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En realidad no están dispuestos

Las investigaciones israelís sobre las violaciones del derecho internacional, incluyendo los delitos cometidos durante la ofensiva en la Franja de Gaza desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009

Sin la aplicación de la ley, Israel es libre de violar el derecho internacional con total impunidad y sigue siendo una amenaza para la paz mundial; son los civiles palestinos los que continúan sufriendo las terribles consecuencias.

Centro Palestino de Derechos Humanos
Traducción: Daniel F. Rivera. Arabista, investigador, traductor y gerente de proyectos

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Ferreres. diario Publico

La ofensiva israelí en la franja de Gaza, desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009, resultó en la muerte de más de 1.400 palestinos, de los cuales la inmensa mayoría eran civiles (82%). Al menos 5.300 palestinos resultaron heridos, y tanto la propiedad pública como la privada fue ampliamente atacada y destruida en toda la franja de Gaza. Según las investigaciones realizadas por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), y muchas otras organizaciones, como la Junta de Investigación de las Naciones Unidas, la Comisión Independiente para buscar evidencias organizada por la Liga de Estados Árabes, y la Misión de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza (Informe Goldstone), han llegado a la conclusión de que Israel cometió numerosas violaciones del derecho internacional, muchas de las cuales podrían dar lugar a la exigencia de responsabilidades criminales a  individuos.
 
Israel está obligado, en virtud de ambos tratados basados en el derecho internacional consuetudinario, a llevar a cabo investigaciones eficaces sobre estos alegatos, y perseguir a sus responsables. Hasta la fecha, Israel ha demostrado no tener la voluntad de hacerlo. CPDH quiere hacer hincapié en que Israel tiene la obligación legal de investigar todos las presuntas violaciones de la ley internacional, incluyendo –pero no exclusivamente– las violaciones que figuran en el informe Goldstone.
 
El 5 de noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) votó a favor de la aprobación del Informe Goldstone. La resolución exhorta al Gobierno de Israel y a los palestinos a:
 
"... tomar todas las medidas adecuadas, dentro de un período de tres meses, para llevar a cabo investigaciones independientes, creíbles y de conformidad con las normas internacionales sobre las graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos según el informe de la Misión de Investigación, para garantizar la rendición de cuentas y la justicia.".
 
Como antelación a la celebración del próximo debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la presente resolución, "En realidad no están dispuestos" analiza el sistema jurídico y judicial de Israel a la luz de la obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Pese a las afirmaciones de Israel de lo contrario, En realidad no están dispuestos ha llegado a la conclusión de que Israel no está dispuesto a realizar ninguna acción, y el sistema israelí es incapaz de llevar a cabo investigaciones independientes creíbles, y en conformidad con las normas internacionales. El fracaso de Israel de llevar a cabo estas investigaciones es una violación de sus obligaciones jurídicas internacionales, y la Resolución de la Asamblea General de la ONU A/Res/64/10.
 
Mientras que En realidad no están dispuestos analiza necesariamente las obligaciones internacionales con respecto a la administración de justicia, y el cumplimiento por parte de Israel de estas obligaciones, el CPDH señala que a lo largo de la historia de la ocupación, Israel ha demostrado su incapacidad de llevar a cabo investigaciones y actuaciones judiciales verídicas en casos de denuncias de las violaciones el derecho internacional. Este patrón se ha repetido con respecto a las denuncias derivadas de la conducta israelí durante la ofensiva en la franja de Gaza. Prácticamente todos los aspectos de la ofensiva israelí fueron sancionados, aprobados y decididos por los más altos cargos del liderazgo civil y militar israelí. Cualquier investigación debe evaluar necesariamente esta política, así como a los responsables de su formulación y ejecución. En este caso, las personas responsables –con independencia de su rango o posición política– deben afrontar las acusaciones que se presenten ante ellos. Como se demuestra en este informe, el sistema jurídico israelí impide que tales investigaciones se realicen genuinamente.
 
El Director de CPDH Raji Sourani declaró: "El informe Goldstone representa un hito importante para el imperio de la ley. Formuló la responsabilidad de la comunidad internacional de un modo claro y especifica los plazos y mecanismos para la aplicación necesaria de la justicia y la rendición de cuentas con respecto a la guerra en la franja de Gaza. Esto da a la comunidad internacional la posibilidad de elegir entre el estado de derecho y el imperio de la selva. Como ciudadanos del mundo, tenemos muchas esperanzas de que los órganos pertinentes seguirán el camino trazado por el Juez Goldstone y la aplicación efectiva del estado de derecho. La paz no puede ir en detrimento de la justicia. De hecho, la experiencia ha demostrado que la paz duradera sólo puede lograrse mediante el respeto total del estado de derecho".
 
Si los derechos de las víctimas tuviesen que ser garantizados, y el imperio de la ley impuesto, el recurso a los mecanismos de la justicia internacional –incluyendo la remisión por parte del Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional en conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, o el ejercicio de la jurisdicción universal -- es, pues, el siguiente paso esencial.
 
Sin la aplicación de la ley, Israel es libre de violar el derecho internacional con total impunidad y sigue siendo una amenaza para la paz mundial; son los civiles palestinos los que continúan sufriendo las terribles consecuencias.