El III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua reconoce la necesidad de reorientar sin demora las políticas del agua en la Península Ibérica en una dirección plenamente coherente con los tres grandes principios que inspiran la Directiva Marco de Aguas (DMA):

• Principio de No-Deterioro de los Ecosistemas Acuáticos.
• Principio de Participación Social y Transparencia en las Políticas del Agua.
• Principio de Plena Recuperación de Costas.

El Congreso ha constatado la profunda fractura entre el estado de los ecosistemas hídricos y las políticas hidrológicas vigentes, por un lado, y los principios y objetivos de la DMA, por otro.

Los efectos del cambio climático empiezan a manifestarse, ante la actitud todavía incrédula o despreocupada de la Administración. El incremento del nivel medio del mar ha sufrido una aceleración en la última década. Datos recientes de España y Portugal, presentados y discutidos en el Congreso, permiten asegurar que las temperaturas subirán en los próximos años y hacen más plausible la hipótesis de una disminución de la precipitación media, unida a una mayor irregularidad de la misma, con la consiguiente disminución de los recursos hídricos naturales y disponibles.

Los procesos de ocupación y uso del suelo se siguen produciendo al margen de una ordenación que los haga compatibles con la gestión sostenible del dominio público hidráulico. Continúa la ocupación, fragmentación y destrucción de los sistemas de ribera y las llanuras de inundación. Los actuales procesos agrarios y urbanísticos muestran una tendencia clara a incrementar estas afecciones y a aumentar los niveles de exposición y vulnerabilidad frente a las avenidas.

El Congreso considera especialmente preocupante la divergencia que se observa, en el ámbito del Estado Español, entre la planificación hidrológica oficial, materializada en el Plan Hidrológico Nacional, y las orientaciones y principios de la Directiva Marco, arriba señalados.

En particular, el Congreso llama la atención sobre el hecho de que los grandes trasvases del Ebro, como contenidos específicos del PHN, tendrán consecuencias ecológicas, sociales y económicas negativas no sólo en las cuencas cedentes, sino también en las cuencas receptoras. Diversas ponencias y comunicaciones han descrito los desequilibrios territoriales, ecológicos, hidrológicos, sociales y económicos que la eventual construcción de los trasvases del Ebro produciría o agravaría en todas y cada una de las cuencas receptoras.

A la luz de las aportaciones realizadas al Congreso, la presentación de los trasvases previstos en el PHN como instrumentos de solidaridad interterritorial en beneficio de las cuencas receptoras no se corresponde con los resultados de un análisis territorial riguroso y carece de fundamentación científica o técnica. Antes bien, la estrategia de oferta del PHN constituye un impulso al modelo de desarrollo insostenible del Litoral Mediterráneo.

El proyecto de cientos de miles de nuevas hectáreas de regadío en la cuenca del Ebro, ya sea en Aragón, Navarra o Cataluña, con los grandes embalses asociados, además de producir graves impactos en áreas de montaña, generaría dinámicas sinérgicas, no consideradas en la documentación oficial, que agravarían los impactos de los trasvases sobre el Delta del Ebro. De manera análoga, el desarrollo de nuevos regadíos, con cultivos continentales fuertemente subvencionados, en el Alto y Medio Júcar, en sinergia con los trasvases (Jucar-Vinalopó y Ebro-Júcar-Segura), agravaría los impactos sobre el Bajo Júcar, la Albufera y la calidad del abastecimiento de Valencia.

El Plan Nacional de Regadíos (PNR), aun siendo más realista y positivo que el PHN en materia de regadíos, no garantiza, en ausencia de mecanismos de revisión concesional, que los efectos de los procesos de modernización de regadíos vayan a liberar caudales para usos de carácter prioritario, como ambientales o abastecimiento a poblaciones.

La creación de una imagen positiva de los trasvases del Ebro en una parte de la sociedad española se ha logrado mediante la insistente distribución de información parcial a través de los grandes medios de comunicación, y mediante el silenciamiento de las posiciones críticas, que encuentran grandes dificultades para llegar a los ciudadanos. Esta política de desinformación tiene antiguas y profundas raíces que alcanzan el sistema educativo, Este hecho ha suscitado grave preocupación en lo que se refiere a las actitudes sociales frente a los problemas del agua a medio y largo plazo.

Sin embargo, el III Congreso Ibérico ha constatado signos de declive en el apoyo social a las antiguas políticas del agua basadas de modo excluyente en la construcción de obras hidráulicas. Varias administraciones autonómicas han incorporado o están haciendo avances importantes en la incorporación de los principios de la Nueva Cultura del Agua a sus propias políticas del agua, en la medida en que su ámbito competencial se lo permite.

Asimismo, se observa una creciente deslegitimación social del tradicional autoritarismo hidráulico de corte tecnocrático, mientras comienzan a proliferar iniciativas de fomento de la transparencia informativa, construcción de consensos y mediación de conflictos. Es de destacar, asimismo, la multiplicación de movimientos sociales de defensa de las minorías afectadas por la construcción de obras hidráulicas o, en general, por el deterioro de la calidad y los paisajes del agua.

La conjunción de todos estos hechos está agudizando las conflictos sociales y políticos en torno al agua, como lo demuestra la escala sin precedentes que está alcanzando la protesta social en relación con las propuestas del PHN que afectan a todo el litoral mediterráneo.

Frente a este estado de cosas, que amenaza con extenderse también a la vertiente atlántica si no se tratan adecuadamente los importantes conflictos hídricos que están latentes también en esta parte de la Península (consecuencia del embalse de Alqueva, transferencias entre cuencas atlánticas, programas de regadío, etc...), el Congreso se ha pronunciado mayoritariamente por la búsqueda de soluciones adecuadamente encuadradas en la Directiva Marco de Aguas y .basadas en el diálogo social.

El Congreso ha constatado el gran esfuerzo de análisis y de investigación que es necesario realizar para sustentar y apoyar la búsqueda de estas soluciones sobre bases sólidas y rigurosas. Aunque en las diversas sesiones de trabajo se han podido apreciar los considerables avances en el conocimiento de los problemas del agua registrados respecto a las ediciones anteriores, los expertos reunidos coinciden en señalar que todavía persiste un considerable déficit de información e investigación para sustentar una aplicación eficaz de los principios de la DMA en la Península Ibérica.

Asimismo, se considera que la organización y composición de las estructuras administrativas responsables de la gestión y la planificación del agua en ambos estados no parece ser la adecuada para conducir la implementación de la DMA. En el caso concreto del Estado Español, se han suscitado serias dudas acerca de la posibilidad de que los organismos de cuenca, y menos aún las nuevas Sociedades Estatales de Aguas, puedan incorporar las profundas reformas necesarias para esta finalidad. Por ello, se abre paso el criterio de que podría ser más operativo que estos organismos fueran superados mediante la creación de nuevas entidades gestoras, diseñadas con una concepción sustancialmente distinta de su composición, estructura y objetivas. .

Basándose en estos elementos de diagnóstico, el Congreso ha aprobado las siguientes líneas estratégicas de política hidrológica alternativa:

• Análisis y gestión integral de todos los ecosistemas acuáticos vinculados a las aguas continentales, tanto subterráneas como superficiales, incluyendo ríos, lagos, humedales, estuarios y aguas costeras, en consonancia con los principios de la DMA. Este orientación, que reviste especial importancia para las relaciones hidrológicas de los dos estados ibéricos, conduce a recomendar la revisión de los acuerdos actualmente vigentes.

• Eliminación del desgobierno hidráulico, asegurando el cumplimiento de las leyes y extrayendo del acervo legislativo actual el abundante potencial que contiene de racionalización del uso de los recursos hídricos y, en general, de mejora de la gestión del Dominio Público Hídrico.

• Desarrollo urgente de soluciones específicas para los grandes problemas de deterioro de los ecosistemas hídricos de la Península Ibérica, entre los cuales, sin ánimo de exhaustividad, se señalan el Delta del Ebro, la situación del Júcar, la regeneración del Segura y las consecuencias del macroembalse de Alqueva sobre el bajo Guadiana.

• Aplicación del principio de ecocondicionalidad a la gestión del espacio agrario y en especial a la utilización del agua en la agricultura. La reestructuración agraria debe avanzar hacia la adaptación bioclimática de los cultivos, la salubridad de la producción, y la reducción de los impactos ambientales. En este sentido el Congreso apoya las líneas básicas de reforma del PAC planteadas por la Comisión Europea en julio de 2002, así como las actuales propuestas de Política Pesquera.

• Replanteamiento en profundidad de la política de promoción del regadío, adaptando su extensión a la capacidad de carga de cada territorio, y considerando la aplicación de programas de reconversión de regadíos a partir de ecoauditorías cuidadosamente elaboradas, realizadas con participación de los afectados, y adoptando las medidas pertinentes para garantizar las condiciones de vida de los trabajadores agrarios.

• Profundo cambio de orientación en los programas de protección contra avenidas, delimitando y protegiendo las zonas inundables y garantizando la no ocupación de las mismas, frente a la modificación estructural de las terrazas fluviales, actualmente habitual.

• En aplicación del principio de no-deterioro del estado ecológico, el Congreso acuerda plantear y defender ante la opinión pública la necesidad de establecer una moratoria de tres años para las grandes obras hidráulicas de regulación y transporte que están generando las principales manifestaciones de conflictividad social.

• Ante los sucesos acaecidos recientemente en Murcia que han supuesto un atentado a la libertad de expresión y de cátedra, lo que afecta a una de las condiciones básicas del cambio de cultura en la gestión del agua, el Congreso acuerda expresar su apoyo al profesor Miguel Ángel Esteve y a la Dra. Julia Martínez de la Universidad de Murcia frente a las presiones recibidas en el ejercicio de su actividad docente e investigadora. Asimismo, acuerda solicitar el amparo del Consejo de Rectores para estos investigadores en los términos en los éste considere conveniente hacerlo.

Finalmente, el Congreso ha constatado la importante proyección europea del debate hidrológico que actualmente se desarrolla en la Península Ibérica, y especialmente en España, en torno al Plan Hidrológico Nacional. La credibilidad y la operatividad de la Directiva Marco de Aguas -y de otras Directivas relacionadas, como la de Habitats y la de Aves-, sufrirían un serio deterioro si las instituciones europeas, atendiendo a otro tipo de consideraciones, avalaran finalmente determinados proyectos del PHN español que, como es el caso de los trasvases del Ebro, entre otros, contienen incumplimientos del espíritu y la letra de la DMA, y de otras normas comunitarias.