Alan Graf *
Presentación, CSCA

Independent Media Center, 11 de noviembre de 2001
Traducción: CSCAweb (www.nodo50.org/csca)

En su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas, George Bush ha exigido a la comunidad internacional que se una a EEUU en su guerra contra el 'terrorismo', una ofensiva planetaria que ha comenzado en Afganistán pero que previsiblemente se ha de extender contra otros países y escenarios geográficos. Asimismo, en el frente interno, EEUU y los Estados miembros de la Unión Europea endurecen sus legislaciones restringiendo derechos ciudadanos básicos bajo el mismo pretexto de luchar contra el 'terrorismo'. El Consejo de Seguridad ya aprobó hace un mes una resolución igualmente para combatir el 'terrorismo', la 1373, que prefiguraba este ataque frontal contra las libertades interiores y contra el Derecho Internacional por medio de la legtimación de la represión y la guerra.
Así, el pasado 26 de octubre de 2001, el presidente de EEUU firmó una ley denominada 'USA-Patriot Act' [subtitulada "Uniting and Strengthening by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" -"Uniendo y fortaleciendo por medio de proveer las apropiadas herramientas para interceptar y obstruir el terrorismo"] que recorta considerablemente las libertades públicas y civiles dentro del territorio norteamericano. La ley, diseñada como elemento legal sustentador de la denominada "guerra contra el terrorismo", contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes y disposiciones vigentes que según expertos en derecho y representantes de organizaciones de derechos civiles norteamericanas son anticonstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades asociativas y un ataque contra las libertades civiles dentro y fuera de EEUU, bajo el pretexto de garantizar la "seguridad nacional".
El siguiente informe, elaborado por el abogado norteamericano Alan Graf, repasa los aspectos fundamentales de esta nueva ley y examina las consecuencias de su aplicación. Tal y como se desprende de este informe, la nueva ley USA-Patriot Act, similar en sus disposiciones y espíritu a la Ley McCarthy-Walter vigente en EEUU durante los años cincuenta en tiempos de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, amplia la definición de "actividad terrorista" hasta el punto de incluir en la misma actividades no violentas opuestas a la política exterior norteamericana.
La ley es un ataque directo contra derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Junto a la pérdida de protagonismo del estamento judicial, es notable el significativo protagonismo concedido a los cuerpos de seguridad (el FBI) y los servicios de inteligencia (la CIA) norteamericanos, que han visto ampliados sus poderes y márgenes de actuación de un modo que afecta especialmente a los extranjeros residentes en EEUU. Se legaliza pues la práctica de la detención administrativa y la puesta en práctica de criterios racistas y xenófobos en la detención de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas". Fuera de EEUU, la nueva ley tendrá sin duda graves repercusiones en el desarrollo de las actividades de organizaciones progresistas destacadas en la lucha contra la globalización, el imperialismo, y la expansión del Nuevo Orden Mundial liderado por EEUU, un proceso que afecta de manera especialmente significativa al mundo árabe y de un modo paradigmático a los pueblos iraquí y palestino. [CSCAweb]

El nuevo decreto-ley contempla la posibilidad de detener y deportar a ciudadanos extranjeros que "ayuden" de manera legal a cualquier grupo u organización que el gobierno clasifique como "organización terrorista", incluso cuando dicha organización nunca haya sido clasificada como tal con anterioridad.

Según las modificaciones introducidas en la sección 212 (a) (3) (B) de la Ley de Inmigración y Naturalización contenidas en la sección 411 del nuevo decreto ley USA-Patriot Act, la Secretaría de Estado puede señalar a cualquier grupo que se haya visto involucrado en alguna ocasión en actividades de carácter violento como organización terrorista. Esto posibilitaría negar la entrada a EEUU a los miembros de dicha organización que no sean ciudadanos estadounidenses, y permite deportar a cualquier individuo que aloje a un miembro de dicha organización.

Los contenidos de la ley pueden ser aplicados retroactivamente. En consecuencia, podría ocurrir que una persona que apoyase a Greenpeace en 1980, por ejemplo, fuese deportada porque Greenpeace ha utilizado la "violencia" como parte de sus tácticas. Igualmente, la ley exige que sea el acusado quien pruebe que no sabía que la organización a la que ha prestado ayuda era una organización terrorista. La obligación de probar los hechos, tarea que siempre ha correspondido a la parte acusadora, se traslada pues al propio acusado.

La ley no incluye ningún artículo relativo a que el gobierno deba incluir una lista de grupos considerados terroristas con anterioridad a que un inmigrante sea acusado de haber prestado apoyo ilegal a una organización terrorista. Según los contenidos de la ley, el gobierno puede detener a una persona por una violación menor de la ley de inmigración, investigar qué grupos han recibido ayuda de esa persona, y posteriormente designar a los grupos en cuestión como "organizaciones terroristas"; en consecuencia, sería posible determinar a posteriori que el acusado ha violado la ley antiterrorista.

La ley corrige la definición de actividad terrorista en la sección dedicada a la inmigración. La definición incluye ahora una provisión relativa al "empleo de armas o cualquier utensilio peligroso con el objetivo de causar daños sustanciales a la propiedad". Según esta definición, cualquier grupo que recurra a prácticas violentas de carácter menor, o que por ejemplo corte el tráfico en una manifestación, puede ser clasificado como "organización terrorista". La Secretaría de Estado goza de un amplio margen de maniobra a la hora de clasificar a un grupo determinado como "organización terrorista".

Durante la era McCarthy, el Congreso aprobó la Ley McCarthy-Walter, que prohibía la entrada en el país a personas relacionadas con el comunismo o próximas a esta ideología. La ley USA-Patriot ha recuperado esta prohibición, ampliándola. La ley otorga poderes a la Secretaría de Estado para evitar que un inmigrante con presencia legal en EEUU vuelva a territorio estadounidense si se estima que las actividades del individuo en cuestión socavan los esfuerzos del gobierno en la lucha antiterrorista. En otras palabras: un extranjero que salga de EEUU y defienda los derechos de los palestinos o se muestre favorable al fin de los bombardeos sobre Afganistán podría ver cómo le es negada a su vuelta la entrada en territorio estadounidense.

Detención indefinida de inmigrantes

La sección 412 de la ley exige que los inmigrantes que hayan sido detenidos por orden del fiscal general sean acusados formalmente en un plazo no superior a siete días. Aquellos inmigrantes sobre los que no pese ninguna acusación formal por actos de terrorismo pero que hayan violado alguna de las leyes de inmigración, como por ejemplo tener un visado caducado, pueden ser detenidos con carácter indefinido si su país de origen no los acepta. La fiscalía general tiene la potestad de mantener a un individuo en prisión si se considera que sus actividades son peligrosas para la seguridad nacional. La detención puede prolongarse indefinidamente, y sería revisada cada seis meses por la propia fiscalía.

No existe ninguna provisión legal según la cual deba celebrarse un juicio o una audiencia pública en la que el gobierno presente pruebas que permitan clasificar al detenido como "terrorista". Ninguna otra protección de tipo procesal se aplica en estos casos, tal como la necesidad de probar un hecho más allá de cualquier duda razonable, o mediante la presentación de pruebas convincentes (como por ejemplo ocurre en los juicios por deportación). En su lugar, se aplicaría la detención con carácter indefinido sobre la base de las alegaciones (vagas y poco específicas) de que el detenido constituye una amenaza para la seguridad nacional. En resumen, la ley permite al gobierno detener indefinidamente a cualquier persona que nunca haya cometido un crimen.

La ley anti-terrorista limita igualmente la acción judicial sobre las escuchas telefónicas y la vigilancia en Internet. La nueva ley "obliga" a los jueces a autorizar al FBI obtener información sobre las comunicaciones y mensajes de un usuario "sospechoso". Supuestamente, el FBI únicamente puede examinar la "dirección" de los mensajes, no los contenidos. Es decir, se supone que debemos "fiarnos" de que el FBI va a ignorar la información que tiene delante. La orden judicial permitiría al FBI investigar, por ejemplo, qué sitios de internet ha visitado un usuario.

Todas las órdenes judiciales serán válidas en todo el territorio de EEUU y podrán ser dictadas por cualquier juez en cualquier tribunal del país. En la práctica, esto significa que el FBI puede obtener una orden judicial en Alabama que sea aplicable en el Estado de Oregón, con lo cual los afectados se verían prácticamente imposibilitados para solicitar la revisión de la orden en el juzgado en el que fue emitida.

La ley permite proporcionar a la CIA toda una serie de datos pertenecientes a los ciudadanos estadounidenses que puedan ser recogidos de archivos escolares, transacciones financieras, actividad en la red, conversaciones de teléfono, o informaciones derivadas de procedimiento judiciales que no estén directamente relacionados con casos de "terrorismo".

Según las modificaciones introducidas por la ley USA-Patriot Act a la Ley de Vigilancia e Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act, conocida como FISA), el FBI tiene autorización para realizar un registro físico o realizar escuchas con el supuesto fin de obtener evidencias sin tener que probar que existe una causa probable contra la persona acusada. Mientras el FBI mantenga ante un tribunal FISA que el motivo de la petición de una orden de registro es la "seguridad", el juez tiene la obligación de proporcionar de dictar una orden, incluso si se trata de un ciudadano norteamericano, salvo para investigaciones que afecten a actividades protegidas por la Primera Enmienda. El juez, sin embargo, dictará la orden si el FBI especifica que la investigación en cuestión es una investigación relativa a asuntos de seguridad o inteligencia extranjeros. Debe tenerse en cuenta que el término "seguridad exterior" ("foreign intelligence") tal y como se define en el texto de la ley incluye cualquier tipo de comunicación que critique la política exterior norteamericana. En otras palabras: el FBI no tiene la obligación de presentar ninguna prueba de que se ha cometido un crimen para obtener una orden judicial. Simplemente le basta con argumentar que la investigación en curso está conectada con temas de seguridad exterior. La sección 215 de la ley permite a los agentes del FBI obtener un orden judicial que exija a la persona investigada la presentación de cualquier tipo de documentos, artículos, o libros requeridos por los investigadores. El juez no tiene libertad de elección: basta con que el FBI explicite en su solicitud que precisa de ciertos documentos para llevar adelante una investigación de seguridad exterior. Los documentos pueden ser de cualquier tipo: archivos médicos, psiquiátricos, informes financieros, informes sobre consumo de drogas realizados por empresas durante el proceso de contratación, o informes de inmigración de organizaciones no gubernamentales.

Si bien la sección 215 prohíbe que un ciudadano norteamericano sea investigado a causa de la Primera Enmienda, sí se permite la investigación de ciudadanos que lleven a cabo acciones protegidas por la Primera Enmienda vinculadas a una actuación relacionada con actividades de terrorismo internacional o de seguridad / inteligencia.

Las instituciones financieras vigilarán a diario, según lo dispuesto en la ley, las transacciones y actividades financieras y tendrán que informar sobre cualquier "actividad sospechosa" sin obligación de informar a la persona afectada ni compensación alguna por los daños que puedan derivarse de ello.

Conclusión

La USA-Patriot Act contiene numerosos artículos que dinamitan una serie de libertades y derechos civiles ya establecidos. Muchas de las provisiones de la ley son anticonstitucionales, reducen el equilibrio de poder entre las diferentes instituciones de gobierno, y trasladan ese poder desde los tribunales de justicias hacia los cuerpos de seguridad. Los tribunales de justicia ya han demostrado en otras ocasiones se escasa disposición para proteger los derechos civiles cuando se trataba de temas relacionados con la "seguridad nacional". Tras los atentados del 11 de septiembre, Sandra Day O'Connor, juez del Tribunal Supremo, afirmó que "nuestros derechos civiles tendrían que verse reducidos con el fin de reforzar la seguridad nacional".

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