Un juez de Barcelona absuelve del delito de sustracción de sus hijos a una madre incluida en la causa de Infancia Libre

El magistrado entiende que no existió incumplimiento grave de resoluciones judiciales ni que la retención de los menores tuviera carácter "indefinido" ni "permanente". Achaca la tardanza en la entrega a un intento de la madre de defender su custodia.

Silvia Aquiles. — SILVIA AQUILES

MADRID 30/05/2023 MARISA KOHAN Público

La catalana Silvia Aquiles ha sido absuelta del delito de sustracción de sus hijos por el juzgado de lo penal número 22 Barcelona. Su expareja pedía para ella hasta cinco años de prisión y la Fiscalía una pena de dos años de cárcel. Sin embargo, el juez entiende que el retraso de dos semanas en la entrega de los menores por parte de la madre, después de que una jueza hubiera dictado un cambio de custodia de los niños, no puede ser considerado como un delito de sustracción, puesto que no tuvo "intención de privar de forma indefinida ni definitiva al padre de la custodia de los hijos". Por el contrario, el magistrado afirma que su intención fue la de "apurar todas las posibilidades jurídico-técnicas y legales de oposición a la entrega de los menores", intentando que la decisión del juzgado "fuera revocada".

Desde hace ocho años esta madre vive un calvario judicial. Silvia Aquiles denunció a su expareja en 2015 por abusos sexuales hacia su hija, tras el relato de la menor sobre tocamientos. En 2018, el Hospital Vall D’Hebrón abrió un protocolo por posible abuso del padre hacia el menor de los hijos en uno de los encuentros que tuvo con su padre en el Punto de Encuentro Familiar. Ambas denuncias fueron archivadas y los informes psicosociales pusieron el foco en ella, en la madre, como ocurre en muchos de estos casos.

Los informes psicosociales acusaron a la madre ejercer un Síndrome de Alienación Parental (SAP) sobre sus hijos, una supuesta patología que no es reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica a nivel internacional, pero que se aplica en los juzgados culpabilizando a las madres cuando denuncian violencia sexual hacia sus hijos por parte del padre o cuando los menores manifiestan su negativa a ver al progenitor. La aplicación de este supuesto síndrome ha sido prohibida en la ley contra las violencias en la infancia y Naciones Unidas la considera como una violencia institucional.

Víctima de violencia institucional

De hecho, la ley catalana contra las violencias machistas reconoció a Aquiles como una víctima de violencia de género, precisamente por haberle aplicado el SAP, pero de facto, este reconocimiento no ha servido para librarla del calvario que vive en la justicia.

El 12 de febrero de 2020, la magistrada Regina Selva, del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, decidió un cambio de custodia de los menores, en un juicio en el que ni la madre ni su abogada estuvieron presentes por estar de baja médica. La sentencia decretó que Aquiles debía entregar a los menores el día 17 de febrero. La jueza concedió la custodia del menor de los niños (entonces de 4 años) al padre y el de la hija mayor (de 7 años) a la Dirección General de Infancia (DGAIA), debido a la negativa de la niña de irse con su padre.

Tanto Aquiles como su abogada afirman que no tuvieron conocimiento de la decisión judicial hasta el día 3 de marzo y que al día siguiente, la madre entregó a los menores en la ciudad de la Justicia de Barcelona.

En su sentencia, el juez afirma que la madre entregó a los hijos un día después de que el juzgado le denegara la orden de protección de sus hijos que había solicitado, una actuación que "impide apreciar la gravedad exigida por el tipo a la retención de los menores".

En sus comentarios el juez manifiesta la "sensación de tristeza y desazón" que vivió en la vista oral, sobre todo en lo tocante a "la trayectoria vital de los menores" y pide a las partes y a sus asesores que reflexionen sobre ello.

Criminalizada en el caso Infancia Libre

Silvia Aquiles es una de las 17 madres que la Policía judicial de Plaza de Castilla incluyó en el informe sobre el caso Infancia Libre, acusándola de formar parte de una trama criminal. Una denuncia de su expareja ante dicha unidad bastó para incluirla en la lista. A pesar de que en enero de 2020 la Fiscalía Provincial de Madrid archivó dicho informe policial afirmando que no había indicio de la supuesta criminalidad, la denuncia sigue pesando en estas madres.

Uno de los argumentos de su expareja durante el juicio por la supuesta sustracción fue precisamente la supuesta pertenencia de la madre a dicha organización.