Violencias machistas en el entorno rural: una realidad invisibilizada

29 de noviembre de 2022. Por Andrea Sánchez AmecoPress

El 34,21% de las mujeres asesinadas en este año vivían en pueblos de menos de 15.000 habitantes. Las organizaciones que luchan por la igualdad en estas áreas demandan más servicios de atención

La vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres en el entorno rural se ve condicionada por una multiplicidad de factores de riesgo. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) realizó el primer estudio sobre violencia de género completamente enfocado a municipios de menos de 20.000 habitantes. Este informe advierte que, a pesar de que en el medio rural exista una menor proporción de denuncias por violencia de género, estas agresiones no suceden en menor medida. En este año 2022, el 34,21% de las asesinadas vivían en áreas rurales y la media de tiempo que sufre una mujer la violencia de su maltratador en estas zonas se encuentra entre los 20 y 25 años. Las cifras no son nada despreciables, algo que nos lleva a poner la atención en estos lugares tan poco representados y marginados.

El papel que juegan las variables derivadas del contexto rural, como las relaciones de vecindad, las relaciones familiares, la perpetuación de los roles de género o las dificultades para el acceso a la asistencia forman parte de un ecosistema que no está libre de violencias contra las mujeres. Uno de los factores que provoca la clara vulnerabilidad frente a la violencia de género es la situación de desempleo en la que se encuentra un elevado porcentaje de mujeres que habitan estas zonas. Las tasas de paro rural en mujeres duplica la tasa de paro femenino total y las oportunidades de empleo son mucho más reducidas que en las ciudades. Además, el 59,68% de las encuestadas, en un estudio sobre violencia de género en el entorno rural llevado a cabo por FADEMUR, afirman llevar el peso de las tareas del hogar. Es decir, siguen siendo ellas las que se encargan de estos trabajos no remunerados, algo que repercute en su independencia económica.

Esta situación de dependencia económica hacia el agresor se ve incrementada, señala el estudio, “por el importante control que sobre ellas ejercen sus propias familias políticas, principalmente suegros y suegras, familias que ellas mismas tildan de machistas, autoritarias, posesivas y controladoras”. Esta situación evidencia además la perpetuación de unos roles de género marcados, una realidad sobre la que hemos conversado en una entrevista con Sofía Gabasa, psicóloga, sexóloga y especialista en violencia de género de FADEMUR. Según señala Sofía: “el medio rural es más envejecido y masculinizado, los roles y los estereotipos de género están más arraigados en los pueblos, entonces los círculos de control social son más cerrados y muchas veces aumentan o agravan estos sentimientos de culpa, de vergüenza y el no creerlas”.

Para combatir esta situación, FADEMUR ha creado una red de espacios seguros a los que pueden acceder las mujeres que habitan en los pueblos. Con esta red “cualquier espacio establecimiento, supermercado, oficina de correos, biblioteca o lo que sea se puede sumar a nuestra red y se convierte en espacio seguro, le entregamos un distintivo y un acuerdo de colaboración, y se convierten en espacios a los que cualquier mujer puede acudir a pedir ayuda de manera anónima”, señala la experta.

La presidenta de AFAMMER (Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural), Carmen Quintanilla, también recalca en una entrevista con AmecoPress: “cuanto más pequeño es el pueblo, menos denuncias hay, el qué dirán sigue existiendo”. La vergüenza y el miedo a ser señalada se maximiza en localidades pequeñas, un factor que determina la reducción en el número de denuncias. Carmen Quintanilla afirma que “la media de tiempo que sufre la violencia una mujer del medio rural está entre 20 y 25 años”, algo que se debe combatir a través del aumento en los servicios de asistencia y los programas de concienciación en violencia de género e igualdad.

Además, se ha evidenciado la insuficiencia de recursos ofrecidos para mujeres en municipios con menos de 20.000 habitantes. En algunos casos, los servicios especializados se ven obligados a rotar y a hacerse cargo de otras áreas, provocando una reducción en los tiempos dedicados a las mujeres que demandan su ayuda. Por ello, las organizaciones CERES (Confederación de Asociaciones del Medio Rural) y AFAMMER han impulsado proyectos para cubrir estas necesidades. Carmen Quintanilla nos habla de la iniciativa asistencial de AFAMMER, donde ofrecen “un servicio de atención y seguimiento permanente las 24 horas del día”.

Este no solo se puede realizar de manera presencial, sino que también dispone de un teléfono de ayuda al que pueden llamar las mujeres que lo deseen. La presidenta de la organización señala: “los servicios de asistencia a las mujeres en muchos casos están lejos (…), el objetivo de este proyecto es romper el silencio de las mujeres rurales”. Además, “este servicio tiene una letrada, una abogada, una psicóloga y una técnica en igualdad que permanecen en continuo contacto con ellas”, confirma Carmen. Por otra parte, desde CERES se ha impulsado la instalación de "puntos de atención", que proporcionan un acompañamiento y la consiguiente derivación a otros servicios, señala Inmaculada Idáñez Vargas, presidenta de la organización.

Por otro lado, Sofía Gabasa de FADEMUR señala la importancia de asegurar el anonimato: “en un pueblo, donde hay 100 habitantes o incluso mil, las mujeres saben que si acuden a un recurso es muy probable que la persona la conozca y esto les echa muchísimo para atrás, o incluso que sea amigo o familiar del maltratador”. La experta también denuncia, que en caso de que deseen acudir a otro recurso, “no disponen de un metro o un autobús que pase en los horarios y muchas de ellas no tienen vehículo privado, por lo tanto, la falta de accesibilidad hace que se echen para atrás”.

Por ello, Sofía apunta la importancia de atender a las especificidades del medio rural y añade otro ejemplo: “con las órdenes de alejamiento las distancias se aplican de la misma manera en una ciudad de siete millones de habitantes que en un pueblo de 700. En un pueblo, donde solamente hay un bar o una farmacia, es bastante probable que esta orden de alejamiento sea más difícil de cumplir y lo que suele pasar es que las mujeres se acaban yendo de sus pueblos y no los maltratadores”. Además, añade que “existen lugares que no disponen de conexión fija a internet o no tienen cobertura, esto hace que los dispositivos de protección telemática, como las pulseras de las órdenes de alejamiento que funcionan a través del gps, no funcionen”.

Además, el estudio de FADEMUR revela que las personas trabajadoras en estos centros demandan “una atención cercana, personalizada y discreta, porque las víctimas necesitan privacidad e intimidad, así como espacios que inspiren serenidad, tranquilidad, confianza y seguridad”. Frente a estas demandas se suma el reclamo de una mayor formación en género, sobre todo en los Servicios Sanitarios y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recoge el estudio. Otro factor señalado por los equipos de trabajo hace referencia a la excesiva burocracia para acceder a los recursos de acogida y atención, unos procesos que requieren mucho tiempo, que se descuenta del acompañamiento. Esta desprotección se ve incrementada por la ausencia de servicios de mediación cultural o interpretación para las mujeres migrantes y la falta de ludotecas o espacios para las criaturas. Unos servicios imprescindibles para que las mujeres atendidas puedan recibir una ayuda efectiva en los centros.

Frente a esta situación, las organizaciones reclaman la urgente atención a las mujeres rurales y una educación impartida bajo los principios de la igualdad de género. Por ello, tanto FADEMUR como AFAMMER han llevado a cabo proyectos de concienciación a través de talleres, jornadas, actividades informativas, etc. Carmen Quintanilla señala: “hay que seguir educando en igualdad”, es necesario que “la asistencia e información integral no solo llegue a las mujeres, sino que también llegue a la sociedad rural”. Además, pone el ejemplo de los talleres que realiza la organización en los colegios, donde “los niños y niñas hacen un trabajo libre, desde una redacción, hasta un poema, lo que ellos quieran, en contra de la violencia de género. Hablan entre ellos, debaten y al final llevamos un árbol en goma eva, donde cuelgan sus trabajos. Creamos esa conciencia de educar en igualdad y respeto, para que la violencia desaparezca de la vida de las futuras generaciones”.

Desde FADEMUR también apuestan por la organización de este tipo de actividades en los pueblos. Sofía Gabasa señala la necesidad de “hacer campañas de sensibilización adaptadas a las especificidades del medio rural, cada año lanzamos una campaña de sensibilización”. Además, añade que “la labor de sensibilización se dirige a la población en general, en las actividades que realizamos en municipios rurales, también nos referimos a adolescentes y jóvenes y ya por primera vez en 2023 vamos a empezar a trabajar en primaria”.

Por todo ello, es fundamental apoyar la creación de redes de atención a mujeres que sufren violencia de género en el entorno rural, además de reclamar un aumento en los recursos y en la investigación que se realiza en este área. Desde FADEMUR “una de las reivindicaciones que venimos haciendo es que creemos que sería importante que organismos oficiales recogiesen estos datos, para poder diagnosticar bien la situación y así saber dónde atacar exactamente”.

Si no queremos una España vaciada, no la podemos olvidar. En vistas de una señal esperanzadora, la Estrategia Estatal contra la Violencia de Género pretende consolidar el Pacto de Estado y alcanzar un reparto de servicios equitativo. Dicha estrategia se ha consolidado en el Catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en materia de Violencias Machistas. Este documento supondrá una hoja de ruta para homogeneizar y abordar de manera conjunta este plan.

Sobre todo, la estrategia pone el foco en la prevención y sensibilización en todas las formas de maltrato; la asistencia social integral y reparación para todas las víctimas; la protección y acceso a la justicia y la transversalidad en la respuesta por parte de los tres niveles administrativos. Gracias a estas medidas, se proyecta algo de luz en la erradicación de la violencia de género en el entorno rural. Porque para evitar que estas zonas se queden deshabitadas, es necesario llenarlas de servicios y protección.

Foto: archivo AmecoPress, cedido por FADEMUR