Por medio de la presente presento la dimisión como miembro de la Ejecutiva de Comfia-CC.OO. de Asturias y quiero dejar constancia por escrito de los motivos que me llevan a tomar esta decisión, dado que considero que la exposición clara y contundente de las discrepancias en torno a temas que afectan al propio concepto de sindicato de clase y a las obligaciones que como miembros de esta ejecutiva nos competen supone un aporte positivo a la superación de actitudes que, según mi punto de vista, suponen una clara contradicción con lo que ha de ser una acción sindical comprometida, exigente y autoexigente, tan necesaria en estos tiempos.

Como es conocido, soy el esposo de Berta Montoya, trabajadora afiliada a nuestro sindicato y despedida por la empresa CC.OO. con fecha 21-08-01 por aparecer en los medios de comunicación como portavoz de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (según la propia carta de despido).

Desde un primer momento, esta Ejecutiva adoptó una curiosa actitud de pretendida neutralidad (se muestra el desacuerdo con el despido pero a la vez se insta a la trabajadora a que "cese sus manifestaciones en la prensa" por el daño que podría ocasionar a "los intereses de CC.OO."(sic)). Igualmente y, al contrario que en ocasiones similares, las protestas contra el despido se limitaron a resoluciones internas que no se trasladaron ni a la opinión pública ni al resto de la estructura del sindicato ni tan siquiera a los delegados y afiliados de Comfia. Esta ha sido la línea de actuación de esta ejecutiva a lo largo de los 10 meses transcurridos desde el despido.

Mientras esta Ejecutiva se dedicaba durante meses a debatir si se movilizaba o no en contra de este despido, la camarilla que dirige la empresa CC.OO. de Asturias no tuvo ningún reparo en utilizar todos los medios a su alcance para denigrar a la compañera despedida, organizando una guerra sucia cuyos procedimientos son un vivo retrato de la absoluta inmoralidad de estos individuos.

Nada más lejos de mi intención que hacer de esta carta un memorial de agravios, puesto que no soy yo, sino la compañera despedida, quién tiene motivos suficientes para sentirse no solamente agraviada sino estafada por esta ejecutiva, pero creo conveniente señalar que este pretendido órgano de defensa de los derechos de los trabajadores estuvo, en todas sus actuaciones en torno a este despido, muy lejos de cumplir con sus obligaciones.

A día de hoy, la situación es la siguiente:

El primer despido fue declarado nulo por violación de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y CC.OO. fue condenada a pagar (además de los salarios de tramitación) una indemnización de 250.000 pesetas por daños morales. Previamente al juicio, en los locales de la Empresa CC.OO. se citó a numerosos inmigrantes a los que se presionó para que declararan contra la despedida y se abstuvieran de participar en cualquier movilización contra el despido. Esta primera sentencia supuso también un contratiempo para aquellos miembros de esta Ejecutiva que, como manifestó alguno de ellos desde el primer momento del despido, pensaban que una sentencia de despido procedente sería lo mejor para Comfia. La empresa CC.OO. ha recurrido esta sentencia con argumentos tales como que la libertad de expresión y la libertad de asociación pueden ser limitados en el ámbito de la empresa por parte del empresario.

El segundo despido, producido de manera inmediata una vez que se conoció la sentencia del primero que obligaba a la readmisión de la trabajadora despedida, fue declarado improcedente en una sentencia en la que se declaraba probado que los sucesivos contratos efectuados por las Empresas Forem-CC.OO. y CC.OO. se efectuaron en fraude de ley, por lo que Berta era trabajadora fija desde su primer día de trabajo. Esta sentencia está recurrida por Berta ya que considera que este nuevo despido es una represalia por haber planteado y ganado el primer juicio, con lo cuál debe ser considerado nulo y no improcedente. La empresa CC.OO. optó por la indemnización para no readmitir a Berta y anunció su intención de recurrir la sentencia. A pesar de que el sindicato CC.OO. en sus acuerdos congresuales afirma que en caso de despidos improcedentes el sindicato debe movilizarse para exigir la readmisión del trabajador, esta ejecutiva no ha planteado en ningún momento movilización alguna, arguyendo razonamientos de tanto calado sindical como que "ya que estamos en el Consejo de Administración de esta empresa, no podemos manifestarnos en la calle contra ella" o razones psicológicas tan profundas como "después de más de 30 años en CC.OO., no me veo (sic) con una pancarta protestando contra este despido".

Los recursos presentados por la Empresa CC.OO. contra las sentencias impiden que Berta pueda cobrar los salarios de tramitación y las indemnizaciones que le corresponden. A fecha de hoy, la Empresa CC.OO. adeuda a la trabajadora despedida más de 2.500.000 pesetas.

Los 21 días de salario correspondientes a los días trabajados durante el mes del despido (Agosto de 2001) fueron abonados por la empresa CC.OO.a finales de Mayo, después de que Berta presentase una demanda en ese sentido.

La empresa CC.OO. no ha cotizado a la Seguridad Social por los días que median entre la sentencia por segundo despido y la elección por parte de la empresa en el sentido de no readmitir a la trabajadora despedida, motivo por el cuál el INEM no le reconoce el derecho a cobrar la prestación por desempleo. Berta ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por este nuevo fraude.

La trabajadora despedida ha presentado otra denuncia ante la Inspección de Trabajo contra FOREM-CC.OO. y contra CC.OO. por fraude a la Seguridad Social y fraude en las abusivas contrataciones temporales para puestos de trabajo que deberían ser fijos.

Ante todos estos hechos, a día de hoy, más de 10 meses después del primer despido, la Ejecutiva de Comfia no ha convocado ninguna movilización, ni remitido ningún informe de toda esta situación a la Ejecutiva Estatal para contrastar la actuación a seguir en estos casos, ni ha informado a los delegados sindicales y a los afiliados de esta Federación en Asturias sobre esta situación. Como se ve, una actuación que, contrastada con los discursos, los acuerdos y las obligaciones que contraemos cuando accedemos a estos modestos, pero comprometidos, niveles de dirección en un sindicato de clase, resulta muy poco coherente. Peor aún que esta falta de coherencia entre el discurso y la práctica es la ausencia total de un atisbo de autocrítica que permite suponer que, ante una situación similar, la actuación de esta Ejecutiva sería igual de lamentable que la actual.

Lo expuesto anteriormente no pretende justificar mi lógica dimisión como miembro de esta Ejecutiva, sino explicar las razones de esta dimisión con la firme convicción de que callar ante los atropellos y las injusticias en función de quienes las cometen supone un flaco servicio a los trabajadores a los que representamos y a la organización en la que nos encuadramos. Dimito por las mismas razones que me llevaron a militar en CC.OO. (militancia que no voy a abandonar a pesar de la sugerencia en este sentido de un prominente miembro de la Dirección Regional del Sindicato, Sr. Couto, quien manifestó en una reunión orgánica con los miembros de esta ejecutiva de Comfia Asturias que aquellos que no queramos entender que CC.OO. forma parte del sistema capitalista estaríamos mejor fuera de este sindicato) y a asumir puestos de una relativa responsabilidad en esta organización. Sigo considerando que nuestra lealtad como militantes de CC.OO. debe reflejarse en la práctica sindical honesta y comprometida con la defensa de los trabajadores y de la justicia social y no en la sumisión a una serie de individuos cuya actuación contradice claramente los acuerdos y resoluciones que nos obligan como miembros del sindicato. También considero que la legitimidad de origen que, sin ninguna duda, otorgan los votos mediante los cuales han sido elegidos los miembros de la dirección de CC.OO. de Asturias no dan derecho a la impunidad para cometer todo tipo de injusticias y atropellos contra aquellos trabajadores a los que decimos defender como organización.

Quiero que mi dimisión sirva como contraste a la actitud de quienes, como miembros de esta Ejecutiva, deberían, según mi punto de vista, haber presentado su dimisión desde el mismo momento en que, producido el despido decidieron, en contra de su obligación, no defender a la trabajadora despedida más allá de inútiles declaraciones de consumo interno debido al conflicto de intereses planteado por la naturaleza de la empresa despedidora. Quiero igualmente dejar clara mi indignación ante la hipocresía de quienes, desde teóricas posiciones de izquierda, tienen la desfachatez de pretender que, puesto que la trabajadora no permaneció callada ante su despido a pesar de que así se le demandó por parte de la Ejecutiva de Comfia Asturias, no tiene derecho a ningún tipo de defensa sindical.

Al margen del resultado final de todo este proceso, es obvio que debería plantearse un debate sobre las obligaciones que Comfia contrae con los afiliados que trabajan en el grupo de empresas CC.OO. u otras de naturaleza similar (ONG,s o partidos políticos). Opino que todo aquél miembro de esta ejecutiva que pueda tener el más mínimo conflicto de intereses en función de la empresa en que trabaje el afiliado que deba ser defendido ante sanciones, despidos, acoso moral o sexual u otros atropellos debería dejar de formar parte de este órgano de dirección de la Federación..

En cuanto a los individuos que han tenido intervención directa en el despido y la posterior guerra sucia contra Berta Montoya como directivos de la empresa CC.OO de Asturias y, procediendo de la misma forma en que Comfia Asturias actúa en casos similares quiero denunciar lo siguiente:

Dichos individuos han hecho de esa Empresa una herramienta de ascenso social y económica, gobernando las empresas CC.OO. de Asturias y FOREM como su particular cortijo y utilizando la amenaza de despido y el despido como elemento fundamental de su estrategia empresarial.

El máximo mandatario de la empresa CC.OO. de Asturias, Alberto Rubio, personaje de desconocida trayectoria profesional y laboral, disfruta de una serie de gabelas nada despreciables derivadas de su puesto de dirección empresarial y sufragadas, se supone, con cargo a los fondos de dicha empresa: amplísimo despacho de Director General, viajes intercontinentales ( Estados Unidos, Cuba, Brasil, Chile, otra vez Brasil, etc.), dietas, móvil de última generación y sobre todo, la posibilidad de ejercer impunemente su chulesco estilo de autoridad. Cabe destacar que este individuo, ordenante del despido de la trabajadora (por motivos testiculares según sus propias declaraciones) es quién ha orquestado la campaña de guerra sucia contra Berta Montoya con iniciativas que van desde la invención de una falsa sustracción de la base de datos de la empresa por parte de la despedida hasta la utilización de los medios y locales de la Empresa CC.OO. para amedrentar a los inmigrantes afiliados al sindicato CC.OO. y advertirles de los peligros que supondría para ellos apoyar a la trabajadora despedida, pasando por el envío de un comunicado a los medios de comunicación regionales en el que CC.OO. acusaba a Berta de terrorista. Como anécdota significativa, comentar que este empresario lumpen no se atrevió a comparecer en el juicio por el segundo despido de Berta (al parecer la prepotencia y la cobardía moral son dos caras de la misma moneda) y cuando no tuvo más remedio que comparecer ante la jueza, manifestó que sabía de la despedida por lo que la prensa había publicado con posterioridad al despido.

El responsable directo de Berta Montoya en la estructura empresarial, Juan José Palacios, cumpliendo servilmente órdenes directas de Alberto Rubio, ha dedicado sus horas de trabajo a calumniar de todos los modos posibles a la trabajadora ante el colectivo inmigrante, acusándola de delitos y faltas obviamente falsos y utilizando datos personales y familiares (como el importe de mi salario, por ejemplo) extraídos del expediente existente en esa empresa CC.OO. a raíz de la gestión del permiso de residencia de la trabajadora despedida.

Herminia González, directiva de esta empresa se dedicó, según consta documentalmente a espiar e informar de las actividades realizadas por la despedida como portavoz de AIRA fuera de la jornada laboral.

Francisco González, superior jerárquico de Berta en la Empresa, y otro de los individuos de desconocida trayectoria laboral y profesional que disfruta de privilegios tales como viajes intercontinentales a cargo de la empresa, telefoneó desde su lugar de veraneo a la trabajadora, a raíz de la aparición de ésta como portavoz de AIRA en una entrevista, conminándola, entre imprecaciones de todo tipo, a abandonar inmediatamente su puesto de trabajo, a lo que Berta se negó, exigiendo una orden por escrito en ese sentido.

La abogada de la empresa CC.OO., Nuria Fernández intentó, junto con otros directivos de la citada empresa, presionar a Berta para que aceptase un cese pactado y, ante la negativa a aceptar componendas de ningún tipo por parte de la trabajadora, le advirtió, en una nada sutil amenaza que un despido disciplinario sería muy traumático para ella. En el primer juicio acusó a Berta de una falsa sustracción de base de datos y llegó a afirmar que quién merecía una indemnización no era la compañera despedida sino su despedidor Alberto Rubio y que las empresas tiene todo el derecho a castigar la rebeldía de los trabajadores. A pesar de la utilización de testigos falsos, de las presiones a los inmigrantes para que no testificaran a favor de la despedida, y de la ayuda solicitada al gabinete jurídico de "elite" que la empresa CC.OO. tiene en Albacete, el resultado obtenido hasta ahora por esta abogada empresarial deja claro que en este caso la incapacidad profesional y la falta de ética va indisociablemente unidos.

Guillermo Ballina, otro alto directivo de esta empresa ha participado directamente en amenazas a miembros del sindicato CC.OO. por su defensa de Berta. Dichas amenazas, proferidas en la fiesta del PC en Madrid ante testigos han sido puestas por escrito en conocimiento de los órganos internos del sindicato CC.OO. por parte del amenazado.

Este recorrido por las cloacas de la desfachatez empresarial , que lejos de ser un exhaustivo relato de todo lo sucedido desde la fecha del despido hasta ahora solamente constituye un mero resumen de la larga relación de barbaridades cometidas por parte de estos gañanes devenidos capitanes de empresa, forman parte de la realidad que algunos miembros de la Ejecutiva de Comfia se han negado conscientemente a ver para no sentirse obligados a denunciarla. Considero que, en estos grises tiempos en que vivimos, uno de los pocos legados que podemos dejar a los luchadores sociales del mañana lo constituye el hecho de no callar ante las injusticias, de no ser cómplices (por acción u omisión) de los atropellos y de no ceder ante la prepotencia de los poderosos, con muchos más motivos cuando quienes humillan a los trabajadores lo pretenden hacer en nuestro nombre

Quiero terminar esta carta de dimisión transmitiendo en nombre de la despedida y en el mío propio el agradecimiento a los escasos miembros de esta Ejecutiva que a nivel personal han demostrado que palabras como compañeros, solidaridad, lucha obrera, etc. tienen absoluta vigencia hoy en día y son algo más que palabras huecas escritas en una pancarta arrastrada por patéticos fariseos. Igualmente quiero hacer constar mi solicitud de que esta carta sea distribuida como mínimo a los delegados de Comfia Asturias para que, aunque tarde, sepan que no todos en Comfia estamos de acuerdo con la actuación de esta ejecutiva frente a esta agresión empresarial.

Asturias 7 de Julio de 2002

Marco Alejandro Antuña Camporro