Guerra y represión:
la 'USA-Patriot Act' recorta los derechos civiles y ataca las
libertades fundamentales en EEUU so pretexto de garantizar la
"seguridad nacional"
Alan Graf *
Presentación, CSCA
Independent Media Center, 11 de noviembre
de 2001
Traducción: CSCAweb (www.nodo50.org/csca)
En su intervención
ante la Asamblea de Naciones Unidas, George Bush ha exigido a
la comunidad internacional que se una a EEUU en su guerra contra
el 'terrorismo', una ofensiva planetaria que ha comenzado en
Afganistán pero que previsiblemente se ha de extender
contra otros países y escenarios geográficos. Asimismo,
en el frente interno, EEUU y los Estados miembros de la Unión
Europea endurecen sus legislaciones restringiendo derechos ciudadanos
básicos bajo el mismo pretexto de luchar contra el 'terrorismo'.
El Consejo de Seguridad ya aprobó hace un mes una resolución
igualmente para combatir el 'terrorismo', la 1373, que prefiguraba
este ataque frontal contra las libertades interiores y contra
el Derecho Internacional por medio de la legtimación de
la represión y la guerra.
Así, el pasado 26 de octubre de 2001, el presidente de
EEUU firmó una ley denominada 'USA-Patriot Act' [subtitulada
"Uniting and Strengthening by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism" -"Uniendo
y fortaleciendo por medio de proveer las apropiadas herramientas
para interceptar y obstruir el terrorismo"] que recorta
considerablemente las libertades públicas y civiles dentro
del territorio norteamericano. La ley, diseñada como elemento
legal sustentador de la denominada "guerra contra el terrorismo",
contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes y disposiciones
vigentes que según expertos en derecho y representantes
de organizaciones de derechos civiles norteamericanas son anticonstitucionales
y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de
las actividades asociativas y un ataque contra las libertades
civiles dentro y fuera de EEUU, bajo el pretexto de garantizar
la "seguridad nacional".
El siguiente informe, elaborado por el abogado norteamericano
Alan Graf, repasa los aspectos fundamentales de esta nueva ley
y examina las consecuencias de su aplicación. Tal y como
se desprende de este informe, la nueva ley USA-Patriot Act, similar
en sus disposiciones y espíritu a la Ley McCarthy-Walter
vigente en EEUU durante los años cincuenta en tiempos
de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, amplia
la definición de "actividad terrorista" hasta
el punto de incluir en la misma actividades no violentas opuestas
a la política exterior norteamericana.
La ley es un ataque directo contra derechos fundamentales como
el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
Junto a la pérdida de protagonismo del estamento judicial,
es notable el significativo protagonismo concedido a los cuerpos
de seguridad (el FBI) y los servicios de inteligencia (la CIA)
norteamericanos, que han visto ampliados sus poderes y márgenes
de actuación de un modo que afecta especialmente a los
extranjeros residentes en EEUU. Se legaliza pues la práctica
de la detención administrativa y la puesta en práctica
de criterios racistas y xenófobos en la detención
de personas supuestamente vinculadas a organizaciones "terroristas".
Fuera de EEUU, la nueva ley tendrá sin duda graves repercusiones
en el desarrollo de las actividades de organizaciones progresistas
destacadas en la lucha contra la globalización, el imperialismo,
y la expansión del Nuevo Orden Mundial liderado por EEUU,
un proceso que afecta de manera especialmente significativa al
mundo árabe y de un modo paradigmático a los pueblos
iraquí y palestino. [CSCAweb]
El nuevo decreto-ley contempla la posibilidad de detener y
deportar a ciudadanos extranjeros que "ayuden" de manera
legal a cualquier grupo u organización que el gobierno
clasifique como "organización terrorista", incluso
cuando dicha organización nunca haya sido clasificada
como tal con anterioridad.
Según las modificaciones introducidas en la sección
212 (a) (3) (B) de la Ley de Inmigración y Naturalización
contenidas en la sección 411 del nuevo decreto ley USA-Patriot
Act, la Secretaría de Estado puede señalar
a cualquier grupo que se haya visto involucrado en alguna ocasión
en actividades de carácter violento como organización
terrorista. Esto posibilitaría negar la entrada a EEUU
a los miembros de dicha organización que no sean ciudadanos
estadounidenses, y permite deportar a cualquier individuo que
aloje a un miembro de dicha organización.
Los contenidos de la ley pueden ser aplicados retroactivamente.
En consecuencia, podría ocurrir que una persona que apoyase
a Greenpeace en 1980, por ejemplo, fuese deportada porque Greenpeace
ha utilizado la "violencia" como parte de sus tácticas.
Igualmente, la ley exige que sea el acusado quien pruebe que
no sabía que la organización a la que ha prestado
ayuda era una organización terrorista. La obligación
de probar los hechos, tarea que siempre ha correspondido a la
parte acusadora, se traslada pues al propio acusado.
La ley no incluye ningún artículo relativo a
que el gobierno deba incluir una lista de grupos considerados
terroristas con anterioridad a que un inmigrante sea acusado
de haber prestado apoyo ilegal a una organización terrorista.
Según los contenidos de la ley, el gobierno puede detener
a una persona por una violación menor de la ley de inmigración,
investigar qué grupos han recibido ayuda de esa persona,
y posteriormente designar a los grupos en cuestión como
"organizaciones terroristas"; en consecuencia, sería
posible determinar a posteriori que el acusado ha violado la
ley antiterrorista.
La ley corrige la definición de actividad terrorista
en la sección dedicada a la inmigración. La definición
incluye ahora una provisión relativa al "empleo de
armas o cualquier utensilio peligroso con el objetivo de causar
daños sustanciales a la propiedad". Según
esta definición, cualquier grupo que recurra a prácticas
violentas de carácter menor, o que por ejemplo corte el
tráfico en una manifestación, puede ser clasificado
como "organización terrorista". La Secretaría
de Estado goza de un amplio margen de maniobra a la hora de clasificar
a un grupo determinado como "organización terrorista".
Durante la era McCarthy, el Congreso aprobó
la Ley McCarthy-Walter, que prohibía la entrada en el
país a personas relacionadas con el comunismo o próximas
a esta ideología. La ley USA-Patriot ha recuperado
esta prohibición, ampliándola. La ley otorga poderes
a la Secretaría de Estado para evitar que un inmigrante
con presencia legal en EEUU vuelva a territorio estadounidense
si se estima que las actividades del individuo en cuestión
socavan los esfuerzos del gobierno en la lucha antiterrorista.
En otras palabras: un extranjero que salga de EEUU y defienda
los derechos de los palestinos o se muestre favorable al fin
de los bombardeos sobre Afganistán podría ver cómo
le es negada a su vuelta la entrada en territorio estadounidense.
Detención indefinida de inmigrantes
La sección 412 de la ley exige que los inmigrantes
que hayan sido detenidos por orden del fiscal general sean acusados
formalmente en un plazo no superior a siete días. Aquellos
inmigrantes sobre los que no pese ninguna acusación formal
por actos de terrorismo pero que hayan violado alguna de las
leyes de inmigración, como por ejemplo tener un visado
caducado, pueden ser detenidos con carácter indefinido
si su país de origen no los acepta. La fiscalía
general tiene la potestad de mantener a un individuo en prisión
si se considera que sus actividades son peligrosas para la seguridad
nacional. La detención puede prolongarse indefinidamente,
y sería revisada cada seis meses por la propia fiscalía.
No existe ninguna provisión legal según la cual
deba celebrarse un juicio o una audiencia pública en la
que el gobierno presente pruebas que permitan clasificar al detenido
como "terrorista". Ninguna otra protección de
tipo procesal se aplica en estos casos, tal como la necesidad
de probar un hecho más allá de cualquier duda razonable,
o mediante la presentación de pruebas convincentes (como
por ejemplo ocurre en los juicios por deportación). En
su lugar, se aplicaría la detención con carácter
indefinido sobre la base de las alegaciones (vagas y poco específicas)
de que el detenido constituye una amenaza para la seguridad nacional.
En resumen, la ley permite al gobierno detener indefinidamente
a cualquier persona que nunca haya cometido un crimen.
La ley anti-terrorista limita igualmente la acción
judicial sobre las escuchas telefónicas y la vigilancia
en Internet. La nueva ley "obliga" a los jueces a autorizar
al FBI obtener información sobre las comunicaciones y
mensajes de un usuario "sospechoso". Supuestamente,
el FBI únicamente puede examinar la "dirección"
de los mensajes, no los contenidos. Es decir, se supone que debemos
"fiarnos" de que el FBI va a ignorar la información
que tiene delante. La orden judicial permitiría al FBI
investigar, por ejemplo, qué sitios de internet ha visitado
un usuario.
Todas las órdenes judiciales serán válidas
en todo el territorio de EEUU y podrán ser dictadas por
cualquier juez en cualquier tribunal del país. En la práctica,
esto significa que el FBI puede obtener una orden judicial en
Alabama que sea aplicable en el Estado de Oregón, con
lo cual los afectados se verían prácticamente imposibilitados
para solicitar la revisión de la orden en el juzgado en
el que fue emitida.
La ley permite proporcionar a la CIA toda una serie de datos
pertenecientes a los ciudadanos estadounidenses que puedan ser
recogidos de archivos escolares, transacciones financieras, actividad
en la red, conversaciones de teléfono, o informaciones
derivadas de procedimiento judiciales que no estén directamente
relacionados con casos de "terrorismo".
Según las modificaciones introducidas por la ley USA-Patriot
Act a la Ley de Vigilancia e Inteligencia Exterior (Foreign
Intelligence Surveillance Act, conocida como FISA), el FBI
tiene autorización para realizar un registro físico
o realizar escuchas con el supuesto fin de obtener evidencias
sin tener que probar que existe una causa probable contra la
persona acusada. Mientras el FBI mantenga ante un tribunal FISA
que el motivo de la petición de una orden de registro
es la "seguridad", el juez tiene la obligación
de proporcionar de dictar una orden, incluso si se trata de un
ciudadano norteamericano, salvo para investigaciones que afecten
a actividades protegidas por la Primera Enmienda. El juez, sin
embargo, dictará la orden si el FBI especifica que la
investigación en cuestión es una investigación
relativa a asuntos de seguridad o inteligencia extranjeros. Debe
tenerse en cuenta que el término "seguridad exterior"
("foreign intelligence") tal y como se define
en el texto de la ley incluye cualquier tipo de comunicación
que critique la política exterior norteamericana. En otras
palabras: el FBI no tiene la obligación de presentar ninguna
prueba de que se ha cometido un crimen para obtener una orden
judicial. Simplemente le basta con argumentar que la investigación
en curso está conectada con temas de seguridad exterior.
La sección 215 de la ley permite a los agentes del FBI
obtener un orden judicial que exija a la persona investigada
la presentación de cualquier tipo de documentos, artículos,
o libros requeridos por los investigadores. El juez no tiene
libertad de elección: basta con que el FBI explicite en
su solicitud que precisa de ciertos documentos para llevar adelante
una investigación de seguridad exterior. Los documentos
pueden ser de cualquier tipo: archivos médicos, psiquiátricos,
informes financieros, informes sobre consumo de drogas realizados
por empresas durante el proceso de contratación, o informes
de inmigración de organizaciones no gubernamentales.
Si bien la sección 215 prohíbe que un ciudadano
norteamericano sea investigado a causa de la Primera Enmienda,
sí se permite la investigación de ciudadanos que
lleven a cabo acciones protegidas por la Primera Enmienda vinculadas
a una actuación relacionada con actividades de terrorismo
internacional o de seguridad / inteligencia.
Las instituciones financieras vigilarán a diario, según
lo dispuesto en la ley, las transacciones y actividades financieras
y tendrán que informar sobre cualquier "actividad
sospechosa" sin obligación de informar a la persona
afectada ni compensación alguna por los daños que
puedan derivarse de ello.
Conclusión
La USA-Patriot Act contiene numerosos artículos que
dinamitan una serie de libertades y derechos civiles ya establecidos.
Muchas de las provisiones de la ley son anticonstitucionales,
reducen el equilibrio de poder entre las diferentes instituciones
de gobierno, y trasladan ese poder desde los tribunales de justicias
hacia los cuerpos de seguridad. Los tribunales de justicia ya
han demostrado en otras ocasiones se escasa disposición
para proteger los derechos civiles cuando se trataba de temas
relacionados con la "seguridad nacional". Tras los
atentados del 11 de septiembre, Sandra Day O'Connor, juez del
Tribunal Supremo, afirmó que "nuestros derechos civiles
tendrían que verse reducidos con el fin de reforzar la
seguridad nacional".
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