Presentación del Documental y las Conclusiones de la Misión Internacional de Observación de la situación de los Derechos Humanos en Palestina realizada a Cisjordania del 23 al 31 de mayo de 2009

“En estos momentos, normalizar la relación entre Israel y Palestina sería como haber querido “normalizar” en el gueto de Varsovia la relación entre nazis y judíos”

No se puede “normalizar” la violencia, la ocupación, la opresión, el asesinato.. No se puede “normalizar” una situación anormal como si no pasara nada. El diálogo debe darse entre iguales. Pero hay una grave situación de desigualdad. No pueden ser iguales el opresor y el oprimido, el ocupante y el ocupado, el victimario y la víctima

Rafael Palacios, director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu.
Gobiernu de Asturies CSCA, 29-09-2009

Presentación del Documental y las Conclusiones de la Misión Internacional de Observación de la situación de los Derechos Humanos en Palestina realizada a Cisjordania del 23 al 31 de mayo de 2009

            Como Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobiernu d´Asturies, participé en una Misión Internacional d´Observación de la Situación de los Derechos Humanos en Palestina, realizada a Cisjordania del 23 al 31 de mayo de 2009. Hoy os queremos presentar el documental y las conclusiones, fruto de esa visita.
            La Misión visitó las ciudades de Jerusalén, Ramallah, Belén, Hebrón, Qalquiliya y Nablus. En dichas ciudades se visitaron campos de refugiados, distintos proyectos de cooperación, el Muro, check points,…Asimismo, se mantuvieron las siguientes reuniones de trabajo: Cónsul General de España en Jerusalén, Ramón Ansoain, Ministra de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina, Majedah Masri, Comité Político del Parlamento Palestino en Cisjordania (con su Presidente, Abdullah Abdullah y representantes de los partidos políticos Al Fatah, FPLP y FDLP), Alcalde de Belén, Víctor Batarseh, Representantes de la Alcaldía de Qalqiliya, Centro Alternativo de Información (AIC), Comités de Trabajadores de la Salud (HWC), Centro de Mujeres para el Apoyo y la Ayuda Legal (WCLAC), Centro para la Preservación de la Herencia Cultural, Organización de Defensa de los DDHH “Al-Haq”, Centro Palestino para la Resolución de Conflictos “WI´AM”, Red Palestina de ONG (PNGO), Comité General de Defensa de la Tierra, Comités Populares de Hebrón, Campaña para el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS Campaing), Asociación de Defensa de los Presos Políticos ADDAMEER, Liga Internacional de Jóvenes de Palestina, Movimiento “Stop de Wall” y la ONG “Escuela de Madres”.
El genocidio que sufre el Pueblo Palestino no puede coger a nadie por sorpresa: dura ya más de sesenta años.
Israel bombardea, asesina, tortura, ocupa, coloniza y expulsa a palestinos y palestinas, ante la complicidad, el silencio, la pasividad y la vergüenza de la llamada “comunidad internacional”.
Los derechos internacionalmente reconocidos del pueblo palestino son pisoteados continuamente, mientras que Israel asegura su control económico y demográfico con el objetivo de hacer inviable sobre el terreno la creación de un Estado Palestino soberano. Palestina vive encerrada en guetos aislaos entre sí, que son fácilmente sometidos al asedio o la ocupación criminal del ejército israelí.
Palestina sufre un proceso de despojo territorial en beneficio del Estado de Israel y un brutal proceso de limpieza étnica: casi la mitad de la población es refugiada. Casi un tercio del número total de personas refugiadas en el mundo son palestinas, más de cinco millones y más de dos millones viven en el exilio. A esta cifra hay que añadir las personas desplazadas internamente y las deportadas forzosamente por el Estado de Israel. Palestina está más asediada que nunca, y su superficie se ha visto drásticamente reducida a un escaso 14% de lo que representaba en 1947.
El Derecho al Retorno de las personas refugiadas, una de las causas centrales para la resolución del conflicto, sigue siendo una cuestión que supera el componente meramente humanitario, al contener una dimensión política asociada a los legítimos derechos nacionales palestinos. La solución a este crucial problema, pasa ineludiblemente por el cumplimiento de la legalidad internacional y por el derecho de todas las refugiadas y refugiados palestinos y sus descendientes a volver a sus casas y tierras.
El Estado de Israel practica en los Territorios Palestinos Ocupados una política de hechos consumados, violación de los derechos fundamentales y políticos de la población civil, anexión de tierras y recursos acuíferos, castigos colectivos, aislamiento de poblaciones y restricciones de movimientos de los ciudadanos por medio de los controles militares y el Muro del Apartheid, detenciones, expulsiones, torturas, asesinatos, bombardeos,…Haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU y otros organismos internacionales, Israel sigue practicando una política de colonización y expulsión. Sigue ampliando el número y tamaño de las colonias israelíes en Cisjordania y Jerusalén, en las que ya se han ubicado cerca de medio millón de colonos.
En Gaza, millón y medio de personas están secuestradas en la cárcel más grande del mundo, sin un suministro normal, ni adecuado, de combustible, electricidad, alimentos básicos e incluso de trabajo, de agua potable y medicinas, ante la pasividad o la complicidad de la llamada “comunidad internacional”.
En enero del año 2006, unas elecciones democráticas, preparadas, vigiladas y observadas por la comunidad internacional, dieron a Hamas la mayoría en el Parlamento. Esto supuso el inicio de una trayectoria inhumana para el Pueblo Palestino. Porque  descubrimos que no se les exigía realizar unas elecciones, sino que se les quería imponer el resultado de las mismas. A partir de ese momento, Israel convirtió Gaza en un gueto, haciendo todo lo posible por rendir a sus habitantes de hambre o de desesperación.
Una situación que contó con el apoyo de la UE, los EEUU, Japón y Canadá, que sometieron a Gaza a un terrible embargo financiero. Si antes tenían ocupación, a partir de las elecciones tenían también un embargo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se impone un embargo a una población civil ocupada, para castigarla por el resultado de unas elecciones democráticas.
El bloqueo dejó un millón y medio de habitantes de Gaza al borde del hambre extrema. La tasa de pobreza pasó de un 29% en 2004 al 81% en 2008.
Los últimos ataques sobre Gaza, de una violencia y crueldad difíciles de calificar, supusieron el asesinato de más de 1.400 personas, de las cuales más de 400 eran niñas y niños, e hirieron a más de 5.000 personas, al tiempo que provocaron la destrucción de 22.000 infraestructuras en Gaza. La Franja está sometida a un proceso de progresivo y dramático aislamiento desde principios del año 2006, proceso todavía en vigor y que está teniendo unas consecuencias catastróficas en todos los aspectos de la vida. Esto llevó al Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU a describirlo, antes de la última invasión, como un “preludio al genocidio”. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos y Naciones Unidas, iniciaron en aquel momento trámites legales para que se investigaran los crímenes de guerra cometidos por Israel durante su ataque militar a Gaza.
A pesar de miles de muertos y heridos, pese a condenar a todo un pueblo a la miseria y la devastación provocada por la violencia del ejército israelí y el abandono internacional, el pueblo palestino es capaz de resistir. De resistir no sólo a la violencia militar, sino a un odio, a una voluntad de venganza y humillación, que nos devuelven al tiempo de los nazis.
La resistencia de los pueblos a la ocupación es un derecho internacionalmente reconocido y es la expresión de las aspiraciones históricas del pueblo palestino.
El Pueblo Palestino, a pesar de todas las penurias e injusticias que sufre, resiste firmemente por sus derechos. Resiste contra un Estado militar y confesional, que tiene como objetivo final la construcción de un Estado racista y xenófobo como la Sudáfrica del siglo pasado y que se niega a acatar las resoluciones de la ONU.
Especialmente la 243 y 338 que instan a la retirada israelí de los territorios árabes ocupados, y a la 194 y 3236, que reconoce el Derecho al Retorno de los Refugiados, así como el Dictamen del Tribunal Internacional de La Haya del 9 de julio 2004 que instaba a derribar sin más tardar el Muro del Apartheid, indemnizando a los afectados por la expropiación de tierras y derribo de viviendas.
Un muro del apartheid que viola la IV Convención de Ginebra que expresamente prohíbe a la potencia ocupante extender, destruir y expropiar propiedades ubicadas en un territorio ocupado. Viola también las obligaciones fundamentales de la potencia ocupante de garantizar el bienestar y el sustento básico de la población ocupada.
Cuando se termine su construcción, que comenzó en setiembre del año 2001, el Muro tendrá más de 800 Km. Cada kilómetro habrá costado más de 1 millón de dólares.
La extensa apropiación y destrucción de tierras y propiedades, especialmente de las tierras agrícolas más fértiles y de las aguas, priva a la población de sus recursos básicos para subsistir y de su nivel de vida. De la misma forma, el Muro viola la prohibición de la IV Conferencia de Ginebra de ejercer castigos colectivos contra la población ocupada.
Sin el apoyo, el consentimiento o el silencio cómplice y vergonzante de la “comunidad internacional”, el Estado ocupante no hubiera podido mantener en el tiempo esta injusticia en contra de todo un pueblo.
La UE no sólo mantiene un acuerdo de asociación económica y colaboración política con Israel, sino que el pasado mes de diciembre decidió reforzarlo. La UE mantiene intactas las relaciones diplomáticas, militares, culturales, universitarias, comerciales, económicas y políticas con un Estado acusado de crímenes de guerra, de terrorismo, de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario,…, y de ser responsable de miles de asesinatos.
En todas las reuniones mantenidas durante la visita a Palestina, nos expresaron la preocupación, la desilusión y el desamparo ante la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Resolución que limita el ejercicio por los tribunales españoles de la jurisdicción penal universal y restringe su competencia a los casos en que los presuntos responsables se encuentren en España o a que haya víctimas de nacionalidad española.

Consideran que si el Gobierno español sigue esa línea será otro paso más para la impunidad total de Israel, se limitarán los derechos de las víctimas y España pondrá por delante de la defensa de los DDHH y del DIH, eventuales intereses económicos y políticos. Será el sometimiento de las leyes a los intereses políticos y económicos.
En las cárceles de Israel hay más de 10.000 presas y presos políticos. Más de 400 tienen menos de 18 años. Hay más de 500 personas bajo detención administrativa, sin acusación, ni juicio, en cárceles secretas. A todas y a todos se les considera “terroristas”, se les juzga militarmente y no se les reconocen los mínimos derechos. Existen torturas físicas y sicológicas de todo tipo. Hay 4 centros de interrogatorio en Israel y 1 centro de interrogatorio secreto llamado “1391”.
Expresamos nuestra identificación y solidaridad con el pueblo palestino y su lucha, y nuestro firme apoyo a sus reivindicaciones nacionales, su derecho a la resistencia, a la soberanía y a la independencia.
En estos momentos, “normalizar” la relación entre Israel y Palestina sería como haber querido “normalizar” en el gueto de Varsovia la relación entre nazis y judíos. No se puede “normalizar” la violencia, la ocupación, la opresión, el asesinato,…No se puede “normalizar” una situación anormal como si no pasara nada.
El diálogo debe darse entre iguales. Pero hay una grave situación de desigualdad. No pueden ser iguales el opresor y el oprimido, el ocupante y el ocupado, el victimario y la víctima,….
En la situación actual, con la división física y política, hablar de un Estado Palestino es inviable. La violación por parte del Estado de Israel de todos los acuerdos internacionales hace inviable un Estado Palestino. Antes que la creación de un Estado Palestino, está el reconocimiento de los derechos del Pueblo Palestino. Lo importante no es un Estado en sí, sino un Estado libre, en paz y con justicia social. Hablar de un Estado Palestino en abstracto, no es más que otra trampa para no encarar la verdadera raíz de los problemas y asumir el principio de cualquier solución que pase por una paz con justicia social: deben cumplirse las resoluciones de Naciones Unidas, la legalidad internacional, el respeto a los DDHH y al DIH, el fin de la ocupación, los asentamientos y las colonias, el derribo del Muro de la Vergüenza, el reconocimiento del derecho al retorno de los refugiados y refugiadas y, por supuesto, el reconocimiento del derecho de autodeterminación del Pueblo Palestino.
Como dice nuestro buen amigo Safa, la solución al conflicto en Palestina no va a ser económica, sicológica o humanitaria. Palestina padece una grave enfermedad: la ocupación militar. Poner fin a esa situación ilegal implicaría, sin duda alguna, la resolución del conflicto.
Estoy totalmente convencido, que nadie pretende que nos volvamos palestinos o palestinas, ni que hagamos nuestra su bandera. Lo que nos pide el Pueblo Palestino, lo que grita con desesperación, es que hagamos de los derechos humanos y la justicia nuestra bandera.