La reaparición de la desaparición
Demasiados meses ya de la desaparición de Jorge Julio López; meses en que se han recrudecido las amenazas a testigos, el secuestro de Luis Geréz, a quien soltaron a las 48 horas sin que hubiera ni un solo detenido por ello ni por las torturas que se le infligieron; amenazas a Victoria Donda, nacida en cautiverio; Héctor Bustos militante de los derechos humanos de Venado Tuerto, estuvo secuestrado 13 días sometido a torturas, con múltiples quemaduras entre ellas una cruz svástica en el pecho a hierro candente; Jorge Salcedo militante de la Liga por los Derechos del Hombre en Mendoza, fue torturado en dependencias policiales...
Así estamos en estos meses del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.
¡Cómo cuesta retomar el verbo de la denuncia de hace 30 años! ¡Cómo desgarra retomar la exigencia de aparición con vida de Jorge Julio López!
Entiéndase, compréndannos, no podemos tan siquiera enunciar 30.000 más uno... no podemos soportarlo, por eso luchamos.
Pero es ahora, en el momento en que costosamente se avanza en algo en los juicios contra los genocidas, justamente por esto, emerge el aciago mecanismo de la desaparición y reabre la caja de Pandora, y salta al corazón mismo de la sociedad el poder funesto del terror cuyo efecto es paralizar, acallar, mirar para otro lado, la repetición del “no te metás” y de “por algo será”, pero ahora con un grado más de perversión el “por algo será” se ha extendido más allá de los militares y de la derecha que las propagaron.
Tan es así, que son tres las desapariciones de Jorge Julio López; la de 1976, la del 18 de septiembre del 2006 y la de la indiferencia y la difamación que se ha hecho. La víctima sospechosa y culpable: el engranaje de inducción con que la dictadura aislaba y enfrentaba a los desaparecidos y a sus familiares.
Desde el 18 de septiembre de 2006 resurge la aparición de la desaparición.
Los desaparecidos han vencido la muerte en estos 30 años porque vivían –viven- en el imaginario colectivo; sus ausencias poblaron todos los acontecimientos de las gentes y fueron hechas presencias referenciales desde lo cotidiano a lo excepcional, inclusive en el núcleo del silencio como si nunca hubiesen existido, han estado siempre marcando el antes y el después del genocidio en Argentina, en todos los planos y en todos los ámbitos.
Y es en esta etapa democrática que nuevamente con la re-desaparición de un exdetenido-desaparecido, vuelven a rebrotar todos y cada uno de los mecanismos anuladores que la desaparición impuso, y, las secuelas a pesar del tiempo transcurrido contienen la potencia de antaño. Los efectos determinados por las diferentes modalidades operacionales y de conducta, las inducciones a la culpa tanto a la víctima, como a la familia, y establece en la conciencia social que de no haber declarado en el juicio contra Etchekolatz(1), a Jorge Julio López “no le hubiera pasado nada”.
Pero hoy hay un elemento más pérfido, organismos de derechos humanos que sobrevivieron durante la dictadura por el ejercicio del no-olvido, impidiendo en cada marcha la reconciliación con los verdugos, actualmente en esta “normalización democrática “nuestra” pasan a actuar con el olvido y con la convivencia auto-permitida.
Es tan devastador ver cómo a pesar de diferencias políticas, orgánicas, existía siempre un nodo esencial, los desaparecidos, y así fue que a pesar de todo cuanto trataron de impedirlo los represores, sobrevivían los mecanismos de identificación y hasta cierta “fraternización”, y de pertenencia. La “cofradía” de los desaparecidos sin distinción de partidos, grupos, actividades: todos eran los nuestros. Pero en este presente y en estas circunstancias lo individual bloquea, paraliza, no hay un cuerpo colectivo de contención, por el contrario hay discriminación entre aquellos “cofrades” que eran aceptados y queridos tal cuáles y por igual. Ahora no: hay exclusiones, se ha roto los “nuestros”, se ha roto el “común”.
La mano larga de la dictadura se evidencia, el mecanismo desintegrador se reinstala.
Y peor aún, la víctima es culpable, sospechoso, enfermo.. la inducción de la dictadura de difamar toma cuerpo y voz en gargantas insospechadas.
Es tan vergonzante como demoledor que a los pocos días del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, un hijo de desaparecidos nacido en cautiverio prestara testimonio en una comparecencia judicial y estuviera absolutamente solo. Nadie lo esperaba para el abrazo, nadie con su cuerpo ocupó en lo simbólico el lugar de los desaparecidos.
Si desde los momentos más tenebrosos -tanto propios como los padecidos a lo largo y ancho de las diferentes modalidades de exterminio- se sabía desde siempre que la soledad se destruye con solidaridad... ¿por qué se falta a esta cita tan anhelada?
La impunidad naturalizada
La otra deriva eslabonada gravemente con la anterior, es que la desaparición de Jorge Julio López evidencia –una vez más- que los criminales impunes, han estado siempre, en diferentes reparticiones y dependencias, asimilados, consentidos, tolerados, legalizados, ... hasta que por primera vez una sentencia ajustada a los hechos y al derecho, condena por genocidio a uno de sus ejecutores, al comisario Miguel Etchekolatz. Y entonces el “nebuloso acecho” cobra cuerpo y actúa.
La dificultad de aceptar la aparición de la desaparición llevó en el primer momento a la negación de la realidad, a la desviación justificadora para no dar crédito a que la amenaza “durmiente” se concretaba.
No aceptar –y por ende callar- ha estado siempre presente, el modelo genocida ha pervivido en forma paralela. Y así ha sido desde el poder ocupando el gobierno tanto Alfonsín como Menem, quienes utilizaron también resortes de inducción o de imposición para que se asentara la impunidad como forma natural de convivencia social. Y las leyes amparadoras y los indultos perdonadores del genocidio, fueron presentados como elementos de “necesidad de fortalecimiento democrático”, de “pasar página”, de conciliación, del ya está bien...
En el hoy es posible que los homenajes efectuados desde instancias gubernamentales, otrora deplorados, son aceptados, ahora las violaciones a los derechos humanos del pasado se exorcizan en despedidas, en adioses, en museos, en monumentos.
En el presente los derechos humanos están custodiados por el Estado, por un gobierno, ... y al mismo se transfiere la custodia de los mismos; se ha delegado al gobierno la patria potestad o la mater potestatis' al actual inquilino de la casa rosada, edificio que comparte con personajes que actuaron durante la dictadura que no fueron ni prejubilados, ni expulsados, ni excluidos; pero están en la invisibilidad de las instituciones.
No sólo los profusos informes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denuncian la evidencia de la impunidad, la aceptación social y política de la impunidad es la evidencia misma.
Y frente a ella volver otra vez más, a romper el condicionamiento que impone el miedo; enfrentar las intimidaciones, coacciones y amenazas, denunciar y presionar al gobierno a desinfectar todos y cada uno de los rincones, escritorios, cargos, cuarteles, comisarías, juzgados... en cualquier lugar donde están los intocables.
No mencionar a Jorge Julio López en cada acto, en cada panfleto, en cada discurso, es ratificar la impunidad.
Los hechos, el derecho y la justicia
Desde el 18 de septiembre del 2006, y una vez superados los primeros momentos de confusión, pasividad e infundios, no demasiados organismos de derechos humanos han ejercido la persistencia de la lucha por los desaparecidos y que tanto frutos diera: inicio de causas judiciales, derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, (queda aún la inmoralidad de los indultos), recuperación de la identidad de menores apropiados...
Desde el 18 de septiembre del 2006 se han recrudecido las intimidaciones, provocaciones y amenazas contra todos aquellos que activamente exigen la aparición con vida de Jorge Julio López.
Desde el 18 de septiembre del 2006, como otrora la cita semanal de los jueves en la ronda de los pañuelos blancos, cada 18 de mes se reclama por Jorge Julio López, y se extienden las acciones como en el pasado, así en el Parlamento Europeo(2) a instancias de miles de firmas asume tramitar ante el gobierno argentino el reclamo por la vida y la integridad del testigo secuestrado.
Sin olvidar las deplorables primeras declaraciones del Ministro del Interior argentino, no es posible comprender la dejación de responsabilidad del gobierno, teniendo a su disposición leyes y convenciones.
Es inexplicable que no se haya abordado como un caso de desaparición forzada la desaparición de Jorge Julio López, existiendo indicios y presunciones suficientes para ello. (intimidaciones y coacciones antes y durante el juicio a Etchekolatz, y al concluir el mismo en las amenazas que el condenado por genocidio anuncia a los jueces del tribunal); es incomprensible que no se hayan tomado medidas inmediatas de rastreo, minimizando el hecho a una simple ¡averiguación de paradero!
La Convención sobre la desaparición forzada de personas, se legisló en función de la profunda preocupación “por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley…” y en estos términos se ratifica en su introducción, aprobada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, siendo Argentina país signatario de la misma de en el mes de junio de 1994, ratificándose en la aceptación y adhesión a la misma en octubre de 1995.
Existiendo un instrumento legal que obliga tan claramente al gobierno argentino, existiendo el inmediato pasado dictatorial, y sobrando los indicios harto suficientes, sin embargo el gobierno como primer responsable de los ciudadanos, actuó como si de una “escapada” voluntaria se tratara, emitió promesas de recompensa monetaria, y ordenó reforzar la vigilancia de las fronteras(¿?); y se ordenó a la policía bonaerense, la misma que mantiene en sus filas a 9.026 efectivos que actuaron durante la dictadura; y que Jorge Julio López denunciara, que sea la fuerza que lo busque.(¡!)
Un elemento que caracteriza a crímenes como la desaparición forzada de personas es la clandestinidad, la ocultación y el secretismo del mismo, y así es contemplado tanto en la normativa vigente como en el acerbo jurisprudencial, la dificultad de la aportación de pruebas del hecho, de la identidad de los autores, por ello los indicios y presunciones son aceptados como suficientes.
Establece asimismo dicha Convención, que bien se reciba una denuncia sobre una posible desaparición forzada de personas, el gobierno correspondiente deberá en la mayor brevedad posible dar toda la información sobre el paradero de la persona; más aún, se precisa que “siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1, iniciarán una investigación, aún cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.
Pero aún hay más, Los Estados Partes asegurarán a cualquiera persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la alegación y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos y allegados de la persona desaparecida y los defensores, así como de los que participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.
Es función del Estado argentino ser garante de la seguridad de las personas que se encuentren en su territorio como de la vigencia y respeto a los derechos humanos. Y para que los enunciados jurídicos se traduzcan en Justicia, el gobierno de Néstor Kirchner debe vivir (tal como lo hiciera en el caso de Luis Geréz) en un “virtual estado de movilización” hasta la localización y liberación de Jorge Julio López. Y si es tal como lo reconociera públicamente el presidente Kirchner, la existencia de grupos paramilitares y parapoliciales vinculados a las fuerzas regulares no anunció sin embargo ni una sola medida para el desmantelamiento de las mismas y enjuiciamiento de sus integrantes.
Además de las referencias jurídicas mencionadas, la responsabilidad moral y política del gobierno argentino es indiscutible, y no quedan eximidos por la ignorancia de los hechos ni del derecho los que desestiman y silencian la situación de Jorge Julio López.
Concluyendo
No habría que hacer excesivos ejercicios de memoria para encontrar caminos de lucha y de resistencia a la impunidad.
A la vuelta nomás de la conciencia están allí esperándonos como siempre han estado, desde las fotos al viento, desde los pañuelos blancos, desde las calles rebeldes, desde la coherencia y no de la representación ni del espectáculo.
Los desaparecidos no viven en monumentos ni en museos. Por el contrario son muertos otra vez en los genocidas indultados, en los torturadores que continúan en las fuerzas represivas, en la judicatura, en la jerarquía eclesiástica.
Los desaparecidos no son adornos de programas electorales, nunca se permitió que lo fueran, ni sus madres, ni sus hijos, ni sus compañeros lo consintieron, no lo consentimos.
Por ello, aquellas comprometedoras y hermosas consignas unidoras de corazones, Aparición con vida, contra el Olvido, contra el Silencio, por la Justicia, seguirán aventando dignidad contra la cobardía, contra el acomodamiento, contra la indiferencia.
Los desaparecidos hoy se llaman Jorge Julio López.
Madrid, enero 2007.
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