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Dos mandos conocían la supuesta red corrupta de la Guardia Civil desde 1999
El dueño de un prostíbulo pagó la fianza del teniente coronel López Rubio
dijous 30 d’abril de 2009, per
Un general en la reserva y un coronel de la Guardia Civil admitieron ayer ante la juez que desde 1999 conocían la existencia de una trama de agentes supuestamente corruptos de ese cuerpo. Ese conocimiento les llegó a través de los informes que redactó un teniente coronel que ha acabado imputado por su supuesta relación con esa red mafiosa, destapada a raíz del robo, en enero de 2005, de unos 400 kilos de cocaína que estaban ocultos en el interior de un contenedor del puerto de Barcelona.
El general de brigada retirado Manuel Fuentes Cabrera y el coronel Miguel Gómez Alarcón declararon ayer en calidad de testigos ante la juez de Martorell (Baix Llobregat) que investiga a esa banda de narcotraficantes, en la que están implicados, entre otros, una decena de guardias civiles. Entre ellos Alfonso López Rubio, teniente coronel del cuerpo y ex jefe de la Comandancia de Manresa, que fue quien alertó a sus superiores de la existencia de la trama, de la que supuestamente acabó formando parte. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de 12.000 euros. En ese caso también están imputados dos ex agentes del Cuerpo Nacional de Policía, dos abogados, un periodista y una decena de delincuentes comunes, entre ellos antiguos confidentes policiales.
El propietario de un club de alterne de la provincia de Tarragona abonó, supuestamente, la fianza de 12.000 euros que la juez de Martorell impuso el pasado mes de febrero al teniente coronel Alfonso López Rubio, acusado de ser integrante de una red de corrupción y narcotráfico, y de asociación ilícita para delinquir, según fuentes de la investigación, informa Jesús Duva.
López Rubio, que era jefe de la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Cataluña cuando fue detenido, y en la actualidad se halla suspendido de empleo y sueldo.
El 14 de febrero, el teniente coronel prestó declaración ante la juez, que decretó su ingreso en prisión, eludible con el pago de la fianza, que se debía depositar en un plazo de 24 horas. A las pocas horas de ser fijada la fianza, una persona depositó los 12.000 euros en el juzgado, lo que evitó que el alto mando de la Guardia Civil tuviera que igresar en la cárcel.
Ahora se ha sabido que quien abonó esta cantidad fue Balbino García Caurel, que figura en diversas investigaciones policiales como presunto propietario del club de prostitución L’Estel de Bellvei del Penedés (Baix Penedès). Este local es uno de los tres donde los Mossos d’Esquadra realizaron hace unos días una importante redada contra una red albanesa de explotación sexual de mujeres.
El general Fuentes y el coronel Gómez Alarcón, por su parte, explicaron ayer en su comparecencia en el juzgado que López Rubio, junto con un compañero, redactó tres informes para advertir de esas prácticas corruptas en el cuerpo armado, después de que un confidente alertara de los hechos. Tras recibir esos informes, altos mandos de la Guardia Civil acordaron abrir una investigación interna que se encargó a Gómez Alarcón, aunque no la dirigió él personalmente, sino que a su vez la encomendó a un instructor.Fuentes judiciales explicaron que al general Fuentes también se le preguntó por su supuesta relación de amistad con el teniente coronel imputado y por la reunión que mantuvo con López Rubio, de la que dijo que no recordaba cómo transcurrió. Sin embargo, el testigo declaró en el juzgado que remitió esos informes a sus superiores y que en ellos ya se aludía al guardia civil Antonio S., alias Tete, que fue quien supuestamente guió al grupo que presuntamente reventó el contenedor en el puerto de Barcelona y se hizo con la droga, que iba camuflada entre gambas congeladas. Gómez Alarcón, por su parte, declaró que el tal Tete siempre tuvo un comportamiento sospechoso.
El coronel y el general en la reserva comparecieron en el juzgado a propuesta de la defensa de un agente implicado y del teniente coronel imputado, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo a raíz de que la justicia le atribuyera estos hechos. Las defensas aportaron ayer al juzgado del caso los tres informes antes citados, en los que se habla por primera vez de la supuesta red corrupta.
El coronel figura también como perjudicado en la causa, ya que supuestamente la banda de narcotraficantes y policías, concertada con dos abogados y un periodista, urdió una estrategia para desprestigiar la investigación sobre la trama, a través de informaciones y denuncias en la prensa contra su persona.
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