Xarxa Feminista PV
Portada del sitio > PROSTitución-TRABAjo Sexual-TRATA > "¿Y ahora que hacemos con la prostitución?". "Cuando el rehén es la (...)

"¿Y ahora que hacemos con la prostitución?". "Cuando el rehén es la familia"

Lunes 14 de septiembre de 2009

¿Y ahora qué hacemos con la prostitución?

Los grandes partidos esquivan el debate sobre regular o prohibir el sexo de pago - Existe acuerdo en perseguir el aspecto más sórdido del negocio, el tráfico ilegal de mujeres

MÓNICA CEBERIO BELAZA 13/09/2009

¿Prohibir la prostitución? ¿Regularla? ¿Castigar al cliente? ¿Sancionar a los que consuman sexo si la mujer es víctima de trata? ¿Impedir que estén en la calle por los problemas que ocasionan a los vecinos? ¿Fomentar la apertura de burdeles? ¿Hacer más barrios chinoa? El viejo debate ha vuelto a ser noticia. Esta vez, por la publicación de unas fotos, en este diario, que mostraban con crudeza la práctica habitual de sexo de pago en los aledaños del céntrico mercado barcelonés de La Boqueria. Las irreconciliables posturas de siempre asoman otra vez, con alguna novedad: en Barcelona, urgida a resolver lo que todo el mundo ha visto en sórdidas imágenes, los políticos se estrujan las meninges para encontrar alguna solución. Su alcalde, Jordi Hereu, quiere ahora que haya más burdeles, facilitar la apertura de estos locales en El Raval. La prostitución seguiría, pero no en la calle ni ante nuestros ojos.

El alcalde de Barcelona quiere facilitar la apertura de burdeles

"Los recursos definen qué importa en una sociedad. Y este tema no parece prioritario"

Las campañas avisan a los clientes de que pueden hacerles el juego a las mafias

Esta vía es, en todo caso, una cuestión de política municipal que se limita a tratar el problema desde el punto de vista del orden público, la estética de la ciudad y la seguridad ciudadana. Las prostitutas callejeras y sus clientes hacen feo en la moderna Barcelona y el submundo que las rodea crea una evidente inseguridad a los vecinos. Pero este problema lleva, invariablemente, a la pregunta básica: ¿Es aceptable ser puta? Si se considera que la prostitución es una forma de violencia sexual hacia la mujer, no cabe más opción que prohibirla: no se puede regular sobre cómo ser esclava, ni forzada ni voluntaria. Lo coherente sería castigar como delito el consumo de sexo de pago. Si se considera que puede ser un trabajo más, se puede aceptar la regulación, permitir que sean asalariadas y perseguir sólo la trata y explotación sexual de las mujeres. También hay opciones intermedias, como la de los que creen que, sea o no esclavitud, erradicar la prostitución es imposible y lo mejor es regular condiciones laborales mínimas que protejan a estas mujeres. Los partidos políticos se inclinan, en su mayoría, por considerar que el tema es tan complejo que es mejor concentrarse en la más grave de sus manifestaciones: la trata de mujeres.

Esta última es, básicamente, la opción del Gobierno. Frente a los que exigen regulación o abolición, o al menos una prohibición estatal de la prostitución callejera, el Ejecutivo asegura que tiene su propio modelo.

"¿Vamos a regular la prostitución como un empleo? No ¿Ilegalizarla y convertirla en delito? Tampoco. Pero ésas no son las únicas opciones posibles", señala Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad. "Pocos países han elegido una de estas dos vías. En casi todos, las leyes son parecidas a la nuestra. No consideramos que la prostitución pueda ser un trabajo como otro cualquiera. Creemos que es una forma de explotación de la mujer y no vamos a reconocerlo y normalizarlo como un empleo. Por otro lado, somos conscientes de que la sociedad española está muy dividida sobre ese tema y tampoco entendemos que sea oportuno prohibir la prostitución. Conduciría a las mujeres aún más a la marginalidad. Así que nuestro modelo es actuar allí dónde creemos que está el verdadero problema, combatiendo la trata de mujeres y su explotación. Por eso hemos aprobado un plan de actuación en este sentido. Es el problema más grave. Hay que actuar desde la sensibilización y concienciación hasta la protección y reconocimiento de la dignidad de estas mujeres y la lucha contra los que las explotan ilícitamente".

Martínez considera "irreal" que una prohibición estatal de la prostitución en la calle pueda solucionar nada. "La visibilidad no es lo que nos preocupa, sino el problema de fondo", señala.

La división social sobre este tema es tal que no hay acuerdo dentro de los partidos políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, ha defendido la regulación -"lo contrario es una hipocresía", ha dicho-. Fue de inmediato aplaudida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principal defensora de la legalización, que tildó al presidente Zapatero de "fariseo" por esta cuestión. Pero el partido de Aguirre no comparte su punto de vista, sino que aboga por centrarse, sobre todo, en erradicar la trata. Mariano Rajoy habló el jueves de prohibir la prostitución en la calle, pero aclaró de inmediato que no estaba proponiendo una ley estatal sino que se refería a que lo hicieran los municipios.

El tema va mucho más allá de izquierdas y derechas. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, señala que su partido no está a favor de la legalización. "Buena parte de la prostitución es explotación, secuestro de personas, chantaje. Eso no se puede legitimar", explica. Pero admite que la falta de acuerdo interno provoca una cierta ambigüedad en la postura del partido, que se queda a medio camino. "Lo más urgente es luchar contra lo más canalla. Hay que aplicar las leyes contra las mafias, garantizar los derechos de estas mujeres y que puedan tener fácil acceso a un permiso de residencia. En el ámbito local deberían tomarse medidas que no se queden en la represión y multa hacia las más débiles. Hay que darles apoyo y salidas".

El Bloque Nacionalista Galego insiste en la necesidad de actuar contra las mafias -"y no sólo a nivel estatal, sino de la UE", señala la portavoz Olaia Fernández- pero se muestra más abierto a que haya una regulación de la prostitución voluntaria. "Preferiría que la prostitución no existiera, pero está ahí y no podemos dejar sin protección a estas mujeres. Deberían cotizar a la Seguridad Social y acceder a una pensión", señala. "Y se puede estudiar también la sanción para los que usen estos servicios con mujeres traficadas", añade Fernández.

La ponencia del Congreso de los Diputados sobre prostitución de 2007, aprobada por todos los grupos salvo ERC, Iniciativa per Catalunya (ICV) y Eusko Alkartasuna, decidió no meterse en camisa de once varas y ceñirse también a la lucha contra la trata.

La línea a favor de la regulación la lidera, sobre todo, ERC. Lo pide también ICV. Esquerra va a llevar el debate al Parlamento a través de una interpelación urgente. El próximo miércoles, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dará cuenta de los logros del Plan contra la Trata aprobado el pasado diciembre. ERC dice que el Gobierno tiene un "discurso abolicionista sin medidas abolicionistas" y pide un nuevo debate. Ellos quieren proteger los derechos de las que se dedican a ello voluntariamente, perseguir a sus explotadores y dar medios a las que deseen salir de este mundo.

Dentro de las asociaciones, la división es igualmente insalvalble. Pero, al margen del debate abolición o regulación, coinciden en su queja por la falta de recursos públicos y planes integrales de atención a las mujeres. "Hay cosas básicas que no se hacen", señala un portavoz de Médicos del Mundo. "Por ejemplo, las nigerianas, las más vulnerables, muchas veces no tienen pasaporte. En Madrid no pueden empadronarse, de forma que no pueden entrar en el sistema sanitario. En Andalucía se eliminó este requisito y, al menos, tienen acceso a los médicos. Si se piensa en ellas, hay muchas cosas que se pueden hacer para que quien quiera dejarlo pueda hacerlo con la ayuda del Estado. Pero falta dinero. Nosotros atendimos el año pasado a 1.500 mujeres en Madrid y no es nada comparado con lo que se podría hacer. Los recursos definen qué le importa a una sociedad, y este tema no parece prioritario".

La prostitución actual no tiene nada que ver con la de hace 20 años. El tráfico de mujeres ha dado un vuelco al problema. Pero hay grandes dificultades para distinguir una prostituta voluntaria de una víctima de trata. No hay cifras ni informes serios. Todo son estimaciones sobre un elevado número de mujeres engañadas, bien en cuanto al trabajo que venían a hacer a España o en cuanto a sus condiciones de vida, de total sometimiento a los proxenetas. Pero, si están amenazadas, es muy probable que no digan nada a la policía ni al cliente, que es quien les permite ganar el dinero que les exige el chulo. Los clientes se arriesgan a hacer una trato económico con una mujer que puede ser víctima de una mafia. Sobre esto también hay que sensibilizar a la sociedad, y en ese punto coinciden todos, partidos y asociaciones: la prostitución ha cambiado, hay un riesgo real de explotación y eso deben tenerlo en cuenta sus consumidores.

- La legalización fracasa en Holanda

Convertida en una actividad laboral desde su despenalización en el año 2000, los problemas derivados de la prostitución no han mejorado en Holanda. Al contrario. El propio Gobierno califica de fracaso la aplicación de una ley pionera en su momento, que legalizaba los burdeles y castigaba la explotación de personas hasta con ocho años de cárcel. Las autoridades han decidido ponerle un parche a la normativa vigente. Para 2010 esperan tener a punto un sistema obligatorio de licencias de apertura destinado a casas de citas, salones de masajes, clubes y servicios de compañía. Las prostitutas que operen por cuenta propia deberán inscribirse en un registro. De ese modo, se dispondrá de un inventario claro del negocio de la prostitución en el país. Los clientes que acudan a redes ilegales serán más visibles, e incurrirán en un delito.

"Hay un amplio consenso político acerca de la necesidad de mejorar la situación. La legalización no ha funcionado bien, y ha proliferado el tráfico de personas. Al tener que pagar impuestos, muchas prostitutas han optado además por ocultarse", señalan fuentes del Ministerio de Justicia. Si legalizar la prostitución parecía la solución, ¿por qué no ha surtido el efecto deseado en Holanda, patria de la tolerancia? La respuesta es desalentadora: por la desidia oficial.

Al principio, los ayuntamientos otorgaban los permisos de explotación a los burdeles con demasiada lentitud. El hecho de que bancos y aseguradoras se hayan resistido a conceder a las mujeres créditos o pólizas de vida, por el alto riesgo de la actividad para su salud, ha desarbolado aún más la norma. Los expedientes de apertura municipales se perdían o retrasaban. Un estudio publicado en 2007 mostró mejoras en la red de burdeles. Pero con un dato negativo: los que sí acataban la ley y cumplían con las normas de higiene, seguridad y permisos de residencia de las empleadas acababan con escasez de personal.

Una vez calificadas de asalariadas o trabajadoras autónomas, los deberes de las prostitutas superan con creces sus derechos: deben pagar impuestos, pero no tienen seguro de paro; muchas abandonan los burdeles y pasan a la clandestinidad, con lo cual crece la amenaza de los proxenetas. Para el Hilo Rojo, el sindicato holandés del ramo, el legislador erró al suponer que solventaría el problema de las prostitutas ilegales y el del tráfico de personas. "El problema de los ilegales compete a Asuntos Exteriores. No mejora con una ley sobre burdeles", opina.

Fte. El País

Cuando el rehén es la familia

Trata de mujeres. Un negocio que sobrevive gracias a la ausencia del Estado en algunos países en vías de desarrollo

ANA ROSA MAZA - MADRID - 13/09/2009 08:00

Más de 2.250.000 jóvenes y niñas son secuestradas cadaaño y obligadas a ejercer la prostitución, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La mayoría de ellas lo hace en países desarrollados. Y un 2% de las chicas recala en España.

Son las víctimas de la trata de mujeres, un negocio que mueve alrededor de unos 9.000 millones de dólares al año. Seducidas con falsas promesas de trabajo, ignorando la verdadera cara que hay detrás del negocio del sexo o simplemente raptadas, las mafias las obligan a prostituirse.

Se convierten así en esclavas sexuales cuyo fin es el de pagar la deuda contraída con los tratantes por sacarlas de su país e introducirlas en el lugar de destino. Estas deudas pueden ir de los 5.000 euros en el caso de las brasileñas hasta los 60.000 para las nigerianas. En caso de no pagar estas cantidades, los familiares de las chicas pagarán las consecuencias.

Las organizaciones que trabajan con las víctimas de este negocio reconocen que no todas las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas, aunque ese porcentaje es mínimo. "Tan sólo un 10% ejerce de forma voluntaria", asegura Rocío Mora, de Apramp (Asociación para la Reinserción y Asesoramiento de la Mujer Prostituida). "La mayoría no quiere estar ahí", afirma Eva, una mujer que ha conseguido salir de la prostitución y que hoy trabaja como mediadora con las que, en algún momento, fueron sus compañeras de profesión.

Una mujer reinsertada asegura que «la mayoría no quiere estar ahí»

Las organizaciones que trabajan en tareas asistenciales a mujeres víctimas de trata insisten en que deje de reabrirse, cada cierto tiempo, el debate sobre la legalización o no de la prostitución. Y exigen que se aborde el problema desde la raíz, es decir, en los países de origen.

El Gobierno reitera que no elude el problema. No piensa así Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que junto a Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya presentaron una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados para que se aborde un debate integral sobre la materia y analizar el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, en vigor desde el 1 de enero.

Será el próximo miércoles cuando la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, responda a estas cuestiones en la Cámara Baja. Aído ofrecerá un balance de los primeros ocho meses del desarrollo del Plan Integral, que se ejecuta con lentitud.

Falta de confianza

La chicas no denuncian por temor a que algo les pase a sus parientes

España ratificó el pasado 1 de agosto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos que data de 2005, en el que se da prioridad a la persecución de los tratantes y conlleva la tipificación del delito de trata.

Esto requiere modificar el Código Penal español, donde no se dotaba de responsabilidad penal a este delito y así adaptarlo a la normativa europea.

Perseguir a los traficantes de mujeres en España, que ha dejado de ser país de tránsito para convertirse en punto de destino, pasa por la necesaria denuncia de la víctima. Algo complicado de conseguir, pues las mujeres viven bajo la amenaza personal y atenazadas por el miedo a no saber qué les podrá ocurrir a sus familias si abandonan la organización, lo que hace que no se decidan a denunciar.

Además, en muchas ocasiones, son los propios miembros de sus familias los que están implicados en el delito. Eso hace que las chicas vivan bajo la coacción de que su entorno descubra a qué se dedican realmente. "Sienten vergüenza. La familia casi nunca sabe a qué se dedica. Además, presionan mucho a las chicas para que sigan mandando dinero, por eso cuando consiguen salir, después de algún tiempo, regresan a la red. La familia ha dejado de recibir dinero y les exiges que sigan enviando", cuenta Eva.

Por otra parte, la existencia de unos cuerpos policiales corruptos en sus países de origen hace que tampoco se fíen de la Policía y Guardia Civil. "La mayoría de denuncias las conseguimos gracias a las ONG que trabajan con las chicas", explica Carlos Garrido, inspector de la Policía Judicial de la Guardia Civil, "porque de forma voluntaria ellas nunca van a venir a denunciar nada".

A todo esto hay que sumar el pánico a ser repatriadas. El 90% de las mujeres víctimas de trata que se dedican a la prostitución son inmigrantes, en su mayoría en situación ilegal. Este hecho se convierte en otro motivo del rechazo a acudir a la Policía.

Auxiliar a una familia en Brasil supone proteger a 15 personas

Uno de los objetivos del Plan es ofrecer garantías individuales a las víctimas para que se decidan a denunciar, como el periodo de reflexión de 30 días. Este plazo impide que la mujer sea expulsada de forma inmediata, como sucedía hasta ahora, pues se le concede un permiso de residencia temporal. También esta medida requiere de modificar la Ley de Extranjería, que se encuentra en la fase de enmiendas.

Algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, consideraban que un mes es tiempo insuficiente para lograr la recuperación de la víctima. Igualdad asegura que tan sólo se ha establecido el mínimo pero que dependerá de cada caso.

Sin embargo, por muchas garantías que se pongan a disposición de las víctimas, sus familias siguen a merced de las redes de delincuentes. Estas organizaciones criminales operan en países como Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos o Polonia, entre otros. Son los países de donde provienen la mayoría de las chicas, según el Ministerio de Igualdad. "Son lugares que carecen de instituciones fuertes, donde el Estado es débil. Por tanto, toda ley es inútil", subraya Pedro Brufao, autor del informe Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la abolición. Falta de voluntad

La Guardia Civil duda de la labor policial en países como Nigeria

En estos países proteger a las familias entraña varias dificultades. Jaquelín Leite, del proyecto CHAME, en Brasil, explica: "Aquí las familias son muy numerosas, ofrecer esta protección supone garantizar la integridad de 15 personas, que en ocasiones viven en lugares donde la Policía ni siquiera puede acceder por estar controlados por otros grupos criminales".

Una situación que se hace extensiva al resto de los países. Porque no sólo es una cuestión de leyes, sino también de medios. Así, tanto la Guardia Civil como diversas organizaciones que luchan contra la trata, dudan de la eficacia de algunos gobiernos implicados en erradicar este grave delito. "¿Qué efectivos tiene la policía nigeriana, por ejemplo, o México, con un problema como el crimen organizado y el narcotráfico, que tanto tiene que ver con el de tráfico?", se pregunta el inspector Garrido. Desde Apramp se apunta también a países integrantes de la Unión Europa, como Rumanía, "donde la situación es desoladora, porque es la propia Policía quien se beneficia de este negocio".

Aunque Rocío Mora y Pedro Brufao coinciden en que los países receptores han hecho grandes esfuerzos en mejorar la lucha policial, reconocen que todavía queda mucho por hacer. "Hoy saben identificar a las víctimas de trata, otra cosa es que sepan intervenir", recuerda Rocío Mora. Además, el modus operandi de las mafias cambia de forma constante lo que complica las intervenciones: "Dentro de un mes tendrán formas de actuar distintas a las de ahora". No hay que olvidar los casos, como los de los clubes Saratoga y Riviera en Casteledefels (Barcelona), donde las chicas eran drogadas para que rindieran mejor, y donde se vieron implicados algunos agentes de la Policía. Un problema educacional

Además, coincide que estos países poseen un gran déficit educativo a muchos niveles: "En países como Paraguay no hay educación sexual, no se enseña conceptos como igualdad. Allí todavía debes acatar las decisiones del hombre, sólo por el hecho de serlo", explica Eva.

El trabajo de sensibilización y concienciación recae, casi como una costumbre, en ONG, que reconocen cierta despreocupación por parte de los gobiernos, que creen haber cumplido por haber destinado una determinada cantidad de dinero, "sobre la cual, en algunos casos, nadie ejerce ningún tipo de control", aseguran organizaciones consultadas por Público.

Atajar el problema de la trata requiere no sólo de una fuerte inversión en educación al desarrollo, para lo que se ha creado un Foro Social, compuesto por administraciones locales y ONG y dotado con dos millones de euros, destinados a subvencionar medio centenar de proyectos; también son necesarias intervenciones efectivas de la policía. En 2008, se desarticularon 263 redes. Recientemente, varias organizaciones han sido desarticuladas, lo que ha implicado la detención de algunos de sus responsables aquí en España. "Pero siempre queda alguien en los países de origen", culmina Eva.

Fte. Público

Comentar esta breve

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0