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Un informe preliminar del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo respalda las posiciones más intervencionistas y agresivas de la nueva Administración Bush contra Iraq El borrador elaborado por Emma Nicholson, vicepresidenta del Comité, -al que ha tenido acceso el CSCA- está plagado de falsedades y tergiversaciones sobre la situación en Iraq Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, 14 de julio de 2001 El pasado 25 de junio de 2001 se ha presentado ante el Comité de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa del Parlamento Europeo (PE) el borrador preliminar (documento 2000/2329, INI) de un Informe encargado a la baronesa británica Emma Nicholson de Winterbourne, vicepresidenta de dicho Comité y miembro del Partido Demócrata Liberal, titulado "La situación en Iraq diez años después de la Guerra del Golfo". El documento (aún no público, pero al que ha tenido acceso el CSCA) ha sido elaborado después de que distintos expertos (entre ellos, el presidente de Cáritas Internacional, el profesor Bossyt, o el ex coordinador del Programa Humanitario de Naciones Unidas para Iraq, von Sponeck, quien dimitiera de su cargo el pasado año) expusieran el 26 de febrero ante el mencionado Comité sus opiniones sobre la situación en el país. La Conferencia de presidentes de los Grupos Parlamentarios del PE había solicitado al Comité la elaboración de un Informe con el que preparar una visita de una futura delegación parlamentaria a Iraq. El borrador del Informe recoge básicamente los argumentos de EEUU y Reino Unido, así como los de la oposición iraquí sobre la cuestión de Iraq. Ya en el párrafo 2 de la presentación del borrador del Informe, Emma Nicholson señala como exclusiva causa de la prolongación del embargo contra Iraq "el rechazo del gobierno iraquí a cumplir con las condiciones [que le fueron impuestas] tras la guerra, en particular la obligación de declarar y destruir sus armas prohibidas de destrucción masiva", mientras que el texto no considera en ningún momento que la grave situación humanitaria en la que vive la población iraquí sea consecuencia directa de las sanciones, ni incluye reflexión alguna sobre la desproporción entre los objetivos con los que se pretende justificar la prolongación de las sanciones contra Iraq (por ejemplo, su desarme estratégico) y el impacto humanitario que están teniendo sobre su población. Igualmente, no hay referencia alguna a la evolución durante estos diez años del contencioso entre Iraq y el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU), ignorando el ampliamente reconocido y prácticamente completo cumplimiento por parte de Iraq de las obligaciones que le fueron impuestas tras la Guerra del Golfo, y la ya abierta ruptura en el seno del CS a cerca de la necesidad de lograr una solución negociada al conflicto con Iraq, derivada de la determinación norteamericana y británica de prolongar indefinidamente las sanciones. Desarme Así, el apartado IV del borrador ("Desarme y política de defensa iraquí") reitera las consideraciones norteamericanas de que desde hace más de dos años no está vigente el sistema de control armamentístico de Iraq y que el gobierno iraquí no ha aceptado la entrada en el país de la nueva comisión de desarme UNMOVIC, cuya creación fue establecida en la resolución 1284 de diciembre de 1999. El texto da cuenta de "indicios" según los cuales Iraq estaría recuperando su programa de armas nucleares, y que podría construir bombas atómicas en cinco años si se levantara el embargo. Nada dice, por el contrario, sobre el hecho de que la interrupción de las inspecciones armamentísticas y la paralización del sistema de verificación del desarme iraquí (operativo desde finales de 1994) se debió a la decisión unilateral de EEUU de lanzar en diciembre de 1998 la Operación Zorro del Desierto fuera del consenso del CS, y que el requerimiento de crear una nueva comisión de desarme -la UNMOVIC- se debió exclusivamente a la necesidad de disolver la anterior comisión de desarme, la UNSCOM, por sus probadas actividades de espionaje a favor de EEUU en Iraq, provocaciones de sus inspectores y tergiversación de la información recogida en el país. Igualmente, el borrador no incluye mención alguna a que en estos años Iraq ha permitido, por el contrario, la entrada en el país de las comisiones de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), organismo que reitera que Iraq no está en condiciones de desarrollar un programa militar nuclear. Programa 'petróleo por alimentos' El texto no presenta en ningún momento una descripción detallada de la grave situación humanitaria en la que vive la población iraquí (pese al testimonio presentado ante el Comité por los especialistas), focalizando por el contrario su atención en la situación interna en Iraq en relación exclusivamente con el respeto a las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno iraquí (apartados II y III). Obviamente no se recoge la consideración -reiterada, por ejemplo, por la Comisión de Derechos Humanos de NNUU, citada a conveniencia por la baronesa- de que el régimen de sanciones impuesto a Iraq desde 1990 atenta contra la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios internacionales de protección de poblaciones civiles y la legislación humanitaria. El borrador recuerda la resolución del PE de 30 de noviembre de 2000 (PE, 298.881) instando al Consejo de Europa y los Estados miembros a que promuevan la creación de un Tribunal Internacional específico para el enjuiciamiento de Sadam Husein (párrafo 29 del borrador). En esta línea, el borrador del Informe sitúa a la Unión Europea en la línea de injerencia y cambio interno de régimen que encabezan EEUU y Gran Bretaña, y que carece de sanción alguna por parte de ninguna resolución del CS relativa a Iraq. Igualmente se reiteran las falsedades norteamericanas y británicas y de la oposición sobre la situación humanitaria en Iraq y la eficacia del programa 'Petróleo por Alimentos' (resolución 986 del CS). El párrafo 34 del apartado V del borrador ha de ser considerado como la más expresa demostración del cinismo y la inmoralidad de quien lo ha redactado, al indicar que el sistema de sanciones está logrando sus objetivos pero ha convertido a la población iraquí en rehén del régimen: "Esta política de sanciones ha evitado probablemente que Iraq se rearme y ataque a sus vecinos. Sin embargo, recurriendo a un mecanismo de sanciones generalizadas, la comunidad internacional ha favorecido que la población civil [iraquí] se convirtiera en rehén del gobierno iraquí, sometida a un sistema político interno basado en la arbitrariedad, el terror y la represión". Las únicas referencias que hace el borrador a la degradación de las condiciones de vida en el país y la grave crisis humanitaria que vive la población (párrafo 35) se achacan así a la exclusiva responsabilidad del gobierno, no al impacto de las sanciones y de la guerra de 1991. Asimismo se hace responsable al gobierno de Iraq del fracaso evidente del programa humanitario "petróleo por alimentos", falseando o mintiendo abiertamente. Por ejemplo, el borrador del Informe señala que el CS ya ha autorizado a Iraq a exportar petróleo sin límite alguno desde diciembre 1999 para adquirir productos humanitarios. Pero el Informe no indica que EEUU y Gran Bretaña bloquean en el Comité de Sanciones del CS la entrada en el país de las piezas y recambios que Iraq precisa para normalizar su producción y exportación. Consecuencia: Iraq no puede bombear más de entre 2,7 y 2,9 millones de barriles al día, y lo hace en tan precarias condiciones que está perjudicando gravemente sus reservas estratégicas (según NNUU, el 20% de sus pozos están irreversiblemente dañados), además de comportar graves daños en salud laboral y medioambientales. Igualmente es falso (como ya indicara el propio Congreso norteamericano, las Agencias especializadas de NNUU y los expertos independientes) que la mejora de las condiciones humanitarias en el Kurdistán iraquí en estos últimos años en comparación con el resto del país se debe a que en esa zona es NNUU y no el gobierno central el que gestiona el programa "petróleo por alimentos". Esto es radicalmente falso y las razones son bien otras: los habitantes del Kurdistán iraquí reciben un 22% más de dinero del programa humanitario de NNUU que los de las áreas gubernamentales; la zona se beneficia de la permeabilidad fronteriza y de los impuestos por contrabando; las Agencias de NNUU pueden disponer de dinero contante -algo que el CS no ha autorizado en el resto de Iraq-, además del que circula a través de otras instituciones internacionales (la propia UE) y ONG que operan en el Kurdistán; y por último, las propias características geográficas y económicas de la zona (históricamente de suministro agrario al resto de Iraq). Asimismo el borrador falsea los datos del reparto del programa humanitario del programa "petróleo por alimentos", ocultando que EEUU bloquea en la actualidad más de 3.000 millones de dólares en contratos que considera de "doble uso" (civil y militar), o que Iraq ha pagado en el año 2000 5.000 millones de dólares en indemnizaciones por la Guerra del Golfo mientras que ha recibido poco más de la mitad de esa cantidad en productos humanitarios (3.2000 millones), según datos del secretario general de NNUU Kofi Annan. Actualmente, el programa humanitario "petróleo por alimentos" establece un aporte de 226 dólares por persona y año, cantidad totalmente insuficiente. La cantidad de productos que han entrado en el país desde que se iniciara el programa en enero de 1997 ha sido de 8,8 mil millones de dólares, es decir, menos de la cuarta parte del dinero que Iraq ha obtenido por las exportaciones de petróleo, dinero que se ingresa en una cuenta en Nueva York bajo control exclusivo de NNUU y a la que no tiene acceso el gobierno iraquí. Cabe recordar que los dos anteriores coordinadores del programa, Dennis Halliday y Hans-C. Graf Sponeck dimitieron de sus cargos respectivamente en 1999 y 2000 por su rechazo a la prolongación de las sanciones, la ineficacia del programa humanitario y la prácticas obstruccionistas y manipuladoras del mismo por parte de EEUU y Gran Bretaña. Apoyo a las "sanciones inteligentes" Por todo ello, no es de extrañar que Emma Nicholson concluya el borrador de su Informe apoyando igualmente la nueva estrategia norteamericana y británica de un nuevo sistema reforzado de sanciones contra Iraq -las denominadas "sanciones inteligentes"- que reemplace al imperante desde agosto de 1990 (apartado VI "Una nueva aproximación al embargo"). Así, reproduciendo prácticamente el contenido de la propuesta de resolución que presentara Gran Bretaña al CS en mayo pasado (véase: Gran Bretaña y EEUU presentan al Consejo de Seguridad el borrador de una nueva resolución sobre el embargo a Iraq), el párrafo 45 del Informe indica que: "Una revisión del embargo debería preverse, de tal manera que permitiera la rehabilitación de la economía civil del país pero manteniendo amplias restricciones de importación de todos los productos militares y un control riguroso de los de "doble uso". El control fronterizo debería ampliarse a todos los productos, a fin de controlar su destino final (bajo el actual sistema, solo los productos importados bajo el programa "petróleo por alimentos" son inspeccionados). El CS de NNUU podría permitir actividades de inversión y desarrollo bajo la supervisión internacional. (...)". Y el ejemplo que pone es el de las sanciones aplicadas contra Yugoslavia hasta la entrega de Milosevic. Presentado a finales de junio, el borrador de Emma Nicholson concluye con la expectativa de que se logre la aprobación de esa nueva resolución del CS antes del 3 de julio. La oposición de Rusia ha imposibilitado que EEUU y Gran Bretaña pudieran forzar la aprobación de una resolución que de hecho iba a suponer el reforzamiento y la prolongación indefinida de las sanciones contra Iraq (véase: Grave revés para la estrategia de EEUU de imponer en el Consejo de Seguridad una nueva resolución de endurecimiento de las sanciones contra Iraq). Finalmente, ante la falta de consenso, el CS aprobaba el 3 de julio la resolución 1360, por la que se prorroga por cinco meses más el programa "petróleo por alimentos" y se pospone la aprobación del sistema de "sanciones inteligentes", un grave revés para la estrategia de la nueva Administración norteamericana en relación a su política de asedio contra Iraq. De ser presentado por el Comité de Exteriores del PE a la Conferencia de presidentes de los Grupos Parlamentarios este Informe sobre Iraq en su actual redacción, supondría un grave y explícito alineamiento de las instituciones europeas con las posiciones más intervensionistas y agresivas de la nueva Administración Bush contra ese país, y sería una nueva demostración de la ausencia de una política exterior autónoma europea respecto a la que marca EEUU y su aliado británico.
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