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Agenda 2001
Palestina


LA CALLE ES NUESTRA

Madrid, 2001: las promesas de alcanzar mayores cotas de "Orden Público y Seguridad Ciudadana" adelantadas por el Gobierno del P.P. al alcanzar la mayoría absoluta, se han traducido en una amenaza directa contra los derechos y libertades de gran parte de la población.
Han demostrado que el aumento de medidas policiales para lograr ese objetivo sólo sirven para criminalizar la pobreza y controlar la disensión, mientras que aumentan la violencia contra las mujeres, los accidentes laborales, las muertes en el Estrecho, la Precariedad, la inseguridad alimentaria...
Esta es la Lógica Económica del Capitalismo globalizado que gobierna la Unión Europea y el Estado Español, que trata de convertir nuestras vidas en simples mercancías y condena a la invisibilidad y a la marginación a tod@s l@s inmigrantes, negando a los sin papeles, sus derechos más fundamentales. Además establece en nuestras sociedades la división entre ciudadan@s y esclav@s.
Así los derechos sociales y libertades están condicionadas al buen funcionamiento del Mercado; el derecho del Capital a obtener beneficios se impone a todo lo demás.
Al igual que moneda única tenemos una política interior única en toda la U.E. (Europol, Acuerdo de Schengen...) que apoyada por los grandes medios de comunicación trata de criminalizar para luego erradicar cualquier voz crítica que cuestione su pensamiento único.
Tras tomar posesión de su cargo como Delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, declaró que iba a acabar con las manifestaciones y no tardó en revelar cuál era su fórmula: La violencia policial. Violencia que está favorecida por el hecho de no haberse dado una ruptura real con el régimen dictatorial franquista durante la transición a la llamada democracia, y por la posterior actuación del gobierno del PSOE con su tristemente famosa Ley Corcuera que ha facilitado otras formas de represión como son las masivas sanciones gubernativas (multas).

Acusamos a Francisco Javier Ansuátegui de pisotear los derechos democráticos y de tratar de instaurar en las calles un clima de miedo y represión.
Acusamos al Gobierno de intentar criminalizar cualquier movimiento social contrario a sus intereses y consignas.
Acusamos a la Policía de agredir brutalmente y de detener de forma arbitraria a quienes ejercen su derecho a la disensión y de someter a los detenidos a malos tratos y torturas.
Acusamos a los más influyentes medios de Comunicación de ocultar, falsear y manipular la información colaborando en la Política de Orden Publico.
Exigimos la inmediata dimisión de Ansuátegui y el procesamiento de los responsables de la brutalidad policial, al igual que la retirada por el Ministerio Fiscal de todas las denuncias derivadas de esta situación.

Reivindicamos la calle como espacio de socialización y convivencia, como lugar desde el que escuchar y hacernos oír.

Reivindicamos la calle como nuestra.

Campaña por los Derechos Civiles


Agenda 2001 / Palestina

Ansuátegui, dimisión: también en solidaridad con Palestina

La Delegación del Gobierno en Madrid reabre tras caducar el plazo legal las sanciones contra siete de los 21 manifestantes propalestinos encausados por la concentración 'no autorizada' del 13 de octubre ante la embajada de Israel convocada por el CSCA en protesta por la represión de la Intifada

CSCAweb, 30 de julio de 2001

Después de que expirara el plazo de respuesta por parte de la Delegación del Gobierno a las alegaciones presentadas por los siete primeros sancionados con multas de 20.000 pesetas -los primeros de los 21 encausados por la concentración no autorizada contra la represión israelí del pasado 13 de octubre de 2000, Ansuátegui ha determinado reabrir los expedientes sancionadores, reiniciando el procedimiento. La abogada de los sancionados, Begoña Lalana, considera inadmisible la medida, dado que ha sido la Delegación del Gobierno quien ha incumplido los plazos que marca la legislación, no los encausados.


Siete sancionados por Ansuátegui con multas de 200.000 ptas. por concentraciones 'no autorizadas' a favor de Palestina

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Madrid, 18 de abril de 2001

 

Entre las convocatorias "no autorizadas" en estos meses por el delegado del gobierno en Madrid, Francisco J. Ansuátegui, y reprimidas por la policía, se encuentran dos promovidas en octubre de 2000 en protesta por la represión israelí de la Intifada palestina por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA). Ambas fueron notificadas por el procedimiento de urgencia, justificando el CSCA en su notificación ante la Delegación de gobierno la gravedad de los sucesos en Palestina y la repulsa que ello causaba en el colectivo árabe de Madrid, en concreto, entre el palestino.

La primera de ellas, convocada ante la Embajada de Israel con el apoyo de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina "Jerusalén" en la tarde del 13 de octubre, se inició con petición de la documentación y toma de datos personales por parte de la policía a quienes lograron concentrarse o se aproximaban a la calle Joaquín Costa (el acceso a la calle Velázquez -en cuyo número 150 está situada la Embajada israelí- fue impedido) y concluyó con una brutal e inesperada carga policial contra los concentrados (muchos de ellos, palestinos con sus hijos e hijas) que se saldó con varios contusionados y un detenido, Agustín Velloso, profesor de la UNED, quien fue agredido en el furgón policial (según costa en parte de lesiones) y retenido durante varias horas en comisaría. La Delegación de Gobierno adució para su no autorización que no había motivo de urgencia que justificara la convocatoria. En situaciones previas similares (ataques a Iraq o matanzas de palestinos), anteriores Delegados del Gobierno habían autorizado convocatorias notificacadas con carácter de urgencia.

De resultas de ello, sin contar al representante del CSCA que notificó la convocatoria ni al detenido -que se encuentra a la espera de juicio por la vía penal-, 19 personas (entre ellos, miembros de distintos colectivos y nueve jóvenes de la comunidad hispano-palestina de Madrid) han recibido expediente sancionador por vía administrativa. A día de hoy -18 de abril- 7 personas han recibido ya sanción de 200.000 ptas., contra las que se han presentado una segunda alegación, tras haber sido rechazada la primera.

Dos semanas después, una nueva convocatoria del CSCA, igualmente motivada por la escalada represiva en los territorios palestinos, fue de nuevo "no autorizada" por el delegado del gobierno, presentándose en la misma mañana en la que había de celebrarse -el sábado 27- recurso ante el Tribunal Supremo, que fue rechazado por motivos formales (falta de documentos). La dotación de antidisturbios cercó nuevamente en la calle Joaquín Costa a quienes habían logrado no sin dificultad burlar sucesivos filtros policiales en torno a las proximidades de la Embajada de Israel. Nuevamente a numerosas personas -concentrados o andando- se les pidió la documentación para la toma de sus datos, sin que hasta el momento se hayan producido notificaciones de sanciones. Dado que la dotación policial, tras conversación con los convocantes, aceptó que el grupo se concentrará en la calle Joaquín Costa, y tras el tiempo transcurrido, no parece que se proceda a aplicar sanciones como sí ha ocurrido con la anterior concentración.