*Campaña 28 de setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe*
*Luces y sombras 2008 - 2009*
Millones de mujeres en el mundo continúen sufriendo lesiones severas y traumas y más de 66,000 mueren cada año a causa de abortos inseguros; otras son criminalizadas o encarceladas
La región de América Latina y el Caribe es escenario de importantes cambios en la esfera de los derechos humanos, con especial atención a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que están siendo promovidos por las mujeres feministas organizadas de la región.
Compartimos los esfuerzos que en cada país las mujeres y asociaciones de la sociedad civil realizan procurando sostener AVANCES en los derechos ya reconocidos. A la vez, denunciamos RETROCESOS que vive la región, producto de las presiones de grupos fundamentalistas religiosos y de la complacencia de la mayoría de gobiernos que se inclinan ante el liderazgo católico y evangélico, ignorando los mandatos constitucionales y los de su propia ciudadanía.
Tomando en cuenta el último Llamado a la Acción de la Campaña 28 de Setiembre, hemos podido observar que en el último año:
Se han producido iniciativas de reformas legales para cambiar
las legislaciones nacionales incorporando nuevas causales o plazos para
permitir abortos no punibles: Argentina. A la vez, se ha bloqueado,
paralizado o desestimado esas u otras iniciativas, argumentado la defensa de
la vida del no nacido, al que se le otorga supremacía de derechos con
relación a las mujeres.
El cambio de los Códigos Penales y de las Constituciones
nacionales ha sido aprovechado por los sectores más reaccionarios para
eliminar el aborto no punible, o para amenazar con cambiar la legislación
por otra más restrictiva: Nicaragua. O se pretende extender prohibiciones
hacia la fertilización in vitro, la píldora anticonceptiva de emergencia o
se quiere “consagrar” la protección del derecho a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural: República Dominicana
A algunas adolescentes con discapacidades que fueron violadas
y embarazadas les ha sido permitida la interrupción del embarazo. Mientras
tanto, en la mayoría de los casos la autorización ha sido denegada o
demorada, de modo tal que al final resulta impracticable.
Jueces y juezas han aprobado la interrupción del embarazo en
casos de extrema necesidad, argumentando sobre los derechos adquiridos de
las mujeres. En tanto, otras y otros han denegado las solicitudes, aunque
han enfrentado juicios políticos por mal desempeño de funciones y
desconocimiento del derecho vigente: Argentina
Médicas y médicos han demandado a los congresos que legislen
favorablemente para no sentirse desamparados o amenazados a la hora de
realizar un aborto no punible. Otros han sido procesados por haberse negado
a realizar un aborto terapéutico en caso extrema necesidad.
En ámbitos judiciales se ha ratificado que profesionales de
salud que atienden a mujeres por complicaciones derivadas de abortos
inseguros no están obligados a notificarlo a las autoridades, amparados en
el secreto profesional. Otras y otros violaron los derechos de quienes
acudieron a su consulta, interrogando y acusando a las mujeres como si
fuesen criminales: Nicaragua
Se ha aprobado Protocolos de atención del aborto no punible y
Normas de atención de emergencia para reducir las complicaciones de los
abortos inseguros. A la vez, la reducción de los presupuestos de salud y las
múltiples carencias de los sistemas públicos, permite que se prolongue el
maltrato y la discriminación de las mujeres que acuden por aborto.
Miles de mujeres de la región han apoyado las Campañas
nacionales que continuaron exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y
gratuito, la ampliación de plazos o de causales para la interrupción del
embarazo, la no “judicialización” de los servicios médicos, que hacen
interpretaciones restrictivas y ponen trabas antojadizas no contempladas en
la legislación.
La mayoría de países de la región firmaron la Declaración
Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación” mediante la que
adquieren el compromiso de implementar políticas y programas de educación
sexual. En tanto, legisladores de varios países centroamericanos firmaron el
libro “Sí a la vida” que pretende crear conciencia sobre la protección de la
vida de los aun no nacidos; a pesar de ser una iniciativa de los grupos
denominados pro-vida, legisladores de izquierda también firmaron, como en El
Salvador.
Por amplia mayoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de México declaró constitucional la legislación que permite la interrupción
legal del embarazo en el Distrito Federal desde abril del 2007, de esa
manera quedaron sin efecto las demandas de los grupos denominados pro-vida.
Comités de Bioética de la región han formulado argumentos
para sustentar la interrupción del embarazo en los servicios públicos.
Mientras en otros países, esos Comités han servido de promoción de
posiciones fundamentalistas en contra de los derechos de las mujeres,
logrando que el sector médico se paralice.
La ONU ha aceptado peticiones de las organizaciones de
mujeres y ha emitido resoluciones que demandan a los Estados por negar el
acceso al aborto no punible, como una violación de derechos humanos. En
otros casos, el tiempo para responder demandas ha caducado sin lograr una
resolución en ese alto nivel.
Altas instancias judiciales se han pronunciado a favor de la
distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, como el Consejo de
Estado en Colombia. En tanto, otras altas instancias han considerado que el
fármaco es un abortivo y por lo tanto lo han prohibido: Tribunal
Constitucional de Chile, Cámara en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Argentina.
Amnistía Internacional se pronunció contra la persecución
política de líderes feministas que denunciaron la eliminación del aborto
terapéutico en Nicaragua y sobre la prohibición de la píldora anticonceptiva
de emergencia en Chile “que afectaría la tasa de abortos clandestinos y el
número de muertes por abortos”.
La aprobación del aborto no punible por plazos y por causales
como en México y Colombia ha permitido que miles de mujeres hayan logrado
ser atendidas en el sistema público. A la vez, ha sido necesario que las
organizaciones feministas luchen denodadamente para lograr el acceso de las
mujeres a esos servicios, debido a múltiples barreras que el propio sistema
público plantea.
Audiencias Públicas fueron el escenario donde mujeres
feministas de la región tuvieron oportunidad de ejercer la defensa del
derecho al aborto, del aborto en situaciones extremas, de la dignidad y el
respeto de los derechos fundamentales de las mujeres, de la libertad de
conciencia y del respeto al Estado laico: Brasil y México.
Un proyecto de Tratado Jurídico (Concordato) entre el
gobierno y el Vaticano enviado por el Presidente de Brasil fue aprobado por
la Cámara de Diputados y enviado al Senado Federal para otorgarle
privilegios la Iglesia Católica. Mientras tanto, más de mil mujeres pobres
del Mato Grosso fueron víctimas de la criminalización del aborto cuando la
policía secuestró los expedientes, las interrogó por haber sido atendidas en
clínicas privadas varios años atrás, ahora sufren procesos judiciales y
negocian sus penas por servicios en la comunidad, obligadas a trabajar
gratuitamente en guarderías infantiles para que “aprendan a ser madres”.
El Senado y la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaron el
Proyecto de Ley Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, sin embargo, en
la sesión de la Asamblea General del parlamento no se logró levantar el veto
que el Poder Ejecutivo impuso al Proyecto, evidenciando la falta de
compromiso de los políticos ante la ciudadanía, que rechazó el veto
presidencial en un 63%.
En países donde el Estado laico es un mandato constitucional
cardenales y obispos católicos y líderes evangélicos continúan presionando y
amenazando con excomulgar a la dirigencia política si legislan a favor de
las mujeres: Uruguay, Nicaragua.
En la región latinoamericana, entre el 20% y el 30% de los
embarazos y de las muertes maternas continúan ocurriendo en mujeres
adolescentes, producto de las deficiencias de la educación sexual en las
instituciones oficiales, de su falta de autonomía para evitar relaciones
sexuales de riesgo, así como de la violencia sexual: Nicaragua, Bolivia,
Venezuela.
Por primera vez en su historia, Amnistía Internacional
publica una declaración especial y lanza una campaña internacional
denunciando la prohibición total del aborto en Nicaragua, haciendo énfasis
en la vida y la salud de las mujeres en peligro y demandando protección para
profesionales de la medicina que están siendo criminalizados.
Llamado a la Acción:
NO más violaciones de nuestros derechos
. Para que la separación de las decisiones de Estado de toda influencia religiosa sea efectiva es imprescindible la vigencia el Estado laico.
. Por la eliminación de todo tipo de discriminaciones, es urgente el respeto y la vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas.
. Porque la irresponsabilidad masculina subyace como causa de la mayoría de embarazos no planificados, los hombres deben asumir un compromiso ciudadano en su sexualidad y reproducción.
. Por el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral, así como a la más amplia variedad de métodos anticonceptivos seguros.
. Por el acceso a servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna.
. Por la existencia de políticas integrales no asistencialistas para reducir la mortalidad y morbilidad maternas, enmarcadas en los derechos humanos.
. Por el reconocimiento de adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, para que tengan oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas.
. Por la garantía del libre ejercicio de la sexualidad, el acceso a la educación sexual, la información y el acceso a métodos anticonceptivos seguros para adolescentes y jóvenes.
. Por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, contemplando la relación violencia sexual y VIH y Sida y el acceso al aborto en esas situaciones.
. Por el cese de amenazas de lideres religiosos hacia funcionarias y funcionarios públicos. Por la erradicación de la obediencia religiosa de legisladores y legisladoras, jueces y políticos.
. Por el derecho a la información y los medios para prevenir embarazos no deseados y por acceso a la protección adecuada o tratamiento para impedirlos.
. Por la divulgación de tecnologías seguras para interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres.
. or el compromiso de los gobiernos y de los donantes para contar con mayores recursos que aseguren la atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción y los servicios de aborto seguro.
. Por la capacitación médica permanente sobre la atención del aborto, que incluya a enfermeras, parteras/matronas y otro personal de salud.
. Por el respeto del secreto profesional hacia las mujeres atendidas por complicaciones del aborto inseguro en servicios públicos y privados.
. Por una sociedad que no calle y no permita los abusos contra la libertad de elección de las mujeres.
. Por el derecho a decidir, por la democracia, la libertad, la justicia social y los Derechos Humanos de todas las mujeres
América Latina y El Caribe, 28 de setiembre del 2009
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