Israel debe rendir cuentas por su racismo

Tres proyectos de ley que actualmente circulan en la Knesset (Parlamento) israelí revelan que los derechos individuales y colectivos de los palestinos están siendo puestos obscena y peligrosamente en la mira.

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
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Durante décadas, Israel ha discriminado y desplazado forzosa e impunemente a ciudadanos palestinos. Pero ahora pretende imponer el consentimiento de los crímenes perpetrados contra sus victimas.

Tres proyectos de ley que actualmente circulan en la Knesset (Parlamento) israelí revelan que los derechos individuales y colectivos de los palestinos están siendo puestos obscena y peligrosamente en la mira.

Uno proyecto de ley pretende prohibirles que tomen el día que Israel declaró su independencia como día de luto. El segundo prohíbe la negación de la existencia de Israel como Estado judío y democrático. El tercero exige que los ciudadanos israelíes presten juramento de lealtad a la bandera y al himno israelí, y que cumplan el servicio militar o el servicio civil. Aunque aún están en una fase temprana, si los proyectos de ley se aprueban, aquellos que violen dichas leyes podrían enfrentarse a duras sentencias, entre las que se incluyen encarcelamiento y revocación de la ciudadanía.

Los ciudadanos palestinos en Israel son parte de los residentes autóctonos palestinos que, durante el establecimiento de Israel en 1948, fueron reducidos a minoría en su propia tierra mediante de la expulsión de dos tercios de su población por milicias sionistas- hechos que los palestinos conmemoran como la Nakba (Catástrofe en árabe).

Los líderes palestinos han comparado la posible aprobación de estos proyectos de ley con una declaración de guerra. Según Mohammed Zeidan, presidente del Comité Superior Árabe de Vigilancia, grupo de liderazgo informal y colectivo de ciudadanos palestinos, los proyectos de ley “exigen a la minoría árabe, por un lado, que niegue su historia e identidad árabe-palestina y, por el otro, que se identifique con los valores sionistas, que niegan dicha identidad”.

Los intentos de forzar el cumplimiento de la narrativa, el carácter y la práctica sionista del Estado equivale a demandar que los palestinos aprueben su (propia) desposesión histórica a la vez que dejen sellada su actual condición de ciudadanos de segunda clase “no judíos” en el Estado judío.

Además, estos intentos surgen en el contexto de una creciente campaña en contra de esta comunidad, que pretende representarla como “una bomba de tiempo demográfica” y “una quinta columna.” Yuval Diskin, director de Servicio de Seguridad General, describe las demandas de igualdad por parte de los palestinos como constituyentes de “un peligro estratégico para el Estado” que debe ser frustrado “incluso si llevan a cabo su actividad mediante medidas democráticas.” Los políticos israelíes y los “proyectos de paz” hablan abiertamente de “intercambios de poblaciones” entre ciudadanos palestinos y colonos israelíes en Cisjordania. Y la prensa hebrea, incluso, ha revelado que el ejército israelí está entrenando unidades especiales con el propósito de ocupar pueblos y aldeas palestinos dentro del territorio de Israel en caso de que haya una guerra regional, para evitar manifestaciones de protesta y el acceso a autopistas.

Una campaña de incitación más amplia está en funcionamiento aquí. Estas leyes pretenden polarizar la situación entre los ciudadanos israelíes y palestinos, al tiempo que justifican la anulación de las legítimas demandas palestinas. Además, parece que Israel quiere extender varios elementos de sus prácticas militares contra los palestinos a los ciudadanos israelíes en los Territorios Ocupados Palestinos.

Dado el registro histórico de las repetidas desposesiones a los palestinos perpetradas por Israel -ya sea bajo la 'niebla de la guerra' o a través de la acumulación de medidas burocráticas- la puesta en marcha de estas leyes sólo se puede interpretar como un reforzamiento de las políticas de iure de Israel para aplicar un apartheid de facto en ambos lados de la Línea Verde.
En este contexto, en vez de procurar asociarse con el nuevo gobierno israelí, ha llegado la hora de boicotear, desarmar y sancionar su régimen hasta que éste abandone todas las prácticas y políticas racistas y aplique la ley internacional.