PCHR - Centro Palestino de Derechos Humanos

El cierre de la Franja de Gaza entra en su 5º año consecutivo

El 12 de junio de 2007 el gobierno israelí ordenó el cierre absoluto de la Franja de Gaza como respuesta a la toma de poder de la misma por Hamas. A pesar de la política de cierres impuesta por Israel desde 1991, los pasados cuatro años han significado una contundente y extrema aplicación del cierre que claramente lo identifica como castigo colectivo y posiblemente un crimen contra la humanidad en base a su ejecución.

Traducción, Juan Pablo Crespo(CSCA)

El 12 de junio de 2007 el gobierno israelí ordenó el cierre absoluto de la Franja de Gaza como respuesta a la toma de poder de la misma por Hamas. A pesar de la política de cierres impuesta por Israel desde 1991, los pasados cuatro años han significado una contundente y extrema aplicación del cierre que claramente lo identifica como castigo colectivo y posiblemente un crimen contra la humanidad en base a su ejecución. Como consecuencia de tal cierre a los gazauís se les ha privado de sus derechos humanos fundamentales incluyendo, entre otros, el derecho de movimiento, trabajo, y a unas condiciones aceptables de vida y salud. Junto con este comunicado, PCHR [1] ha publicado el testimonio de Ramzi Abd el-Rahman Ganmam, residente en la ciudad de Gaza, en cuya historia se muestra como el cierre le ha dejado sin empleo.

Después de la toma de poder de la Franja de Gaza por Hamas, Israel aisló a sus 1,7 millones de habitantes del mundo exterior. Israel presenta el cierre con el apelativo de “peaje económico de la guerra”, pretendiendo castigar a los civiles de Gaza por las acciones del gobierno de Hamas. Los efectos de esta evidente forma ilegal de castigar colectivamente a la población de Gaza han sido estremecedores y han vulnerado derechos humanos fundamentales. PCHR publicó un informe en diciembre de 2010, 'El cierre ilegal de la Franja de Gaza: Castigo colectivo de la  población civil,' en el cual se destacan los tremendos efectos en todos los ámbitos de las vidas de los gazauís como consecuencia directa del cierre.

Por ejemplo, con relación al desempleo, en un reciente informe publicado por la agencia de Naciones Unidas para asistencia a los refugiados palestinos (UNRWA), Documento informativo sobre el mercado de trabajo en la Franja de Gaza, segunda mitad 2010, se encuentra que la tasa de desempleo en Gaza actualmente se sitúa en el 45,2%, uno de los índices más altos en el mundo. Esta tasa de paro tan drástica es consecuencia directa del cierre, toda vez que el 26 de marzo de 2006 a todos los trabajadores les fue prohibido viajar a Israel para trabajar, prohibiendo además, la importación y exportación de productos, lo que condujo a un estrangulamiento de la economía local. La escasez de empleo ha provocado un nivel de pobreza que alcanza al 60% de la población y en consecuencia un incremento continúo de la dependencia de ayuda alimentaria.

La política israelí de cierre constituye una evidente y sistemática violación del derecho internacional, que implica responsabilidades criminales individuales para militares y representantes políticos. Mediante la aplicación de esta política ilegal Israel ha generado una absoluta y crónica, pero evitable, crisis humanitaria en Gaza. Es inaceptable que la comunidad internacional haya permitido que esta situación persista durante cuatro años.

“El cierre ha transformado la Franja de Gaza en una granja de animales”, denuncia   enérgicamente Raji Sourani, director del PCHR, y añade que “el castigo colectivo de la población de Gaza está siendo institucionalizado por una comunidad internacional silenciosa.”