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Garzon berriro ere Gestorasen aurka / Garzón de nuevo contra Gestoras
Enviado el Jueves, 20 diciembre a las 23:49:50 por gaztekari webmaster

Gertuko berriak / Noticias cercanas Garzón ilegaliza Gestoras días después de la desaparición pública del organismo


El juez sostiene que «desde su inicio ha sido una organización creada por ETA»


Cinco días después de que Gestoras pro-Amnistía hiciera pública su desaparición en una comparecencia en Donostia, el juez Baltasar Garzón decretó ayer la ilicitud de las actividades del organismo como «parte integrante de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin». Le atribuye, entre otras funciones, «la captación de militantes para la estructura operativa de ETA». Askatasuna indicó que se trata de «un ataque a los derechos de los ciudadanos impulsado por el Estado español a través de Garzón».GARA | DONOSTIA

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reproduce en el auto en el que acuerda la ilegalización cautelar de Gestoras pro-Amnistía, organismo que certificó su desaparición en la rueda de prensa ofrecida el pasado día 14 en Donostia, las mismas tesis que sostiene en la instrucción del sumario 18/98 y en sus diligencias derivadas.


Mantiene que Gestoras pro-Amnistía, «desde su inicio, ha sido una organización creada, diseñada, protegida, impulsada y financiada por ETA, como un mecanismo ideal para desarrollar aquellas formas complementarias de lucha, en especial en el denominado ''Frente de Makos'', campañas de apoyo, señalamiento de víctimas y colectivos y captación de militantes para la estructura armada, entre otras».


Al igual que señaló en el auto por el que ordenó el encarcelamiento y procesamiento de Julen Zelarain, Gorka Zulaika, Aratz Estonba, Ainhoa Irastorza, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Juan Antonio Madariaga, Jon Beaskoa, Maite Díaz de Heredia, Iker Zubia, Josu Beaumont, Alex Belasko y Juan Mari Olano asegura que Gestoras es «parte integrante de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin».


El auto por el que Garzón declara «la ilicitud de las actividades desarrolladas por Gestoras» se suma a las medidas judiciales adoptadas en el mismo sentido contra KAS, Ekin y Haika. Ahora, el juez atribuye al organismo ya desaparecido seis funciones entre las que cita la «captación de militantes para la estructura operativa de ETA a través de sus sedes y responsables, aprovechando la sensibilidad que concita la existencia del colectivo de presos de ETA», al que facilita «sustento económico».


Sostiene esta aseveración en declaraciones policiales como la de Jorge Olaiz e Iratxe Sorzabal, cuyo cuerpo marcado por los electrodos quedó reflejado en las fotografías realizadas por encargo del médico forense de la Audiencia Nacional.


«Señalamiento de víctimas»


Garzón, quien advierte que «no ha concluido» el análisis de la documentación incautada en la operación contra el movimiento pro amnistía en la que se registró y precintó un despacho de abogados sin orden judicial, señala que Gestoras «a través de algunos abogados de su bufete», obtiene información «transcendente para la seguridad y subsis- tencia de la estructura operativa de ETA, obrante en los procedimientos judiciales en los que sus militantes se hallan incursos».


A juicio de Garzón, Gestoras también se habría encargado de la «promoción y coordinación de actividades de ''presión social'' concretadas en actuaciones de violencia y coacción incardinables dentro de la ''violencia callejera'' o ''kale borroka''».


En el auto de ilegalización atribuye a la desaparecida Gestoras pro-Amnistía «actividades de ''señalamiento'' de potenciales víctimas de la violencia terrorista de ETA, ejecutadas en cumplimiento de directrices previas de los responsables de ETA-KAS y/o ETA-Ekin».


Le imputa, además, la «organización, aportación de medios y recursos, convocatoria y ejecución de actos de exaltación de la violencia terrorista y de quienes la practican, con ocasión de la excarcelación de militantes de ETA o de su fallecimiento en el curso de la preparación o la ejecución de actos terroristas», a lo que añade «la convocatoria de ''jornadas de lucha''».


Conocido el contenido del auto, Askatasuna definió la medida de «nuevo ataque contra los derechos de los ciudadanos vascos impulsado por el Estado español a través del juez Garzón», por lo que realizó un llamamiento a seguir trabajando por los derechos de Euskal Herria.


Criminalización de ideas políticas


Tras indicar que la medida «no tiene sentido alguno» porque Gestoras desapareció el pasado viernes y mostrar su solidaridad a «quienes se ven o se vean afectados» por el auto, realiza una lectura crítica de su contenido.


Afirma, así, que «no es fácil comprender exactamente» a qué se refiere el magistrado cuando decreta la ilicitud de las actividades de Gestoras. «No sabemos si las propias actividades son ilegales o lo son porque las realiza Gestoras». Agrega, además, que algunas de las funciones atribuidas por el juez al organismo ya desaparecido están tipificadas en el Código Penal. «Sentenciar que realizar captaciones para ETA es delito, como hace Garzón en su auto, es de risa. Sin embargo, no hemos visto ninguna prueba entre esas actividades y Gestoras».


Tras indicar que «ninguna de esas actuaciones se encuentra en la línea de trabajo» de Askatasuna, el nuevo organismo nacional contra la represión muestra su preocupación porque algunas de las manifestaciones de Garzón «abren la puerta a interpretaciones erróneas y represivas». Citó, así, las referencias al sustento económico a los presos y subrayó que «la ayuda a los presos es uno de nuestros quehaceres y no les daremos la espalda».


Sobre el «señalamiento» indica que «no puede ocultarse lo que una persona, organismo o institución piensa sobre una realidad», hecho que situó «dentro de la libertad de expresión, que sólo se criminaliza en el fascismo más duro».


El Ayuntamiento de Gernika también se posicionó ayer en contra del auto de Garzón. Con los votos de Batasuna, EA y PNV ­el PP no participó en la sesión­ aprobó una moción en la que respalda la actuación de Gestoras en «la defensa de los derechos de los presos».


Adierazpenak José María Aznar Presidente del Gobierno español


«Me declaro, en nombre del Gobierno, especialmente satisfecho por la declaración de ilegalidad de Gestoras pro-Amnistía que, como ha sido demostrado judicialmente, no sólo son entramado de la organización terrorista sino que forman parte de la misma».


Miguel SANZ Presidente del Gobierno de Nafarroa


Expresó su deseo de que el juez Garzón «tenga argumentos suficientes desde el punto de vista legal para que ningún grupo sea refugio de personas que dan cobertura a ETA o a organizaciones terroristas en el ámbito que sea, en el intelectual, el cultural, el de los apoyos o el del respaldo social».


Joseba AZKARRAGA Consejero de Justicia de Lakua


Tras mostrar respeto al auto, pidió prudencia porque «en base a la legislación estatal penal los colectivos no delinquen, lo hacen los individuos». Opinó que «habrá que esperar a ver qué sucede puesto que muchas de las anteriores actuaciones del juez han acabado sobreseídas».


Rodolfo ARES Coordinador de la Ejecutiva del PSE


Respetó el auto e indicó que el juez Garzón «habrá comprobado con claridad que hay vínculos clarísimos con la banda terrorista ETA». A preguntas de los periodistas sobre Askatasuna, abogó por que «la Justicia esté agil y no permita a este colectivo eludir la acción judicial por el cambio de denominación».


BATASUNA


Señaló que tanto la entrega temporal de Josetxo Arizkuren como la ilegalización de Gestoras «son la misma cara del mismo recetario represivo». Definió la medida de Garzón como «un ataque más a Euskal Herria y a los miles de personas que pretenden subvertir la estrategia policial y judicial sustentada en el marco de la Constitución española, en este caso defendiendo todos los derechos de los presos vascos».


PNV


A la espera de conocer el texto íntegro del auto, mostró su esperanza de que «se ajuste a derecho». Recordó, además, el principio penal de que «las organizaciones no delinquen, sino las personas que incurran en el injusto penal».


Gaspar LLAMAZARES Coordinador general de IU


Consideró que «resulta chocante» que el juez Garzón actúe contra «una organización que ha tomado ya la decisión de cambiar de nombre y de naturaleza, con lo cual puede tener un escaso efecto».

 
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