Una semana de aislamiento y candado en el hotel que aloja a las temporeras accidentadas en Huelva

Tras el siniestro en el que murió una de las mujeres, varias asociaciones denuncian que la empresa, Surexport, no les permite reunirse con las trabajadoras marroquíes que les piden apoyo por teléfono, y que solo salen del hostal si van acompañadas de mediadoras o colaboradores de la empresa.

La verja de acceso al alojamiento de las temporeras marroquíes que sufrieron una accidente yendo a trabajar a una finca el pasado 1 de mayo. — AMIA

MADRID0 8/05/2023 AIRO VARGAS MARTÍN Público

La cancela del antiguo Hostal Don Diego, en la localidad onubense de San Juan del Puerto, lleva una semana cerrada con una cadena y un candado. Lo colocó un empleado de seguridad de la empresa Surexport, que alquiló el establecimiento como alojamiento de trabajadoras marroquíes contratadas en origen para la campaña de la fresa.

La puerta cerró el martes pasado, después de que representantes de varias organizaciones acudieran allí para interesarse por el estado de las alrededor de 40 temporeras que sufrieron un accidente de autobús cuando iban a trabajar en a una finca de Almonte el pasado Primero de Mayo. Una de las mujeres falleció en el acto y ya ha sido enterrada en Marruecos mientras que otras 38 resultaron heridas de diversa consideración (el conductor del vehículo también salió herido del accidente).

Una semana después del siniestro, las temporeras, contratadas en el marco del programa de migración circular entre los gobiernos de España y Marruecos, siguen sin poder verse con cualquier asociación o colectivo ajenos a la empresa para la que trabajan, que no ha respondido a las llamadas de Público.

Varias portavoces denuncian el aislamiento impuesto por Surexport tras el accidente a pesar de que algunas de las mujeres se han puesto en contacto con ellas por teléfono pidiendo que acudan a darles apoyo y asistencia.

Fatima Ezzohayry, portavoz de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) y de origen marroquí, fue de las primeras que acudió al hostal alquilado por la empresa. Fue el pasado martes, después de que una de las mujeres la llamara por teléfono "angustiada y llorando" ante la situación que vive en un país extraño del que no conoce ni el idioma ni las leyes.

En conversación con Público, Ezzohayry explica que habla por teléfono y con regularidad con al menos tres temporeras alojadas allí. Aseguran que no les permiten salir de las inmediaciones para reunirse con ella y que apenas abandonan el hostal salvo para acudir a la mutua que gestiona los trámites del accidente laboral. Siempre en compañía de mediadoras que colaboran con Surexport y otras empresas freseras que contratan en origen.

Según estas fuentes, el personal de Surexport que está presente en los alojamientos se ha mostrado muy reacio a la presencia y al interés de los colectivos que habitualmente denuncian irregularidades o, simplemente, se preocupan por los derechos y la situación de unos de los contingentes de mano de obra más invisibilizado del mercado laboral español.

En declaraciones a El País, el pasado viernes, Surexport aseguraba que se permite el paso a las organizaciones que colaboran con ellos, como las ONG Cruz Roja y Cepaim, a la Guardia Civil, a personal de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que supervisa el cumplimiento de las normas del programa de migración circular; y "a las personas que las temporeras quieran recibir". Aunque Ezzohayry niega que el último punto sea cierto.

"Prohibido el paso"

La portavoz de AMIA llegó el martes al alojamiento de las mujeres que ya han recibido el alta hospitalaria, pidió acceder al interior para entrevistar con una de las trabajadoras que la había llamado previamente por teléfono, pero los empleados de Surexport se negaron, cerraron la verja con un candado y colocaron un cartel de "prohibido el paso".

Ana Pinto, del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha describe la situación de la misma manera cuando acudió, junto a otras organizaciones, el pasado miércoles. Asegura que la empresa no responde a sus llamadas para interesarse por el estado de las trabajadoras y los trámites que pueda haber pendientes.

Vídeo

"Entendemos que es una empresa privada, pero eso no significa que las trabajadoras sean de su propiedad", critica Ezzohayry, que este lunes ha estado presente en la puerta de una de las mutuas que aseguran a la trabajadoras para intentar ver a alguna de las que van a gestionar sus bajas médicas.

"El viernes enviamos correos electrónicos a la empresa pidiendo tener acceso a ellas para darles apoyo. Algunas quieren tener acceso directo a Fatima porque tienen más confianza con ella. Está en contacto con algunos de sus familiares en Marruecos y varias trabajadoras nos han autorizado por audio a que las representemos", explica la abogada de AMIA.

Su principal preocupación ahora es el estado anímico, psicológico y de salud de las mujeres accidentadas —que ya están estables y fuera de peligro, según indicó UGT— y también la tramitación de las prestaciones y posibles indemnizaciones a las que tienen derecho.

Desconocimiento de derechos y fraudes

La falta de información con la que viven y trabajan gran parte de estas temporeras es una de las denuncias recurrentes cada campaña. La mayoría tiene poca o ninguna formación, proceden de entornos rurales de Marruecos y, en algunos casos, son analfabetas. Es habitual que desconozcan su salario real, que no identifiquen descuentos en sus nóminas por diversos conceptos, las horas extra o que no sepan cuándo tienen derecho a una baja. En el pasado se han detectado salarios por debajo de lo que marcha el convenio, cobro de comisiones bancarias o pagos de un seguro sanitario o de repatriación del que nunca se les informó, tal y como reveló La Mar de Onuba.

Por el momento, la única información que ha trascendido es que la compañía, tras una reunión con el Comité de Empresa de UGT, se ha comprometido a cubrir hasta el 100% del salario mínimo durante el periodo que las trabajadoras estén de baja —la Seguridad Social o las mutuas solo cubren el 75%— y también los gastos en medicamentos que necesiten para recuperarse de las heridas. La repatriación del cadáver de la fallecida ha sido sufragada por la aseguradora de la empresa subcontratada para el trasporte hasta la finca.

Precisamente fue UGT, sindicato mayoritario en la compañía, quien denunció en 2016 UGT "abusos, amenazas y sanciones" a los trabajadores durante la recolección de la fresa en varias fincas de la empresa. En 2018, tras la visita a las instalaciones de la secretaria general de sindicato en Andalucía, UGT informó de que se cumplía generalizadamente el convenio. En 2021, los trabajadores de Surexport en Galicia, donde la compañía se instaló también en 2013, denunciaban condiciones laborales precarias, jornadas maratonianas y acoso a representantes sindicales, según publicó El Salto.

El caso de Smahia y la lucha por las prestaciones

Desde Jornaleras de Huelva en Lucha insisten en que no solo quieren informar a las trabajadoras sobre sus derechos y que no pueden impedirles que vayan a asesorarlas si así lo quieren las afectadas. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Smahia Benjafel, una trabajadora que llevaba desde 2007 acudiendo a la campaña onubense, contratada por la multinacional Atlantic Blue. Murió el pasado marzo a causa de un cáncer que arrastraba desde hacía siete años. Los dolores se le hicieron insoportables en mayo de 2022, en plena faena, pero la empresa no le facilitó la atención médica necesaria. Fue su familia la que tuvo que denunciar en medios marroquíes el trato que recibía en España, donde tampoco le dejaban abandonar su habitación, ubicada cerca de las fincas de cultivo.

Tras varias discusiones y tensión con la empresa, el colectivo de trabajadoras de Ana Pinto logró sacarla de la finca y que la acogiera una ONG de Sevilla. Allí fue al hospital, donde le dijeron que su cáncer estaba en fase terminal. La multinacional dejó sin tramitar su prestación por incapacidad temporal a la que tenía derecho y con la que pagaría, ya de vuelta en Marruecos, su tratamiento paliativo. Empezó a cobrarla el pasado enero después de numerosas trabas de la Seguridad Social, pero finalmente, Jornaleras de Huelva en Lucha, que pidió un poder notarial para ejercer su representación en España, logró que se le reconociera su derecho y que se garantizara la atención médica gratuita en su país con cargo a la Seguridad Social española.

La mujer pudo haber sido tratada en España de su enfermedad sin coste alguno para ella —siempre dijo que seguía trabajando en España para poder pagar su tratamiento en Marruecos—, por razones humanitarias y después de varios años cotizando en el país, pero nadie le informó de ese derecho.

Otro caso de desatención fue el de Fatima Z. B., de 37 años, que murió también de cáncer en 2020. La revista La Mar de Onuba se hizo eco de que la mujer, también contratada en origen, fue despedida por la empresa onubense Frutas García Molina S. L. diez meses antes de fallecer, cuando le fue diagnosticada la enfermedad. Fue el Consulado General de Marruecos quien costeó la repatriación del cadáver, pero durante sus diez últimos meses de vida no recibió ninguna prestación por incapacidad. Tan solo obtuvola ayuda de otras mujeres marroquíes de la zona y de los colectivos Asisti Cuenca Minera, Jornaleras de Huelva en Lucha y un fondo solidario aportado por la ONG Oxfam Intermón.

La Asociación La Carpa de Sevilla registró hace varios días una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por la opacidad en la que Surexport mantiene a estas trabajadoras cuyos contratos expiran dentro de un mes aproximadamente.