso
medio al nacimiento de 3,4 kilos, es decir, valores similares a los de los
países industrializados (UNICEF, 1999). En 1995 el porcentaje de
bajo peso al nacer se situaba en el 22% (GOI, 1996), y en 1999 en el 23,8%.
Un reciente informe revela que el 16% de las madres tienen un Índice
de Masa Corporal por debajo de 18,5, indicando malnutrición energética
crónica (WFP, 1997). El 61% de las mujeres embarazadas atendidas
en los centros de salud presentan anemia (MOH, 1997), que en casos extremos
puede resultar fatal para la supervivencia tanto del recién nacido
como de su madre. Para ellas, la provisión de tabletas de hierro
(anemia ferropénica) y ácido fólico (anémia
fólica, que puede provocar malformaciones en el feto) está
muy por debajo de las necesidades: solo la cuarta parte las reciben. El
porcentaje de mujeres vacunadas durante el embarazo contra el tétanos
es el 70%.
Asimismo, el incremento en incidencia de tuberculosis (que es, como la
mortalidad infantil, un indicador muy sensible de las condiciones generales
de vida, no solo de las sanitarias) afecta especialmente a la mujer. La
OMS señala que los casos de tuberculosis se han multiplicado por
cinco entre 1992 -solo dos años después de iniciado el régimen
de sanciones- y 1996. En 1992 la tuberculosis femenina era la mitad de la
masculina; en 1996 la incidencia en cada sexo es aproximadamente igual,
es decir, que mientras la tuberculosis se ha incrementado tres veces en
los hombres, en las mujeres se ha incrementado casi ocho veces desde 1992.
En 1999 la incidencia de tuberculosis en ambos sexos es igual a la registrada
en el país 30 años atrás, en 1968 (UN, 1999).
Las tasas de morbi-mortalidad infantil no son solamente sensibles indicadores
del deterioro de las condiciones de vida de la población iraquí
en su conjunto, sino que permiten además apreciar como las sanciones
están afectando especialmente a las mujeres y a su papel social,
en la medida en que es a ellas a las que sigue correspondiendo principalmente
la tarea de cuidar a sus hijos e hijas, como igualmente a los ancianos,
otro colectivo especialmente castigado por el embargo. Todos los países
del entorno están disminuyendo la tasa de mortalidad infantil en
menores de cinco años excepto Iraq, que desde 1990 presenta una tendencia
de marcado aumento de la mortalidad infantil. En el ranking mundial
de mortalidad en menores de cinco años, Iraq ocupaba en 1989 un puesto
medio: el 61 de 121 países; en 1996 había retrocedido al puesto
39 de 191 países. Según el último estudio de UNICEF
y del ministerio iraquí de Sanidad de abril de 1999 (UNICEF, 1999),
las tasas de mortalidad infantil en menores de un año y en menores
de cinco (por mil nacidos vivos) son 107,7 y 130,6 respectivamente, mientras
que en el período 1984/89 eran 47,1 y 56,0 por mil, registrándose
mayor incidencia cuanto menor es el nivel educativo de la mujer, en el medio
urbano y entre los nacidos de sexo masculino. Dos tercios de las muertes
se producen en el periodo neonatal.
Las estimaciones más conservadoras, las del propio gobierno iraquí,
calculaban que en enero de 2000 habían fallecido como consecuencia
directa de las sanciones 508.964 menores de cinco años (11),
con un promedio mensual de 5.000 (más de 8.000 en los meses de verano).
Cabe recordar que la FAO, recurriendo, a diferencia del gobierno iraquí,
que emplea datos clínicos, a estimaciones epidemiológicas,
calculó ya a mediados de 1995 en 560.000 los menores de cinco años
muertos desde el inicio del embargo (WFP, 1995; Pellet, 1997). Sin duda
debido principalmente a tan espectacular incremento en la mortalidad infantil,
la esperanza de vida al nacer en el país se ha reducido en casi diez
años en media década (en 1989 era de 66 años, en 1994
de 57 años), una dramática tendencia que necesariamente ha
tenido que mantenerse en la segunda mitad de la década (12).
Según el ministerio iraquí de Sanidad y las Agencias de
NNUU, las principales causas de defunción para ese grupo de edad
son infecciones respiratorias, diarreas y malnutrición (ha aumentado
también espectacularmente la incidencia de cáncer, derivado
probablemente del uso por la fuerza multinacional de armamento de uranio
empobrecido durante la Guerra del Golfo: Günther, 1997; IAC, 1997).
Un somero repaso a estas causas principales permite fácilmente asociar
de manera directa el incremento de la mortalidad infantil a la guerra de
1991 y el embargo (CELSI, 2000):
a. Enfermedades prevenibles o curables que no pueden ser debidamente
tratadas por falta de material sanitario y medicamentos.
b. Deficiente saneamiento (13).
c. Disminución del nivel socioeconómico de la población,
concretamente respecto al poder adquisitivo y la adquisición de
alimentos.
Así, el número de episodios anuales de diarrea por niño
había aumentado casi 4 veces después del embargo, el de casos
de infecciones respiratorias agudas y neumonías ha aumentado en un
50%, y los de enfermedades nutricionales se ha multiplicado por 60 los de
Kwashiorkor y por 50 los de marasmo.
La hambruna ha sido evitada en gran medida, desde el embargo, gracias
al establecimiento de un eficiente sistema público de racionamiento,
establecido por medio de una cartilla gubernamental de aprovisionamiento
alimentario. La ración básica garantiza un mínimo de
alimentos a todas las familias iraquíes (además de productos
de limpieza doméstica e higiene personal) que, no obstante, resulta
insuficiente. En enero de 1999, tras dos años de aplicación
de la resolución 986, se pudo ampliar la dotación proteínica
de la cartilla, que por primera vez, incorporaba proteína animal
en forma de leche y queso (14). A pesar de
ello, la cartilla de racionamiento sigue teniendo un valor calórico
de poco más de 2000 calorías por persona y día, por
debajo del objetivo fijado por la NNUU. Antes del embargo, la dieta alimentaría
estimada en el país era de 3.500 calorías por persona y día.
El último informe disponible (de marzo de 1998, referido en UNICEF,
1998) sobre el estado de nutrición de la infancia en Iraq sitúa
a este país en niveles similares a los del África Subsahariana
de hambruna crónica. Así, para el conjunto del país,
los porcentajes de niños menores de cinco años con alguna
de las tres modalidades de malnutrición son:
con bajo peso (peso para su edad), el 22,8%;
con malnutrición crónica (altura para su edad: desmedro),
el 26,7%;
con malnutrición aguda (peso para su altura: emaciación),
el 9,11%;
valores que apenas muestran mejora respecto a previos informes (CSO,
UNICEF, 1996) pese a los dos años de aplicación de la resolución
986 petróleo por alimentos, que entra en vigor -recordemos-
en enero de 1997.
Antes del embargo, Iraq tenía implementado el denominado Programa
Ampliado de Vacunación de la OMS, con una cobertura del 90% de
la población infantil, incluida la zona rural. La mejora en la disminución
del número de enfermedades infantiles prevenibles por vacunación
era notoria, acercándose a cifras similares a las de los países
desarrollados. Ya a finales de 1989 se interrumpió el programa de
vacunación, y tras la Guerra del Golfo quedó desbaratado la
denominada cadena de frío, que permite el mantenimiento
de las vacunas. La protección de los niños quedó seriamente
comprometida, y a partir de 1991 comenzó a aumentar la incidencia
de casos de forma considerable. En los últimos años, gracias
al esfuerzo realizado en el programa de vacunación infantil con la
ayuda de la UNICEF y la OMS, ha disminuido la incidencia de este grupo de
enfermedades prevenibles, aunque no se ha conseguido todavía llegar
a la situación previa al embargo, con excepción del tétanos
neonatal. Así, entre 1989 y 1998, según datos del ministerio
de Sanidad iraquí, los casos de poliomielitis se han incrementado
2,9 veces; los de difteria, 1,6; los de tos ferina, 3,4; los de sarampión,
4,5; y los de paperas, 3,7.
El ministerio de Sanidad sitúa entre sus prioridades, además
de las relativas al control de la morbi-mortalidad infantil asociada con
la malnutrición y las enfermedades infecciosas prevenibles, la de
reducción de la mortalidad materna (especialmente la asociada con
partos inadecuadamente atendidos), la expansión de los servicios
de planificación familiar y la promoción de la lactancia materna
al menos en los primeros 6 meses. El ministerio procura desarrollar sus
medidas de prevención sanitaria y educación para la salud
descentralizando sus estructuras y asociándolas a las institucionales
locales y asociaciones sectoriales, en concreto, en relación a la
salud materno-infantil, a la FGMI. Sin embargo, debido a reducciones presupuestarias,
esta asociación nacional, muy eficaz antes del embargo, ha tenido
que suspender sus actividades comunitarias en las áreas rurales desde
1996.
Recientemente se han creado los denominados Baby Friendly Hospitals,
en número de 23, hospitales que promocionan de forma activa la lactancia
materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida del nacido. Bien conocida
es la relevancia de la lactancia materna en el patrón de salud materno-infantil,
y ello tanto por el aspecto estrictamente nutricional como por el asociado
al espaciamiento intergenésico (15).
Cabe indicar que, según la OMS, la malnutrición es responsable
de al menos la mitad de las muertes en los menos de cinco años en
Iraq, especialmente si está asociada a diarreas e infección
respiratoria aguda (UNICEF, 1998). La prevalencia de lactancia materna exclusiva
en 1989/90 era del 60% en los tres primeros meses y del 45% en el primer
año (MOH, 1991), porcentajes que sin duda eran mayores en etapas
previas y cuya reducción cabe asociar al fenómeno de modernización
en pautas conductuales que ha caracterizado la evolución socioeconómica
de los países en proceso de industrialización. Tras la aplicación
del régimen de sanciones, las encuestas posteriores muestran incrementos
en la lactancia materna, llamativos en la realizada en 1997 por el ministerio
de Sanidad y UNICEF: el 92,4% de las mujeres amamantan a sus nacidos de
0 a 11 meses, el 81,4% de 12 a 15, y el 50% de 21 a 23; y, como ocurre en
los países industrializados, mayor prevalencia en el campo que en
la ciudad y en mujeres a ambos extremos del nivel educativo, un indicio
de que pautas negativas asociadas al desarrollo socioeconómico comienzan
a cuestionarse en estratos sociales más formados (UNICEF, 1998).
Sin embargo, estas evaluaciones muestran también que sigue sin alcanzarse
la exclusividad en los primeros 6 meses: tan solo el 13,3% da a sus nacidos
exclusivamente leche materna, mientras que el 48,8 la complementa con agua,
una costumbre tradicional que se pretende reducir por medio de campañas
de información en las que se resaltan que, debido a las deficiencias
en la potabilización del agua de consumo (véase nota 8) puede
ser causa de aparición de cuadros diarreicos en el lactante. Los
estudios muestran además que la aportación de alimentos tras
el destete es inadecuada.
4. Tendencias demográficas y planificación
familiar
El descenso de la fertilidad durante el período de la guerra irano-iraquí
determinó al gobierno a impulsar una política natalista, incentivando
económicamente la fertilidad. En 1987 la población de Iraq
superaba los 18 millones de habitantes y su crecimiento era del 3.2% (CSO,
1987). La población estimada por el gobierno en 1999 es de 24.739.300
habitantes. El 50,3% son mujeres y el 49,7% hombres; el 68% reside en áreas
urbanas, un porcentaje menor que el de hace una década (CSO, 1997),
debido a la reducción de oportunidades socioeconómicas en
las ciudades, una política gubernamental de evitar concentrar la
población en el medio urbano y la homogeneización de acceso
alimentario que ha introducido la cartilla de aprovisionamiento (UN, 1999).
El crecimiento demográfico en esta década de sanciones
se ha ralentizado, disminuyendo hasta el 3,0%; e, igualmente, se ha modificado
la estructura demográfica del país. En 1999, de los más
de 24 millones y medio de iraquíes, 700.000 son niños menores
de un año, el 40% tiene menos de 15 años, el 56,7% entre 15-64,
y el 3,3% más de 65 años (UN, 1999). El grupo de edad central
de entre 15 y 64 años ha aumentado porcentualmente (era el 51,4%
en 1990), habiéndose reducido los grupos de menor (45,8% en 1987)
y más edad (5% en 1977).
Tales cambios demográficos se deben, sin duda, al impacto del
embargo, y ello tanto en relación a la incidencia de sobremortalidad
asociada al deterioro de las condiciones sociosanitarias generales, como
a las nuevas tendencias matrimoniales y reproductoras, además de
a la migración al exterior. Así, la tasa bruta de fertilidad
ha descendido de 6,2 nacidos vivos por 1.000 habitantes a 4,7 (IPC, 1998),
mientras que la tasa global de fertilidad (número de nacidos vivos
por mujer) era en 1986 de 6,2 (en 1980, 6,5) y en 1995 de 5,5 (UNICEF, 1988
y 1997).
Tras la entrada en vigor de las sanciones el acceso a la anticoncepción
artificial pasó de estar sujeto a prescripción médica
a la promoción de su uso (decretos sucesivos de 1991 y 1994 del Consejo
de Mando de la Revolución, máxima instancia política
del país), garantizándose los servicios de planificación
familiar conjuntamente por la Asociación Iraquí de Planificación
Familiar en Iraq (AIPF) y el ministerio de Salud (UN, 1999). En el país
existen 134 centros de planificación familiar, 21 de ellos ubicados
en centros de atención primaria de salud.
Una de cada tres mujeres iraquíes casadas en edad reproductora
planifica su fertilidad, la mayoría en el transcurso de los últimos
dos años. Los métodos más usados son DIU y píldoras,
(además de la lactancia), habiendo carencia en el suministro de otros;
la esterilización no se realiza debido a que la escasez de material
quirúrgico y anestésicos determinan priorizar otras intervenciones,
en concreto las de urgencia. Las razones para su uso son en primer lugar
económicas.
El rechazo del marido y el deseo de tener más hijos son las razones
aducidas por las mujeres para no recurrir a la planificación familiar,
no resultando relevante motivaciones religiosas o de salud (efectos secundarios)
(MOH, WHO, IFPA y UNICEF, 1996). Una encuesta más reciente realizada
en febrero/marzo de 1997 en 43 centros de salud de seis provincias del sur
y centro del país confirman que el nivel de conocimiento es alto,
así como sobre la importancia de espaciar los embarazos al menos
dos años y las enfermedades y cuidados de los nacidos (MOH, 1997).
Una delegación sanitaria española de visita en Iraq en marzo
de 2000 fue informada en un centro de planificación familiar de que
la demanda de anticonceptivos se había incrementado en los últimos
años y que la razón de ello era el deterioro de la situación
económica general (CELSI, 2000).
La tasa bruta de fertilidad ha disminuido además por efecto del
descenso en el número de matrimonios desde 1990: 170.383 en 1989,
120.692 en 1995. Si ello es debido a la crisis económica, ésta
también está determinando la recuperación de las familias
extensas frente al incremento durante la década de los 80 de las
familias nucleares, especialmente entre las clases medias urbanas, asociado
a la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. Desde 1990
las familias extensas parecen cumplir un papel fundamental en la supervivencia
de sus integrantes, potenciado además por la imposibilidad de establecer
núcleos familiares independientes en las parejas jóvenes recién
casadas (Graham-Brown, 1999).
Consideración final
Sin duda esta sucinta revisión de la evolución de los principales
indicadores económicos y sociales -muy especialmente, de los sanitarios-
de Iraq en estos 10 años de guerra y sanciones permite comprender
en sus aspectos más evidentes el retroceso dramático en que
se desenvuelve hoy la vida de la mayoría de los iraquíes.
Pero la situación de crisis general que vive la sociedad iraquí
puede ser ya cuantificada también por medio de otros indicadores
que, si bien hasta ahora no considerados, permiten adivinar el daño
que a largo plazo se está causando al conjunto de este pueblo, un
daño que habrá de perdurar, como un legado maléfico,
durante generaciones y que inevitablemente mediatizará, sin duda
alguna de manera negativa, la evolución interna en el país
y sus relaciones con el resto de la comunidad internacional.
Por ejemplo, ya se dispone de datos sobre el impacto psicológico
(trastornos del comportamiento; ansiedad, depresión, fobias e insomnio,
enfermedades psicosomáticas; síndromes postraumáticos;
y psicosis) de tan prolongada crisis (UN, 1999):
El número de pacientes con problemas de salud mental atendidos
aumentó en un 157% entre 1990 y 1998.
El total de ingresos hospitalarios se incremento un 137% en el mismo
período.
El 56% de los menores de 10 años sufre angustia y desórdenes
psicológicos; el número de adolescentes (menores de 14 años)
tratados por desórdenes mentales aumentó en un 124%.
Entre el 30 y el 50% de enfermedades inicialmente somáticas correspondían
a trastornos mentales.
Se puede comprobar que durante las reiteradas crisis militares que ha
vivido el país desde 1991 si apenas hay acaparamiento de productos,
sí se produce un incremento significativo de las visitas a centros
públicos demandando medicación contra estos síndromes.
Otros aspectos, que afectan específicamente a la mujer, como la
violencia doméstica y la prostitución, empiezan también
a ser cuantificados, tras ser reconocidos oficialmente (16)
como problemas emergentes en la sociedad iraquí y ser referidos ya
recurrentemente en los medios de comunicación iraquíes.
En suma, el empobrecimiento agudo y generalizado de la población
de Iraq, que es el resultado de la destrucción de la infraestructura
civil ocasionada por la coalición internacional durante la Guerra
del Golfo y de la prolongación de las sanciones desde agosto de 1990,
está afectando específicamente a la mujer iraquí. La
mujer iraquí no solamente ha visto incrementadas sus responsabilidades
familiares ante el deterioro de las condiciones de vida cotidianas, sino
que en lo social se ve afectada particularmente y por partida doble por
el proceso de hundimiento y desaparición -debido a la hiperinflación
y el desempleo- de las capas medias del funcionariado público, predominantes
antes del conflicto. La aguda crisis que vive Iraq desde 1990 en primer
lugar limita e invierte la tendencia de décadas anteriores a su equiparación
social y de género en los ámbitos educativo y laboral. En
segundo lugar, esta situación justifica la sustitución de
las prácticas y las ideas de modernización, democratización
y laicidad (que habrían de ser, además, el verdadero sustento
del cambio político interno) por pretéritos vínculos
y compromisos de cohesión clánica o confesional, que, si bien
han tenido que ser recuperados por una sociedad al borde del colapso, no
han de favorecer, en una situación de extrema crisis como es ésta,
la promoción de los derechos de la mujer.
Pero, pese a todo ello, este proceso, extremadamente complejo, abrupto
y dramático, está favoreciendo asimismo tendencias contrapuestas,
sin lugar a dudas positivas, en el conjunto de la sociedad iraquí
y también en relación al estatuto público y privado
de sus mujeres: colectivamente está determinando una revalorización
de la autosuficiencia nacional (en muchos aspectos, por ejemplo, en el alimentario)
y de la capacitación de sus ciudadanos, que en el caso concreto de
las mujeres se puede percibir en la recuperación y difusión
de prácticas antes devaluadas o restringidas (desde el retorno al
amamantamiento al acceso a la contracepción artificial), síntomas
de mayores cotas de autonomía, compromiso y responsabilidad, que,
pese al sufrimiento que a ellas subyace, habrán de favorecer un mayor
papel social.
Notas:
- Presentado en las XII Jornadas de Estudios
de la Mujer del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad
Autónoma de Madrid, 2000.
- Documento E/CN.4/Sub.2/1998/L.44 de 24
de agosto, 1998.
- Documento S/22366 de 20 de marzo de 1991,
en UN (1996) pág. 186 y sgtes.
- Hans von Sponeck presentó la dimisión
de su cargo en febrero de 2000 en protesta por la prolongación de
las sanciones, una situación "(...) [de la que] sólo
la comunidad internacional es responsable" (Agencia EFE, 26 de
marzo, 2000).
- Von Sponeck indicaba en la rueda de prensa
convocada para explicar su dimisión que la tasa efectiva de paro
podría situarse entre el 60 y el 75%. (Agencia EFE, 17 de febrero,
2000.)
- Denominados genéricamente destitutes.
- En octubre de 1999, el ministro de Comercio
iraquí indicaba que se estaban dejando de pagar pensiones y ayudas
públicas en torno a 2,5 dólares mensuales- (comunicación
personal).
- Le Monde, 3 de abril, 2000.
- El 84% de los 10.000 centros del país
necesitan ser rehabilitados, y la mitad de ellos no son aptos para la enseñanza
y deberían ser cerrados. En muchas escuelas hay dos o tres turnos,
y el hacinamiento es habitual.
- Los índices de delincuencia juvenil
se han duplicado (UN, 1999).
- La cifra en mayores de 5 años
es 755.983 fallecidos (sobremortalidad media anul de 50.000 muertes); en
total, más de un millón y cuarto de personas fallecidas desde
agosto de 1990.
- De hecho, durante el período de
aplicación de la resolución 986 petróleo por alimentos,
la mortandad infantil se ha mantenido (250.000 menores de 5 años
fallecidos entre enero de 1997 y diciembre de 1999).
- Antes de 1991 el sur y el centro de Iraq
tenían un sistema bien desarrollado de abastecimiento de agua y
de saneamiento integrado por más de 200 plantas depuradoras de agua
para las zonas urbanas y 1.200 depuradoras compactas para atender a las
zonas rurales, así como una amplia red de distribución. La
OMS estima que el 90% de la población tenía acceso a abundante
cantidad de agua potable. Había modernos medios mecánicos
de recogida y eliminación de desechos. El PMA estima que la proporción
de la población con acceso al agua potable es actualmente un 50%
del nivel de 1990 en las zonas urbanas y sólo un 33% en las zonas
rurales (UN, 1999). Ello favorece la expansión de las enfermedades
infecciosas. El sistema de depuración de aguas depende del suministro
eléctrico. En 1990/91 existían 24 centrales eléctricas
que cubrían la gran mayoría de las necesidades energéticas
del país, que fueron sistemáticamente bombardeadas durante
la Guerra del Golfo en las primeras horas de iniciarse los ataques. En
las ciudades los cortes de luz oscilan entre 10 y 16 horas al día;
en el campo el suministro puede ser sólo de 3 a 6 horas. 50.000
hogares siguen sin luz.
- Anteriormente la cartilla ya incluía
leche en polvo para los nacidos menores de un año.
- El Corán determina que el amantamiento
debe prolongarse hasta el segundo año de vida del nacido.
- Decretos de 1993 y 1994 condenan con
máximas penas la organización de redes de prostitución
(Graham-Brown, 1999).

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