Xarxa Feminista PV

COMUNICADO EN APOYO A LAS COMPAÑERAS JORNALERAS DEL CAMPO EN ANDALUCÍA

Lunes 11 de mayo de 2020

Patriarcado, racismo y capital: Alianza colonial

Compañeras migrantes racializadas y aliadas en la lucha antirracista, hermanadas en la demanda #RegularizacionYa, denunciamos la violencia del orden colonial, racista y patriarcal que vulnera sistemáticamente nuestros derechos y que sigue expresando su poder sobre el cuerpo de las mujeres migrantes y racializadas, a través del sistema político, social, económico y judicial dominante.

Ayer 9 de mayo, se conmemoró el día de Europa. Un continente que, haciendo gala de un liberalismo eurocentrista que invisibiliza la pluralidad y, desde un poder histórico acumulado sobre la colonización y el expolio de los pueblos del sur global, alardea de abanderar la defensa de los Derechos Humanos. Derechos que constantemente son vulnerados por los estados miembros, que a través de políticas y estructuras racistas atentan contra nuestros cuerpos y nuestras vidas, y nos reservan sistemáticamente un trato de “no personas”. Por eso nosotras decimos, que No hay nada que celebrar y sí mucho por reparar.

España, estado que enaltece su pacto por la “igualdad” y contra la violencia de género, demuestra nuevamente cómo, desde su racismo estructural, unas vidas valen más que otras; las mujeres, migrantes, empobrecidas y dedicadas a un sector productivo infravalorado como el primario, quedan relegadas al último plano. La mayor dificultad en la lucha contra el racismo, la violencia sexual y los tratos inhumanos hacia las compañeras trabajadoras jornaleras marroquíes de los frutos rojos del sur de España, es demostrar que están sujetas de forma constante a estos patrones de violencia.

Los delitos que se cometen contra nuestras compañeras, son constantemente invalidados y negados por aquellos que sostienen y se benefician de las condiciones de existencia del capitalismo patriarcal y colonial. Esto favorece un clima para la revictimización y la estigmatización permanente de las mujeres que los sufren, derivando en intimidación, silenciamiento e impunidad, desacreditando constantemente sus voces.

Sabemos que la impunidad es la existencia de una estructura de opresión patriarcal, capitalista, colonial y racista, para acallar a las víctimas del sistema dominante, al tiempo que concede privilegios para que los sujetos de poder queden eximidos de responsabilidad alguna por sus abusos y violencias. Sobre las acusaciones de las compañeras siempre pende la duda arrojada desde la opinión pública, así como las calumnias de los empresarios y la difamación de los medios de comunicación. Pero nosotras no dudamos.

Este clima de normalización de la injusticia, permite condiciones para la reincidencia de agresiones en los campos del sur de España. Y pone en evidencia la complicidad de un Estado que no tiene voluntad política para defender la vida de las mujeres migrantes y racializadas, desconociendo y vulnerando nuestro derecho a una vida libre de violencia. Porque ni el Estado, ni los agentes del orden público, ni la justicia patriarcal, ni el feminismo blanco, que nos excluye de sus reclamos, asumen la gravedad de las denuncias de nuestras compañeras, y exigen justicia o sanciones efectivas hacia quienes perpetran estos crímenes con la energía que sí condenan las violencias hacia las mujeres blanco-españolas. Esto nos hace preguntarnos por el lema popular del feminismo blanco hegemónico: ¿si tocan a una, nos tocan realmente a todas?

Cuando condenamos las agresiones sexuales, abusos, situaciones de explotación y violencias múltiples ejercidas contra las compañeras jornaleras de origen marroquí, en los campos del sur de España, nos referimos a muchos casos de denuncias que no se llevan a término, porque los pasos para interponerlas son muy difíciles de concretar. Desde su contratación fraudulenta y plagada de irregularidades en origen, hasta su llegada en condiciones de vulnerabilidad extrema a España, nadie las escucha. Sus voces han sido desacreditadas y deslegitimadas de partida. El desamparo social e institucional es una constante en sus trayectorias migrantes.

Denunciar ante las violencias múltiples implica, por lo tanto, barreras burocráticas interminables, pensadas para que tanto ellas como cualquiera de nosotras, desistamos a lo largo de estos procesos. Se trata de laberintos procedimentales que nos condenan, paradójicamente, a la indefensión. Esta es una faceta más de la violencia institucional que nos atraviesa a las mujeres migrantes y negando nuestra capacidad de agencia, nos genera desconfianza ante un sistema incapaz de reconocernos y de protegernos como los sujetos de derecho que somos. Las instituciones racistas, además, se orientan a dejarnos en situación irregular, un limbo vital que nos aboca a la economía sumergida y nos impide poder trabajar en condiciones dignas. Somos usadas, continuamente, sólo como mercancías a desechar.

Por todo ello, ante las cooperativas y grupos empresariales que cometen abusos de poder sobre la vida de las compañeras jornaleras explotadas en sus sembradíos, decimos, ¡basta de pactos patriarcales, racistas y capitalistas que priorizan la mercantilización y la apropiación de la vida de las mujeres migrantes trabajadoras del campo!

Desde nuestras experiencias, voces y cuerpos migrantes y racializados, demandamos al Estado una regularización inmediata, incondicional y permanente que coloque el cuidado de nuestras vidas realmente en el centro, porque sabemos que este es un primer paso para la dignificación de la vida de las personas migrantes.

Asimismo, hacemos un llamado a la acción y nos sumamos a las reivindicaciones de nuestras compañeras:

1. SEGURIDAD Y GARANTÍAS físicas y jurídicas para las víctimas denunciantes, sin temor a ninguna represalia, que este tipo de violencias también sean tipificadas jurídicamente como VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. SEGURIDAD Y GARANTÍAS de mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras migrantes y en la erradicación de las prácticas de explotación, acoso laboral y agresiones sexuales.

3. RECHAZAMOS las deportaciones y despidos encubiertos bajo amenazas, intimidaciones, instrumentalizaciones y coacciones a las trabajadoras migrantes.

4. LLAMAMOS AL BOICOT de las empresas, marcas y cadenas de distribución que se basan en la explotación laboral, abusos e incumplimientos laborales, acoso y abusos sexuales. Apelamos a sus clientes nacionales e internacionales a sumarse al boicot hasta lograr que se garanticen condiciones laborales dignas a las trabajadoras.

5. DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE a las administraciones, sindicatos que dicen velar por los derechos de “los trabajadores” y a las organizaciones que se dicen “sociales” por su SILENCIO Y COMPLICIDAD durante todos estos años. Estos casos y prácticas llevan denunciando al menos desde 2006 sin haberse erradicado ni perseguido activamente.

En todos estos años se podría haber hecho mucho más por erradicar estas prácticas, sin embargo, el racismo institucional ha preferido minimizarlas, obviarlas, o directamente negarlas, priorizando sus propios intereses por encima de las necesidades y derechos de las trabajadoras. Estamos organizadas y no contarán con nuestro silencio. Somos resistencia anticolonial, contra el patriarcado, contra el capital.

RegularizzaciónYa

Hermana jornalera: Nosotras sí te creemos.

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