Europol controlará oficialmente
internet
Represion a la antiglobalización
Endika Zulueta*
CSCAweb (www.nodo50.org/csca),
4 de febrero de 2002
El aumento de
competencias de la Europolicía es una obsesión
del ejecutivo español, y en el presente semestre, y con
la manida excusa de la llamada lucha antiterrorista, se
va a proceder a su lanzamiento definitivo como la principal Unidad
policial en el control de la disidencia. Una de las propuestas
españolas es el establecimiento de un Centro de Alerta
e Investigacion Tecnológica a escala de la UE, que sería
situado en La Haya (Holanda), en la mismísima sede de
Europol, calificada ya como "figura preventiva contra
el cibercrimen".
Así, dentro de las múltiples reuniones,
conferencias, seminarios, redes, jornadas, consejos y cumbres
a celebrar en el semestre de presidencia española de la
Unión Europea, entre los días 21 y 24 de enero
de 2002, y organizadas por el Ministerio del Interior español,
se ha celebrado en Madrid la "Conferencia europea sobre
el uso de nuevas tecnologías asociadas a la actividad
criminal, especialmente al tráfico ilícito de drogas",
que contó con la participación de representantes
de todos los Estados miembros de la U.E., de la Comisión
europea, de países candidatos de la U.E., de EE.UU. de
la propia Europol, así como de "responsables operativos
de agencias policiales que tienen competencia en la administración
y gestión de medios técnicos especiales para la
investigación y labor de inteligencia", siendo
propósito declarado de la presidencia española
profundizar en estos llamados medios técnicos especiales
de control a través de las nuevas tecnologías.
La Conferencia realizó un recorrido por
las diferencias estrategias policiales en el control a través
de las nuevas tecnologías, en las que se incluyeron exposiciones
sobre técnicas de interceptación policial de las
nuevas comunicaciones, a las que buscan dar cierto soporte legal.
En el documento de conclusiones de la conferencia
cabe destacar, por una parte, la subscripción de acuerdos
de colaboración entre las autoridades nacionales y los
operadores y agentes del sector de las comunicaciones, (lo cual
no es novedoso, teniendo en cuenta que las grandes firmas que
controlan el sector siempre han estado a disposición de
las autoridades policiales), y, por otra, una propuesta de control
sobre los usuarios de tarjetas telefónicas de pago anticipado.
Pero la propuesta estrella de la Conferencia fue
de la Delegación española: el establecimiento de
un Centro de Alerta e Investigacion Tecnológica a escala
de la U.E., que sería situado en La Haya (Holanda), en
la mismísima sede de Europol, calificada ya como "figura
preventiva contra el cibercrimen", propuesta que fue
acogida con gran interés por todos los asistentes (de
forma especial, sin duda, por los representantes estadounidenses,
pioneros del control telemático con su protagonismo en
la Red Echelon), que propusieron un desarrollo de la misma con
la idea de elevarlo a las instancias decisorias correspondientes
de la U.E..
El citado Centro de Alerta e Investigación,
controlado por Europol, no sería más que oficializar
el control que la Europa policial hace de los ciudadanos a través
de las nuevas tecnologías, especialmente Internet y la
telefonía móvil, intentando dar una cobertura legal
a lo que todas luces vulnera diferentes derechos fundamentales.
Esta Conferencia policial es la primera de un abundante
calendario en el que el Ministerio del Interior español
ha puesto toda la carne en el asador, si bien, no deja de ser
llamativo que haya aprovechado la dedicada al tráfico
de drogas para lanzar la propuesta de un Centro policial de control
de las comunicaciones que, evidentemente, traspasaría
el ámbito del control de los delitos contra la salud pública.
Si esta propuesta ha salido de una simple conferencia,
que no sucederá en la Reunión de Ministros de Justicia
e Interior, que se celebrará entre los días 13
y 15 de febrero de 2002 en Santiago de Compostela, teniendo en
cuenta que entre los puntos más importantes de su orden
del día se encuentra "Europol. Presente y perspectivas
de futuro"; así como en la Reunión
Ministerial U.E.-EE.UU. que se celebrará en Madrid
el 10 de abril de 2002, o en las Jornadas sobre "La seguridad
europea tras el 11 de septiembre" previstas en Madrid
para los días 29 y 30 de mayo, teniendo en cuenta que
la citada fecha, además de a unos atentados, está
unida a una legislación restrictiva o limitadora de derechos
fundamentales, tanto en EE.UU. como en diferentes países
de la U.E., incluyendo el control policial de las telecomunicaciones.
Represion antiglobalizadora
de la presidencia española de la UE
En el Estado español, anticipándose
incluso a la creación del citado Centro de Alerta e Investigación
Tecnológica, los cuerpos policiales creados al efecto
reconocen estar controlando la disidencia política a través
de la Red. Así al menos se desprende en una nota de la
agencia de noticias Colpisa distribuida el pasado 13 de enero,
y que no ha sido negada por instancia policial alguna. Según
la citada agencia, tanto los servicios de policía como
los de la Guardia Civil se dedican a rastrear las comunicaciones
de ocho Servidores alternativos dentro de la Red, por el simple
hecho de estar canalizando telemáticamente parte del movimiento
antiglobalización, bajo el burdo pretexto de que a través
de esos servidores se difunden "tácticas de guerrilla
urbana y formas de sabotaje".
La excusa para el citado control estaría
basada en "los graves desórdenes públicos
del pasado mes de julio durante la reunión del G-8 en
Génova, y los importantes fallos en el despliegue de los
antidisturbios italianos por la falta, precisamente, de información".
Realmente es preocupante lo que sucedió en Génova
el pasado mes de julio durante la cumbre del G-8: el Gobierno
italiano desplegó más de 20.000 efectivos, entre
carabineros, policías y militares "para controlar
a los radicales", llegando a cerrar su sus fronteras,
e instalando una batería de misiles tierra-aire Spada,
como los empleados en la guerra de Kosovo para proteger el aeropuerto
de la ciudad. Como consecuencia de la actuación policial
posterior, cientos de personas resultaron heridas de diversa
consideración, más de 600 detenidas, denunciando
una buena parte de ellas malos tratos y torturas a su paso por
diversas dependencias policiales; un joven de 20 años,
Carlo Juliani, resultó muerto a manos de la policía.
Las organizaciones de Derechos Humanos más importantes
de Europa denunciaron los hechos protagonizados por las Fuerzas
del Orden, existen muchas denuncias con investigaciones abiertas,
y el Gobierno italiano se vio obligado a destituir a algunos
de sus máximos responsables.
Teniendo como referencia lo sucedido en Génova,
los responsables del Ministerio del Interior han diseñado
la llamada "operación añil", previendo
la participación de 10.000 efectivos policiales en las
grandes cumbres señaladas para este semestre (especialmente
en Barcelona, 15 y 16 de marzo, Sevilla, 21 y 22 de junio, más
las múltiples reuniones en Madrid). Los cerca de 2.500
agentes de las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios)
que llevarán el peso directo de la represión llevan
seis meses entrándose en Linares (Jaén); los máximos
responsables policiales participan en un largo curso (enero y
febrero) en El Escorial (Madrid) denominado "gestión
no militar de crisis"; e inmediatamente antes de la
Cumbre de Barcelona, concretamente entre los días 11 y
13 de marzo, el Ministerio del Interior organiza en la Isla de
La Toja un Seminario denominado "el papel de la policía
europea en la gestión civil de crisis (Las fuerzas robustas
de policía multinacional)"
Mucho nos tememos que, todas estas iniciativas,
no indican que al Gobierno español esté preocupado
por las múltiples detenciones arbitrarias, ni las torturas
denunciadas, ni la muerte de un joven a manos de las fuerzas
policiales en Génova, sin embargo, esta sería una
buena ocasión para aprender de aquella experiencia e intentar
solucionar pacíficamente los conflictos sociales, teniendo
en cuenta que, la situación es tan preocupante que por
primera vez en la historia de la Unión Europea, el 15
de enero de 2002 Amnistía Internacional presentó
una campaña bajo el lema "Más Europa.,
¡Más justa!", solicitando al Gobierno español
que incluya los Derechos Humanos en su agenda de trabajo, considerando
que "el incremento de seguridad en la U,E, está
recortando los Derechos Humanos", apuntando como algunas
de las cuestiones más preocupantes las denuncias por malos
tratos y torturas que se producen en el ámbito de la U.E.
Que tomen nota, que estamos a tiempo.
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