El número de asesinadas en el último año en la Comunidad Valenciana ha sido el más alto desde el año 1.999, según datos facilitados por la Dirección General de la Mujer. Y ello a pesar de que las denuncias por malos tratos se han cuadruplicado desde 1987.
En este año, en dos meses hay 3 asesinadas
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (en adelante, Ley Integral) pese a los tres años que lleva aprobada apenas se ha desarrollado en esta Comunidad Autónoma. No se ha dado a conocer y prácticamente no se hace referencia a ella, como tampoco el Plan Nacional, las Medidas Urgentes y el Balance de resultados efectuados por el Gobierno Español en el año 2006.
A nivel autonómico, se han creado Planes de prevención de Violencia de género, desarrollados por la Consellería de Bienestar Social, cuya efectividad no está comprobada. Todavía no se ha realizado una Ley de Prevención de Violencia en nuestra comunidad.
Se ha creado también un Plan de Igualdad pero no se tiene constancia de ninguna medida efectiva, tampoco en lo relativo a la violencia de género que -aunque cuenta con un área específica dentro del plan- no ha tenido incidencia alguna ni se han desarrollado ninguna de sus medidas.
Con respecto a los Planes de Prevención de Violencia de Género en el Gobierno Valenciano, el primero lo fue para el periodo 2001-2004. A él se debe la promulgación de la Ley 9/2003, de Igualdad para Hombres y Mujeres, que dedica su capítulo VI a la Violencia de Género. Nada más se sabe ni de los objetivos cumplidos del plan ni de lo previsto en la Ley de Igualdad al respecto.
En el segundo 2005-2008, donde se menciona la Ley 1/2004, de 29 de diciembre- se establecen objetivos concretados en 93 acciones. No se ha hecho un seguimiento de las acciones y objetivos cumplidos, ni del destino de las partidas presupuestarias de que se dotaron.
El plan se estructura en las áreas de prevención, seguridad, apoyo y atención, sensibilización, formación e investigación e implica a diferentes consellerías. El presupuesto total es de 31.572.730€. Una gran suma de la cual desconocemos ni el origen (cómo se ha financiado) ni el destino. No hemos tenido acceso al balance positivo que según el gobierno autonómico se ha hecho del mismo.
Otras iniciativas del gobierno valenciano para combatir la violencia de género son la creación de la Comisión Interdepartamental para combatir la violencia doméstica o el Foro de la Comunidad Valenciana contra la violencia de género y personas dependientes en el ámbito familiar, órganos colegiados adscritos a la consellería de Bienestar Social...en ambos casos no tenemos conocimiento de ninguna medida o actuación que no sea la creación de dichos órganos.
En el mes de julio ha habido una reestructuración de las consellerias y las competencias en materia de violencia de género han pasado a depender de la conselleria de Justícia y Administraciones Públicas. La Plataforma Feminista mantuvo una entrevista con el conseller Fernando de Rosa en la cual entre otros temas, el conseller manifestó su voluntad de iniciar una serie de medidas par luchar contra la violencia de género, entre las cuales se habló de la creación de un Centro de Recuperación Integral (a lo largo de la legislatura, es decir, hasta el 2011), la creación de casas de acogida en cada provincia (en los próximos cuatro años), la elaboración de la Ley de Prevención de Violencia de Género, o la concesión de microcréditos a mujeres víctimas de violencia de género.
Al respecto de la elaboración de la Ley, resulta decepcionante que a estas alturas no haya un proyecto que establezca los medios y los recursos necesarios para poder empezar a hablar de la prevención y erradicación de la violencia de género.
Y si miramos los presupuestos para el 2008, dentro del Programa 141.30, Justícia Juvenil y Prevención de la Violencia, las partidas económicas que se destinan a la prevención de la violencia de género se limitan a 20.000€ destinados a Centros Atención Mujer, una subvención de 40.000€ para la Fundación para la Justícia, donde se integran los microcréditos (a repartir entre grupos vulnerables, inmigrantes y menores conjuntamente a las víctimas de violencia de género) y la sorprendente (por comparación a las otras cantidades) subvención de 760.000€ a la Fundación de Estudio de la Violencia Reina Sofía.
Respecto a los Planes de Prevención de Violencia de Género, dos para 8 años, todavía no hemos visto resultados reales ni ninguna medida efectiva para la lucha contra la violencia de género. Desconocemos la financiación de las diferentes áreas de actuación ni el destino de las partidas presupuestarias.
Y en lo relativo a las nuevas competencias asumidas por la Consellería de Justícia y Administraciones Públicas, no entendemos los buenos propósitos del conseller de Rosa, puesto que con las partidas presupuestarias para el 2008 no hay dinero suficiente ni para dotar mejor los centros 24 horas.
Pero es necesario hacer una análisis de los incumplimientos del Gobierno Valenciano al respecto de las Medidas que marca la Ley Integral para la erradicación de la violencia de género, sin olvidar tampoco el Plan Nacional y las Medias Urgentes.
SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN.
No se han realizado campañas de información y sensibilización a la ciudadanía. Como hemos dicho anteriormente, la Consellería de Bienestar Social realizó la campaña “Ante los Malos Tratos, Tolerancia Cero". Se ha creado una Fundación Tolerancia Cero que tiene una web, prácticamente vacía de contenido, pues la mayoría de apartados están en desarrollo. Existe un manifiesto contra los malos tratos el cual se invita a firmar.
No se han realizado campañas informativas en los medios de comunicación, como tampoco para dar a conocer la Ley Integral.
No existe ninguna coordinación entre las diferentes administraciones públicas para la realización de campañas informativas conjuntas.
ÁMBITO EDUCATIVO
La Ley Integral establece que el sistema educativo incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre hombres y mujeres. Al respecto, no se han revisado los textos que sirven de base para la Educación bajo la perspectiva de género, por lo que la mayoría tienen un lenguaje marcadamente sexista que contribuye a la discriminación de las mujeres.
También en la Ley Integral se establece que tanto en la Educación Infantil, Primaria, Secundaria, y escuela de Adultos, será necesaria la formación en materia de resolución pacífica de conflictos, de respeto e igualdad. En la Universitaria la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.
Al respecto de este punto, si bien se ha instaurado el Programa de Prevención de Violencia en los centros escolares, no se contempla de forma específica la violencia sobre las mujeres, sino que se limita a la prevención en situaciones violentas y a la resolución pacífica de conflictos entre estudiantes. No existe ningún criterio de observación de la violencia de género que se ejerce contra las niñas, por lo tanto ésta no existe y como consecuencia no se toman medidas, ni en los centros educativos, ni por parte de la Administración.
Se ha desarrollado el programa de escolarización inmediata con la designación de un tutor personal para las hijas e hijos de víctimas de violencia que se vean obligados a cambiar de domicilio. Sin embargo, la burocracia en su tramitación hace que no sean efectivos.
Los Planes de formación inicial y permanente del profesorado no se han cumplido totalmente, limitándose a la educación de la prevención de la violencia escolar y sin una formación específica sobre violencia de género. Tampoco existe ningún plan de formación del profesorado en cuanto a la sensibilización de la discriminación por razones de sexo o coeducación.
No existen en los Centros de Formación del Profesorado /CEFIREs/ en toda la Comunidad Valenciana ninguna asesoría específica en coeducación, educación para la igualdad. Las asesorías encargadas de proponer los cursos de formación en coeducación, educación no sexista, prevención de la violencia de género,... son Transversalidad o Tutoría.
La convocatoria de cursos de formación para el profesorado en coeducación depende de la sensibilización de las asesoras o asesores que ocupan dichas plazas. Por ofrecer un dato, para el curso 2008/2009 solo se convocaron cuatro cursos de formación para toda la Comunidad Valenciana.
La nueva convocatoria sobre previsión de vacantes en CEFIREs tampoco crea ninguna asesoría específica de coeducación.
Tampoco desde la Administración se ha primado en ningún momento la realización de proyectos de centros dirigidos al diagnóstico y prevención de la violencia de género.
Este año se ha elaborado el Plan de Convivencia en todos los centros educativos de la Comunidad, por supuesto sin ninguna directriz orientadora que incluya la prevención de actitudes sexistas.
Desde la promulgación de la Ley no se ha publicado ninguna ORDEN que haga referencia a la revisión de los Proyectos Educativos para que se adapten a la nueva legislación, tampoco para la elaboración de los Proyectos Curriculares de Centro, ni las Programaciones Anuales.
En los Consejos Escolares, tanto en el Autonómico, como en el Municipal, así como en los Consejos Escolares de centros, no contempla la figura de la /del responsable de coeducación, previsto en la Ley Integral en su artículo 8.
Respecto de la LOE, señalar que tampoco refleja, ni responde a las aspiraciones formuladas en la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Un ejemplo de ello es la asignatura “Educación para la ciudadanía”, y su desarrollo curricular en el que se formulan objetivos de educación para la igualdad de oportunidades, los cuales permiten y justifican la desinhibición de las Administraciones Autonómicas y de los centros educativos en cuanto a la sensibilización de la desigualdad existente y como consecuencia a la toma de medidas adecuadas para su erradicación.
En lo relativo a la obligatoriedad de velar por el cumplimiento y aplicación de la Ley Integral por las Inspecciones Educativas, no se han arbitrado las medidas ni protocolo para ello, por lo que las inspecciones no están cumpliendo lo establecido por la Ley en su artículo 9.
No se sabe si disponen de dotaciones económicas para la Educación ni a qué medidas se destinan.
PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el ámbito de la publicidad y de los Medios de Comunicación, la ley considera ilegal la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Sin embargo, tras los tres años de la implantación de la Ley Integral, no se han emprendido acciones sobre el cese de la publicidad discriminatoria.
No se han revisado en los medios de comunicación públicos, Radio 9 y Canal 9, los contenidos de programas que pudieran ser sexistas y discriminatorios.
Los medios de comunicación, radio, prensa escrita, TV, utilizan un lenguaje sexista y vejatorio en la mayoría de los casos para las mujeres, dando una imagen estereotipada de éstas y asignándole roles determinados de carácter marcadamente discriminatorio.
En la mayoría de programas y retransmisiones deportivas, tanto radiofónicas como televisivas, se habla de la mujer como un objeto sexual, vejando la imagen de ésta.
Las Administraciones Públicas utilizan un lenguaje sexista que discrimina a las mujeres, tanto en las disposiciones legales, comunicaciones, resoluciones, etc. como en la denominación de los puestos y trabajos. Así, el Ministerio de Administraciones Públicas acaba de crear el Estatuto del Empleado Público. La Generalitat Valenciana habla del Portal del Funcionario o de los representantes de los trabajadores.
Los medios de comunicación utilizan las muertes por violencia de género como páginas de sucesos de contenido morboso, con datos sobre las víctimas y sus familiares que les dejan en total indefensión.
Determinados programas tipo reality-show en los que se localizan a mujeres que estan huyendo de sus maltratadores han acabado con la muerte de éstas una vez encontradas por el maltratador. Denunciamos que estos programas sigan emitiéndose y no hayan sido retirados inmediatamente de la programación y sancionados.
Denunciamos la campaña publicitaria engañosa que se está realizando en los medios de comunicación sobre la protección concedida a las víctimas, que no corresponde a los hechos reales.
No se informa de las absoluciones que los Juzgados Penales dictan en el 80¡ de los casos de maltrato a la mujer, por supuesta falta de pruebas.
Tampoco se informa de las muertes de mujeres derivadas del maltrato, cuando se producen algún tiempo después de la agresión, o por enfermedad común o suicidio.
SANIDAD
El Plan de Medidas del Gobierno Valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres 2005-2008 , prevé algunas actuaciones de la Conselleria de Sanidad que incluye la asignación presupuestaria de 1.100.000€ (500.000€ en prevención, 500.000€ en sensibilización y 100.000€ en formación)
No consta la aplicación de estos fondos especialmente acerca de:
Los procedimientos seguidos para:
Incluir en los Servicios de Atención Primaria de Salud actuaciones para la prevención de la violencia dentro del programa de actividades preventivas y de promoción de la Salud.
Redactar un Protocolo y una Guía de actuación para el personal sanitario que defina como detectar y cómo actuar en el supuesto de que se detecten casos de mutilación genital femenina.
Fomentar en los Centros de Atención Primaria y en los Centros de Asistencia Especializada, Planificación Familiar y Sexualidad y de Salud Mental relacionados con posibles grupos de riesgo, Programas y Protocolos que permitan detectar a los/ las profesionales de la sanidad la existencia de malos tratos físicos o psíquicos, o cualquier forma de abuso o violencia en las niñas y mujeres que acuden a consulta.
El número de cursos realizados y el número de profesionales que han asistido, en el marco del cumplimiento del objetivo de: Impulsar la realización de Planes de Formación especializada dirigidos a profesionales sanitarios de la Áreas de Atención primaria para la detección precoz de la violencia de género no percibida, así como extenderlos a toda la red Hospitalaria.
Se pedirá que se aporten el informe, un resumen de:
• Acciones previstas y realizadas por Conselleria de Sanidad.
• Desglose de las acciones y su presupuesto por los diferentes Agentes de Implementación.
• Tabla resumen de las acciones implementadas.
• Evaluación por Áreas de Actuación y Orientación Global.
Recientemente se ha elaborado el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. Ministerio de Sanidad y Consumo 2007. (Con la participación de todas las comunidades autónomas (incluida la C. V).
No hay informe de las actividades realizadas para dar cumplimiento a lo acordado en este documento de consenso y especialmente acerca de:
Recursos presupuestarios para su desarrollo previstos para 2008 y especialmente desglose de las acciones y los presupuestos previstos para:
Principales actuaciones en formación dirigidas a profesionales del sector sanitario previstas para 2008
Principales acciones de coordinación entre niveles asistenciales y entre sectores sociosanitarios previstos para 2008.
Acciones previstas para promover la investigación en este campo previstas para 2008.
Según el mismo Conseller de Sanidad Manuel Cervera acaba de declarar en el Parlamento Valenciano, que su consellería está trabajando en la elaboración de un protocolo de atención sanitaria de las mujeres víctimas de violencia doméstica que será diseñado para ser utilizado en los centros sanitarios. Es decir, que según información en la prensa del 4 de Febrero, habiendo pasado ya los tres años desde la aprobación de la Ley, todavía no se ha elaborado el protocolo de atención.
Carecen de la especialización necesaria aparte de los especialistas mencionados, los trabajadores y asistentes sociales que se encuentran tanto en los hospitales como en los organismos oficiales adscritos a los juzgados. Estos cotidianamente emiten informes sobre el estado psíquico de víctimas y maltratadotes, que suelen ser vinculantes para los juzgados, limitándose éstos a seguir las recomendaciones de aquellos profesionales, con las consiguientes consecuencias perjudiciales para las víctimas que supone una resolución basada en un informe emitido sin la preparación adecuada acerca de lo que supone la violencia machista, o dejándose guiar en la mayoría de los casos por la ideología patriarcal que rige hasta hoy el criterio de dichos profesionales.
No hay un programa de formación que incluya profesionales de atención primaria, salud mental y urgencias.
No existen protocolos de actuación de los servicios de Salud con otras Administraciones, en especial con las Unidades de Valoración Forense.
DERECHOS DE LAS MUJERES
1 ) Asistencia social Integral
La Ley prevé servicios de asistencia social que defiendan los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, sin embargo, nos encontramos con el problema económico y la falta de coordinación entre las instituciones autonómicas y locales.
Los escasos servicios sociales con los que contamos carecen del presupuesto necesario para hacer frente al cometido que la ley les asigna.
Se echan en falta profesionales formados en este ámbito, que sean capaces de dar soluciones en las de su competencia.
La falta de calidad y recursos en la asistencia a las mujeres maltratadas hace que ellas desistan de conseguir las subvenciones previstas en la ley.
No existe un centro de emergencias. En el Balance de aplicación de la Ley de diciembre 2.006, página 49, se dice que existe en todas las C.A. excepto Asturias y Extremadura. ¿Dónde está el de la C.A.V.? Se cubre con las casas de acogida y pisos tutelados
No existe ningún Centro de Recuperación Integral específico.
No se atiende adecuadamente y existe discriminación respecto a la atención a las mujeres en situación de violencia con problemas de drogadicción y enfermedades mentales.
Existe una clara discriminación con las mujeres inmigrantes indocumentadas a la hora de denunciar la situación de maltrato, ya que se les exigen una orden de protección y una sentencia condenatoria del maltratador para conseguir no ser expulsadas del país.
Los Centros 24 horas existen únicamente en las capitales de provincia, por lo que no existe un reparto igualitario de centros de atención permanente en el territorio de la Comunidad, ni se garantiza la asistencia psicológica especializada en todo el territorio.
No se han incrementado las casas de acogida ni las plazas para mujeres en situación de violencia desde 1.999. No se garantiza el acogimiento a mujeres de otras comunidades autónomas que huyen de la violencia pero que aún no han denunciado el maltrato, si no han sido derivadas antes institucionalmente.
No existe coordinación ni colaboración con los recursos a nivel de Administraciones Locales, las más próximas a las mujeres.
El autobús itinerante 24 horas ¿cumple labor divulgativa, informativa? En ningún caso puede considerarse un recurso de asistencia social integral y proximidad para las mujeres de las zonas rurales.
Las Corporaciones Locales, a las que corresponde junto con las Comunidades Autónomas (Articulo 17) prestar asistencia social integral a las víctimas, no han recibido hasta el momento ninguna directiva u orientación en este sentido por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana.
El diagnostico sobre el impacto de la violencia de género, así como la valoración de las necesidades, recursos y servicios necesarios para implementar el artículo 19 de la Ley, que las Comunidades Autónomas conjuntamente con las Administraciones Locales deberían realizar (Disposición adicional decimotercera) ha consistido solicitar a los municipios la cumplimentación de unos cuantos Ítems de un exiguo cuestionario.
Las Administraciones Locales, a día de hoy tampoco han recibido ninguna comunicación de los resultados del mencionado “diagnostico” sobre los recursos de sus respectivos municipios
2) Derechos económicos:
La ayuda económica del art. 27 no entró en vigor hasta el 16 de junio de 2.006 (Orden de 15 de junio de 2.006 de la Consellería de Benestar Social).
En esta C.A. se ha hecho incompatible con la posible prestaciónm no contributiva al computar esta ayuda como “pensión de 18 meses” cuando es un pago único y compatible con el resto de prestaciones
No se dispone apenas de fondos encaminados a la reinserción laboral de las maltratadas.
Existe una clara discriminación con las mujeres inmigrantes indocumentadas a la hora de acceder a las ayudas económicas
3) Fondo Disposición Adicional 13ª del artículo 19:
Desconocemos como se ha realizado la evaluación de los servicios de asistencia social integral, puesto que no se ha contado con la información de las Administraciones Locales. ¿Se ha comprobado la información proporcionada por la Autonomía?
La C.A. ha recibido del Fondo 1.049.471 euros en el año 2.005 y 1.400.000 euros en el año 2.006, que desconocemos como se han empleado. ¿Todo en el Centro itinerante 24 horas?
TUTELA INSTITUCIONAL
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD:
Insuficiencia de las Unidades especificas.
Insuficiencia de los agentes destinados y de los medios.
Insuficiencia de las Unidades especificas de la Guardia Civil que cubre el territorio rural.
Coordinación entre Policía Local y el resto de FCSE.
La valoración del riesgo no debe ser hecha por la FCSE.
Falta de medidas de seguimiento de los maltratadotes, en combinación con la protección de las mujeres.
COORDINACION Y PLANES DE COLABORACION
No se ha articulado un Protocolo de Coordinación (pese a que desde 2.006 se está ultimando supuestamente desde el Foro de la CV contra la Violencia de Género.
Ningún órgano cumple la función de coordinador: ni las OAVD, ni las Administraciones Locales, ni los Centros Mujer 24 horas; con el resultado de la falta de seguimiento coordinado de cada caso y la dispersión de los recursos.
Falta de colaboración y coordinación entre la Generalitat valenciana y la Delegación de Gobierno.
Falta de colaboración de la Gen. valenciana y las Unidades provinciales contra la Violencia de Género (una en cada Delegación de Gobierno) que vigilan el desarrollo e implementación de la Ley Integral.
El Foro de la CV contra la Violencia de Género y Personas Dependientes en el Ámbito de la Familia, creado en 2.004, no cumple ninguna función de desarrollo de la Ley Integral; es mas la ignora.
TUTELA JUDICIAL
JUZGADOS DE VIOLENCIA
Competencial estatal:
Insuficiencia de Juzgados específicos. Falta de planificación en la creación de los mismos.
Es necesaria la creación de un 4º Juzgado de Violencia
en Valencia, un 3º en Alicante y un 2º en Castellón.
Juzgados específicos creados en el año 2.007: Torrent, Paterna, Denia y Benidorm. Es necesaria la comarcalización de los Juzgados de Violencia específicos y su creación.
Insuficiencia de Fiscales.
Competencias autonómicas:
1.- ADECUACION MATERIAL.
La nula adecuación material de los Juzgados existentes en los Juzgados mixtos: sin espacio diferenciado para la declaración a solas de la víctima, ni la espera, sin garantizar la dignidad y privacidad de las víctimas.
Los Juzgados específicos de nueva creación (Torrent y Paterna) tampoco tienen espacio separado para la declaración de las víctimas.
Los Juzgados mixtos del resto de partidos judiciales tienen una nula adecuación material y deben compatibilizar Violencia con Instrucción y Primera Instancia.
No existen espacios para los menores que acompañan a las mujeres victimas de violencia.
Medios de la Fiscalía: informe de la UPF. El C. Justicia acaba de anunciar medidas para paliar las carencias
2.- PERSONAL
Insuficiencia total de la plantilla de funcionari@s en los Juzgados, no se ha creado plantilla de refuerzo, no se sustituyen las bajas.
Los funcionari@s realizan jornadas maratonianas, prolongando su jornada laboral sin retribución ninguna por esa prolongación. Realizan actuaciones de Juzgado de Guardia gratuitamente.
Esta C.A. no ha firmado Acuerdo alguno de retribución de complemento de penosidad, ni retribución de prolongación de jornada (firmado en otras C.A.)
Condiciones de trabajo: penosidad, deterioro paulatino de salud, cuadros de ansiedad. Existe un requerimiento de Inspección de trabajo e informe.
No se ha realizado ninguna formación específica para l@s funcionari@s de dichos Juzgados, ni para titulares ni interinos. No existe plan de formación.
Huelga de l@funcionari@s
Insuficiencia de intérpretes.
3.- UNIDADES DE VALORACION FORENSE INTEGRAL
Son imprescindibles para una correcta valoración del riesgo de forma personalizada.
Se exige su creación desde los Juzgados de V.M., desde la Fiscalía especial contra la Violencia de Género, desde las FCSE.
No se han creado ni existe siquiera la expectativa de su creación a diferencia de otras C.A. en las que están totalmente implantadas como en Andalucía y también en aquellos lugares en los que son competencia estatal.
No hay psicólog@s, ni trabajador@s sociales, ni personal de apoyo a menores.
Escasez de médicos forenses.
No hay Protocolo de Tratamiento y Actuación Forense Integral.
4.- OFICINAS DE ATENCION VICTIMAS DELITO
Creadas por medio de una Fundación: FAVIDE que gestiona las OAVD y Puntos de Encuentro. No es de titularidad pública y no se accede por función pública.
Falta de coordinación con las Administraciones Locales (depende su funcionamiento de cada oficina y cada A. Local con la consiguiente desigualdad territorial)
TUTELA PENAL
Imposible cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad por falta de convenios con las Administraciones.
Suspensión de las penas: no existen los cursos de rehabilitación en la provincia de Valencia. Impunidad
Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante): la falta de inhibidores de móviles u otras medidas ha posibilitado que maltratadores cumpliendo condena sigan amenazando a las mujeres víctimas desde la propia institución penitenciaria con el uso de móviles.
Llamamos a la participación en la manifestación del día 8 de marzo a las 19 horas en el Parterre convocada como cada año por el Movimiento Feminista del P.V. con el lema de: "Les Dones decidim: Làvortament es un dret mai un delicte"
EL PAIS 1 Marzo 2008
Gobierno y Consell incumplen la ley contra la Violencia de Género
No hay cursos para violentos ni centro para recuperar a víctimasPrisión provisional, comunicada y sin fianza para el autor del crimen
L. GARRIDO / F. SIMÓN - Valencia - 01/03/2008
Tanto el Gobierno central como el Consell incumplen la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por un lado, la Generalitat no se ha dotado con importantes infraestructuras y profesionales exigidos por la norma de 2004, como un centro de recuperación de las víctimas o las unidades de valoración integral de los juzgados.
Por su parte, el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, denunció ayer que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno, no organiza cursos para los maltratadores. Sin embargo, obvió los programas en colaboración con la Universitat de València en los que ya han participado más de 130 penados. Marisol Lila, directora de ese programa, explicó ayer que el plan formativo dura nueve meses, una hora y media a la semana. Y aseguró sentirse "defraudada y sorprendida" al comprobar que De Rosa "dice sin más que no hay cursos para maltratadores pero que sí tiene dinero para ello". "Nos hemos reunido dos veces con él durante el pasado año, formamos una mesa de trabajo que no ha convocado, y no nos ha sufragado nada", añadió.
La Plataforma Feminista del País Valencià, que aglutina a 34 organizaciones, denunció ayer que no se ha creado un Centro de Emergencias, donde se trataría en primera instancia a mujeres en peligro; que no se ha construido un Centro de Recuperación Integral de Mujeres; o que los juzgados de violencia siguen sin tener adscritas sus Unidades de Valoración Integral.
Desde Justicia se recordó que el jueves el consejero prometió crear las unidades, una por provincia, a lo largo de este año. Justicia explicó que los juzgados ya cuentan con forenses, por lo que "solo habría que incorporar los psicólogos que dice la ley". Sin embargo, los jueces de violencia y la fiscalía reclaman desde hace tiempo la contratación de forenses para estas unidades que se encarguen de evaluar tanto a las mujeres maltratadas como a los hombres maltratadores. Justicia aseguró que en Castellón hay un centro con 32 plazas que funciona tanto en emergencias como para recuperación integral. También existe el compromiso de construir otro.
LEVANTE EMV 1 Marzo 2008
El Consell devolvió 400.000 euros de ayuda social La Plataforma Feminista reclama la creación de un centro de recuperación integral
Pilar G. del Burgo, Valencia
La portavoz de la Plataforma Feminista de Valencia, Encina García Checa, denunció ayer que el Consell ha devuelto al Estado 400.000 de 1.400.000 euros (Fondo de la Disposición adicional 13ª del artículo 19) de 2006 destinados a ayuda social paras mujeres víctimas de los malos tratos: "Estamos tan sobrados -expresó con mordacidad-, que unas ayudas que el Estado dio a esta comunidad a fondo perdido terminaron devolviéndose".
La representante de la Plataforma, que engloba a 34 asociaciones, cuestionó donde habían ido a parar los fondos de 2005 (1.49.471 euros) y los de 2006. "Nos gustaría no encontrarnos con que se han derivado a la Fórmula uno o a la Copa América".
La portavoz reivindicó la creación de un centro de recuperación integral para mujeres maltratadas (que no es una casa de acogida) y criticó también que la Comunitat sea la única autonomía, "en la que esta subvención no es compatible con cualquier otro tipo de ayuda". Encina García lamentó que la ayuda, que entró en vigor en 2006, en la Comunitat sea incompatible con una pensión no contributiva, "los requisitos que piden son estar casi en la indigencia: no superar los 450 euros al mes".
En nombre de la Plataforma declaró que la ley de protección integral contra la violencia de género, "es buena, pero ineficaz por la falta de financiación". La representante echó en cara al Consell que todavía no se hayan creado las Unidades de Valoración Forense Integral.
Asimismo, reclamó la realización de unas buenas campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, como las de Tráfico, para que no sea solo la mujer la que tenga que cargar con la denuncia de una situación que es conocida por vecinos, profesores de los hijos y en los centros sanitarios. La portavoz reprochó al conseller de Sanidad que su departamento lleve tres años para activar un protocolo de actuación para el personal sanitario.
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