Notas de prensa sobre la Primera Querella en España contra militares israelíes

ABC, Colpisa, Servimedia

Seis supervivientes y familiares de las víctimas que causó una bomba lanzada por el Ejército israelí el 22 de Junio de 2002 en Gaza presentarán hoy una querella en la Audiencia nacional. Aunque este no es el primer caso en que se recurre a este tribunal para investigar delitos de lesa humanidad, si es el primero que parte de víctimas directas de un ataque selectivo de Israel en suelo palestino.
La querella, de 35 páginas, explica en detalle porqué deben considerarse estos hechos un crimen de Guerra de persecución universal: por la desproporción del ataque.
Un objetivo, 15 muertos
Entre las once y media y las doce de la noche, un avión de combate israelí lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de Gaza. El objetivo del ataque era Sala Sheladeh, de quien se sospechaba que era comandante de Hamas. El artefacto destruyó la casa del presunto terrorista, pero también otras siete. Treinta más resultaron afectadas. Murieron 15 personas y 150 resultaron heridas de distinta gravedad.
La querella se dirige contra el ministro de Defensa israelí en el momento del ataque, Benjamín Ben-eliezer, y otros seis responsables militares entonces.
Las víctimas acudieron a la Justicia israelí, que dictaminó que el ataque había sido proporcionado.
La comunidad internacional, en cambio, lo calificó de ilegítimo y desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta la sofisticada tecnología militar israelí.

Un grupo de palestinos se querella en la audiencia nacional contra sharon por el asesinato de 15 civiles en gaza

MADRID, 24 (SERVIMEDIA) Un grupo de ciudadanos palestinos presentó hoy en la Audiencia Nacional una querella contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon y siete altos mandos militares del país por el asesinato, el 22 de julio de 2002, de quince civiles durante un bombardeo del ejército hebreo en la ciudad de Gaza.

Los querellantes, todos ellos familiares de las víctimas del ataque israelí, acusan a Sharon y a los altos mandos militares de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Los ciudadanos palestinos decidieron acudir a la justicia española ante las reiteradas negativas de las autoridades israelíes a investigar los hechos.

En concreto, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 22 de julio de 2002, cuando un avión de combate israelí F- 16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza.

El objetivo del ataque era acabar con la vida del supuesto comandante de Hamas Sala Shehadeh, pero en la explosión de la bomba murieron otras 15 personas -la mayoría de ellos niños- y 150 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

Además de contra Sharon, la querella va dirigida contra el entonces ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben-Eliezer; el comandante de la Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF), Dan Halutz; el general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Giora Eiland; el secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; el jefe del Estado Mayor de Defensa, Moshe Ya'alon; y el director de los grupos especiales del ejército, Abraham Dichter.

VÍCTIMAS INOCENTES Al día siguiente del bombardeo, las Fuerzas de Defensa israelíes, a través de un portavoz, se defendieron diciendo que el ataque había sido "preciso" y que iba exclusivamente dirigido contra el presunto comandante de Hamas.

Los militares dijeron sentir "todos los daños ocasionados a personas inocentes", pero matizaron que, "desgraciadamente, esto es lo que puede ocurrir cuando un terrorista utiliza a civiles como escudos humanos".

Pero los querellantes aseguran que tanto el tamaño desproporcionado de la bomba como las características del barrio atacado -uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo- "hacían prever la magnitud de las muertes, lesiones y destrucciones causadas a personas que supuestamente no eran el blanco buscado".

De hecho, según explica querella, la bomba cayó directamente sobre el domicilio de Shehadeh, pero debido a su gran potencia - 1000 kilos de explosivos- destruyó completamente otras nueve casas y 21 más resultaron gravemente afectadas.

Ante los requerimiento tanto de los afectados como de la comunidad internacional -como fue el caso de Reino Unido- las autoridades de Israel respondieron diciendo que el ataque fue proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh y que el resultado de dicha operación no había sido intencionado. La operación se enmarcó dentro de la campaña de asesinatos preventivos llevada a cabo por el ejército de Israel.

De hecho, la legislación israelí establece que hacer daño a civiles inocentes "está permitido a condición de que no existan otros medios que les dañen menos" y siempre que sean "proporcionales en función de un criterio basado en valores que busca el equilibrio entre la ventaja militar y los daños civiles".

Ahora, la querella deberá recaer, según la normas de reparto, en un juez de instrucción concreto, quien deberá estudiar la querella y decidir si existen indicios suficientes de delitos para abrir una investigación y determinar si los hechos denunciados son, en efecto, competencia de la Audiencia Nacional.

Seis víctimas palestinas se querellan en España contra siete militares hebreos
S. SANZ. MADRID
En un caso de jurisdicción universal sin precedente alguno en la Audiencia Nacional, seis víctimas de un bombardeo registrado el 22 de julio de 2002 en Gaza (Palestina) -mató a 15 personas e hirió a otras 150-, han presentado una querella criminal contra siete ex dirigentes militares israelíes. Éstos podrían haber incurrido en la comisión, en principio, de un delito contra personas y bienes protegidos en conflicto armado, según el Código penal español.
En concreto, recoge la querella que ésta se dirige específicamente a las personas que aparecen como «responsables directos tanto en la cadena de mando como en la propia ejecución del hecho». Así, figuran el entonces ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer; su secretario militar, Michael Herzog; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF), Moshe Ya´alon; el comandante Dan Halutz; el general Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Gioria Eiland; y el director del Servicio General de Seguridad (SGG).
El avión de combate israelí F16 que lanzó de madrugada la bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de Gaza pretendía destruir supuestamente la casa de Sala Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamás. A menos de dos metros de esta vivienda, se hallaba la de uno de los querellantes, que vio cómo debido al ataque perdía a siete familiares y su inmueble quedaba destrozado.

Un grupo de palestinos denuncia a Israel en la Audiencia Nacional por el asesinato de 15 civiles en Gaza

-Los demandantes no invocan ni genocidio ni crímenes de lesa humanidad.

Madrid, 24 jun. (COLPISA, M.Sáiz-Pardo).
Un grupo de familiares de víctimas de ataques israelíes en Palestina presentó hoy en la Audiencia Nacional una querella contra siete altos mandos del Ejército y del Gobierno de Tel Aviv por el asesinato de 15 civiles en la franja de Gaza durante un bombardeo dirigido contra un supuesto cabecilla de Hamas. Los demandantes no invocan ni el genocidio ni crímenes de lesa humanidad, los supuestos en los que podría intervenir la justicia española aunque se trate de ilícitos cometidos en el extranjero y sin víctimas españolas.
Los hechos denunciados por seis de los supervivientes del ataque se remontan a la noche del 22 de julio de 2002. A las 23.30 horas un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada sobre uno de los barrios más poblados de la ciudad de Gaza, el de Al Daraj. El objetivo del ataque selectivo era acabar con la vida de Sala Shehadeh, un supuesto comandante de Hamas. La casa del cabecilla islamista, quien murió en el ataque, fue alcanzada de lleno pero también otras ocho viviendas adyacentes. La explosión provocó la muerte de quince vecinos, la mayoría niños y bebés, y causó 150 heridos, buena parte con lesiones graves. Al día siguiente, los portavoces del Ejército israelí se felicitaron por el “ataque preciso” y culparon a Shehade de la muerte de civiles por haber utilizado “escudos humanos” para defenderse.
En 2003, los familiares de las víctimas y los supervivientes comenzaron una estéril y larga batalla judicial en los propios tribunales israelíes para conseguir sentar en el banquillo a la cadena de mando que ordenó el lanzamiento de la bomba. En 2006, el Tribunal Superior israelí dio carpetazo al caso, al entender que había sido un ataque “proporcional” y que la muerte de civiles no fue “intencionada”.
Los demandantes creen que aquellos hechos son constitutivos de una violación del artículo 611 del Código Penal español, que castiga con penas de diez a quince años a quien “realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla”. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la competencia de los tribunales españoles para delitos cometidos en el extranjero, no recoge este ilícito.
Los responsables de la matanza, según la querella, serían: Dan Halutz, en aquella época comandante de las Fuerzas Aéreas Israelíes; Benjamin Ben-Eliezer, ministro de Defensa a la sazón; Doron Almog, general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes; Giora Eiland, presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad; Michael Herzog, secretario militar del Ministerio de Defensa; Moshe Ya’alon, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes; y Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad.