Mandos de la Armada intentaron tapar un escándalo de acoso sexual

Durante casi un mes, los máximos responsables de la Armada intentaron evitarlo, pero, al final, les ha estallado entre las manos: un escándalo de abuso de poder y acoso sexual en el propio cuartel general de la Marina de Guerra española.

El acusado es un teniente de complemento, I. E. M., que ocupa un puesto clave: secretario del director de Asuntos Económicos. Las víctimas, hasta media decena de infantes de Marina y marineros que fueron objeto de chantaje y amenazas para que accedieran a sus requerimientos sexuales. Los salpicados, altos mandos militares; empezando por el asesor jurídico del jefe de la Armada, el general auditor Ángel Montero, quien movido por el propósito de actuar con "prudencia y discreción", según sus palabras, cometió quizá la imprudencia de reunirse durante horas con el principal implicado sin reclamar que se investigaran unos hechos presuntamente delictivos.

La historia se inicia a principios de septiembre, cuando el teniente I. E. M. destituye a B., uno de los infantes de Marina a sus órdenes, alegando una supuesta desobediencia. B. redacta un parte, de cinco folios, en el que da cuenta de lo sucedido meses antes en un viaje oficial a Ferrol, donde el teniente le presionó para que accediera a sus pretensiones sexuales. Como prueba, B. acompañó el escrito de numerosos mensajes de móvil.

Entre el 8 y el 18 de septiembre, el general Montero recibe en su despacho, casi cada día, al teniente I. E. M. En algunas reuniones participa también el segundo jefe de la Armada, almirante Fernando García Sánchez, así como otros altos mandos.

Según ha declarado el teniente ante el juez, el general Montero le dijo "que no estuviera preocupado porque [el escrito del soldado] estaba sin firmar y por ahora no se podía considerar un parte" de denuncia. También le aseguró que, si "el declarante [el teniente] accedía a cambiar de destino, [el general] se comprometía a que el soldado no firmara ese parte militar [de denuncia de acoso sexual]".

El teniente agrega que le preguntó al general "si sería conveniente que contratara un abogado y este le dijo que era una cuestión, primero, particular entre personas; segundo, no militar; y tercero, que no hacía falta porque él entendía y el Ajema [el máximo jefe de la Armada] también que el tema se resolvería internamente". Incluso, siempre según el teniente, el general le convenció para que no elevase un parte contra el soldado por la supuesta desobediencia y, a cambio, él "intentaría que este no presentara parte [por acoso sexual], porque los hechos que le imputaba el soldado eran muy graves y le pondrían en una situación disciplinaria difícil".

El general Montero sostiene que jamás se comprometió a que el soldado no firmara el parte y mucho menos la denuncia judicial. Eso sí, advirtió al coronel de Infantería de Marina del que dependía B. que llevar a los tribunales una denuncia por delito sexual supondría un vía crucis, incluso para el denunciante.

En todo caso, agrega el general, al tratarse de un delito que afecta a la intimidad de las personas, aunque perseguible de oficio, correspondía en exclusiva al soldado decidir si daba ese paso. Admite que la Armada podía haber abierto una investigación reservada para aclarar lo sucedido, pero sostiene que, dadas las características del caso, la vía penal era la apropiada.

En aquel momento, el teniente contaba a su favor con el testimonio de otro infante de Marina, P., que también había acudido a Ferrol y negaba la versión de su compañero. Pero el 22 de septiembre pasado, según el teniente, el general le advirtió de que P. había cambiado y ahora está dispuesto a apoyar a B.

El 28 de septiembre, el general llamó de nuevo al teniente, a través de su teléfono oficial, para anunciarle que "al día siguiente, a las 9 horas, tanto el soldado B. como el soldado P. iban a interponer dos denuncias directamente ante el fiscal militar y le recomendaba, ahora sí, que buscara un abogado". ¿Por qué le avisó? Según Montero, por lealtad, ya que hasta entonces le había recomendado lo contrario.

La investigación ha destapado que no solo B. y P. sino también otros soldados fueron objeto de abusos del teniente. Así lo avalan los testigos que han comparecido ante el juez, los SMS aportados y decenas de horas de grabación. "Si entonces hubiera sabido lo que sé ahora, no habría aconsejado actuar igual", admite el general Montero.

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Defensa alega ignorar que el oficial haya sido imputado

Aunque los dos soldados que denunciaron al teniente fueron apartados de sus puestos -ambos se dieron inmediatamente de baja médica por motivos psicológicos-, el oficial continuaba ayer en la secretaría del director de Asuntos Económicos de la Armada.

La ley de la Carrera Militar faculta a la ministra de Defensa a decretar la suspensión de funciones de un militar profesional "como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar" por parte del juez. Esta facultad, delegada en el subsecretario, se puede tomar, por un máximo de seis meses, "valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las Fuerzas Armadas o la alarma social producida".
Uso de vehículo oficial

El teniente I. E. M. no ha sido procesado ni está en prisión preventiva, pero sí ha sido imputado por un presunto delito de abuso de autoridad, castigado con penas de tres meses a cinco años de prisión en el Código Penal Militar.

En su declaración ante el juez, el pasado día 11, el teniente no solo reconoció prácticas sexuales con subordinados -aunque insistiendo en su carácter voluntario-, sino también el empleo irregular de medios públicos. En concreto, admitió que el día de su boda utilizó, sin pedir autorización, dos vehículos del parque móvil de la Armada: una berlina Audi A4 y una furgoneta Mercedes Viano.

Los testimonios de los soldados van mucho más allá: aseguran que utilizaba vehículo y chófer oficial para acudir a locales de alterne y que incluso les ordenaba poner los prioritarios (la sirena) para circular de madrugada a toda velocidad, lo que le costó alguna multa de tráfico a la Armada. El teniente se justifica diciendo que su objetivo era practicar técnicas de conducción evasiva "por razones de seguridad" y que solo "muy puntualmente" ordenó a algún soldado que hiciera "gestiones de carácter personal".

Todas estas irregularidades serían suficientes para que la Armada y el Ministerio de Defensa tomaran medidas sin esperar al desenlace del procedimiento penal, pero tanto una como otro aseguran que el juzgado aún no ha comunicado la imputación del teniente. Ayer mismo, la Armada decidió consultar al juez para confirmar oficialmente su inculpación. Pero el escándalo es tan mayúsculo que muchos creen que el teniente acabará por colgar el uniforme, voluntariamente o no.

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El interés del oficial por el sexo de sus soldados

"Preguntado si en alguna ocasión le propuso al soldado B, a través de mensajes desde el teléfono oficial, que le enviase fotos de su pene, dijo que durante una comisión de servicio a Ferrol el declarante le pide [...] la remisión recíproca de fotografías. [...] Preguntado para que manifieste si se ha masturbado con el marinero M., dijo que sí [...] Preguntado dónde se alojaba el soldado que iba con él cuando viajaba a localidades donde había residencias militares, dijo que le autorizaban a compartir la habitación con el soldado, alojándose este en calidad de acompañante [...] Preguntado para que manifieste si le ha pedido al soldado C. que le buscase soldados que accediesen a estos deseos, dijo que no [...] Preguntado para que manifieste si les pregunta [a los soldados] por su orientación sexual, dice que solamente en una ocasión, a P., por su forma de hablar y de moverse. [...] Preguntado para que manifieste si no le parece raro que la mayoría de los soldados que han declarado [dicen] que se han visto obligados a realizar conductas sexuales por orden del declarante", no contesta.

Aunque el teniente sostuvo en su declaración ante el juez militar que sus relaciones con soldados habían sido voluntarias y consentidas, sus exsubordinados han denunciado coacciones. Al soldado P. le citó en plena noche en el cuartel general para amenazarle con un arresto si no dejaba a su novia, ante la que "había demostrado debilidad de carácter", y al marinero M. le advirtió de que le "arruinaría la vida" y le impediría ingresar en la Guardia Civil.