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El Gobierno reclama a Israel la "inmediata" repatriación de los cooperantes

Tacha la actuación militar de "completamente desproporcionada" y pide levantar el bloqueo de Gaza.

COPILSA, 31 de mayo de 2010

Chacón con Barak

El Gobierno reclamó hoy a Israel la repatriación "inmediata" de los tres españoles que viajaban en la 'Flotilla de la Paz' y que fueron retenidos por el Ejército hebreo tras un sangriento abordaje del barco turco en que viajaban. Los cooperantes de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad, Manuel Tapial y Laura Arau, y el periodista David Segarra, colaborador del canal venezolano Telesur, fueron llevados al puerto israelí de Ashdod a última hora de la tarde de este lunes. Hacía allí se dirigían dos diplomáticos de la Embajada española, que pretendían negociar con las autoridades hebreas su puesta en libertad para enviarlos cuanto antes a España.

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó por la mañana al embajador israelí en Madrid, Raphael Schutz, para conocer de primera lo ocurrido en aguas internacionales y el estado de los tripulantes españoles. Durante una hora y media, los colaboradores de Miguel Ángel Moratinos, quien se encontraba en Ginebra en representación de la UE, pidieron al embajador "información a la mayor brevedad" de los dos cooperantes y del periodista y su "repatriación inmediata".

Asimismo, trasladaron al diplomático la condena del Gobierno español ante lo que calificó una actuación militar "completamente desproporcionada" y subrayaron que lo ocurrido es un "duro golpe" al proceso de paz que parecía ir por buen camino tras las recientes conversaciones mantenidas por palestinos e israelíes con la mediación de Estados Unidos. Posteriormente, Exteriores dejó claro que el Ejecutivo apoya el fin del bloqueo de la franja de Gaza por parte de las autoridades israelíes y solicitó una investigación neutral de los hechos y que se depuren responsabilidades.

A la condena del Gobierno se sumó el PP, quien señaló que "el uso de la fuerza nunca está justificado"; Izquierda Unida, que tachó el sangriento asalto de "crimen contra la humanidad" y reclamó medidas diplomáticas más severas, como la retirada del embajador israelí en España; así como otros partidos políticos y organizaciones sociales de diversa índole. El propio presidente Rodríguez Zapatero señaló a la salida del Congreso que los hechos eran "graves y preocupantes".