En declaraciones a los medios sobre la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real corrigiendo una decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital de abril de 2002, Barreda señaló que el Gobierno regional da «gran importancia» a esta decisión porque fue, desde 1985, el que inició un proceso de defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma «reclamando algo que todo el mundo daba por hecho».

El vicepresidente regional, que reconoció que el pleito ha sido «largo», avanzó que, desde el primer momento, la Junta buscó la complicidad del Estado, como se materializó en la carta que el propio presidente autónomo, José Bono, escribió al ex ministro de Justicia, Fernando Ledesma, pidiendo esa personación.

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Precisó que a este ejemplo se unen otros muchos como la «defensa contra viento y marea» del Parque Nacional de Cabañeros o las Hoces del Cabriel, en materia medioambiental, o el pleito contra importantes multinacionales para defender que el queso manchego se pudiera hacer sólo en La Mancha, a nivel general.

«Ahora hemos vencido a una sinrazón, la de que el cauce de un río no fuera dominio público sino propiedad privada», señaló José María Barreda, quien destacó que la decisión judicial acarreará consecuencias prácticas en la gestión del Parque, ya que hasta ahora los intereses de los propietarios privados dificultaban, por ejemplo, la instalación de un plan integral de saneamiento o el propio acceso a las Lagunas.

«El gran beneficiado es el pueblo de Castilla-La Mancha, la sociedad española y el dominio público», concluyó el vicepresidente, resaltando la «extraordinaria» satisfacción del Ejecutivo regional con este tema porque «ha habido constancia, perseverancia y hemos sabido mantener el pulso y la tensión hasta que finalmente nos han dado la razón».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su satisfacción por esta sentencia; ha recordado que desde el inicio de este largo pleito, el presidente José Bono, ha defendido que el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera fuera de dominio público.

Por su parte, la presidenta y portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, Rosa Romero, dijo ayer que la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real viene a poner «las cosas en su sitio», ya que, en su opinión, «resulta extraño que el curso de un río pueda ser propiedad de empresas o particulares».

Romero expresó su satisfacción por el fallo de la Audiencia Provincial, que rectifica una primera sentencia del Juzgado número 1 que estimaba lo contrario. Rosa Romero indicó que, aunque contra la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real cabe recurso, «se ha dado un paso importante en la consideración del carácter público de la titularidad de uno de los más extraordinarios espacios naturales de Castilla-La Mancha y de España».

Por otro lado, señaló que cuando el vicepresidente regional, José María Barreda, dudó de que el Gobierno central fuera a recurrir la primera sentencia, «una vez más volvió a meter la pata, porque el PP, en general, y el Grupo Popular, en particular, tuvieron claro en todo momento cuál debía ser su posición al respecto».

Romero felicitó también a los servicios jurídicos de las administraciones central y autonómica que han presentado y defendido el recurso contra la titularidad privada de las lagunas.

Agricultores

El secretario regional de la asociación agraria Asaja, José María Fresneda, consideró por su parte «un motivo de satisfacción importante» la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real y opinó que es «un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho para conseguirlo». Según afirmó Fresneda tras reunirse con miembros del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales para debatir sobre las partidas delos presupuestos destinadas a agricultura, la sentencia conocida ayer «irá en beneficio de los ciudadanos de esa comarca y en general de Castilla-La Mancha».

Ecologistas en Acción Ciudad Real manifestó públicamente su satisfacción por la sentencia.

En una nota de prensa remitida a Efe, los ecologistas señalan que esta ha sido una reivindicación que «el movimiento ecologista regional ha venido realizando desde que en 1985 se aprobara la Ley de Aguas».

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Consecuencias de la sentencia de Las Lagunas

El reconocimiento del dominio público de las Lagunas de Ruidera no permite derribar las construcciones privadas que se encuentran en sus riberas, como viviendas o embarcaderos, pero tampoco podrán ser restauradas o mejoradas cuando la sentencia sobre la titularidad pública de este humedal sea firme.

Así lo explicó ayer la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde tanto ella como el consejero Portavoz, Emiliano García-Page, valoraron la sentencia «histórica» de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que reconoce la titularidad pública de las Lagunas de Ruidera.

A preguntas de los periodistas, Arévalo reconoció que las viviendas y embarcaderos privados construidos en las riberas de las lagunas «no se podrán tirar», pero cuando la sentencia sea firme las edificaciones «que invadan el dominio público hidráulico quedarán fuera de ordenación y no podrán realizarse ni obras de mejora ni obras de consolidación».

Deslindes

En cualquier caso y siempre con sentencia firme, corresponde a la Administración del Estado efectuar los deslindes oportunos y restablecer las zonas de servidumbre y paso, según explicó la consejera.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha sí tiene intención poner en marcha actuaciones sobre la conservación de este parque natural después de la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Así Arévalo y García-Page apuntaron la posibilidad de revisar el Plan de Ordenación de los recursos de este parque natural o de llevar a cabo un Plan de Saneamiento Integral que no se ha podido acometer antes porque afectaba a zonas privadas.

Reestablecer las riberas

La Junta de Comunidades tratará de restablecer la zona de las riberas, ahora muy deterioradas, para recuperar la situación natural que tenía, dijo la consejera, quien se refirió a la mejora de la situación de las aves, la vegetación palustre y proteger la singularidad geológica de la zona, así como optimizar los usos del suelo.

Ambos consejeros insistieron en destacar la importancia de una sentencia que corrige «una sinrazón» que tiene su origen en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal y que ha provocado que el Guadiana haya sido «el único río privado del mundo», al menos en su tramo de las Lagunas de Ruidera.

Según recordó Arévalo, el Gobierno de Castilla-La Mancha inició el proceso para que las Lagunas de Ruidera fueran consideradas como dominio público hidráulico en octubre de 1985, mientras que en 1986 la administración del Estado planteó una demanda en el mismo sentido.

Largo proceso

Así se inició un largo proceso, cuyo último episodio ha sido la reciente sentencia de la Audiencia de Ciudad Real reconociendo la titularidad pública de las Lagunas, si bien puede ser recurrida por los particulares afectados ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, el presidente regional del PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, calificó de acertada la sentencia pues «las aguas públicas deben de ser públicas», algo que dijo es «lógico y sensato».

Molina manifestó a los medios de comunicación que «el agua del Guadiana es absolutamente de todos los ciudadanos» y «no sólo de los castellano-manchegos, sino de todos los españoles, ya que se trata de un río de España y lo lógico es que no pueda ser privado».

Satisfacción en IU tras la sentencia

La sentencia sobre las lagunas ha causado una enorme satisfacción en IU. El concejal de IU en Ossa de Montiel, José Reinoso, indicó ayer que «la sinrazón de aquellos que pretendían adueñarse de un bien público ha sido desechada por los tribunales, ahora es el momento, más que nunca de proteger la riqueza medioambiental, frente aquellos intereses particulares y económicos que son incompatibles con el desarrollo sostenible».

EFE/CIUDAD REAL

La asociación 'Ojos del Guadiana Vivos' agradeció ayer el celo de los empleados públicos que han trabajado en la defensa del dominio público que ha concluido con la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real por la que se reconoce la titularidad del Estado sobre las Lagunas de Ruidera.

Este colectivo, del que forman organizaciones ecologistas como Adena-WWF, Ecologistas en Acción, SEO-Birdlife, Fundación Global Nature, la Asociación Española para la Defensa del Acuífero 23, asícomo especialistas e investigadores de las zonas húmedas, ha mostrado también su satisfacci¯n por el contenido de la sentencia. En una nota de prensa remitida a EFE hacen especial énfasis en el trabajo realizado por los letrados de la Abogacía del Estado y de la Junta de Comunidades, que «desde hace más de una década han puesto un elevado interés en la defensa de lo que es de todos los españoles».

En este sentido, recuerdan que la actitud mostrada por los funcionarios es coincidente con la que mantuvieron con el contencioso en defensa de los Ojos del Guadiana. 'Ojos del Guadiana Vivos' ha querido aprovechar la publicación de esta sentencia para instar a las administraciones públicas a realizar «un mayor esfuerzo por conservar y restaurar nuestro patrimonio natural». Así, recuerdan que esta asociación ha pedido que el Plan Especial del Alto Guadiana contemple «la recuperación de las Lagunas de Ruidera, de modo que se mantenga la comunicación superficial de agua entre ellas y se impida el deterioro de sus márgenes, especialmente de sus barreras travertínicas.