Xarxa Feminista PV

2005 - 07 - 14 Informe de Incumplimientos Rueda de Prensa celebrada por Grupos de Mujeres del P.V.

Domingo 3 de julio de 2005

Nota de prensa 14/07/2005

Las diecisiete organizaciones firmantes:

Marxa Mundial de Dones; Dones Separades i Divorciades; Xarxa de Municipis Contra la Violència de Gènere; PSPV; EU-PV; Bloc; IOCOVA (agents d’igualtat); CCOO PV; UGT PV; Casa de la Dona; ISONOMIA i Plataforma ciutadana de Castelló; Amnistía Internacional; MRPs (renovació pedagògica); Acció Positiva; Mujeres Lesbianas de Lambda; Dones d’Un Sol Món; Dones Progressistes; STEPV; han denunciado la pasividad e incumplimientos del Gobierno valenciano en las acciones relacionadas con la Ley Integral y las medidas urgentes contra la violencia hacia las mujeres.

El Gobierno valenciano incumple sistemáticamente el desarrollo de las medidas de La Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres

Además de todas las carencias e incumplimientos desgranados en el listado adjunto, la coordinadora de mujeres convocante, suscribe el informe del Síndic de Greuges de mayo de 2.005, sobre la respuesta institucional a las mujeres en situación de violencia, así como sus recomendaciones al Gobierno valenciano.

También han manifestado su apoyo al trabajo de las profesionales de los centros de 24 horas, casas de acogida y viviendas tuteladas y de todos los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia. Las organizaciones presentes han exigido al Consell que se asegure a estas trabajadoras unas condiciones laborales dignas, en cuanto a turnos de trabajo, salarios, formación en horario laboral y suficiencia de personal para la prestación del mismo.

Las portavoces designadas han pormenorizado el siguiente listado de deficiencias y reivindicaciones, respecto al precario nivel de desarrollo de la citada Ley Integral en nuestra Comunidad, dirigido al Consell y a la ciudadanía valenciana.

- 1) Incumplimiento de las campañas de información y sensibilización.

- 2) Ausencia de coordinación con las administraciones locales, para la realización de campañas conjuntas en los ámbitos de proximidad de la ciudadanía.

- 3) Incumplimiento de la revisión y de la consiguiente eliminación de contenidos sexistas y discriminatorios de los materiales escolares.

- 4) Incumplimiento -al menos de forma adecuada- de los Planes de formación del profesorado, tanto en la formación inicial como permanente.

- 5) Ausencia de representación de las organizaciones de mujeres en el Consejo Autonómico Escolar, y en el Consejo Municipal escolar, así como en los Consejos Escolares de los centros.

- 6) Ausencia de revisión planificada, por parte de la Inspección Educativa, del cumplimiento de la Ley en su ámbito.

- 7) Inexistencia de acciones sobre el cese de la publicidad discriminatoria.

- 8) Ausencia de revisión, en los medios de comunicación públicos (Radio 9 y Canal 9) de los contenidos de programas que pudieran ser sexistas y discriminatorios.

- 9) Incumplimiento de la formación continuada de los profesionales del sector sanitario.

- 10) Discriminación y carencias en la atención debida a las mujeres en situación de violencia, con problemas de drogadicción y enfermedades mentales.

- 11) No se ha puesto en marcha el diagnóstico y evaluación de las necesidades de los servicios de atención social integral. El plazo es de 1 año y ya han pasado 6 meses.

- 12) Ausencia de centros de emergencia,

- 13) Ausencia de centros de recuperación especifica de mujeres en situación de violencia.

- 14) Reparto desigual de centros de atención permanente en el territorio de la Comunidad.

- 15) No establecimiento de medidas suficientes para la imprescindible formación de las trabajadoras de los centros de atención.

- 16) No presentación a las Cortes Valencianas, por parte del Consell, del preceptivo informe anual contemplado en la Ley de Igualdad (art. 3.5) donde se incluye la reproducción de las sentencias firmes condenatorias por maltrato.

- 17) No incremento de los centros 24 horas.

- 18) Ausencia del necesario incremento desde las casas de acogida, ni de las plazas para mujeres en situación de violencia, pendiente desde 1.999.

- 19) Ausencia de garantía, por parte del Consell, de la asistencia psicológica especializada y gratuita para las mujeres en situación de maltrato en todo el territorio.

- 20) Ausencia de garantía, por parte del Consell, de la asistencia jurídica por medio de un turno especializado de los Colegios de Abogados a las mujeres en situación de violencia, de forma igualitaria en el territorio.

- 21) No se han puesto en funcionamiento las ayudas económicas previstas en el artículo 27 de la Ley Integral, que deben ser abonadas por las CCAA.

- 22) Carencia de planes de colaboración entre las administraciones y los profesionales implicados.

- 23) Ausencia de adecuación material de los Juzgados de Violencia para la Mujer en los partidos judiciales.

- 24) El Consell tiene pendiente, desde el 21 de enero de 2.003, la puesta en marcha del fondo de garantía de alimentos.

- 25) No se han puesto en marcha nuevos planes de igualdad.

- 26) No realización de los planes de Medidas Urgentes contra la Violencia ejercida contra las mujeres.

- 27) Inexistencia de medidas presupuestarias concretas, para luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres.

Por todo ello se concluye que el Govern Valencia carece totalmente de voluntad política, que se traduce en carencias presupuestarias, para acometer la implantación y aplicación de la Ley Integral, en sus competencias,y las medidas necesarias para la atención a las mujeres en situación de violencia.

LAS PROVINCIAS. 15 - 07 - 2005

Las valencianas maltratadas no pueden pedir la ayuda económica a la que tienen derecho

Asociaciones de mujeres exigen al Consell que duplique las 310 plazas en casas de acogida. Las víctimas de malos tratos que necesiten cobrar la ayuda económica recogida en la Ley Integral contra la Violencia no pueden hacerlo en la Comunidad. Asociaciones de mujeres denuncian que la Generalitat “no tiene ni los formularios” para la solicitud. Además, reclaman 600 plazas de acogida en vez de las 310 existentes.

P. HUGUET/VALENCIA

La Ley Integral contra la Violencia doméstica o de pareja recoge el derecho de las víctimas a recibir un subsidio. Este dinero debe ser concedido por las Administraciones autonómicas, que después pueden reclamárselo al Gobierno central. Las ayudas oscilan entre 300 y 500 al mes, en función de la situación concreta de cada mujer.

En la Comunidad Valenciana, según denunciaron ayer 17 organizaciones de mujeres, sindicales y políticas, “nadie sabe, ni en el Servef ni en los centros de atención de la mujer, dónde hay que pedirlas. Tampoco existen impresos o formularios para hacer las solicitudes”.

La normativa se aprobó a finales de diciembre de 2004 y desde junio ya tienen vigencia casi todos sus contenidos, incluido el de las ayudas. Es decir, se dio un plazo de seis meses para preparar su cumplimiento.

Las portavoces de estas entidades lamentaron el “incumplimiento general” de la ley por parte del Gobierno valenciano, al que acusaron de “pasividad”.

Según Encina García, portavoz de Marxa Mundial de Dones, estas entidades suscriben el informe del Síndic de Greuges de mayo y sus 24 recomendaciones frente a las “múltiples carencias”. A ellas, sumaron 27 reivindicaciones concretas e incumplimientos de las leyes de protección de la mujer.

Las conclusiones del Síndic fueron calificadas como “demoledoras”, aunque “muy benevolentes con la Conselleria de Bienestar Social”.

Sólo aportaron un matiz al informe. Respaldaron la formación y labor de las profesionales de la asistencia a la mujer y exigieron para ellas unas “condiciones dignas de horario, salario y de dotación de personal suficiente”. Ofelia Vila, secretaria de la Dona de CC. OO., explicó que los problemas son similares a los de “una buena profesora a la que adjudicas 200 alumnos”.

Están “desbordadas por la falta de medios”, subrayó.

Vila manifestó que son necesarios más medios humanos y “al menos 500 y 600 plazas en centros, casas de acogida y pisos tutelados” frente a las 310 existentes. Además, resaltaron la necesidad de medios especializados en la atención de los hijos de las víctimas.

LEVANTE 15 - 07 - 2005

Una plataforma acusa al Consell de incumplir la ley de violencia de género

Las organizaciones feministas culpan a los responsables políticos de pasividad

Pilar G. del Burgo, Valencia

Diecisiete organizaciones de mujeres, partidos políticos y sindicatos han constituido en Valencia la Plataforma Feminista para denunciar la pasividad y los incumplimientos del Gobierno valenciano en la puesta en marcha de las acciones recogidas en la Ley Integral de medidas contra la violencia hacia las mujeres, promulgada el 28 de diciembre del año pasado.

La Plataforma suscribe las deficiencias detectadas por el Síndic de Greuges en mayo de 2005 respecto a la falta de medios y descoordinación entrelas administraciones para hacer frente a la violencia doméstica contra las mujeres y ha criticado la carencia de medidas urgentes para combatir esta lacra social.

La portavoz de la iniciativa, Encina García, manifestó que se han detectado veintisiete incumplimientos por parte del Gobierno de la Generalitat, «que denotan la absoluta falta de voluntad política y de falta de presupuesto por parte del Consell». La Plataforma criticó la privatización de los Centros 24 horas y las leoninas condiciones de trabajo de las empleadas. Por su parte, la portavoz de la Plataforma Ciudadana de Castelló, Alicia Gil, recordó que el informe del Síndic señala que los servicios que están activados «no funcionan bien, están privatizados y salen a concurso a la baja económica, lo que se traduce en unas malas condiciones laborales».

«Es paradójico que el propio personal que trabaja con violencia sea violentado en sus condiciones...». La portavoz de la Plataforma criticó que no se haga una evaluación del funcionamiento de los centros, porque afecta a las mujeres víctimas y a las criaturas, «¿cómo se sabe que funcionan bien, máxime cuando la gestión se ha delegado en manos privadas?», cuestionó Alicia Gil.

La integrantes de la Plataforma ofrecieron su colaboración desinteresada al Gobierno valenciano para evaluar el funcionamiento de los centros 24 horas (el de Valencia), casas de acogida y pisos tutelados que se han privatizados.

También destacaron la falta de actividades para la infancia y reclamaron medidas concretas para los hijos de las víctimas que también sufren la violencia.

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