Denunciamos la lesbofobia y vulneración de derechos a la comunidad LGBTI así como de la comunidad de personas presas por parte del Juzgado 27 Civil Municipal de Medellín, el cual rechazó de plano, mediante auto del 10 de septiembre de 2013, la solicitud de matrimonio civil presentada por dos mujeres, una de ellas detenida, a través de apoderado en esta ciudad, por considerar que no cumplían con las exigencias del art. 113 del Código Civil que define el matrimonio como “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente” (subrayas y negrillas presentes en el texto del auto).
Las consideraciones del Juzgado son las siguientes:
“No es secreto la serie de interpretaciones que se han generado con relación a la sentencia en comento [C-511 de 2011], pero lo que tiene claro este despacho judicial es que en momento alguno desapareció la descripción legal del art. 113 arriba transcrito, es decir, la Corte consideró que dicha norma no era violatoria de nuestra carta política y por tanto el contrato de matrimonio civil en toda su estructura formal continúa incólume. (…)
Ciertamente, cuando la Corte está hablando de “formalizar y solemnizar”, no necesariamente está diciendo que se realice el matrimonio civil, pues si ello hubiese sido su objetivo así lo hubiese expresado. (…) no hay duda alguna referente a la competencia referida a los notarios, en tanto las personas interesadas podrán acudir ante dichos funcionarios para formalizar ese vínculo contractual haciendo uso de las facultades que tiene toda persona para que, previo consenso, eleven a escrito todas aquellas cláusulas que consideren pertinentes para formalizar su relación, y que habrán de producir efectos jurídicos inter partes que buscan.
Sin embargo, el problema se presenta es en cuanto a la competencia de los jueces, y especialmente en lo relacionado con los jueces civiles y promiscuos municipales. Ello, en tanto no es posible la consecución por parte de dichos funcionarios actos que no estén expresamente a ellos asignados, asignación que solo es posible mediante una ley (…) Como puede verse, es la misma ley procesal civil la que atribuye de manera expresa a esta jurisdicción el conocimiento de la celebración del matrimonio civil, no pudiendo entonces proceder a formalizar o solemnizar ese vínculo contractual pretendido por las solicitantes por cuanto ellas no cumplen con las exigencias del artículo 113 del Código Civil a que antes se hizo alusión.”
Es increíble, indignante e injusto que un funcionario público obligado por la Constitución y la Ley a garantizar la igualdad y la dignidad humana, decida esta solicitud discriminando a dos mujeres lesbianas, negándoles la oportunidad de ser una familia y contrariando el precedente y el avance en derechos de la población LGBTI, históricamente discriminada, así como también lo es la población presa.
