Los crímenes de guerra
de Israel
La conspiración
del silencio
Khader Shkirat*
Texto publicado en The Guardian,
15 de marzo de 2002
Traducción: CSCAweb (www.nodo50.org/csca), 20-03-02
"A los palestinos
nos enfurece la aparente ingenuidad, cuando no falta de honestidad,
de los gobiernos europeos, que utilizan el inexistente 'proceso
de paz' como excusa para negarse a actuar contra Israel (...)
Desde el pasado 28 de febrero, cerca de 2.200 personas (niños
incluidos), han sido detenidos arbitrariamente y enviados a campos
de detención situados fuera de sus lugares de residencia.
Durante los arrestos, se han empleado métodos de detención
inhumanos y degradantes, incluyendo el vendaje de los ojos, registros
personales, y la impresión de números en los brazos
de los detenidos"
Como en los tiempos de
las SS. Dos civiles
palestinos de la ciudad cisjordana de Tulkarem muestran las marcas
realizadas en sus brazos por el Ejército israelí.
Se trata de una medida de identificación personal de los
varones palestinos en edad militar practicada durante las detenciones
masivas del 8 de marzo de 2002. Este inhumano recurso no constituye
en si mismo ninguna novedad histórica: su inmediato precedente
lo encontramos en el Holocausto del pueblo judío en Europa
bajo la tiranía nazi. (AP Photo / Pier Paolo Cito). [CSCAweb]
Los palestinos residentes en Gaza y Cisjordania soportamos
en la actualidad una ofensiva militar israelí de enormes
proporciones. Somos una población civil indefensa y en
su mayor parte desarmada, enfrentada a una fuerza militar. Las
violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los
pueblos, ciudades, y campamentos de refugiados de los Territorios
Ocupados palestinos son imponentes, tanto por su alcance como
por su brutalidad. Aún así, esos Estados que se
han dado en llamar a sí mismos "comunidad internacional"
nos dejan a merced del ejército israelí.
El ataque israelí contra el campamento de refugiados
de Balata en Nablus que se inició el pasado 28 de febrero
marcó el principio de una nueva etapa. La escalada militar
que siguió a este ataque se ha extendido a áreas
civiles de todos los Territorios Ocupados, incluyendo las ciudades
de Tulkarem, Nablus, Jenín, Belén, Beit Jala, Ramallah,
Qalqilia, Hebrón, y la Franja de Gaza. Todo ello ocurre
en un momento en el que el Primer Ministro israelí Ariel
Sharon ha adoptado una retórica más agresiva, al
declarar que "hay que golpear a los palestinos, causarles
dolor: tenemos que ocasionarles pérdidas, víctimas,
para que sientan que tienen que pagar un alto precio".
Israel justifica estos ataques contra las áreas civiles
como una necesidad para acabar con los "terroristas"
y destruir las "bases terroristas". Pero las acciones
israelíes van más allá de cualquier posible
argumentación basada en el concepto de autodefensa. Son
acciones aparentemente diseñadas para castigar al conjunto
de la población civil palestina, y constituyen una violación
de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional.
Los ataques incluyen el empleo de armamento pesado en las incursiones
contra áreas civiles densamente pobladas, absolutamente
desproporcionadas teniendo en cuenta las amenazas (reales o no)
existentes. La incapacidad de las fuerzas israelíes a
la hora de distinguir entre objetivos civiles y militares ha
tenido como resultado un elevado número de muertos y heridos
civiles: solamente del 28 de febrero al 10 de marzo, más
de 113 palestinos han sido asesinados y 368 han resultado heridos.
La gran mayoría de los asesinados y heridos eran civiles
que no servían en los cuerpos de seguridad ni de policía
de la Autoridad Palestina. Niños, mujeres y refugiados
han sido objeto de ataques indiscriminados, en contravención
del derecho internacional, que les otorga un régimen de
protección especial. Para los observadores de la situación
de los derechos humanos, son especialmente chocantes las redadas
masivas realizadas contra hombres palestinos de entre 14 y 50
años en el transcurso de la semana pasada. Desde el pasado
28 de febrero, cerca de 2.200 personas (niños incluidos),
han sido detenidos arbitrariamente y enviados a campos de detención
situados fuera de sus lugares de residencia. Durante los arrestos,
se han empleado métodos de detención inhumanos
y degradantes, incluyendo el vendaje de los ojos, registros personales,
y la impresión de números en los brazos de los
detenidos.
Destrucción a gran escala
Hemos sufrido la destrucción a gran escala de propiedad
civil, incluyendo hogares, lugares de culto, hospitales, ambulatorios,
ambulancias, escuelas y universidades, iglesias y mezquitas,
incluso de la red eléctrica y de distribución del
agua, todo ello en una escala igualada en época reciente
tan sólo en el caso de los Balcanes. A pesar del brillo
publicitario, Israel se siente lo suficientemente libre como
para atacar incluso a las agencias humanitarias y negar el acceso
de la población civil a los servicios médicos.
Desde el pasado viernes rige en Cisjordania una prohibición
sobre el movimiento de vehículos palestinos por todo el
territorio, incluyendo las ambulancias, a menos que tengan permiso.
La violación de la orden se castigará con disparos.
Se refuerzan así las restricciones vigentes desde septiembre
del año 2000, que incluyen la presencia de cientos de
puestos de control, barricadas y zanjas que dificultan hasta
extremos inconcebibles, por no decir que imposibilitan del todo,
el acceso a los puestos de trabajo, a la educación, comida,
agua, y servicios médicos. Desde el pasado 28 de febrero
ha aumentado la alarma por el número de ataques perpetrados
contra los servicios médicos, ambulancias y ambulatorios
de campaña: seis empleados médicos han sido asesinados,
12 han resultado heridos, y se han destruido cinco ambulancias.
Todas estas acciones constituyen una clara violación
de la IV Convención de Ginebra de 1949, que Israel está
obligada a cumplir. Varias de las acciones están clasificadas
como "violaciones graves"; en otras palabras, están
consideradas como crímenes de guerra, incluyendo casos
documentados de asesinato y homicidio, o casos en los que se
ha causado intencionadamente "un gran sufrimiento o se han
causado graves heridas corporales o daños contra la salud",
así como la "destrucción a gran escala de
propiedades de manera ilegal y gratuita, sin que exista ninguna
justificación militar para ello".
Los ataques suicidas perpetrados contra civiles dentro de
Israel son una atrocidad. Sin embargo, tales acciones no pueden
servir como justificación para castigar colectivamente
a toda el conjunto de la población civil en los Territorios
Ocupados, y tampoco pueden servir de excusa o justificación
a las violaciones del derecho internacional por parte israelí,
incluyendo su ocupación continua e ilegal de los territorios.
Nos enfrentamos en la actualidad a lo que eufemísticamente
se conoce como política del transfer. Dicho en
otros términos: la expulsión por la fuerza de la
población palestina de los TTOO, cuestión que se
discute abiertamente en los círculos militares y políticos
de Israel. La escalada de violencia actual parece haber sido
diseñada para servir como pretexto a la expulsión
masiva de la población civil. Los actos de limpieza étnica
llevados a cabo por Israel en el pasado están bien documentados.
En 1948, más de 750.000 palestinos fueron expulsados por
la fuerza o huyeron en el transcurso de las masacres. Durante
e inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días
en junio de 1967, 388.000 personas fueron expulsadas.
No cabe duda de que el mundo es plenamente consciente de los
crímenes de guerra israelíes, de que los criminales
de guerra israelíes actúan impunemente y de que
nos enfrentamos a la posibilidad (real) de ser expulsados. Una
cuarta parte de los asesinados por Israel en este Intifada eran
menores de 18 años. ¿Por qué no se adoptan
medidas conducentes a la protección de los civiles palestinos?
Todos los Estados del mundo tienen la obligación expresa
de obligar a Israel a cumplir la Cuarta Convención de
Ginebra. Y de un modo más crucial aún, todos los
Estados tienen la obligación de investigar los crímenes
de guerra y sentar a sus ejecutores ante la justicia.
En teoría, el autoproclamado sentido ético que
rige la política exterior británica debería
bastar para que Gran Bretaña cumpliera con estas obligaciones
legales. Por el contrario, el gobierno británico apoya
la exportación de armamento y diversos componentes a Israel,
incluyendo aquellos que se utilizan para cometer crímenes
de guerra contra los civiles palestinos. De hecho, tanto Gran
Bretaña como sus socios europeos proporcionan fondos y
mantienen la validez de unos acuerdos comerciales de una importancia
crucial que refuerzan al régimen militar israelí.
A los palestinos nos enfurece la aparente ingenuidad, cuando
no falta de honestidad, de los gobiernos europeos, que utilizan
el inexistente "proceso de paz" como excusa para negarse
a actuar contra Israel. Eso es lo que oímos cuando Gran
Bretaña bloquea los esfuerzos comunitarios para adoptar
medidas más firmes que incluyen la imposición de
sanciones (como, por ejemplo, la suspensión del Acuerdo
de Asociación entre la UE e Israel).
Contemplamos con asombro cómo Gran Bretaña se
dispone a sancionar a Zimbabwe al tiempo que bloquea cualquier
acción contra Israel. Somos testigos de una conspiración
de silencio. Al igual que ocurre cuando se violan las obligaciones
legales debidas a la población civil bajo la ocupación,
la negativa a tomar medidas contra Israel ignora el paso hacia
delante que se daría en el camino hacia la paz si se pusiera
fin a las violaciones de los derechos humanos por parte israelí.
La primera y más urgente medida es el despliegue inmediato
de una fuerza internacional e independiente que proteja a los
palestinos y ponga fin a los crímenes de guerra. Deben
imponerse sanciones contra Israel para obligarle a aceptar esta
presencia internacional y sentarse a una mesa de negociaciones
conducentes a una retirada total de los Territorios. En la actualidad,
cualquier acuerdo final ha de incluir el fin de la impunidad;
y eso, por su parte, exige que los criminales de guerra sean
procesados.
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