| Desde hace tiempo las organizaciones
ecologistas que actuamos dentro del ámbito
territorial de Castilla-La Mancha venimos
denunciando la delicada situación por la que
atraviesa el medio ambiente en la Región. Esta
coyuntura viene determinada por una carencia
crónica de medios materiales y humanos para
atender las necesidades medioambientales y por el
mantenimiento de un modelo administrativo
obsoleto. Ambas circunstancias tienen mucho que
ver con la falta de voluntad real de aplicar una
política ambiental rigurosa y moderna. Ni la
administración central, ni la autonómica, está
última con la mayor parte de las competencias
ambientales a su cargo, son capaces ni muestran
la actitud necesaria para cumplir con las
funciones que tienen encomendadas en la materia. Bajo estos condicionantes no es de
extrañar que a la hora de defender o de hacer
valer el importante cuerpo legislativo ambiental
del que está dotada Castilla-La Mancha
prevalezcan otros intereses, principalmente si
son de carácter económico o político. Resulta
más cómodo y rentable hacer gestos muy
puntuales de cara a la galería, para crear una
imagen de Administración preocupada por el medio
ambiente, que asumir con todas las consecuencias
la exigencia recogida en la Constitución
Española según la cual se ha de proteger el
medio ambiente y garantizar a los ciudadanos la
calidad de vida y la posibilidad de un desarrollo
armónico y equilibrado con la naturaleza.
La parálisis en la que
parece haberse instalado la Administración
ambiental en cuanto a iniciativas de verdadero
calado y las nuevas y muy graves agresiones y
amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente
deben hacer reflexionar a todos y, muy
particularmente, a aquellos que tienen
responsabilidades en la materia.
No es de recibo que se
venda la imagen de una Castilla-La Mancha verde
cuando los ríos de la Región están muy
contaminados y los acuíferos sobreexplotados,
cuando no se cumplen los planes y leyes de
conservación de la naturaleza, cuando no somos
capaces de desprendernos de las formas más
contaminantes de producción de energía y que
ponen en serio riesgo la salud de las personas, o
cuando se es una de las Comunidades Autónomas en
la que menos superficie de espacios naturales
protegidos se ha declarado y en la que los
existentes se gestionan peor.
La situación de fondo es
muy grave y ha empeorado aun más con el apoyo
que se ha dado a proyectos como el Plan
Hidrológico Nacional, el Tren de Alta Velocidad
o el Aeropuerto de Ciudad Real. Todos ellos
implican el mantenimiento de un modelo de
desarrollo hecho de espaldas a las exigencias
ambientales sin que, en la mejor de las
valoraciones, haya una perspectiva clara de que
vayan a suponer un verdadero beneficio para la
Región y sus ciudadanos.
El caso del proyecto de
aeropuerto de Ciudad Real es un vergonzante y
significativo ejemplo de incumplimiento de
competencias por parte de las administraciones
ambientales. Ni se aplica la normativa, ni se
garantiza la protección de los espacios
protegidos a escala europea. Dos de los pilares
básicos de la política medioambiental
castellano-manchega son sacrificados en favor de
un proyecto especulativo nacido al amparo de
intereses económicos y políticos poco claros.
El medio ambiente de
Castilla-La Mancha continúa deteriorándose,
cada vez a un ritmo mayor, y, por ello, las
Asociaciones Ecologistas tenemos el deber de
denunciar esta situación al conjunto de la
sociedad y trabajar para que las Administraciones
se tomen en serio, y no de cara a la galería, el
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a
la protección del Medio Ambiente.
Por eso, lanzamos este
manifiesto conjunto a la sociedad y, como modo de
protesta activa nos proponemos trasladarlo a
todos los órganos de participación en los que
estemos representados, a donde no acudiremos en
tanto no veamos posibilidades reales de cambio de
la situación.
En Toledo a 29 de mayo de
2001
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