Elementos para un juicio político revolucionario al Estado “democrático” español
Parte I
Parodia golpista del 23F

Introducción

<<Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal, se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa>> (K. Marx: “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”)

La palabra farsa es sinónimo de parodia, que nosotros escogimos para catalogar el golpe del 23 de febrero de 1981 contra el gobierno de Suárez elegido democráticamente. [1] El vocablo “farsa” tiene una significación biunívoca; por un lado significa comedia, melodrama, sainete, pantomima, bufonada, payasada, etc.; pero, por otra parte también significa fingimiento, simulación, doblez, engaño, falsedad, estratagema, etc. Todo esto fue el 23F, confirmando la aguda observación de Marx acerca de la historia antigua y moderna en la línea de desarrollo típica de la sociedad occidental.

Para llegar a semejante conclusión —que completa con toda certidumbre el citado aforismo de Hegel— al analizar las formas políticas en la transición del  feudalismo al capitalismo en Francia, Marx debió confrontar los hechos de dos distintos períodos, que culminó con la constitución de la burguesía como clase dominante en ese país. El primero, bajo la forma de heroica tragedia protagonizada por el movimiento jacobino, entre 1793 y 1795; el segundo —que Marx califica de farsa burguesa aunque teñida de sangre obrera—, entre febrero de 1848 y diciembre de 1851. [2] Y lo hizo muy especialmente para comparar la distinta idiosincrasia política de Napoleón Bonaparte respecto de su sobrino Luis, distinción determinada por las diversas condiciones políticas de la lucha de clases y sus antecedentes históricos en uno y otro momento del proceso, que son las que acrisolan el respectivo comportamiento político y temperamento personal de quienes en cada momento hacen la historia desde la cúspide o dirección burocrática de un movimiento:

<<Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo condiciones directamente dadas y heredadas del pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.>> (K. Marx: Op. Cit.)

Todo progreso histórico —social y personal— consiste en trascender las circunstancias condicionantes del pasado, previa toma de conciencia de las contradicciones contenidas en tales condiciones, que son las que, en cada momento, señalan el camino a seguir. Para esto nos hemos tomado el trabajo de elaborar el nada enjundioso ni original resumen ya publicado en parte, sobre los acontecimientos que estuvieron en la génesis histórica de las Asambleas Nacionales Constituyentes. http://www.nodo50.org/gpm/constituyente/00.htm

 ¿Por qué lo hemos hecho? Porque esa consigna burguesa tradicional, efectivamente “todavía oprime como una pesadilla” el cerebro de no pocos que se autoproclaman vanguardia revolucionaria del proletariado. ¿Para qué lo hemos hecho? Para demostrar que esa consigna, tanto como la propuesta del propio “Manifiesto Comunista” en orden a que el proletariado se comporte como un auxiliar político de la burguesía, son propuestas que dieron sentido a las luchas proletarias bajo condiciones que determinaron su quehacer histórico inmediatamente antes de las nuevas y distintas condiciones determinadas por la experiencia y el resultado de las luchas obreras durante la revolución europea de 1848. Ver: http://www.nodo50.org/gpm/constituyente/06.htm y http://www.nodo50.org/gpm/frentes/todo.htm

 A partir, pues, del análisis de Marx sobre el resultado de esa tragedia —y toda tragedia supone al menos un error trágico— Marx y Engels entendieron que las consignas de la Constituyente y del frente popular dirigido por la pequeñoburguesía —tal como lo habían propuesto en el “Manifiesto” ya eran erróneas, dado que habían sido superadas por el criterio de la práctica válido sólo para la orientación política táctica, convirtiéndose a partir de entonces en tópicos o lugares comunes despojados de toda necesidad y actualidad política en la lucha del proletariado.

Concluyeron, por tanto, en la necesidad de reemplazar esa táctica por otra, consistente en la construcción del partido político orgánicamente independiente del proletariado revolucionario, con la finalidad de educar y dirigir al resto de la clase o proletariado espontáneo, en la tarea de que sea él quien deba hegemonizar la lucha con los campesinos pobres y la pequeñoburguesía urbana contra la burguesía, para la toma del poder por el bloque histórico obrero-campesino de poder, dirigido por el partido obrero revolucionario, única garantía de implantar la república social, es decir, la dictadura obrera y campesina sobre la burguesía en su conjunto y los residuos de la reacción feudal. Sólo este cambio en la táctica y la estrategia de poder respecto de los planteos hechos en el “Manifiesto”, explica que a fines de 1850 Marx definiera la función política de la Asamblea Constituyente ante un proletariado consciente, tras comprobar que había excluido de ella al grueso del pueblo trabajador todavía no consciente de esa situación. Del análisis de esta experiencia —especialmente del comportamiento de la burguesía en este período de la lucha de clases en Francia— que determinó las nuevas condiciones determinadas por el dominio absoluto del conjunto de la burguesía francesa sobre el nuevo Estado republicano capitalista puro, Marx y Engels tomaron conciencia de que, en el futuro, el compromiso del proletariado revolucionario pasaba por la tarea de que el proletariado espontáneo de todo el Mundo tomara conciencia del objetivo significado revolucionario que el proletariado francés imprimió a su acción política el 13 de junio sin ser consciente de ello, lo cual, en parte explica su derrota. Precisamente porque su lucha junto a la burguesía contra el enemigo común feudal estuvo presidida por el imposible propósito de hacerse un lugar político propio en la república resultante de la victoria. Pero la ley del valor no casaba con que la burguesía formara parte —en condominio con campesinos y obreros— de la república social, sino que exigía el dominio absoluto de la república burguesa pura sobre esas clases subalternas. Tal fue el contenido de la confrontación durante aquél 13 de junio que se saldó con la derrota sangrienta del proletariado de París que inspiró estas palabras de Marx:

<<Sólo empapada en la sangre de los insurrectos de junio ha podido la bandera tricolor transformarse en la bandera de la revolución europea, en la bandera roja.

Y Nosotros exclamamos: ¡La revolución ha muerto! ¡Viva la revolución!>> (K. Marx: “Las luchas de clases en Francia” Cap. I

¿Por qué habiendo muerto en París, la revolución proletaria seguía viva? Porque con esa derrota y la constitución de la dictadura burguesa, había nacido ante la conciencia universal la evidencia de las condiciones objetivas para que el proletariado revolucionario procediera a cambiar el tópico en que se había convertido la consigna de la Constituyente para la formación de la república social, por la consigna de la dictadura del proletariado apoyada por la pequeñoburguesía.

  <<La Asamblea Constituyente se parecía a aquél funcionario chileno que con la ayuda de una medición catastral, se empeñaba en fijar los límites de la propiedad territorial en el preciso instante en que los ruidos subterráneos (de las clases sociales expulsadas de ella) habían anunciado la erupción volcánica que había de hacer saltar el suelo (sobre el que se había erigido la Constituyente) bajo sus mismos pies. Mientras en teoría la Asamblea trazaba con compás las formas (políticas “democráticas”) en que habría de expresarse republicanamente la dominación de la burguesía, en la práctica (ante las demandas democráticas obreras) sólo se imponía por la negación de todas las fórmulas, por la violencia sin más, por el estado de sitio>>. (K. Marx: Op. Cit. Cap. II)

 Los asalariados en lucha, en general dirigidos por el reformismo burgués desde los sucesos de 1848 hasta hoy, han tenido harta experiencia en esto de los “estados de sitio”. Sin embargo, a esos dirigentes oportunistas, quienes siguen instalados en esa sola idea del “Manifiesto” para justificar el haberse convertido ellos mismos en valiosos auxiliares de la burguesía frente al proletariado, jamás han podido coincidir con Marx —a quien solo le bastó esa experiencia—, para comprender que la figura jurídico-política del “estado de sitio” es “la negación de todas las fórmulas” políticas democráticas, y para prever que, a partir de esa circunstancia de la que él dejó fiel testimonio, en todas las que le sucedieron —más o menos similares a esa de 1848— la burguesía respondió en todo el Mundo de la misma forma violenta y despótica frente a las necesidades materiales y políticas manifiestas del proletariado, necesidades cuya realización —quién puede negarlo— constituye el contenido más genuino de la libertad y que ella, la burguesía, por necesidad de conservar su libertad como clase explotadora, les negó y les seguirá negando, como así se ha comprobado invariablemente hasta hoy, demostrando que sólo es capaz de dominar por la mentira de la farsa burlesca, el fraude y el chantaje de la violencia.

Recuérdese que los obreros franceses reclamaron “para sí” al Gobierno provisional, es decir, como simple clase subalterna frente a la burguesía dentro del futuro gobierno salido de la Constituyente, un ministerio de trabajo, a fin de “procurar trabajo a todos los ciudadanos, etc.”, es decir, pan y libertad. Esos obreros, “que habían hecho la revolución de Febrero conjuntamente con la burguesía; al lado de la burguesía —y sin cuya decidida participación nada de lo que se logró hubiera sido posible— querían también sacar a flote sus intereses”, ¿tenían o no derecho a ello? Estas dos cuestiones fueron las que estuvieron en el centro de la lucha política que la burguesía resolvió por la violencia y la aplicación del Estado de sitio, cuando los obreros fueron a reclamar ese lugar que, con sus luchas en febrero contra la monarquía de Luis Felipe, le habían arrancado al gobierno provisional resultante. [4]

 Y es que, plantear estas cosas a los reformistas es como hablar de la soga en casa del ahorcado. Por eso es que han acabado por mutilar el pensamiento de Benjamín Disraeli —para quien “la política es el arte de hacer posible lo necesario”— definiéndola simplemente como “el arte de lo posible”. [5] ¿Posible para quién? Para la burguesía. La libertad del proletariado en la sociedad capitalista, siempre fue, pues, la “libertad” subyugada de sus explotadores. Haber pretendido ir sólo un poco más allá de esos límites, aunque más no fuera por necesidad de sobrevivir, siempre ha desatado las más violentas furias de la burguesía. Y en esto los reformistas, de un modo u otro le han hecho el juego a la reacción. En síntesis, que los reformistas no han sabido nunca lo que es la política entendida por Marx como la ciencia y el arte del poder obrero en la sociedad moderna. Ellos sólo saben que la política como “arte de lo posible” consiste en adoctrinar a los asalariados para que no intenten sacar jamás los pies del tiesto capitalista. A cambio de ese valioso servicio como eficientes auxiliares de la burguesía, se venden barato aceptando cualquier acomodo con el relativo confort que se les permita en el aparato de Estado burgués, y “a vivir que son dos días”.   

Por eso es que del “Manifiesto Comunista” sólo rescatan sacando convenientemente de su contexto lo que propone en su capítulo IV, especialmente para el caso de Alemania —el más atrasado de Europa, sometido aun al dominio político de la aristocracia en aquella época— donde dice textualmente que:

<<En Alemania, el Partido Comunista lucha al lado de la burguesía, en tanto que esta actúa revolucionariamente contra la monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeñoburguesía reaccionaria.>> (Op. Cit)

 De este razonamiento reformista burgués incontrovertible tras el resultado de la revolución europea de 1848, es necesario sacar la siguiente conclusión: que si los reformistas han seguido esgrimiendo hasta hoy esos tópicos del “Manifiesto Comunista” es para poder venir interpretando el papel político principal en la farsa de los frentes policlasistas dirigidos por la pequeñoburguesía, asociada a esa otra parodia comprendida en la consigna de Asamblea Nacional Constituyente que, de hecho,  siguen aconsejando al proletariado que la reclame, nada más que para sacarle al capitalismo las patatas del fuego durante cada crisis de Estado en su etapa tardía.

Y eso ha sido gracias a la sencilla estratagema de todos estos sicofantes de la izquierda burguesa, consistente en aislar ese pasaje del “Manifiesto”, de la enseñanza en contrario derivada de los sucesos de 1848 en Europa, es decir, de la propia experiencia de Marx y Engels inmersos en ella, y de sus conclusiones en medio del desarrollo de los acontecimientos y a posteriori de ellos.

Resulta que estas gentes, que hablan tanto de la práctica política como criterio de verdad absoluta para sacarse de encima la molesta teoría revolucionaria que les contradice a cada paso, son los que, para justificarse en su práctica política contrarrevolucionaria, apelan a los tópicos políticos del “Manifiesto Comunista” pero dan la espalda no sólo a los resultados de su propia practica social, sino a las exigencias políticas que se desprenden con todo rigor científico de esa misma obra en el terreno de la teoría económico-social, y que siguen teniendo plena vigencia como guía fundamental para la acción política.

Volviendo al significado del texto que aparece como epígrafe de este escrito, Marx efectivamente distinguió los períodos históricos de la sociedad clasista y las clases dominantes que los protagonizan, entre revolucionarios y decadentes, según sean representados respectivamente como tragedia o como farsa. Pero según lo expresa en el pasaje citado, tal parece que la segunda vez fuera la última, como si con ese embuste protagonizado por Luis Bonaparte, la burguesía hubiera colmado su capacidad para engañar y los explotados su paciencia para seguirles tolerando. Pero está visto que no ha sido así, y que, desde entonces, los burgueses han podido trasladar estos actos del género literario burlesco al escenario político en numerosas ocasiones. Y uno de esos actos es la Asamblea Nacional Constituyente.

Si Marx señaló esta treta que la burguesía pudo ensayar en 1851, lo hizo, precisamente, para alumbrar en la conciencia proletaria de su tiempo, la perspectiva política heroica por la que necesariamente deberán pasar, lo quieran o no, actitud que supone dar al traste con todos los tópicos del pasado. Una perspectiva que, a esa generación de asalariados —y desde entonces a las que les sucedieron— les hubiera permitido superar políticamente las condiciones económicas y sociales del por entonces ya cada vez más estrecho horizonte del capitalismo desde la cada vez más necesaria perspectiva de emancipación política del proletariado, que es como decir desde la perspectiva de la humanidad.  

Pero esa perspectiva de futuro estuvo —y sigue estando— velada en la conciencia obrera por los tópicos políticos del pasado burgués, como la consigna de Asamblea Constituyente, un lugar común, una farsa o parodia entre otras con que los reformistas han venido acompañando a la burguesía internacional en todos los escenarios políticos del Planeta en momentos de crisis revolucionaria, contribuyendo no menos falsariamente, en nombre de Marx, a que la burguesía haya podido venir superando políticamente sus cada vez más catastróficas e insolubles contradicciones económicas, hasta llegar intacta como clase dominante a su etapa tardía tras la indescriptible barbarie de dos guerras mundiales e innumerables guerras “de baja intensidad”.

La diferencia que media entre la tragedia francesa de fines del siglo XVIII y la farsa de mediados del siglo XIX, está en que la primera (1793-1795) destrozó y barrió efectivamente la base material del feudalismo, sobre la que se había erigido la superestructura política de la monarquía absoluta en Francia, en tanto que el período de la lucha de clases entre febrero de 1848 y diciembre de 1851, dejó intangible el poder de la burguesía ya constituida como clase dominante.

En su “18 Brumario de Luis Bonaparte”, Marx se encargó de demostrar que este período de la revolución burguesa en Francia fue una farsa, como farsantes demostraron ser sus protagonistas políticos principales, tanto los representantes de las dos fracciones de la burguesía propiamente dicha, como los líderes obreros que actuaron como si representaran sus intereses. ¿Por qué se dio esta paradoja? Porque en lugar de bregar por el liderazgo político del proletariado en bloque histórico de poder con el campesinado pobre, los jefes políticos socialistas al estilo de Louis Blanc y Ledrú Rollin, convirtieron la tragedia en parodia consiguiendo enfeudar el movimiento campesino a la burguesía industrial, aislando políticamente al proletariado cuyos líderes verdaderamente revolucionarios fueron detenidos y “pasados a cuchillo”.

Esos líderes socialistas y burgueses moderados no pudieron comprender que, a través del sistema bancario en poder de la Casa de Orleans, del crédito que permite explotar más al proletariado, la burguesía industrial estaba íntimamente vinculada con la oligarquía financiera. Más porque el crédito bancario extiende la explotación del trabajo asalariado más allá de los límites del capital en manos de la propia burguesía industrial. En cuanto a los pequeños propietarios rurales y urbanos que rompieron su alianza con el proletariado para actuar como apéndice político de la burguesía industrial, tampoco comprendieron que la fracción financiera de esa alianza capitalista acabaría por expropiar a buena parte de ellos en el curso de sucesivas depresiones cíclicas, favoreciendo la concentración de la propiedad territorial y urbana a instancias del crédito hipotecario, al tiempo que los campesinos arruinados irían a formar parte del proletariado adicional necesario en la industria urbana expandida por el crédito, y muy pronto a sufrir su propia tragedia engrosando las filas de parados, y a presionar sobre los empleados en épocas de crisis para obligarles sin remedio a trabajar más por menos.

¿Por qué hubo de suceder todo esto? Porque en lugar de bregar por el liderazgo político del proletariado en bloque histórico de poder con el campesinado pobre, los jefes políticos socialistas como Luis Blanco y Ledrú Rollin en 1848, convirtieron la heroica tragedia de 1792 en parodia, decidiendo enfeudar el movimiento agrario a la burguesía industrial, aislando políticamente al proletariado cuyos líderes verdaderamente revolucionarios fueron detenidos. No pudieron comprender que, a través del crédito que permite explotar más y mejor al proletariado, la burguesía industrial estaba íntimamente vinculada con la oligarquía financiera.

El velo de clase burguesa todavía en lucha contra los residuos políticos feudales, obnubiló la conciencia de esos líderes políticos obreros, a quienes sería completamente injusto acusar de oportunistas, dado que la teoría que permitía arrancar ese velo burgués de la conciencia popular colectiva recién había lanzado al mundo sus primeros esbozos, aunque sólo eso hubiera servido. Así, incapaces de ver con claridad semejantes condiciones políticas en ciernes, nublada su inteligencia política creadora de nuevas condiciones históricas superadoras, esos líderes fueron inevitablemente devorados por el espíritu de la comedia política burguesa en que ellos, a su vez, acabaron enredando a las clases subalternas de campesinos y buena parte de asalariados. Esa comedia consistió en el “como sí” del rey Luis Felipe en la monarquía parlamentaria de 1830, sólo que quien ahora delegaba su “soberanía” en el poder efectivo que ejerce otro a nombre suyo ya no es el rey sino el “pueblo” en la persona de sus representantes, los políticos burgueses, de tal modo que a la monarquía parlamentaria sólo le pudo suceder la república burguesa, donde el dominio económico y político no era ejercido ya por una fracción de la burguesía sino por la burguesía en su conjunto y para eso sirvió la Asamblea Constituyente, como así fue…:

<<…es decir, que si (hasta enero de1848) en nombre del rey había dominado una parte reducida de la burguesía  (la oligarquía financiera) ahora dominará la totalidad de la burguesía en nombre del pueblo (o sea, la alianza entre la burguesía financiera y la burguesía industrial en perjuicio del proletariado y la pequeñoburguesía urbana y rural>> (K. Marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte” Cap. I Lo entre paréntesis es nuestro)

El “pueblo” pudo sentirse eufórico porque había reemplazado al rey como soberano político, aunque, de hecho, el ejercicio efectivo de esa soberanía recayó sobre los intelectuales orgánicos de la burguesía. Hecha la ley, hecha la trampa en que consiste toda farsa burlesca. Así, en lugar de protagonizar el género trágico y épico que exige toda lucha efectivamente revolucionaria creadora de nuevas condiciones históricas —en este caso el alumbramiento de la república social proletario-campesina que no la república puramente burguesa, para lo cual estaban dadas todas las condiciones materiales—, el pueblo francés se quedó en parodiar todo aquello, con sus dirigentes metidos bajo el ala burguesa liberal, convirtiendo la lucha por sus propios fines en una caricatura o imitación burlesca de la revolución acaecida entre 1793 y 1795, haciendo de contrapunto o de “como sí” en el presente, del hacer revolucionario de un pasado que en las condiciones de 1844 había perdido toda razón de ser desde el punto de vista de los intereses históricos del proletariado, limitándose a hacer seguidismo del contubernio entre la burguesía industrial y la oligarquía financiera.  

Para Marx, pues, el género de la tragedia histórica en la historia moderna, se verificó en el período de la lucha de clases cuyas condiciones económicas tendieron a la creación de una voluntad e inteligencia políticas que cuajaron en los protagonistas de la primera república francesa bajo la dirección del movimiento jacobino. Una vez que la burguesía toma el poder y de revolucionaria pasa a ser una clase conservadora o reaccionaria, los géneros literarios de la épica y la tragedia dejan de tenerle por protagonista principal y, por tanto, no le pertenecen. Pasan a manos del proletariado como clase revolucionaria fundamental en la sociedad moderna. [6]

A partir de este momento, cualquier tragedia colectiva por motivaciones políticas, cuyas víctimas y sufrimiento recae mayormente sobre la clase obrera, para la burguesía, aunque lo viva dramáticamente desde el punto de vista psicológico por afectación propia o ajena, todo eso sólo puede ser farsa o parodia. ¿Por qué? Pues, porque los vencedores en las pugnas interburguesas por intereses particulares o de fracción política, de rapiña entre ellos, tanto como en su lucha contra el proletariado por la defensa de sus intereses generales —¿de qué otro tipo pueden ser?—, siempre se justifican invocando los valores fundacionales del capitalismo encarnados por los burgueses en conjunto. Sea la “libertad”, la “democracia”, la “tolerancia”, la “solidaridad”, etc., etc., todos esos valores sólo se evocan para ocultar las verdaderas motivaciones de esas reyertas que nada tienen que ver con su reiterada proclamación. En esto consiste la farsa o parodia que, en esencia, caracteriza todos los actos políticos burgueses, sean de mayor o menor repercusión dentro de su mismo sistema de vida.

Y el caso es que, según progresa la acumulación de capital —que constituye el fundamento y propensión esencial de la sociedad burguesa— las contradicciones entre las fuerzas productivas encarnadas por los explotados y las relaciones de producción a cargo de la burguesía, el proletariado se ve impulsado a protagonizar un proceso necesariamente interrumpido de luchas que, salvo contadas excepciones, con su invariable contrabando ideológico la literatura y el arte han venido ignorando, pero que no por eso han dejado de entrar por sí mismas en el más puro género de la épica y de la tragedia, como es el caso de la Comuna de París y la lucha de los Consejos obreros en Alemania durante la revolución europea de 1918, así como la única experiencia de lucha obrera triunfante verdaderamente revolucionaria que protagonizó el proletariado ruso entre 1917 y 1924.

Pero una cosa es la manifestación de las luchas políticas, del proletariado, otra la manifestación de las condiciones económicas y sociales que, en última instancia determinan el estallido de esas luchas, y otra —distinta de las dos anteriores— la puesta negro sobre blanco de las condiciones económico-sociales manifiestas como medio teórico o ideológico para el alumbramiento de la conciencia revolucionaria y como guía de la consecuente acción política efectivamente transformadora.

Pues bien, la primera manifestación de las condiciones económico-sociales que marcaron el principio histórico de la decadencia capitalista, tuvo lugar en Europa durante la primea gran crisis general del sistema, en 1825, que el “Manifiesto Comunista” describió como la “destrucción sistemática” no sólo de “una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de “las mismas fuerzas productivas ya creadas” bajo la forma de capital y de asalariados que dejan de emplearse, retrotrayendo la sociedad a un estado de penuria socialmente catastrófica y de “súbita barbarie”.

Esa crisis puso de manifiesto que el progreso de la acumulación capitalista no es equilibrado ni continuo sino desigual y periódicamente interrumpido. Analizando esta evidencia empírica, en 1848 Marx y Engels descubrieron que la burguesía no se muestra capaz de garantizar a las mayorías sociales explotadas la continuidad de su empleo ni la participación en la riqueza social creada en proporción al aporte de su trabajo en ella, por lo cual sacaron la siguiente conclusión de una candente actualidad que nosotros no nos cansamos de repetir porque así lo viene demostrando la historia mientras las clases dominantes miran sistemáticamente para otro lado:

<<Es, pues, evidente, que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad, ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad>>. (K. Marx-F.Engels: “Manifiesto Comunista” Cap. I)

El hecho de que desde entonces el capitalismo haya sobrevivido a su propia barbarie, sólo se explica por la estupidez política que la burguesía induce en el movimiento obrero a través de sus mass-media, comprando a sus dirigentes institucionalizados y a una parte de los asalariados con empleo “fijo” cada vez más “flexible” o precario, pero que se amoldan a esa “moderna” condición de inseguridad laboral, mayor explotación y penuria relativa creciente despóticamente impuestas, condiciones a las que ven “persuasivamente” a través de la lente burguesa, como un mal menor ante el resto de la clase en paro o en régimen de “contratos basura” de duración determinada o a tiempo parcial. 

El concepto de farsa, pues, define el quehacer político consuetudinario de todas las fracciones de la burguesía de cara a los explotados, incluidos naturalmente sus dirigentes sindicales y políticos de izquierda descaradamente vendidos a la patronal, prácticamente dedicados casi exclusivamente a parlotear y gesticular con meras denuncias sobre el incumplimiento de este u otro derecho no esencial de los trabajadores. Y cuando no basta con esa farsa burlesca, levantan el telón de esa otra parodia consistente en gestionar cada conflicto sobre una misma demanda social por separado, para insolidarizar, dividir y debilitar el enorme potencial del movimiento asalariado en su conjunto, fortaleciendo así el poder negociador de cada patronal con el consabido auxilio de la “fuerza pública” invariablemente al servicio de la burguesía. [7]   En cuanto a los políticos de izquierda burguesa que coquetean con Marx, también se limitan a parodiar, trivializar o caricaturizar “derechos políticos ciudadanos” que la burguesía esgrimió en su largo proceso de luchas trágicas contra el absolutismo feudal, pero que, a poco de haberse constituido como clase dominante, lo primero que hizo tras imponer el orden sangriento el 13 de junio, fue conculcar esos derechos a sus clases subalternas, tarea que completó Luis Bonaparte con el golpe del 2 de diciembre de 1851. Así, habiendo perdido ya su razón de ser y por tanto su condición de “realidad efectiva”, la burguesía quedó convertida en una “realidad existente” que sólo siguió rigiendo los destinos de la humanidad, en virtud de que sus parodias adecuadas a cada momento del proceso de acumulación, continuaron señoreando en la conciencia de los explotados, aunque desde junio de 1848 se hayan venido rebelando inútilmente una y otra vez empujados a luchar contra ella por las contradicciones cada vez más acusadas del sistema, salvo entre 1917 y 1924 en Rusia.

¿Por qué ese pasado capitalista heroico ya muerto y bien muerto sigue todavía oprimiendo el alma colectiva de las mayorías sociales explotadas? El secreto de la burguesía para contestar a esta pregunta está en el sistemático, minucioso y persistente trabajo de sus aparatos ideológicos del Estado y los mass-media públicos y privados del sistema, en el sembrado y cultivo de esa “virtuosa” semilla transgénica de la parodia sobre el espíritu de clase políticamente inculto de sus clases subalternas, ante la ausencia de una intelectualidad revolucionaria.  Sólo bajo semejantes condiciones sigue siendo posible que los capitalistas puedan ensayar exitosamente una y otra vez ese arte teatral en torno a los ideales y valores de la revolución jacobina ya perimidos, como la “justicia”, la “libertad” de los “ciudadanos”, el “Estado de derecho” y la “democracia”, que alguna vez dieron sentido a su lucha contra el feudalismo para convertir el capitalismo en una “realidad efectiva” cuya esencia, —según se demostró— ha tardado muy poco en desvanecerse como tal realidad plena de sentido hasta desaparecer quedando reducida a un simple existente, a una cáscara vacía de contendido racional sin justificación ante la historia:

<<Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras que ataban los seres humanos a su “superiores naturales”, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre ellos que el frío interés, el cruel “pago al contado”. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo pequeñoburgués  en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio>>. (Karl Marx-F.Engels: Op. Cit.)  

Pues bien, esta realidad grotesca de la burguesía, que sólo vive de parodiar sus propios valores morales, jurídicos, políticos y  cívicos esencialmente inexistentes, como si su espíritu estuviera vigente en su letra con alcance universal, es lo que hizo posible la gran parodia política incruenta del 23F, así como las parodias sangrientas del 11S en EE.UU., otra vez en España la del 11M y en Gran Bretaña la del 7J. Todas ellas cínicamente en nombre de la “seguridad ciudadana” para el “goce” de la “libertad”, de la “democracia” y de los “DD.HH.”

Quienes están a la cabeza de la sociedad burguesa, en la faena de conseguir que los explotados protagonicemos en ella la misma locura que Cervantes le hizo representar al “caballero de la triste figura” —como si fuera la más alta expresión de la racionalidad realmente alcanzable por la humanidad—, esos son los trabajadores intelectuales a sueldo y prebendas de los aparatos ideológicos del sistema, públicos y privados, sean de izquierda, de centro o de derecha.

Al contrario de lo que hizo Cervantes en el siglo XVI, quien escribió su famosa obra con el deliberado propósito de ridiculizar valores morales ya caducos asumidos por su personaje, todavía hoy, en el siglo XXI y con el mismo impúdico fervor con que exaltan la figura del “manco de Lepanto”, nuestros ideólogos burgueses se empeñan en que los explotados de hoy emulemos al Quijote persiguiendo sus mismos ideales caballerescos del honor y la lealtad, cuando en aquellos tiempos no eran ya más que palabras sin sentido. ¿Para qué? Pues, para que proyectemos al presente esa creencia en valores del pasado, para que con ese espíritu enajenado honremos y seamos leales a la “libertad”, la “justicia” y la “democracia” que dieron sentido a la lucha por la primera república social francesa a fines del siglo XVII: como si esos valores continuaran siendo verdaderos paradigmas sociales y políticos de la sociedad actual, por el simple hecho de que su insistente pregón desciende sobre nuestras cabezas desde las más altas dignidades políticas del poder fáctico “democráticamente” constituido, en contubernio con los mass-media del sistema encargados de magnificar todo el tinglado.

¿Qué menos pueden mandar hacer nuestras clases dominantes, cuando después de Marx saben que no tienen futuro y el presente de su práctica social y política les delata, convirtiendo el honor, la lealtad, la justicia y la democracia, en simples valores de cambio por dinero? Precisamente, cuanto más les desenmascara día que pasa lo que hacen, más necesitan pregonar los valores que ellos se encargan de parodiar en la práctica.

Ya nos hemos referido en alguna parte a lo que pensaba Nietzsche de esta sociedad cuando decía que, en ella, “es imposible vivir con la verdad” y que, por tanto, “a toda acción corresponde un olvido”, es decir que, a fuerza de cambiar sus hermosas frases por hechos tangibles que niegan su significado originario, valores como el honor y la lealtad —personal o política— tienden inconfesablemente a olvidarse por inútiles para los fines de lo que en esta sociedad ha llegado a ser moneda corriente: el enriquecimiento personal sin escrúpulos a expensas de otros. 

Pero el caso es que a capitalistas y políticos burgueses les resulta tan imposible vivir con la verdad de su propia realidad, como necesario creer y hacer creer que esta realidad verdadera no es cierta y que la única verdad siguen siendo las bonitas frases con que visten su propia realidad. De ahí que la misma fuerza irresistible que les induce al pillaje mutuo, les impulse al sistemático repiqueteo engañoso de su propaganda sobre la conciencia de sus clases subalternas, en cuya capacidad de convencer masas fundan su hegemonía política y encuentran la única fuente para creer, a su vez, en que sus criterios valorativos —teóricos y prácticos— son verdaderos y eternos. Tal es su drama existencial.

Mucha propaganda, toneladas de papeles con letras y trillones de palabras a caballo de ondas radiadas y televisivas, medios todos ellos a su disposición, tanto como para que sean las mayorías sociales explotadas quienes asuman individualmente el equívoco y la enajenación general como razón histórica, por el hecho de que se difunde y aparece como tal en todas partes —como el Quijote, que se volvió rematadamente loco creyendo en la vigencia del honor y la lealtad de tanto leer novelas de caballería— metabolizando ingenuamente la mentira de tal modo transformada en “verdad”. Falsa verdad asumida por la masa en que se recrea el convencimiento general de la burguesía y sus políticos institucionalizados, ante la tranquilizadora creencia de que sus “ideales” son verdades existentes porque las mayorías explotadas también lo creen así. Tal es el sortilegio del consenso como criterio de verdad de una falsa realidad.  

Una vez que la burguesía consigue recrearse en su propia realidad enajenada y alienante como si fuera la verdad absoluta de la realidad, ese pensamiento único le permite violar sistemáticamente el Estado de derecho con el terrorismo de Estado, y defraudar la voluntad popular con medidas de política económica y salarial que amplían la libertad del despido hasta el absoluto arbitrio, deprimir el salario relativo y precarizar el empleo para aumentar al extremo físico posible los ritmos de trabajo y la jornada laboral de los empleados a tiempo parcial. Una vesania autotanática del ser propiamente humano, cuya progresión sólo puede tener sus límites en la recuperación de la razón revolucionaria enajenada en el capital por parte del trabajador asalariado, esto es, de la mayoría absoluta de la población mundial.     

Según progresan la acumulación y la productividad del trabajo, mayor es la parte de la jornada laboral colectiva de la que los capitalistas ya se han apropiado, y menor la que resta para incrementar el capital ya existente. Esta realidad determina el recrudecimiento de la competencia intercapitalista por el reparto de ese remanente cada vez más mermado de la masa de plusvalor disponible producido por el trabajo social, lo cual se traduce, inevitablemente, en enfrentamientos políticos entre las distintas fracciones del capital global, por una parte, y entre el proletariado y la burguesía en su conjunto por otra. Y desde Karl Von Klausewitz ya sabemos que, bajo determinadas condiciones objetivas y subjetivas concurrentes, las confrontaciones políticas desembocan en guerras interburguesas y/o en guerras civiles revolucionarias entre las dos clases universales estratégicamente antagónicas e irreconciliables.

Dentro de este cuadro de posibilidades reales comprendidas en las contradicciones materiales u objetivas del sistema capitalista, la burguesía procura, ante todo, evitar por todos los medios a su alcance, que se den o hagan presentes las condiciones subjetivas (crisis revolucionaria) que hacen realmente posible la confrontación política y bélica (guerra civil) con el proletariado. La burguesía necesita un proletariado ideológica y políticamente enajenado, como condición sine qua non de su modo de ser dócil, activo e inteligente para los fines de su más óptima explotación.

Tal es la causa eficiente de las incontables estratagemas de los capitalistas para ocultar o escamotear los verdaderos móviles embrutecedores de la conciencia colectiva, que delatan su naturaleza explotadora de los trabajadores al interior de sus fronteras, y expoliadora del trabajo ajeno en el exterior; todas las deliberadas mentiras de sus agentes políticos y todas las parodias con lustre de epopeya, que urden en torno a su quincallería ideológica exhibida con falso relumbrón de añejas joyas cuyo valor se incrementa con el tiempo, emulan en la España de hoy las parodias que sus ancestros fueron a montar en las Indias Occidentales en tiempos de la reina Isabel, para obtener oro de los indígenas a cambio de espejitos de colores.

Desde julio del año 2002 —en que se cumpliera el IVº centenario desde que Cervantes publicara “El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha”, mediante ley 16/2002 —entre otras actividades promotoras de capitales vinculados al turismo y demás productos de la región de Castilla-La Mancha— el Estado español dispuso que se organizara anualmente una especie de maratón literaria de 24 horas, en la que distintos cortesanos del capital —oportunamente investidos como dignos “personajes relevantes de la vida pública española”— alternaran la lectura de pasajes de ese texto con “ciudadanos de a pie” de distinta extracción social, sexo y edad, con el objeto de procurar “el acercamiento y la colaboración entre cuantos compartimos la lengua castellana a fin de fomentar y difundir los valores universales de justicia, libertad y solidaridad que el Quijote simboliza” (subrayado nuestro), según lo dispuesto textualmente por dicha ley en el punto 2 del su artículo 2º. Esta farsa de pingües beneficios económicos e ideológico-políticos para la burguesía, sin duda ha contribuido a que muchos españoles de distintas edades y procedencia social se decidan a engrosar las filas del voluntariado, generando un fenómeno social de dimensiones millonarias que, entre 1996 y 2002 pasó de 200.000 a 1.100.000, y desde entonces hasta hoy a 4.500.000, de los cuales el 72% de ellos trabajan en “organizaciones no lucrativas” dedicadas a la prestación  de servicios sociales diversos, mientras que el 28% restante lo hacen en ONG de “acción social” centradas en los ámbitos de la exclusión social, la pobreza, la salud y la educación en los ámbitos nacional e internacional.

Todas estas organizaciones son —en parte— subvencionadas por el Estado; pero esta erogación, comparada con el alivio presupuestario que supone en términos de salarios la privatización encubierta de estos servicios, representa el chocolate del loro. Con el agregado de que la burguesía puede disfrazar así sus cifras de paro, al tiempo que sus voluntarios sirven de piadosa tarjeta de visita a los capitales del imperio español que, como el Quijote, sin duda van a difundir por el Mundo los valores de “justicia” distributiva (comprando fuerza de trabajo por debajo de su valor), “libertad” (absoluta para imponer en el extranjero inconfesables condiciones de trabajo y agresiones al medio ambiente, prohibidas en sus propios países como hipócrita conquista “democrática”, gracias precisamente a los beneficios transferidos producto de esa superexplotación en el llamado “Tercer Mundo”), y, finalmente, “solidaridad”, naturalmente con el accionariado de sus respectivas empresas madre y nada más). Todo un dechado de presuntas virtudes humanas que adormecen la conciencia de todos estos modernos quijotes domésticos  anestesiados por el capital       

Como en aquellos remotos tiempos de la conquista, las argucias burguesas de ahora para engañar a incautos como a burros con una zanahoria, son obviamente más sutiles, pero no dejan de tener otra finalidad que no sea cultivar la estupidez política de sus clases subalternas para que se sigan comiendo toda la mierda ideológica que les dan, hurtando a su conocimiento las verdaderas motivaciones de la burguesía ante sus cada vez mayores dificultades para valorizar su capital, lo cual explica —por ejemplo, en España—, inauditos fenómenos de corrupción —a la medida del capital acumulado gracias a las sucesivas reformas laborales y fondos de cohesión europea— como los sucesivos escándalos en torno a la financiación ilegal de los partidos institucionalizados y el enriquecimiento de altos funcionarios eventualmente a cargo del gobierno de la Nación, traficando con información privilegiada o al servicio de una u otra fracción del capital, así como los crímenes de Estado cometidos por fuerzas paramilitares dirigidas desde el gobierno, como los cometidos por los “informales” Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) con cargo a los presupuestos del Estado, para combatir al nacionalismo burgués centrífugo de ETA en Francia, así como la despótica decisión gubernamental de meter al Estado español en la guerra de Irak, o la masacre del 11 de marzo de 2004 patrocinada —también oficiosamente— por el “Centro Superior de Información para la Defensa” (CESID), temas todos ellos a los cuales hemos de referirnos en el documento al que aludimos en esta introducción.

 Pero, una de las parodias políticas “democráticas” de mayor rédito para la gran burguesía del Estado español —entre las muchas menores que casi a diario los agentes políticos del sistema le hacen cómplice pasivo inadvertido al “pueblo español— fue la urdida por el contubernio oligárquico entre la partidocracia ya constituida y la casa real, para la consagración definitiva de la monarquía parlamentaria en la conciencia colectiva de este país. Nos referimos al previsto carácter que resultaron tener los sucesos equívocamente conocidos como “el golpe del 23 de febrero de 1981”, farsa de la que se hizo partícipe activo inconsciente a una multitud de más de un millón de individuos, que tras el exitoso desenlace de los hechos en la tarde-noche de ese día, sirvieron de comparsa que marchó por las calles de Madrid para celebrar frente al Congreso el triunfo del “Estado de derecho” sobre el totalitarismo, aclamando al Monarca quien fue simbólicamente coronado por segunda vez, no ya como el rey “de todos los españoles”, sino como el “salvador de la democracia”.    

Para llevar la explotación del trabajo ajeno a los límites extremos que las leyes objetivas del sistema le exigen ante los cada vez más estrechos márgenes que deja el proceso de acumulación, los capitalista deben conseguir que sus explotados reproduzcan la misma farsa burlesca del Quijote, asumiendo valores morales, jurídicos y políticos burgueses ya perimidos, para predisponerse contra supuestos enemigos que sin duda hacen mucho más daño que en la parodia de Cervantes, pero que, tal como la novela lo hace evidente, no eran aquellos “monstruos” los verdaderos enemigos que por entonces acechaban constantemente a las pobres gentes explotadas, sino que esos enemigos sólo habitaban en la mente perturbada del ingenuo personaje.

Pues, ahora pasa tres cuartos de lo mismo. Solo que la nueva farsa no esta siendo producto de un genio literario individual esclarecido, como Cervantes, sino de la vesania propia de una clase social que ha devenido ya en clase absolutamente caduca y lucha por sobrevivir a sus propias contradicciones insolubles; una clase que no teniendo futuro busca sobrevivirse a sí misma evocando su pasado. Esta clase es la burguesía internacional, una clase universal que, en su desesperada situación, trata de conseguir que los explotados dejemos de ser personas para convertirnos en simples personajes de su nueva farsa, no en el papel sino en la vida. Pero, a diferencia del Quijote, ni siquiera representamos el primer papel, sino que se nos convoca para ser los corifeos que pagan el pato en todo este asunto: “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, tal como prescriben todas las constituciones burguesas del Mundo.  

Son los ideólogos del capitalismo tardío quienes pretenden que la mayoría absoluta de esta sociedad constituida por asalariados, nos enredemos de tal modo en sus “quijotadas” ad hoc, hasta creer que nuestros enemigos son los propios de la fracción que nos tiene bajo su hegemonía o dominio, para utilizarnos como carne de cañón en todos sus conflictos. Tal es su táctica divisionista: dividirnos entre naciones. Y dentro de una misma nación, entre distintos partidos burgueses y sectas religiosas. Como si los asalariados no existiéramos como clase social, con intereses propios más allá de credos religiosos o razas, con poderosas razones para bregar por nuestra unificación política orgánica independiente de opciones burguesas. 

Ahora, la gran burguesía de Occidente parece que no tolera la sociología consumista limitada por el radicalismo religioso musulmán que profesan cientos de millones de seres humanos en el Mundo, y quiere acabar cuanto antes con ella, o al menos con su rápida expansión, porque esas costumbres constituyen un límite a la lógica del capitalismo. Como es natural, esta tendencia política antimusulmana se enfrenta con los pequeños y medianos capitales en los países de confesión islámica, que se han venido conformando a ese límite por las propias creencias religiosas de sus pueblos.

Esta realidad explica la formación de la coalición internacional para acabar con el dominio político de tales burguesías nacionales de confesión musulmana. Con ese propósito, los capitalistas de Occidente, en especial EE.UU., han procurado unir a sus respectivos asalariados contra los de aquellos países. Su pretexto ha sido el terrorismo de origen musulmán, generado a raíz de la explotación y sojuzgamiento del pueblo palestino por parte de Israel, con el apoyo explícito de EE.UU. En realidad, el terrorismo islamista es practicado por una irrisoria minoría militante de tipo muyahidin. El capital imperialista necesitaba que ese terrorismo trascendiera a la región del Oriente Próximo, para predisponer a las mayorías no musulmanas de sus propios países en contra las minorías musulmanes, al tiempo que justificar la promulgación de leyes represivas conculcatorias de derechos fundamentales del conjunto de sus habitantes.

Con ese propósito, los poderes fácticos al interior del Estado norteamericano lograron magnificar una operación terrorista de cuño islamista en curso, que desemboco en la terrible y espectacular matanza del 11 de setiembre de 2001. Pero, tal parece que el tiro de esa operación les salió por la culata, porque, desde entonces, los conversos al Islam en ese país no han hecho más que incrementarse. [8] Es el nuevo “monstruo” del terrorismo que ellos mismos han provocado y hasta aplicaron contra nuestra clase, no sólo en EE.UU. sino también en España el 11 de marzo de 2004 y en Inglaterra el 7 de julio de 2005.

Los tres atentados terroristas fueron tres grandes farsas sangrientas deliberadamente cometidas por las respectivas clases dominantes de estos países, sea debido al empeño del gran capital internacional en su conjunto contra las burguesías dependientes que abrazan el fundamentalismo islámico —como fue el caso del 11S y el 7j— sea para resolver sus diferencias geoestratégicas respecto de la política respecto del régimen Irakí, como sucedió en España con el conflicto entre el gobierno a cargo del Partido Popular —que metió al Estado español en la sangrienta guerra contra ese país— y la oposición liderada por el PSOE contraria a esa intervención militar —no por consideraciones jurídicas y morales, sino por intereses materiales concretos—, controversia que fue resuelta por los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 provocando un vuelco en las elecciones celebradas tres días después, y un cambio de 180º en la política exterior del Estado español a favor del eje franco-alemán en torno al cual giraba el PSOE desde la oposición y sigue girando como gobierno.

Los intelectuales y políticos pro burgueses farsantes, buscan que el proletariado se comporte ante semejante encadenamiento de barbarie, del mismo modo que aquel “caballero de la triste figura” se comportó siguiendo a su creador, en la creencia de que el referente moral del honor y la lealtad —propio de la sociedad feudal— seguía todavía vigente en la sociedad capitalista temprana, disueltos ya aquellos valores caballerescos en la charca moral dominante del dinero como medio generalizado de cambio. [9]

El drama de las actuales generaciones de asalariados espontáneos, consiste en que ignoran su propia realidad y el desgraciado destino que su lógica les depara, porque bajo la situación de “clase para sí” en que permanecen, sólo pueden tener conciencia de lo que son por la imagen que de si mismos les devuelve el espejo de la patronal a través de su legión de intelectuales a sueldo, de modo que, en su enajenación, reúnen todas las condiciones para que los más sensibles de ellos a la simple inmediatez del dolor humano, permitan que los ideólogos, sociólogos y psicólogos sociales al servicio de la burguesía en el aparato de Estado español, puedan utilizar a millones de ellos como modernos Quijotes para dar pábulo al extendido fenómeno del “voluntariado”. 

Según todas estas condiciones actualmente vigentes en la sociedad, las actuales generaciones del proletariado pueden creerse y de hecho se siguen creyendo las falsificaciones que la burguesía hace de sí misma y proyecta sobre ellos, con todas las consecuencias catastróficas a la vista, de las que ellos mismos son las víctimas propicias, como ha venido sucediendo en toda la historia del capitalismo bajo condiciones similares.

En el último capítulo de su obra monumental, Cervantes conduce a su personaje de vuelta a su pueblo natal para morir y es cuando decide que recupere la razón, porque tal fue el hilo conductor de toda su trama literaria. Ése es el momento en que, cogido de la mano por su autor, el Quijote descubre que toda su vida había sido una ilusión, una necedad, muriendo de la manera más triste del mundo al darse finalmente cuenta de que el fundamento de todas sus andanzas había sido producto de su locura, el gran equívoco de su vida.

A los mejores elementos jóvenes asalariados de esta sociedad, que permanecen como masa de maniobra ideológica y política en el agujero negro del voluntariado u opciones por el estilo, les espera el mismo destino que al tan famoso como incomprendido personaje de Cervantes, recuperar la razón, finalidad que ocupa casi todo nuestro tiempo libre y esperamos se cumpla en el más breve plazo de tiempo.

Porque, a diferencia del Quijote, cuya pureza de espíritu no pudo trascender la sociedad de su tiempo y tal fue el remordimiento que se llevó a la tumba, esa tarea sí podemos hacerla nosotros. Sencillamente porque, dada nuestra naturaleza social, los asalariados conscientes no podemos recuperar la razón histórica que nos asiste buscando nuestros valores en el pasado, sino en el porvenir. [10]  

¡Malditas sean las generaciones de intelectuales de extracción asalariada que, a estas alturas de la gran parodia en que permanecen detenidas las ruedas de la historia, siguen todavía vendidas al capital!

GPM : enero de 2006.

 

Primeras manifestaciones políticas de la crisis económica del franquismo

En su libro: “Con la venia..., yo indagué el 23F”, Pilar Urbano dice que: “Si el rey hubiese estado de acuerdo con el golpe, el golpe necesariamente habría triunfado”. Lo paradójico es que el golpe triunfó en toda la línea. ¿Cómo se explica esto? Para empezar a entender este clarificador episodio de la lucha de clases en la España inmediatamente posterior a la muerte de Franco, es necesario empezar por conocer la dialéctica del poder al interior del régimen franquista. A finales de los años cincuenta, había instalados en el aparato de Estado franquista dos bloques bien definidos; por un lado, estaban los tecnócratas del “Opus”; por el otro, la secretaría política del Movimiento Falangista, denominado “el bunker”. Los primeros se pronunciaban claramente por la Monarquía, pero no encarnada en el Conde de Barcelona —dadas sus manifiestas inclinaciones liberales— sino en su hijo. [11] Los falangistas, en cambio, eran enemigos declarados de la dinastía borbónica, especialmente del príncipe Juan Carlos, precisamente porque preveían que Franco le designaría sucesor de su régimen. “No queremos príncipes tontos que no saben gobernar”, decían. Pero esto les suponía dar al traste con la Ley de Sucesión de 1947, por la cual España quedó constituida en Reino, con Francisco Franco como regente vitalicio.

Los “listos” que decían estas cosas del candidato aun oficioso a la corona, parecían ignorar que la monarquía parlamentaria como forma de gobierno sucesoria de la dictadura de Franco, suponía un reaseguro político al poder real de la burguesía, porque con su restauración reinstauraba la vieja idea política de la república, manteniendo vivo el espíritu dialéctico de “las dos Españas”, lo cual alejaba el horizonte histórico necesario de la dictadura democrática del proletariado —tan odiada por los falangistas— como resolución definitiva de toda esta “realidad actual” del capitalismo carente ya por completo de sentido social, político y humano. Que a Franco le “sedujera” o dejara seducirle la posibilidad de ser sucedido por un general —como dice Paúl Preston [12] — o que le resultara más o menos “atractiva” la instauración de la Monarquía, son subjetivismos historiográficos que no hacen a la sustancia de la historia, y que sólo sirven para concentrar la atención en la pequeña política, en este caso, la de andar por casa de los distintos sectores de la clase actualmente dominante en España, desviándola de la gran política, de la que hace verdaderamente a la comprensión científica del curso de los acontecimientos, como condición de una toma de conciencia y posición política verdaderamente progresista y efectivamente superadora de lo puramente existente, en tanto hace ya mucho que ha perdido su razón de ser: el capitalismo.

La forma de gobierno postfranquista prevista en la Ley Orgánica del Estado —promulgada en 1969— era una Monarquía en la que el centro de decisión política ordinario se desplazaba desde la Jefatura del Estado a la Presidencia del Gobierno, supuestamente con el propósito de dejar a salvo la imparcialidad del futuro Rey y su rol decisivo de árbitro en las más que probables crisis políticas institucionales futuras, garantizando así la continuidad de la institución. En apariencia, la ley le protegía de los avatares de la vida política, pero, en realidad, le convertía en rehén de unos gobiernos en última instancia políticamente no responsables, cooptados por unas instituciones no representativas cuyo fracaso o impopularidad no podía dejar de comprometerle. Paradójicamente, pues, la Ley Orgánica franquista condenaba a Don Juan Carlos a una situación de indefensión tal, que las incertidumbres de un futuro cambio de régimen pronto se le antojaron más atractivas que las falsas certezas de la ortodoxia continuista. Así, la propia naturaleza de esa Monarquía sui géneris diseñada por las Leyes Fundamentales de la dictadura, contribuyó de forma decisiva a que el Príncipe se reconvirtiera a la “democracia”. 

El dilema de Juan Carlos, era el haber llegado a tener la certeza de que en el contexto geopolítico de la Unión Europea, la futura Monarquía  no podría ser un régimen de autoridad personal como el de Franco, y que la única legitimidad capaz de sustentar su corona sería la “democrático-parlamentaria. Pero Franco había embrollado las cartas constitucionales de tal forma, que las posibilidades de acción del monarca eran extremadamente difíciles. Las instituciones del régimen, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional del Movimiento y las Cortes, se hallaban en manos de franquistas convencidos, y detrás de ellos estaban el ejército y la guardia civil

Por otro lado, existía un apoyo internacional en favor de un proceso de democratización; y en la misa de la coronación el cardenal Enrique y Tarancón había hecho partícipe al rey de las esperanzas populares, cuando le había exhortado a convertirse en "Rey de todos los españoles". [13] Además, cuenta el hecho de que Franco subestimó la importancia en la historia de la legitimidad dinástica, y a pesar de los esfuerzos de su régimen por instaurar una Monarquía propia, su sucesor, aunque lo hubiera querido, no podía dejar de encarnar una institución que hundía sus raíces en un pasado muy anterior a la Guerra Civil. Y aun siendo verdad que la Monarquía jamás se hubiese restaurado de no haber sido por el régimen franquista, tampoco podía pasar por ser una simple continuidad política suya, ajena a la propia esencia dinástica y a su pasado histórico. Como le explicó Don Juan Carlos a un periodista norteamericano en 1970, “soy heredero de Franco, pero también soy heredero de España”, de la única España hasta 1931, la España monárquica, sin duda quiso decir.

Esta filosofía no fue una genial originalidad del Príncipe, sino que adquirió proyección política manifiesta desde 1957, tras la muerte del infante Alfonso [14] —primer candidato a la Corona en la línea sucesoria— cuando el “Opus Dei” y la “Asociación Nacional de Propagandistas Católicos” (ACNP) dieron pábulo años después al “Grupo Tácito”, germen político de la futura UCD, formación que lideró la Transición, al mando del falangista reconvertido a la “democracia”: Adolfo Suárez. [15]   

Hasta ese momento, Franco pensaba que la Falange era la única fuerza política con capacidad para resolver problemas sociales. Después de la guerra civil, los burócratas sindicales de ese movimiento, apoyados por el poder armado de las fuerzas del orden, sirvieron concienzudamente a su jefe disciplinando a la clase trabajadora y a los campesinos a través de los sindicatos corporativos. La adopción de semejantes estructuras políticas por parte del franquismo —a fin de conservar el equilibrio socioeconómico de la España anterior a 1931— llevaban consigo las semillas de su propia destrucción, si bien esto no fue evidente hasta después de 1969. Pero ya antes de la huelga de tranviarios y estudiantes que comenzó el 14 de enero de 1957 en Barcelona, el “generalísimo” empezó a despertar de ese sueño simplista. Como siempre, su más fiel consejero, Carrero Blanco, le ayudaría en 1956 a caer en la cuenta de que el déficit exterior de  387 millones de dólares, pedía una solución urgente que ya no fuera de compromiso.

La alternativa liberal al interior del aparato franquista: El caso “Matesa”

La opción definitiva de Franco quedó clara con el nuevo gobierno nombrado el 25 de febrero, cuando Laureano López Rodó fue entronizado discretamente como secretario general técnico de la Presidencia. [16] El 26 de julio se firmó la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado: era el primer jalón legal de la alternativa económica desarrollista a las leyes fundamentales del franquismo. La infraestructura de la industria pesada que haría posible el desarrollo, estaba a punto por obra de las grandes inversiones de esta década: en septiembre comenzó a funcionar el primer alto horno de Avilés. Pero, en lo político e institucional, todo seguía igual. Este inmovilismo, cada vez más contradictorio con las exigencias de los cambios en la estructura económica del régimen, es lo que el “Grupo Tácito” intentó modificar poniendo en marcha la “Operación Lolita”, más tarde conocida como “Operación Príncipe”.

La crisis política de 1957 estuvo marcada por el fracaso de la reforma institucional patrocinada por José Luis de Arrese [17] , lo que significó el fin definitivo de la Falange Histórica, ante su incapacidad para expresar políticamente la “aufheben” o superación del capitalismo nacional conservado en el capitalismo multinacional español, que comenzó a gestarse una vez acabada la reconstrucción europea durante la  Segunda post Guerra. Desde la crisis gubernamental de 1957, la opción política de la Falange se vio envuelta en un proceso de vaciamiento orgánico por el continuo trasvase de sus miembros hacia el movimiento nacional-católico y tecnocrático del "Opus Dei", que operaría el tránsito del franquismo burocrático-militar-autárquico, al franquismo-burocrático-civil-desarrollista con proyección internacional.

Este proceso se agudizó el 22 de julio de 1969, cuando Franco proclamó sucesor oficial del régimen a Juan Carlos de Borbón y, al día siguiente, el príncipe prestó juramento de lealtad a Franco a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Los falangistas, que habían venido encajando muy malamente el creciente predominio de los tecnócratas del Opus Dei, con su tendencia a debilitar el autarquismo económico del régimen, vieron cómo esta tendencia cobró fuerza desde que el ex falangista, Laureano López Rodó, al frente de la Secretaría Técnica de la Presidencia, lanzó el primer plan de desarrollo nacional auspiciando paralelamente una serie de aventuras inversionistas del “Opus Dei” en el extranjero.

Una de ellas fue la protagonizada por su íntimo amigo, el capitalista Juan Vilá Reyes, al frente de la empresa “Material Textil del Norte de España” (Matesa). Según reporta el periodista César Vidal:

<<El 5 de abril de 1969, los telespectadores españoles asistieron a la consagración mediática de un personaje llamado Juan Vilá Reyes. En el curso del programa de TV, “Ésta es su vida”, presentado por Federico Gallo, Vilá, inventor del telar sin lanzadera Iwer, fue presentado como un verdadero empresario modelo que, a su notable juventud —cuarenta y cuatro años a la sazón— sumaba talento y éxito. Lo que ignoraban los millones de personas que contemplaban el programa, era que tan sólo tres meses antes, el ministro de Hacienda había ordenado una investigación sobre Maquinaria Textil del norte de España (Matesa), la empresa de Vilá Reyes.>> (Op. Cit.: http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1275760023)

La investigación se inició a raíz de la visita a España del ministro argentino de Industria. En el curso de una entrevista con su homólogo español, éste le dio las gracias por haber comprado 1.500 telares Iwer. El argentino, quien restó importancia al hecho, precisó las cifras: tan sólo se habían vendido 120 máquinas; el resto —1.380— se encontraban, como se supo después, en una nave situada en los aledaños de Buenos Aires. La “exportación” se hizo físicamente, porque el producto salió del país, pero aún no tenía comprador. En apariencia, al menos “Matesa” estaba cobrando créditos de ayuda a la exportación por una operación comercial con el exterior que, en realidad, no se había realizado.

Según el mismo relato de César Vidal, el asunto se trató el 12 de agosto de 1969 en el Hotel Finisterre de A Coruña, durante una reunión oficiosa del Consejo de Ministros con la presencia del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. El por entonces Ministro de Hacienda: Espinosa San Martín, dijo que el saldo deudor de “Matesa” al Banco de Crédito Industrial superaba ya los diez mil millones de pesetas, “una cantidad que, por ejemplo, superaba el presupuesto del Ministerio de Agricultura”.

Después habló Faustino García Moncó, ministro de Comercio y responsable de la exportación, quien señaló la necesidad de recuperar los créditos y señalar responsabilidades. Para ello propuso incautar la empresa. En apariencia, la solución técnica era la más sensata pero Manuel Fraga Iribarne, flamante ministro de Información y Turismo, la desechó señalando que “se trataba de una cuestión exclusivamente política y como tal había que tratarla”, es decir, que la culpa no la tenía el cerdo sino quien la daba de comer: el Opus.

Junto a Vilá Reyes y a López Rodó, los ministros más directamente implicados fueron Faustino García Moncó, Juan José Espinosa San Martín y el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, todos ellos miembros del Opus Dei. Solís y Fraga, quienes, dentro del falangismo representaban la línea intermedia entre los inmovilistas y los aperturistas, vieron llegado su momento. Fraga permitió que la cadena de publicaciones del Movimiento lanzase una virulenta campaña contra el Opus, con el discreto apoyo de otros grupos igualmente hostiles.

Este caso, sin duda supuso un retroceso político para las aspiraciones reformistas de los tecnócratas nacional-católicos a favor del “bunker” instalado en El Pardo. El triunfo falangista tampoco favoreció los planes de Franco respecto de una transición suave hacia la monarquía de Juan Carlos, al tiempo que Carrero Blanco se sintió molesto por la utilización liberalizadora de los medios que Fraga había hecho del asunto desde el Ministerio de Información en contra del Opus. Franco, que tuvo en cuenta todos estos datos, a fines de octubre ordenó un reajuste ministerial destituyendo a tres ministros del Opus Dei como castigo por el asunto Matesa, pero también se libró de Solís y de Fraga, como castigo por intentar capitalizar políticamente un incidente que había dañado el prestigio del Gobierno. Con todo, los tecnócratas del Opus Dei pudieron conservar sus posiciones en el nuevo Gobierno, donde las figuras dominantes siguieron siendo el almirante Carrero Blanco y Laureano López Rodó.

En cuanto a Carrero, aunque se hallaba estrechamente ligado al Opus Dei y se decía que había persuadido a Franco de que abandone la autarquía dejando probar suerte a los tecnócratas desarrollistas, en lo estrictamente político siguió encarnando la línea dura franquista de los años cuarenta, estrechamente identificado en eso con el propio Caudillo. El primer encargo político de Carrero tras la victoria en la guerra civil, había sido asistir en 1939 a la celebración en Roma del vigésimo aniversario de la fundación del Movimiento fascista italiano. 

El gobierno surgido de esta crisis política estuvo constituido por el poderoso grupo de ministros del Opus Dei, que incorporó a Gregorio López Bravo en Asuntos Exteriores, quien intentó hacer realidad las concesiones de Carrero Blanco a la “modernidad”. Su esquema de un franquismo sin Franco, se basó en la esperanza de que la prosperidad económica debilitara las presiones que respondían a la necesidad —derivada del mismo progreso económico— en el sentido de una liberalización política. En este plan a contramano de la historia, tampoco resultó sorprendente que el nuevo ministro-secretario del movimiento, Torcuato Fernández Miranda [18] , pusiese fin inmediatamente al proyecto liberalizador de Solís de asociaciones políticas, por temor a que dieran lugar a una verdadera proliferación de partidos con significación de masas, que pusiera en evidencia la creciente debilidad política relativa del Movimiento.

El 29 de junio de 1970, López Bravo había conseguido un acuerdo comercial preferencial con la CEE, aunque la plena integración siguiese dependiendo de una liberalización política que el régimen franquista era incapaz de llevar a cabo. La reforma educativa no fue capaz de superar el atraso relativo de la enseñanza superior respecto de las necesidades que la acumulación acelerada de la burguesía española estaba exigiendo: la creación de una universidad de masas destinada a proveer de técnicos, directores de empresa y funcionarios, que el aparato productivo, la circulación de riqueza y los servicios estaban demandando. Este retraso añadió un profundo descontento educativo al descontento político de los estudiantes. Por consiguiente, la agitación universitaria aumentó, al mismo tiempo que los conflictos laborales por aumentos salariales en el punto culminante del ciclo expansivo de los negocios a fines de la década de los sesenta.

De la profundización social de la crisis al atentado contra Carrero

Durante todo el año 1970, el centro de gravedad de la vida social y política española se trasladó súbitamente de los ámbitos cerrados de la conspiración entre elites de una misma clase social, a las calles y fábricas del país, donde la iniciativa de la lucha entre clases pasó momentáneamente a manos  del proletariado. Pese a que las cifras oficiales limitaban el aumento en el IPC a un 6% y fijaban los aumentos salariales en sólo medio punto más, el incremento real del coste de la vida rondaba el 12%. Tal como ahora, el acceso a ciertas mercancías de consumo sirvió para enmascarar carencias fundamentales. El régimen había fracasado en su intento de resolver el problema de la vivienda ante una urbanización acelerada, llenando ese vacío por la especulación inmobiliaria. El mismo fracaso se apuntaba ante una clara insuficiencia educacional. Sin embargo, como quedó de manifiesto a través de una circular oficial del Ministerio de trabajo de 1971, el régimen no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión. Según la circular, las situaciones conflictivas debían ser paliadas por medio de detenciones preventivas y de limitaciones a la prensa en sus informes sobre los conflictos laborales.

Ante semejantes condiciones, el año comenzó con huelgas en Asturias, que rápidamente se extendieron a otras áreas del norte, llegando a ser las más preocupantes desde la ola huelguística de 1962. A mediados de enero, los trabajadores implicados en los conflictos de la zona habían llegado a ser más de 30.000. El gobierno se vio obligado a importar carbón para mantener en funcionamiento las industrias del hierro y del acero. Este hecho favoreció la política aperturista de  López Bravo tendente a debilitar las limitaciones ideológicas de los inmovilistas respecto de los “comunistas” del Este de Europa, dado que gran parte de las importaciones debieron venir obligadamente de esos países.

La respuesta del gobierno de Carrero al movimiento obrero fue violenta, poniendo a una mayoría de españoles ante una situación de inseguridad que creyó haber superado para siempre en los años de la inmediata posguerra civil. Las huelgas y el terror policial empleado contra los huelguistas, marcaron los debates sobre la nueva ley sindical. Durante la primavera y los meses previos al receso del verano, la tensión social aumentó considerablemente, alcanzando su punto culminante con las huelgas de la construcción de Granada y las del “Metro” —transporte subterráneo— de Madrid. El 21 de julio, la policía abrió fuego contra 2.000 manifestantes obreros de la construcción, en Granada, matando a tres de  ellos e hiriendo a otros seis. El largo brazo ideológico del Opus había  ganado a las bases sacerdotales de la Iglesia para su apoyo a las reivindicaciones y la lucha de los obreros.

La histérica reacción del Movimiento acusando al clero granadino de haber provocado la huelga, dio pábulo a que, el 28 de julio, el arzobispo de Granada, Benavent Escuín —hasta entonces reputado de conservador— publicara una carta pastoral en la que condenó la brutalidad de la policía y salió en defensa de los sacerdotes obreros que habían sido atacados por los diarios falangistas, exigiendo, además, canales legales e institucionales través de los cuales “los trabajadores pudieran presentar sus reivindicaciones legítimas”.Mientras tanto, La catedral de Granada había servido de santuario para los huelguistas y fue haciéndose común en España el uso de edificios de la Iglesia para fines similares (tales como reuniones obreras y refugio ante los ataques de la policía). Y, finalmente, fueron los violentos ataques de los extremistas de Fuerza Nueva contra los curas, lo que, a su vez, alejó aún más a la Iglesia del régimen:

<<El descontento laboral, del que la huelga de Granada había sido tan sólo un episodio, era reflejo de la fuerza creciente de Comisiones Obreras y de la continua presencia de la HOAC y de la JOC. El 26 de julio, más de cien representantes de las tres organizaciones se habían reunido en un monasterio de Las Rozas para planear una estrategia común. Aunque la reunión fue interrumpida por la policía, que detuvo a algunos de sus líderes, tuvieron tiempo de tomar diversas decisiones respecto de la política a seguir sobre diversos aspectos, entre los que se incluían planes para la coordinación de una jornada nacional de acción.

La atmósfera conflictiva y de inestabilidad se hizo más densa el 29 de julio, cuando, por primera vez desde la guerra civil, el metro madrileño quedó paralizado por una huelga que fue la culminación inesperada de tres meses de discusiones sobre los salarios. Una reunión de urgencia del Gobierno decidió militarizar a 3.800 obreros, lo que significaba que podían ser sometidos a un Tribunal militar por sedición. Los huelguistas no tuvieron otra opción que volver al trabajo.>> http://salman-psl.com/la-transicion/5e.html

Así pues, las huelgas se hicieron aún más enconadas que antes. En septiembre de 1971, durante una huelga en Madrid convocada por los obreros de la construcción, un huelguista, que repartía panfletos, murió de un disparo dado por la guardia civil. Setenta mil trabajadores de la construcción se negaron a volver al trabajo durante cinco días, por solidaridad y en señal de duelo por el muerto. Los obreros del metal de Pamplona y Sevilla se mantuvieron en huelga durante más de un mes. El momento culminante llegó en octubre, en las minas de carbón asturianas y en las fábricas de automóviles de la SEAT, en Barcelona. Ya que ambas empresas eran de propiedad estatal, las huelgas fueron un desafío directo al régimen.

La factoría de SEAT fue ocupada por 7.000 trabajadores como protesta por el encarcelamiento de 23 huelguistas, incluidos nueve enlaces sindicales. El gobernador civil ordenó a la policía que desalojase a los ocupantes, por lo que se produjeron choques sangrientos. Numerosos patronos comenzaron a ver con disgusto la creciente coincidencia entre conflictos laborales y políticos y acabaron por ver en los mecanismos represivos del régimen un obstáculo real para unas relaciones laborales viables.

            La ola de huelgas y paros continuó en 1972. Para reforzar las reivindicaciones de los obreros vascos en huelga, el 19 de enero ETA empleó una táctica espectacular secuestrando al empresario Lorenzo Zabala. Fue liberado tres días después, cuando su empresa, “Precicontrol”, anunció que 183 trabajadores, despedidos por haber ido a la huelga, serían readmitidos y que habría una subida salarial para toda la plantilla de trabajadores. El efecto sobre la imagen popular de ETA fue considerable.

Contra lo que parece dar a entender esta profusión de acontecimientos contestatarios a la dictadura, a juzgar por una encuesta realizada en 1970 sobre el sistema preferido posterior a Franco, la estabilidad del sistema capitalista no estaba corriendo peligro alguno. Según los datos de esta consulta, el 76% de los estudiantes, el 53% de los abogados, el 45% de los empleados, el 43% de los médicos y el 30% de los obreros, se manifestaron partidarios de la República, contra el 0,1, 0,8, 37, 20 y 55% respectivamente, partidarios del continuismo franquista. Sólo el 11,  23, 0,5, 0,8 y 0,5% de esas mismas categorías sociales respectivas preferían a la Monarquía borbónica. [19] En esta encuesta, la eficacia política del PCE, con su divisa tricolor como auxiliar contrarrevolucionario de la burguesía española —desde 1936 hasta la fecha— salta a la vista. [20]

En aquellos días, antes de su degeneración posterior a 1977, ETA gozó de amplia admiración en España y en el extranjero, como instrumento eficaz de la oposición contra una dictadura cada vez más represora. Acciones muy celebradas en toda España, como el secuestro de Zabala y ataques a las fuerzas del orden y a locales de los sindicatos verticales, así como a centros de reunión social y deportiva de la oligarquía financiera, como clubes náuticos y casinos —que fueron dinamitados—, confirmaron la eficacia del frente militar de apoyo al movimiento obrero vasco por parte de ETA. 

En enero de 1973, otro industrial, Félix Huarte, fue secuestrado para apoyar la huelga de los trabajadores en una de sus numerosas empresas. Como ejercicio de propaganda, esta acción difícilmente podía ser superada, puesto que, en esos años, era casi imposible pasearse por las calles de cualquier ciudad española sin ver el nombre de Huarte en los carteles de algún edificio en construcción. Al igual que en el caso de Zabala, los deseados aumentos salariales acabaron siendo concedidos. La debilidad de la patronal y del régimen en esta parte del territorio español era evidente. Pero entre que ETA limitó su accionar a la estrategia burguesa de liberación nacional de Euskal Herría, y que el PCE y el PSOE —lo que es decir tanto como CC.OO. y UGT— estaban en el negocio de la transición gradual, pacíficamente negociada hacia un capitalismo “democrático”.   

                Pero que el régimen se encontrara sitiado en todas partes, no significa que dejara de reaccionar violentamente contra los huelguistas y los activistas vascos. Así pues, en 1973, las operaciones contra ETA se convirtieron en enfrentamientos armados directos entre nutridos contingentes de la guardia civil y pequeños comandos de ETA. Las acciones militares del régimen estaban cada vez más orientadas no tanto al aniquilamiento físico de los militantes de ETA, como a intimidar a la población vasca. No sólo se usaban amplios poderes para la campaña antiterrorista, sino a detener e interrogar indiscriminadamente a la población. Con evidente aquiescencia oficial, los comandos de acción de extrema derecha pronto empezaron a realizar ataques con bombas y metralletas contra las casas de los nacionalistas vascos más prominentes. Así se crearon las condiciones que harían que los problemas del país Vasco envenenasen la vida política española en los años 70.

Esta situación recrudeció desde fines de 1974 en adelante. Los peores enfrentamientos parecían ser, por el momento, con obreros y estudiantes. En marzo de 1972, una huelga en la empresa estatal Bazán de construcciones navales con sede en El Ferrol, fue dominada con tanta brutalidad por la policía que acabó en motín en el centro de la ciudad, en el que dos manifestantes fueron muertos. A esta le siguieron huelgas de solidaridad y manifestaciones en todo el norte de España. Peores aún fueron los choques entre la policía y los estudiantes: entre el 6 y el 8 de enero de 1972, más de cincuenta personas resultaron heridas durante enfrentamientos en la Universidad de Madrid. Tras los disturbios del verano, la Facultad de Medicina de Madrid quedó clausurada por cinco meses y la Universidad de Valladolid fue escenario de manifestaciones particularmente violentas. Esto llevó a elementos duros, al Ministerio de Educación, como primer paso en la purga de profesores y estudiantes subversivos en las universidades. Pero esto no sirvió para detener las manifestaciones de descontento de los estudiantes, y el primer cuatrimestre de 1973 la Universidad vivió enfrentamientos aún más violentos que recrudecieron a lo largo de todo ese año.

El gobierno de Carrero no había encontrado ninguna solución al descontento social y político o a la hostilidad cada vez más fuerte entre aperturistas e inmovilistas. Los reformistas estaban convencidos de que la supervivencia del régimen dependía de la liberación y del desarrollo de las asociaciones políticas. Los de la línea dura preferían retirarse al búnker.

El discurso de Franco en la Navidad de 1972 pareció dar ánimos a los aperturistas, al hablar, como lo hizo, legitimando la disparidad de ideas y tendencias. Con gran irritación del búnker, incluso Carrero pareció tomar el mismo camino. El 1 de marzo se dirigió al Consejo General del Movimiento y pidió medidas para ampliar la participación del pueblo español en la vida política. En opinión del búnker, ese lenguaje liberalizador era responsable del colapso de la estabilidad sociopolítica del país. A primeros de abril se produjeron huelgas masivas de solidaridad en toda Barcelona, cuando un huelguista fue muerto por la policía en San Adrián de Besós. La ultraderecha estaba decidida a detener la inevitable descomposición de la “democracia orgánica”.

                Su oportunidad llegó el 1 de mayo. Durante las tradicionales manifestaciones de la clase trabajadora en Madrid, un inspector de la policía secreta, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, murió apuñalado por un miembro del ultraizquierdista burgués FRAP (Frente Antiimperialista Revolucionario Popular) sin influencia en el movimiento de masas. En el enfrentamiento fueron heridos, asimismo, otros dos policías secretos. Años después se reveló que el FRAP estaba infestado de agentes provocadores de la policía. Pero, en aquel momento, esa organización reformista armada proporcionó una excusa perfecta para que los duros del régimen emprendieran una ofensiva a gran escala.

Se practicaron detenciones y torturas generalizadas de izquierdistas de todos los grupos del espectro político. Sin embargo, los acontecimientos más significativos se produjeron durante el funeral de Fernández Gutiérrez. A él asistieron Carrero y el ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi. [21] El cortejo fúnebre fue encabezado por el general Iniesta Cano, de la guardia Civil. Los miembros de las fuerzas policiales se manifestaron y exigieron medidas represivas. Unos 3.000 ex combatientes falangistas pidieron venganza. Sus proclamas defendían la actividad del ultra neo-nazi y exigían que se acabase a tiros con los arzobispos rojos. El asunto, que era prácticamente un motín policial, fue tolerado, lo que sugería que los manifestantes y sus aspiraciones gozaban de la comprensión de círculos elevados. La aparente apertura fue cerrada de un portazo.

Presintiendo la victoria, los ultras aumentaron la presión. El gabinete declaró su compromiso de mantener el orden público y aumentar el número de policías y sus recursos. Pero esto no bastaba. Los ultras intentaron convencer a Franco de que el Gobierno había fracasado en su cometido de mantener el orden. Así, el 8 de junio, Carrero fue nombrado presidente del Consejo de ministros y el 11 anunció la formación de un nuevo gobierno duro.

Los ministros acusados de debilidad y liberalismo fueron destituidos. El nuevo gobierno era un gobierno de carácter defensivo. Los tecnócratas quedaron fuera de juego y los que no, debieron abandonar su liberalismo. La ampliación de los poderes de Carrero indicaba que se preparaba una operación de control para cubrir la sucesión, donde el incremento de las actividades de los ultras tendría un carácter auxiliar del aparato represivo oficial.

La más significativa concesión a la extrema derecha, fue la sustitución de Tomás Garicano Goñi por Carlos Arias Navarro, ex director general de Seguridad. El ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, se convirtió en vicepresidente del Consejo de ministros, y el rutilante López Bravo fue cesado. Era un equipo destinado a sofocar las reformas aperturistas. “En el barco a medio naufragar del franquismo, la tripulación no podía pensar en ninguna otra táctica mejor que la de ponerse equipos de buceo”.

Tras los sucesos del verano, las luchas sociales entraron en un breve período de reflujo, tanto en las universidades como en las fábricas. Pero en noviembre el Gobierno aprobó una serie de medidas de estabilización como respuesta a la creciente inflación. Casi inmediatamente se produjeron huelgas en Asturias y en las industrias siderúrgicas del país Vasco. La burguesía textil catalana sufrió también conflictos laborales y se produjeron huelgas incluso en ciudades habitualmente tranquilas como Zaragoza, Valladolid y Alcoy. Dado que los trabajadores necesitaban cada vez más dos trabajos —o al menos numerosas horas extraordinarias— para cubrir sus necesidades, la conflictividad social pasó a ser el mayor problema que debió enfrentar el gobierno de Carrero Blanco. La crisis de la energía estaba a la vista, y para un país tan dependiente de las importaciones de crudo y gas como España, era inevitable la recesión y, con ella, los nuevos problemas laborales. La única respuesta que el Gobierno se sintió capaz de dar, fue la represión, tal y como se vio en la preparación del proceso 1.001, un juicio ejemplarizante contra diez miembros de CC.OO. acusados de asociación ilícita, donde se demostró que el gobierno estaba decidido a eliminar a los sindicatos clandestinos.

El juicio se celebró en una atmósfera de terror, en la que los acusados y sus defensores sufrieron, incluso, amenazas de linchamiento, dado que quince minutos antes de la hora en que debía comenzar el juicio, se supo la noticia de que Carrero Blanco había muerto en un atentado perpetrado por ETA: una bomba colocada bajo el suelo de la calle por la que el general iba a pasar, hizo saltar por los aires al automóvil donde viajaba, que voló a más de treinta metros de altura por encima de la fachada de la iglesia hasta caer sobre el patio interior de un convento de Jesuitas.

El pánico se extendió de golpe por los círculos oficiales. Gracias a su atentado, ETA parecía haber desbaratado los planes del régimen, tan minuciosamente trazados. La operación estuvo dirigida a profundizar las divisiones entre las fuerzas del régimen, como indicó claramente el comunicado de ETA en el que asumió la responsabilidad por la muerte de Carrero:

<<Luis Carrero Blanco, hombre duro y violento en sus actitudes represivas, era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista. Es seguro que sin él las tensiones en el Gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán.>>

En realidad, no parece probable que Carrero hubiese sido capaz de impedir, a la larga, el choque entre los partidarios de seguir manteniendo el proceso de acumulación del capital nacional en el cepo de un régimen político fiscalizador y paternalista, y los que pretendían liberarlo extendiéndolo al espacio europeo y mundial, donde los intereses económicos de la sociedad civil burguesa dejaran de ser esclavos del Estado ponerlo a su servicio, tal como Marx lo había previsto en su “Crítica de la filosofía hegeliana del derecho estatal” (1843), previsión que vio confirmada por el resultado de sus análisis sobre la revolución francesa expuestos en “Las luchas de clases en Francia” y “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”. El atentado de ETA, aun cuando contradictoriamente fortaleció la tendencia política del “bunker”, no hizo más que precipitar el desenlace de esa diferencia de intereses en el sentido del cumplimiento de la previsión científica del Materialismo Histórico —en cuanto a la dialéctica entre estructura económica y superestructura política dominada por el “bunker”— que Engels explicó en general magistralmente polemizando con Herrn Eugen Dühring en 1878:

<<Pero cuando (...) el poder estatal interno de un país entra en contraposición con su desarrollo económico —como ha ocurrido hasta ahora, alcanzado cierto estadio, con todo poder político— la lucha ha terminado siempre con la caída del poder político.  Sin excepciones e inflexiblemente, la evolución económica se ha abierto camino.>> (F. Engels: “Anti Dühring” Sección II Cap. IV)

Reforma pactada del régimen Vs. ruptura democrática

En efecto, la desaparición de Carrero se produjo en el contexto de la crisis general por sobreacumulación de capital agravada ante el aumento en los precios del petróleo en medio del conflicto árabe-israelí agudizado tras la guerra del “Yom Kipur” o “guerra de los seis días”, [22] cuyos efectos recayeron de manera indiscriminada sobre el costo de vida, provocando un descenso significativo en la capacidad adquisitiva de la clase asalariada, con el consiguiente aumento de contestación social que favoreció la militancia política antifranquista. En el primer trimestre de 1974, los precios de la electricidad subieron un 15 por 100, los del petróleo un 70 por 100, los del gas butano un 60 por 100 y los transportes un 33 por 100. A ese clima económico potencialmente explosivo se sumó la derrota de Fanfani en el referéndum sobre el divorcio en Italia, la caída del régimen de los coroneles griegos y, poco después, en abril de 1974, la revolución portuguesa de “los claveles”.

Esta realidad contribuyó a endurecer ulteriormente el inmovilismo del búnker, proceso que se intensificó debido a las numerosas figuras del régimen, de mente más abierta, que consideraban había llegado ya el momento de abrirse a la izquierda, situación ante la cual, es natural que Franco reaccionara empezando por promocionar a un duro como Arias Navarro a la cabeza del Ministerio de Gobernación, saltando por encima del reformista Torcuato Fernández Miranda, quien hasta entonces se había venido desempeñando como segundo de Carrero. Arias Navarro conservó a ocho ministros de Carrero Blanco, entre ellos Fraga, Areilza, Osorio pero destituyó en cadena a todo el equipo aperturista del Opus, como Gregorio López Bravo, José María López de Letona, Gonzalo Fernández de la Mora y Torcuato Fernández Miranda (todos ellos regresaron con la subida al trono de Juan Carlos), nombrando en su lugar a burócratas falangistas de la línea dura.

En esos momentos la opción de izquierda burguesa al régimen franquista basculaba políticamente entre dos alternativas: ruptura democrática político-institucional con él —lo que suponía reinstaurar la república—, o reforma del régimen. Los partidarios de la ruptura se agruparon en torno a la autodenominada “Junta Democrática”, creada en julio de 1974, integrada por el Partido Comunista de España (PCE), Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, el Partido Carlista y el Partido del Trabajo de España (PTE), con Calvo Serer, Antonio Trevijano y otros a la cabeza.

Por otro lado, se creó la autodenominada “Plataforma de Convergencia Democrática”, que se aglutinada en torno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a los democristianos de “izquierda” liderados por el ex franquista Joaquín Ruiz Jiménez, el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y la Unión socialdemócrata Española, todos ellos proclives a la reforma. Dicho de otro modo: los primeros querían romper con el franquismo desde dentro del sistema capitalista; los segundos pretendían reformar el franquismo, reconvertirlo gradualmente a la democracia burguesa, disolverlo en la “democracia”.

En síntesis, ambas fracciones proponían, con matices políticos y tácticas distintas, un mismo objetivo en términos de clase. Por decirlo en términos de la “Junta”: la no continuidad del régimen político-institucional franquista (sus leyes fundamentales y su Movimiento) salvaguardando la continuidad del Estado burgués. En definitiva, la sustitución pacífica (y por tanto negociada) del fascismo jurídico y político-institucional, por un régimen democrático representativo, es decir, sin tocar un pelo de las instituciones esenciales del Estado franquista (Fuerzas Armadas, policía, aparatos judiciales y administrativos, etc.) y, por tanto, dejando intangibles los intereses generales de clase que ese Estado representaba y defendía: los de la burguesía en su conjunto, incluida su fracción oligárquica en contubernio estratégico con el imperialismo norteamericano.

La diferencia entre ellos radicaba esencialmente en que, mientras la táctica de la “Junta Democrática” pasaba por la consulta al pueblo español sobre el modelo de gobierno alternativo: República o Monarquía, la “Plataforma de Convergencia Democrática” reflejaba la táctica del tandem formado por Torcuato Fernández Miranda y Juan Carlos de Borbón —en acuerdo con los burócratas burgueses internacionales de la “Trilateral” y la OTAN— en cuanto a mantener en todo momento el timón del proceso en la línea de sucesión franquista, con arreglo a desembocar en la Monarquía parlamentaria, evitando que se repitiese la experiencia portuguesa de la “revolución de los claveles”. [23]   

Estas dos organizaciones pluripartidistas aparecieron o empezaron a gestarse inmediatamente después de que Franco enfermara de flebitis y fuera ingresado en un hospital, el 9 de julio de 1974, cuando las esperanzas de liberalización política parecieron reanimarse por breve tiempo. El 19 Franco delegó poderes, provisionalmente, en el Príncipe. Pero el 30 abandonó el hospital, y sin perder tiempo reasumió sus poderes. El 2 de septiembre se dio por finalizado el período de aprendizaje del Príncipe. El principal efecto del episodio, fue que aceleró la marcha hacia una más amplia unidad de la izquierda. Hay que tener en cuanta que ya el 30 de julio, el Partido Comunista había respondido a la noticia de la enfermedad de Franco, creando la “Junta Democrática”

Para contrarrestar esta iniciativa de los “rojos”, Arias Navarro anunció el 10 de septiembre que estaba decidido a legalizar determinadas asociaciones políticas para antes de enero de 1975, excepto el PCE, dado que la ley exigía el reconocimiento del régimen. Tres días después un comando de ETA llevó a cabo un atentado con bombas contra la cafetería madrileña “Rolando”, un lugar frecuentado por policías; entre los once muertos y más de setenta heridos había varios miembros de este cuerpo. Inmediatamente se desencadenó una redada de izquierdistas y simpatizantes de los activistas, al tiempo que los inmovilistas del régimen llevaban a cabo una feroz ofensiva hacia el interior del Movimiento falangista y el gobierno que desbarató el plan tibiamente aperturista de Arias Navarro.

Cada vez más convencidos de la necesidad histórica del giro de la vida política española hacia el centro, y ante la imposibilidad de llevarlo a cabo desde dentro del régimen, numerosos elementos del “Opus Dei” abandonaron sus responsabilidades de gobierno. La destitución de Pío Cabanillas al frente del Ministerio de Información, y la renuncia del subsecretario de este organismo, Marcelino Oreja, así como del director general de RTVE, Juan José Rosón, fue seguida por la dimisión masiva de protesta por parte de altos funcionarios democristianos del régimen, pertenecientes al grupo “Tácito”. Aún más significativas fueron las dimisiones del presidente de la sucursal de la ITT, un excelente barómetro de opinión tanto para España como para el mundo de las empresas multinacionales. Los éxitos del búnker al interior del régimen no sólo vaciaban socialmente sus instituciones partidarias y gubernamentales, sino que, al mismo tiempo, aceleraban en su exterior el proceso por el cual amplios sectores de la oligarquía española comenzaban ya a imitar a la oposición en sus demandas de democratización.

Durante ese año de 1974, se llevaron a cabo reuniones prácticamente públicas entre prominentes industriales y financieros, por un lado, y personalidades de la oposición tolerada, por otro. Entre las más célebres están las que tuvieron lugar en el hotel Ritz, de Barcelona y en casa de Joaquín Garrigues en Aravaca (Madrid). Garrigues era una de las más significativas figuras del capitalismo español; en varias ocasiones había sido representante de diversas corporaciones multinacionales, y no ocultaba su convicción de que la liberalización política de España debía ser un riesgo que había que correr con el fin de evitar una confrontación catastrófica. Así que dimitió de sus numerosos cargos de director de empresas para dedicarse a la creación de un partido político.

Por su parte, ante la imposibilidad de consolidarse en torno a un centro político estable, la “derecha civilizada” se vio arrastrada hacia la unidad con la izquierda más aperturista del régimen liderada por el Grupo Tácito, espacio hacia donde también gravitaban cada vez más atropelladamente el PCE y el PSOE, en mutua competencia por ocupar la extrema izquierda político-institucional de la futura Monarquía parlamentaria.

            A todo esto, el régimen progresaba en su tendencia dominante hacia su disolución en una “democracia” tutelada, tironeado desde los dos polos dialécticos del Movimiento. En febrero, Licino de la Fuente dimitió, frustrado, cuando el búnker bloqueó las leyes que permitirían un derecho de huelga limitado. [24] Arias Navarro respondió relanzando sus esfuerzos aperturistas, incluso a costa de tener fricciones con Franco. Destituyó a Antonio Izquierdo, director de “Arriba”, uno de los bastiones de la oposición del búnker a la reforma. El 4 de marzo anunció la recomposición del Gobierno, lo que indicaba su deseo de romper el poderío de los ultras enrocados en el “bunker”. El ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, íntimo aliado del falangista José Antonio Girón, fue sustituido por el algo más liberal José María Sánchez Ventura. Más significativa todavía fue la sustitución del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina[25] —uno de los canales a través de los cuales el búnker influía sobre Franco—, por el más reformista Fernando Herrero Tejedor. Muerto este último a mediados de junio en un accidente de carretera, el optimismo disminuyó. Herrero, la gran esperanza de Arias, fue sustituido por Solís. Sin embargo, la muerte de aquél ayudó a situar en primer plano a su protegido, Adolfo Suárez. De cualquier modo, las actividades de Arias llegaban demasiado tarde. Eran cada vez más numerosos los ex franquistas duros que ahora deseaban el cambio, hasta tal punto que, el 20 de mayo, Luis María Ansón escribía en ABC:

 <<Las ratas están abandonando el barco del régimen (...). La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa (...), ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional>> (Op. Cit.)

Mientras esto sucedía en la cúspide de la superestructura política franquista, en su base bandas terroristas de extrema derecha atacaban a abogados y a sacerdotes izquierdistas y liberales, a librerías y a militantes obreros. Esto radicalizó la postura crítica de la iglesia. En una declaración de la comisión de Justicia y Paz, del 26 de mayo, exigió el fin de la actuación indiscriminada de la policía, y que las autoridades tomasen medidas contra la actividad de los grupos de choque ultraderechistas. Pero la militancia laboral seguía en aumento. El 25 de abril se estableció el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, y se lanzó una vasta operación de terror policial contra la población de esas provincias. Las detenciones al azar, los encarcelamientos, las torturas por parte de lo que, en la práctica, era un ejército de ocupación formado por guardias civiles y policías armados, se vieron complementadas por las agresiones de los guerrilleros de Cristo Rey. El 26 de agosto, el Gobierno aprobó una durísima ley antiterrorista que dejaba a la extrema izquierda burguesa expuesta a la acción draconiana de la policía.

A lo largo de 1975 se reforzó la censura una vez más y numerosas ediciones de diarios y semanarios, incluidos “Triunfo” y “Cambio 16”, fueron secuestradas. La Ley Antiterrorista había extendido a toda España su legislación, que antes se aplicaba sólo al país Vasco. A tres activistas vascos, ya condenados a muerte, se unieron, el 12 de septiembre, tres miembros del FRAP. A esa lista se añadieron posteriormente, el 18 de septiembre, otros cinco miembros del FRAP también condenados a muerte. El 26 de septiembre, Franco presidió el Consejo de Ministros para discutir la posible suspensión de las ejecuciones de las once personas condenadas, dos de las cuales eran mujeres embarazadas. Finalmente, las mujeres y cuatro de los hombres fueron perdonados, pero los otros cinco vieron confirmadas sus sentencias.

Las ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre, en medio de una oleada de repulsas nacionales e internacionales. Trece países retiraron a sus embajadores de España. Ante la represión desatada por los dirigentes de un régimen ya totalmente desprestigiado desde los últimos momentos de la vida de Franco, una mezcla de miedo cada vez más doblegado por el odio y la propensión al combate, se apoderó de las minorías populares políticamente más sensibles y decididas, energía revolucionaria que el PCE dilapidó usándola como medio de pago a cambio de un sitio en las nuevas instituciones de Estado postfranquistas, cuyo principal beneficiario político, a la postre fue, naturalmente el PSOE.    

El republicanismo del PCE y PSOE:
su función política regeneradora del capitalismo ante la crisis agónica terminal del franquismo.

Para comprender este proceso de cambio en el liderazgo de la izquierda burguesa, por el cual las luchas antifranquistas pudieron finalmente sublimarse pasando del estado sólido al estado gaseoso, es necesario retroceder brevemente a fines de la década de los sesenta, cuando el franquismo daba las primeras muestras de agotamiento. En ese entonces, el partido más poderoso e influyente de la izquierda burguesa en el movimiento obrero de España, era sin lugar a dudas el PCE.

En la conciencia republicana —y, por tanto, contrarrevolucionaria— de las capas obreras