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Una "ley de seguridad
nacional" contra la resistencia y para la ocupación
militar de Iraq
CSCAweb (www.nodo50.org/csca),
9 de julio de 2004
Nota informativa CSCAweb
"[...]
La nueva 'ley de seguridad nacional' está pensada, en
primer lugar para legitimar los resortes represivos (locales
y de las fuerzas de ocupación) aplicables contra el creciente
poder de la legítima resistencia armada y social iraquí.
Equiparada ésta con "terrorismo" como conviene
a EEUU, la ley se sirve de la misma terminología que ha
recreado el discurso globalizado de la "seguridad"
en el marco de la "guerra total contra el terrorismo internacional"
de la Administración Bush adecuando para Iraq discurso
y prácticas conforme a los parámetros que exige
la dominación estadounidense".
El nuevo "gobierno"
tutelado de Iraq ha anunciado, conforme al principio pactado
de la "seguridad" como prioridad que ha de mover la
acción de su mandato hasta el próximo enero de
2005, la aprobación de una ley de seguridad nacional por
la que el "primer ministro" Iyad Allawi queda investido
de plenos poderes para decretar restrictivas medidas de seguridad
interna. La aprobación de la ley se producía al
mismo tiempo que en el centro de Bagdad se llevaban a cabo acciones
casi simultáneas de ataques con morteros y enfrentamientos
directos entre combatientes de la resistencia y efectivos de
la recién creada policía local iraquí en
una zona muy próxima a la "zona verde" y a plena
luz del día [1].
La ley prevé que el
primer ministro pueda decretar, por ejemplo, el estado de emergencia
en diversas partes del país durante un periodo de 60 días
renovables cada 30; aplicar la ley marcial, imponer toques de
queda, practicar la pena de muerte, así como llevar a
cabo detenciones contra "sospechosos de organizar acciones
violentas", practicar escuchas telefónicas o prohibir
el derecho de asociación.
La nueva ley ha sido comparada
por los propios nuevos "ministros" iraquíes
de Justicia (Malik Dohan al-Hasan) y de Derechos Humanos (Bujtiar
Amin), encargados de su presentación pública el
pasado 7 de julio en Bagdad, con la Patric Act, la legislación
de excepción adoptada por la Administración Bush
tras los sucesos del 11-S y que ha sido y sigue siendo extensamente
criticada en el interior de EEUU precisamente porque supone la
limitación sin precedentes de los derechos civiles y una
amplia restricción de las libertades públicas en
beneficio de atribuciones y poderes antidemocráticos a
las fuerzas de seguridad internas. Esa misma lógica es,
de hecho la que recorre el espíritu y la forma de esta
primera ley "iraquí" tras la farsa del "traspaso
de poder" a una autoridad títere elegida por EEUU
cuya caracterización más destacada es precisamente
la de la funcionalidad otorgada al "primer ministro"
Allawi, a la sazón, experto en cuestiones de servicios
de seguridad y de inteligencia y colaborador histórico
de la CIA, el M-16 y otros servicios secretos incluidos árabes
[2].
Una ley
contra la resistencia y para la ocupación
La nueva ley de seguridad nacional
está pensada, en primer lugar para legitimar los
resortes represivos aplicables contra el creciente poder de la
legítima resistencia armada y social iraquí. Equiparada
ésta con "terrorismo" como conviene a EEUU [3],
la ley se sirve de la misma terminología que ha recreado
el discurso globalizado de la "seguridad" en el marco
de la "guerra total contra el terrorismo internacional"
aplicada por la Administración Bush con el consenso implícito
de las grandes potencias internacionales y del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas (CS). Tanto el gobierno títere de Iraq
como la Administración Bush pretenden adecuar en Iraq
el discurso y las prácticas conforme a los parámetros
que exige la dominación estadounidense.
Además de los poderes
para promulgar el estado de emergencia, con el acuerdo del presidente
y de los dos vicepresidentes y con la intervención directa
de policías o militares iraquíes para aplicarlo,
la ley prevé que "[...] las fuerzas de seguridad
iraquíes puedan pedir ayuda a las tropas internacionales
estacionadas en Iraq en caso de que no sean capaces de hacer
frente al peligro" [4]. Con ello no solo se vuelve
justificar, esta vez vía legislación interna, el
mantenimiento de la presencia de las tropas de ocupación
extranjeras en el país sino que abre la vía "legal"
para su intervención activa en el control del país,
tal y como ya quedó estipulado previamente en la último
resolución 1546 del Consejo de Seguridad de NNUU (CS)
[5] y formalizado en la petición expresa que el
"primer ministro" Allawi remitió a sus miembros
antes de su aprobación siguiendo el dictado estadounidense.
Inmunidad
para las tropas y a los mercenarios estadounidenses de la seguridad
privada
Lo que la ley no especifica
es si es de aplicación a las tropas extranjeras presentes
en Iraq que seguirán siendo quienes lleven a cabo el control
efectivo en las operaciones militares, las detenciones masivas
de iraquíes, la custodia de los presos y presas iraquíes
en los centros de detención y prisiones y el control de
efectivo del país. A este respecto merece la pena recordar
que el procónsul Bremer, pocos días antes de abandonar
Iraq, emitió nuevas órdenes que especificaban que
tanto los miembros de las fuerzas militares como los empleados
estadounidenses de la seguridad privada tendrán inmunidad
respecto a la legislación de Iraq una vez adoptada la
"transferencia de poder". Esta nueva regulación
se suma a otras 97 que el propio Bremer catalogaba como "instrucciones
de obligado cumplimiento o directivas para el pueblo iraquí".
El ordenamiento
legal bajo el gobierno títere de Allawi
La cuestión no es baladí
pues, a falta de ordenamiento jurídico legal, una vez
desmantelado el sistema político iraquí, le legislación
que va a moldear el futuro de un Iraq sin soberanía está
ya marcado por esas órdenes y regulaciones instauradas
por Bremer y que en ningún caso podrán ser revocadas
por ningún gobierno local emanado de la ocupación.
Así, por ejemplo, las
regulaciones afectan a cuestiones tan trascendentales como la
comisión electoral designada por la APC que será
quien ostente la autoridad para autorizar a partidos y candidatos
en las previstas elecciones de enero de 2005 y cuyas normas establecen
importantes restricciones a la participación política
y a la financiación por parte de organizaciones iraquíes
que puedan tener vínculos con la resistencia o con milicias
armadas, mientras autoriza sin restricción alguna la financiación
de partidos iraquíes con fondos extranjeros procedentes
de EEUU, Arabia Saudí o Irán [6].
Asimismo, la APC ha dejado
seleccionados y nombrados por un término de cinco años
a los cargos de las jefaturas de los servicios de seguridad y
de inteligencia así como a "inspectores generales"estadounidenses
en cada uno de los ministerios del nuevo "gobierno"
iraquí igualmente con mandato para cinco años,
con poderes plenos cuyos dictados, habida cuenta del grado de
dependencia política y económica del gobierno títere
respecto de EEUU, se impondrán sobre la "autoridad"
formal de los nuevos ministros.
En el sector de la economía, las regulaciones de Bremer
imponer un límite del 15% a los impuestos, garantizar
la propiedad extranjera de cualquier entidad o empresa iraquí
en el país al 100%, aplicar regulaciones para adecuar
a Iraq a las condiciones de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y mantener la inmunidad para las compañías
que han recibido los contratos de petróleo antes de la
"trasferencia de poder" como la Halliburton [7].
La Unión
Europea y la "reconstrucción" de Iraq
Al igual que en Palestina,
y una vez obtenido el respaldo de NNUU, el G-8 y la OTAN al proyecto
de dominación de Iraq, EEUU ha reservado a la UE la funcionalidad
de contribuyente en calidad de "donante" para la
reconstrucción de Iraq. Con este fin, Iyad Allawi se reunirá
con los ministros de Exteriores de la UE el próximo lunes
en Bruselas tras la invitación cursada por la presidencia
holandesa. Con ello, la Europa oficial formalizará públicamente
no solo el reconocimiento de la UE al nuevo "gobierno"
iraquí sino el respaldo al proceso neocolonial que EEUU
ha reabierto en Iraq y su directa implicación en él.
A finales de junio, la Comisión Europea ya recomendó
destinar 200 millones de euros anuales a la "reconstrucción"
del país así como establecer relaciones con Iraq.
Igualmente, el Fondo Monetario Internacional reconoció
el pasado 7 de julio al "gobierno" iraquí abriendo
la veda para la concesión de créditos millonarios
que aumentarán la ya vertiginosa deuda externa del país
antes de que el pueblo de Iraq pueda recobrar no ya su soberanía
sino las mínimas infraestructuras de su Estado destruidas
por dos guerras y una ocupación.
Notas:
1. Véase
en CSCAweb: Diario
de la resistencia iraquí de 7 de Julio de 2004
2. Véase en CSCAweb: Las cosas claras: EEUU impone
a un hombre de la CIA como primer ministro de Iraq y desautoriza
al enviado de Naciones Unidas
3. Véase en CSCAweb: Loles Oliván: La
OTAN sanciona en Estambul el fraude del "traspaso de poder"
en Iraq y esboza su proyecto de intervención global en
Oriente Medio - Carlos Varea: EEUU aumentará su presencia
militar en Iraq y mantendrá al país desmilitarizado
4. La Vanguardia, 8 de julio de 2004
5. Véase en CSCAweb: EEUU preserva en el nuevo borrador
de resolución el pleno control sobre sus tropas en Iraq,
imposición aceptada por el gobierno de transición
designado esta semana y El Consejo de Seguridad
aprueba en una nueva resolución el fraude de la "transferencia
de poder" en Iraq - Resolución 1546 del CS de NNUU
sobre Iraq aprobada el 8 de junio 2004
6. Bennis, P.: "Paying the Price: The Mounting Cost of the
Iraq War", Institute for Policy Studies, 5th July, 2004
en www.ips-dc.org).
7. Ibidem. Véase en CSCAweb: Loles Oliván:
Bremer abandona Iraq entre acusaciones de opacidad y fraude por
parte de la Autoridad de ocupación en la gestión
de los ingresos del petróleo iraquí
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'Seguridad
nacional' en Iraq