Varias asociaciones apoyan a Silvia Aquiles, a la espera de conocer la sentencia de su juicio por sustracción

La acusación pide cinco años de cárcel para esta mujer que denunció al progenitor por tener indicios de que abusaba sexualmente de sus hijos y acabó perdiendo su custodia.

Silvia Aquiles (en el centro) a la salida de los juzgados el 11 de abril, cuando se aplazó su juicio hasta el 15 de mayo. JAUME HERRERO

Patricia Reguero Ríos 22 MAY 2023 El Salto

Después de que la presión feminista y un informe consiguieran aplazarlo el pasado 11 de abril, el juicio contra Silvia Aquiles quedó visto para sentencia el 15 de mayo en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. La petición de la Fiscalía se eleva a dos años de prisión por sustracción de menores, mientras que la acusación particular pide incrementar esa pena hasta los cinco años para esta mujer que se ha visto envuelta en un laberinto judicial desde que su hija, con tres años, le manifestó haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre en 2015.

La denuncia de esos abusos dio lugar a una larga lucha judicial en la que Aquiles perdió la custodia de sus dos hijos en favor del padre, como fue concretado en una sentencia de febrero de 2020 que supone el arrancamiento de los dos niños.

Entonces la hija, que había manifestado en diversas ocasiones que no quería ir con su padre, pasa a un centro de menores y se le prescribe una terapia “para restablecer la relación paternofilial”, mientras que el hijo pasa a estar bajo la custodia del padre. Silvia solo podrá ver al menor cada 15 días en un punto de encuentro. A su hija no podrá volver a verla hasta que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) lo estime.

Lo que se juzgaba el 15 de mayo era la dilación de 14 días en el año 2020 en la entrega de sus hijos en cumplimiento de la sentencia que regulaba la guarda y custodia de los niños. La madre alega que lo que se retrasó fue la notificación que, según su versión, le llegó un día antes de acudir con sus hijos al juzgado para efectuar la entrega.

Violencia institucional

A la espera de conocer la sentencia, varias asociaciones han hecho público este lunes un comunicado de apoyo a Aquiles. Lo firman AGAMME (Asociación Galega contra o Maltrato a Menores), Red de Madres Protectoras, Plataforma Yo sí te creo, La Laboratoria y Novembre Feminista.

Las firmantes reclaman para Silvia Aquiles y para todas las madres que han denunciado violencia de género o abuso incestuoso “un proceso de reconocimiento oficial del valor social que tiene su valentía y su integridad moral” ya que sus prácticas protectoras han sido criminalizadas, aducen. “Reclamamos que madres e hijos e hijas sean reconocidas como víctimas de violencia institucional, que se depuren las responsabilidades correspondientes y la revisión de sentencias en las cuales se ha utilizado la teoría fraudulenta del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se reintegren sin dilaciones los hijos e hijas a sus madres protectoras y se garantice el acceso a programas de recuperación del trauma infantil”, resumen en su escrito.

El comunicado valora el proceso contra Silvia Aquiles como un ejemplo más de “un procedimiento que busca un castigo ejemplar contra una madre a la que se había aplicado la teoría fraudulenta del síndrome de alienación parental” ya que, argumentan, el Derecho Penal debe atenerse al principio de mínima intervención, por lo que la denuncia por sustracción contra la madre no debió prosperar al haberse resuelto la presunta sustracción en el momento en el que se efectuó la entrega.

Las firmantes denuncian “las fallas del sistema judicial a la hora de investigar delitos sexuales y de violencia de género” y señalan al sistema de justicia por ejercer violencia institucional contra las madres a través del fraudulento Síndrome de Alienación Parental contra las madres que denuncian y contra sus hijos e hijas. “Las causas penales por este tipo de delitos fracasan en unas proporciones insólitas”, aseguran, y así se obliga “a niños y niñas a mantener contacto con progenitores denunciados por sus conductas violentas y en ocasiones condenados por ello”.

Las firmantes hacen referencia al caso de Infancia Libre, en el que la unidad policial adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla redactó un informe lleno de incoherencias que fue desestimado por la Fiscalía. También subrayan el caso de Verónica Saldaña, a quien el Tribunal Supremo Federal de Suiza ha permitido quedarse en ese país por considerar los niños estarían en riesgo si volvieran a España, dado que los tribunales españoles habían desoído la denuncia de abusos sexuales contra el progenitor y había establecido un régimen de visitas.

Avances teóricos pero no prácticos

En el comunicado, denuncian la violencia que se produce contra Aquiles y otras mujeres aplicando el Síndrome de Alienación Parental, reconocido y prohibido de diversas maneras. En España, Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el Pacto de Estado en su punto 129, los informes y guías del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Violencia sobre la mujer a través de las conclusiones de su XVII Seminario tratan de ponerle freno. En el ámbito internacional, el Convenio de Estambul, varias resoluciones e informes de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo en su Resolución del 6 de octubre de 2021 han recogido este problema.

El comunicado cita también el estudio Violencia institucional contra las madres realizado por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Autónoma de Barcelona que pide en sus conclusiones que se realice un proceso de revisión de sentencias en las que ha sido utilizado el fraudulento síndrome que utiliza prejuicios sexistas para culpabilizar a las madres.