El Ayuntamiento de Albacete no descarta la posibilidad de obligar a las empresas de telecomunicaciones a sacar del casco urbano las antenas de telefonía móvil. Así lo explicó ayer el concejal de Medio Ambiente, José Eduardo Martínez Valero, quien apuntó que «en estos momentos en los que la normativa en torno a este asunto es practicamente inexistente, no es recomendable ponerle puertas al campo, y esta posibilidad, la de crear zonas específicas fuera de la ciudad para estas antenas, no hay que descartarla».

La comisión informativa de Medio Ambiente, reunida en la tarde de ayer, estudió la propuesta del titular del área, José Eduardo Martínez Valero, en torno a las antenas de telefonía móvil para responder a la «preocupación vecinal» y a la «alarma social» que este asunto está generando en Albacete en las últimas semanas, y que ha llevado incluso a un grupo de ciudadanos a constituir una plataforma y a recoger más de un millar de firmas para exigir al ayuntamiento que tome medidas preventivas. En este sentido, el ayuntamiento, y ante el vacío legal existente, va a exigir a las empresas de telefonía móvil que cumplan los requisitos que establece la recomendación 1999/519 de la Unión Europea en la instalación de las antenas, en la que se regula que la operadora deberá hacer constar la medición de la densidad de la potencia de emisión y la distancia de seguridad para dicha exposición, así como que soliciten la correspondiente licencia de obra y de actividad al consistorio albaceteño.

El concejal de Medio Ambiente explicó ayer que el ayuntamiento ha recibido tantas denuncias como antenas se han instalado ya, una treintena, aunque para la colocación de las mismas se cuenta con el pertinente permiso de la comunidad de propietarios que recibe una sustanciosa cantidad por ello.

Martínez Valero detalló que, estos requisitos se exigirán mientras que las administraciones competentes no regulen estas instalaciones.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Albacete se solicitará al Gobierno central que, dado que es el competente en materia de comunicaciones, no se limite a conceder las licencias a los operadores de telefonía, sino que además realice las investigaciones oportunas para conocer los efectos que genera la exposición a campos electromagnéticos y establezca los niveles máximos de protección a la exposición de estos campos, teniendo en cuenta criterios como la duración de la exposición así como la densidad de la población, la edad y las condiciones sanitarias de los ciudadanos.

A la Junta de Comunidades

También, esta exigencia se trasladará al Gobierno de Castilla-La Mancha para que proponga medidas legislativas que fijen los límites de exposición del ciudadano a las radiofrecuencias de la telefonía móvil.

En este punto, José Eduardo Martínez Valero aseveró que la dirección general de Telecomunicaciones de Castilla-la Mancha tiene ya muy avanzado un análisis sobre este tipo de instalaciones e incluso que, desde la dirección, en virtud de un convenio suscrito con la Fundación de Bioelectrónica y la Universidad Complutense de Madrid, se enviará un equipo técnico a Albacete que realizará las mediciones de campo oportunas, tal y como ya adelantó La Verdad este fin de semana. El edil izquierdista añadió en este sentido que los estudios realizados hasta el momento son contradictorios, pero en lo que todos coinciden es que ésta no es una actividad inocua, ya que, según explicó, la administración regional la calificó en junio de este año como una actividad insalubre, nociva y molesta.

Por último, recordó que las exigencias establecidas a partir de ahora se sumarán a las que en materia urbanística ya aprobó el Ayuntamiento de Albacete, en las que se establecen condiciones sobre la ventilación de las casetas, la distancia a las cornisas, el que no sean visibles a la calle y el que no supongan una carga que ponga en peligro el edificio.

Martínez Valero aseguró que la práctica totalidad de las antenas ya instaladas cuentan con licencia de obras, y además, está en trámite la concesión de licencia de actividad. «De cualquier manera –dijo el concejal de Medio Ambiente–, vamos a estudiar caso por caso».

Por su parte, la concejal de IU, Rosario Gualda, sugirió ayer la posibilidad de que estas antenas se saquen fuera del casco urbano «como medida que garantice la máxima seguridad», una idea que el equipo de gobierno estudiará «ya que en estos momentos –aseguró José Eduardo Martínez Valero– no es cuestión de poner puertas al campo, no hay normativa, nos tenemos que dotar de unas normas, y crear estas zonas fuera de la ciudad es una posibilidad, ¿por qué no?».

Por su parte, Ecologistas en Acción tiene previsto presentar hoy una campaña informativa que va a llevar a cabo sobre los posibles riesgos que pueden suponer para la salud la instalación de las antenas de telefonía móvil en los edificios de la ciudad.

La presentación de un millar de firmas en el Registro Municipal y de unas treinta denuncias ante la concejalía de Medio Ambiente en contra de las antenas de telefonía móvil en la ciudad ha llevado al equipo de gobierno a tomar medidas para hacer frente a lo que el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Martínez Valero, ha calificado de una «alarma social» en aumento y una «preocupación vecinal» creciente.

Una de las primeras medidas que se van a adoptar, según ha adelantado Martínez Valero –titular asimismo del área de Medio Ambiente– será instar al Gobierno de la nación para que, en el ejercicio de sus competencias en materia de comunicación y de bases y coordinación general de la sanidad, y tomando en consideración la Recomendación de la Unión Europea 1999/519/CE –en la que se admite la existencia de efectos nocivos para la salud como consecuencia de la exposición a campos electromagnéticos, por lo que se recomienda facilitar información suficiente a los ciudadanos en relación con este asunto–, establezca una normativa que regule un nivel de protección más elevado frente a estos elementos, aplicando medidas restrictivas en base a la duración de la exposición, la densidad de población, edad y condiciones sanitarias de los ciudadanos, sin olvidar la cercanía a las fuentes de radicación.

De otro lado, el equipo de gobierno también pretende que la administración central establezca normas sobre métodos de cálculo y medición de las radiaciones electromagnéticas, y por último, que fomente la investigación sobre los efectos a corto y largo plazo de la exposición a campos electromagnéticos en todas las frecuencias pertinentes.

«De esta manera –indicó el concejal de Medio Ambiente– se podrán actualizar, en base a esos datos, las medidas de protección adoptadas y se proporcionará al ciudadano información clara sobre los efectos de los citados campos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente».

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente, en la comisión que su departamento celebrará mañana lunes, propondrá que se solicite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, aplicando sus competencias en materia de protección de la salud y medio ambiente, elabore una serie de medidas legislativas que fijen los límites de exposición al ciudadano a las radiofrecuencias de telefonía móvil que supongan un nivel elevado de protección.

De la misma manera, el concejal de Medio Ambiente quiere que la administración regional asesore a los municipios de Castilla-la Mancha sobre la medida y control de los campos electromagnéticos producidos por estaciones base de telefonía móvil, proponiéndose a su vez que la instalación de antenas y estaciones se sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Normativa regional

En este sentido, José Eduardo Martínez Valero aseguró que le consta que la Junta de Comunidades tiene muy avanzada la elaboración de una serie de normas, aunque previamente, realizará estudios de campo sobre la contaminación electromagnética. Según el edil de PSOE-Progresistas, Albacete será objeto de uno de estos estudios por su nivel de población y por elevado número de antenas que ya se han colocado.

De cualquier manera, y en tango que no se disponga de la legislación protectora de la salud y seguridad de los ciudadanos expuestos a las radiaciones electromagnéticas procedentes de las instalaciones de telefonía móvil, el ayuntamiento, en el trámite de concesión de licencia de obras y de actividad para la instalación de estos artilugios en azoteas, cubiertas y terrazas de edificios, y bajo el principio de precaución, y siempre en uso de sus competencias, exigirá a las operadoras autorizadas, aparte del cumplimiento de las normas urbanísticas de instalación aprobadas, la justificación individualizada para cada equipo de emisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Recomendación 1999/519/CE.

Según la propuesta del concejal de Medio Ambiente, las empresas, cuando soliciten autorización para la instalación de estas antenas, tendrán que dar detallada cuenta de la medición de la densidad de potencia y la distancia de seguridad para dicha exposición, lo que condicionará la colocación de los equipos, y además, las empresa tendrán que tener en cuenta los posibles efectos de interferencias electromagnéticas con otras instalaciones.

Hasta ahora, la única normativa municipal relacionada con las antenas –aprobada por el pleno municipal del pasado mes de mayo– afectaba a su instalación y funcionamiento, pero sólo con carácter urbanístico, es decir, valorando tan solo su impacto visual, la creación de servidumbres a terceros y la seguridad de dichas instalaciones.

Pero según reconocía el propio concejal de Medio Ambiente, esta normativa resulta insuficiente «al no tener en cuenta los aspectos relacionados con la protección de la salud, cuya garantía demandan los albaceteños en unas circunstancias como las que estamos viviendo»

Martínez Valero comentaba que en estos momentos, hay ciudadanos que son partidarios de la colocación de estas antenas por los ingresos que suponen para las comunidades de vecinos su instalación –las operadoras pagan en concepto de alquiler cantidades que pueden llegar a los 2 millones de pesetas al año–, aunque cada vez son más los ciudadanos que rechazan estos aparatos en sus terrazas por los posibles riesgos a los que se ven expuestos.

(La Verdad Albacete. 3 de Diciembre de 2.000)

Según han explicado Juana Campos y Felicidad Cid a este diario, al margen de las antenas de telefonía móvil –se han tramitado cerca de treinta denuncias hasta el momento en el ayuntamiento–, ahora existe «una nueva amenaza».

En este sentido, indicaron que una empresa de telecomunicaciones está colocando otras antenas diferentes a las de telefonía móvil, de inferior tamaño, para ser utilizadas como receptores de telefonía fija.

Receptores

Según Juana Campos, «de momento funcionan sólo como receptores, sólo reciben las ondas, y emiten algunas radiaciones, pero esta misma empresa tiene previsto instalar estaciones base, que serán las que emitan estas señales, con lo que el problema se va a agravar, por un lado, estarán en funcionamiento las antenas de telefonía móvil, y por otro, las de telefonía fija, contaminación electromagnética por partida doble».

Para la presidenta de la plataforma, esta empresa ha preferido no utilizar el sistema de cable subterráneo, como han hecho otras operadoras, «y ha apostado por las antenas en las terrazas, va a haber antenas por doquier».

«Las estaciones base de esta telefonía fija tendrán incluso más potencia que las antenas de telefonía móvil, y estamos realmente preocupados por esta situación, que cada vez se empeora más y más».