En Noruega, un grupo de abogados se querella contra Israel por su matanza en Gaza

Loai Deeb, Pål Hadler, Bent Endresen, Geir Høin, Harald Stabell y Kjell M. Brygfjeld, abogados

Un grupo de juristas noruegos va a presentar el 22 de abril de 2009 una demanda ante la Fiscalía del Estado de Noruega en relación con crímenes sistemáticos cometidos en combate y otros crímenes graves cometidos en Gaza

Traducción: Txacala

La demanda se basa en los artículos 102 a 109 del Código Penal noruego, relativos a crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos, con arreglo a las normas internacionales.

La demanda se centra en el ataque israelí contra la Franja de Gaza, en el período incluido entre los días 27 de diciembre de 2008 y 25 de enero de 2009.

La demanda recoge los cargos siguientes:

1. Homicidio de civiles y comisión de acciones inhumanas causantes de sufrimientos graves;

2. Destrucción masiva de propiedad pública y privada con objeto de intimidar a civiles;

3. Ataques deliberados contra hospitales, centros de salud, ambulancias y otros medios de transporte y equipos médicos, sin ningún respeto por la legislación internacional que protege a este personal;

4. Ataque terrorista masivo contra residentes de la Franja de Gaza;

5. Uso ilegal de armamento militar contra zonas de población civil, y uso contra dicha población de armas prohibidas por el Derecho Internacional, como por ejemplo el fósforo blanco, las armas experimentales DIME (Explosivos de metal inerte denso) y granadas con flechettes.

La demanda hace responsables de los hechos a los siguientes jefes políticos y militares:

-          Ehud Olmert, primer ministro israelí

-          Tzipi Livni, ministra de Asuntos Exteriores israelí

-          Ehud Barak, ministro de la Guerra israelí

-          Teniente general Gabi Ashkenazi, jefe de Estado Mayor

-          General Avi Mizrahi, comandante en jefe del Ejército de Tierra

-          Almirante Aluf Eli Marom, comandante en jefe de la Marina de Guerra

-          General Ido Nehoshtan, comandante en jefe del Ejército del Aire

-          General de división Yoav Galant, jefe del Comando Sur

-          Coronel Ilan Malka, comandante de la Brigada Givati

-          Coronel Avi Peled, comandante de la Brigada Golani.

Los acusados constituyen el mando central sobre el que recae la responsabilidad máxima por los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Israel contra Gaza.

Los tres primeros fueron miembros de un gabinete reducido conocido como Gabinete de Seguridad. Por esta razón, no cabe duda de que conocían, ordenaron, estuvieron de acuerdo o no impidieron lo sucedido a los residentes de Gaza, y que estuvieron, por lo menos, al corriente de los resultados de estas destructivas operaciones sobre la población civil.

Durante la guerra, los acusados ordenaron la continuación de las operaciones y facilitaron su mantenimiento, sin intervenir en ningún momento para ponerles fin, aunque tenían plenos poderes para hacerlo.

Los objetivos designados de la guerra de Israel constituían un castigo masivo contra la población de Gaza, a fin de que ésta llevara a cabo un golpe contra el movimiento de Hamás, con lo que hubieran implicado gravemente a civiles en el conflicto. Éste fue un objetivo declarado públicamente por los comandantes militares israelíes antes y durante la guerra.

Esta declaración contó con el respaldo de los líderes políticos, entre otros Shimon Peres el 14 de enero de 2009.

Los líderes políticos israelíes declararon, sin lugar a dudas y en manifestaciones públicas, que el objetivo consistía en golpear tan duramente a los ciudadanos de Gaza que pusieran fin al lanzamiento de cohetes.

Por consiguiente, las declaraciones de los acusados evidencian que Israel violó derechos humanos fundamentales en tiempo de guerra, y que deberían haber tomado en consideración a la población civil no combatiente y haber hecho una distinción clara entre civiles y combatientes armados.

Es evidente que Israel abrió fuego contra objetivos militares sin tomar tener en cuenta la presencia de personal civil, en una grave violación de las leyes de la guerra y del Derecho Internacional.

Durante el ataque, más de 1.300 palestinos encontraron la muerte, de los cuales un 90% eran civiles, entre ellos 300 niños y 120 mujeres. El número de bajas mortales se espera que aumente, en la medida en que continúa la búsqueda de cadáveres bajo las ruinas, y que el número de heridos en estado crítico es alto.

Además de las muertes, más de 5.300 palestinos fueron heridos, de ellos 1.872 niños y 800 mujeres. 

Muchos de los heridos se hallan en estado crítico debido al uso de armas de fósforo blanco y DIME, que fueron utilizadas en zonas de alta densidad de población. Alrededor de 10.000 palestinos fueron desplazados a causa de la guerra.

Se infringieron daños precisos, sistemáticos y premeditados a la población de Gaza, como por ejemplo a viviendas particulares, edificios del gobierno civil, explotaciones agrícolas, centros económicos, de salud y culturales, escuelas, parques y organizaciones de la sociedad civil, además de demoler la infraestructura de comunicaciones, centrales eléctricas y sistemas de agua potable y alcantarillado.

Alrededor de 15.550 viviendas, 36 edificios gubernamentales, 268 instalaciones educativas (escuelas, guarderías y edificios universitarios) y 52 mezquitas fueron parcial o totalmente destruidos.

El sector agropecuario sufrió una destrucción que afectó directamente la producción de alimentos destinada a los ciudadanos de Gaza, y alcanzó aspectos esenciales para la vida de la población civil, como las tierras de cultivo, los sistemas de regadío y los almacenes de alimentos colocados bajo bandera de la ONU, que fueron bombardeados. Se ocasionó la muerte de 35.750 cabezas de ganado y más de un millón de aves de corral, y un total de 701 empresas industriales fueron parcial o totalmente destruidas o sufrieron daños estructurales.

Israel no permitió que ningún lugar de Gaza fuese seguro, bombardeando brutalmente incluso instalaciones facilitadas por las Naciones Unidas para los refugiados, con lo que puso a niños y mujeres en una situación de riesgo humanitario sin precedentes.

La demanda exige la detención de las personas antes citadas en cuanto entren en el territorio de Noruega, y exige también su extradición a este país mediante la debida cooperación de la policía noruega con la de otros países.

La demanda pide también que se les haga llegar el pliego de acusaciones y que sean traídos ante la justicia para recibir el castigo que merecen.

El Estado noruego tiene el derecho y la obligación de intervenir en todo lo relativo a la jurisdicción internacional que recoge el Código Penal noruego. Se lo permite la jurisdicción de dicho Código relativa a los derechos humanos, derecho y responsabilidad que le compete en tanto que Estado signatario del Convenio de Ginebra de 1949, además del Protocolo Adicional de 1977. Ambos se ajustan a las resoluciones del Estatuto de Roma relativas a la Corte Penal Internacional de La Haya y al Código Penal noruego.

Durante muchos años, Noruega ha participado decididamente en la resolución de conflictos y crisis en Oriente Próximo. Ha donado fondos y ha participado en las fuerzas de paz de la ONU, y actualmente encabeza el grupo de países donantes cuyas donaciones al pueblo palestino fueron destruidas en la guerra de Gaza. En nuestra opinión, Noruega tiene el derecho de celebrar un juicio e investigar los graves crímenes de guerra perpetrados contra residentes civiles en Gaza, y hacer lo posible por que los culpables no escapen al castigo y por la restauración de los derechos tan gravemente violados.

Firman la demanda algunas de las víctimas de la agresión y también ciudadanos residentes en Noruega que gozan del derecho de demandar a los autores de los hechos, al haber sufrido la pérdida de familiares o propiedad.

Los firmantes demandan el castigo penal de los autores de los hechos y una compensación con arreglo al Derecho Civil.

Oslo, 20 de abril 2009
Loai Deeb, Pål Hadler, Bent Endresen, Geir Høin, Harald Stabell y  Kjell M. Brygfjeld, abogados