Un informe documenta 117 casos de violencia institucional machista en España en 2024: "Lucho contra una justicia que me ha destruido"

El 52% de las discriminaciones identificadas por el primer estudio elaborado por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) se produjeron en el ámbito judicial.

Miles de mujeres protestan con carteles durante una manifestación convocada por Plataforma Feminista Galega, por el 8M.César Arxina / Europa Press

María Martínez Collado - Madrid-09/05/2025 Público

Yo lucho todos los días contra un señor maltratador, pero también contra una justicia que nos ha destruido". La mujer que habla detrás de este testimonio anonimizado es la puerta de entrada a un análisis demoledor que confirma una serie de prácticas que perpetúan la opresión de género desde las instituciones del Estado español. Se trata del primer informe elaborado por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) que da cuenta del carácter sistemático de este tipo de discriminaciones. Tal como señala una participante cuya voz ha sido recogida en el documento, "la justicia no es que no me crea; es que me castiga por hablar".

Esta violencia institucional, ahora documentada por el OVIM, se expresa en decisiones judiciales que "desoyen sistemáticamente" los relatos de las mujeres, en peritajes psicológicos cargados de sesgos machistas, en la revictimización durante los interrogatorios o en la omisión de medidas de protección eficaces. Pero también en algo que tiene que ver con la lógica patriarcal que impregna los criterios de veracidad, los marcos legales y las prácticas procesales. En palabras del informe: "El sistema judicial funciona como una maquinaria que despoja a las mujeres de su voz, de su credibilidad y, en última instancia, de su derecho a la justicia".

El estudio ha registrado 117 casos de violencia institucional machista a lo largo del año 2024, a partir de un total de 143 denuncias recibidas a través del canal de denuncia colectiva del OVIM, lo que representa un 81,8% del total analizado. De estos casos, el 54,7% fueron relatados en primera persona por mujeres y adolescentes que denunciaron la violencia institucional vivida. El 39,9% fueron reportados por profesionales u organizaciones acompañantes, y el 6% por personas del entorno cercano. Sobre el perfil de las mujeres, se sabe que más del 60% de las mujeres afectadas tenían entre 31 y 50 años. Además, un 37,1% habían nacido fuera del Estado español, y un 33,3% fuera de la Unión Europea.

El documento, presentado este viernes en Barcelona y al que ha tenido acceso Público, es resultado de un proceso colectivo impulsado por la organización Hèlia y ha sido elaborado por Almena Cooperativa Feminista con el apoyo de una veintena de entidades. "Hèlia es la organización que idea la posibilidad de hacer el Observatorio", explica a este medio Júlia Vega, coautora del informe y miembro de Almena: "Ellas acompañan directamente a mujeres en situación de violencia machista. Cuentan, además, con el programa Veïnes per veïnes, que funciona en los barrios con voluntarias acompañando a mujeres en su relación con las instituciones. Este programa ha tenido mucho éxito y se ha replicado desde otras entidades". El Observatorio nace, por tanto, "de la práctica". Y también de la necesidad legal de que las violencias institucionales se reconozcan en la legislación estatal, "una de las exigencias que formulamos al final del informe".

De esta forma, se constituyó un consejo asesor con representantes de organizaciones de todo el Estado, muchas de ellas catalanas, pero también de comunidades como Navarra, Madrid, País Valencià o Andalucía. "También hay expertas a título personal, juristas vinculadas a los derechos de las mujeres y organizaciones de mujeres migrantes o mujeres gitanas", detalla Vega. Se realizaron múltiples espacios participativos, se definieron marcos teóricos y operativos, y se diseñó un canal de denuncia a través de tres formularios: uno para mujeres, otro para personas del entorno y un tercero para defensoras de derechos. "Pensábamos que serían más las organizaciones las que denunciarían, pero vimos que la mayoría de casos venían directamente de mujeres. Está claro que las mujeres necesitaban un canal para poder hacerlo", reflexiona la psicóloga.

Desde una perspectiva interseccional, el 94% de los casos analizados están atravesados por múltiples ejes de discriminación autopercibida. La más citada es la discriminación por ser mujer (74,4%), seguida del racismo y la xenofobia (42,7%), el clasismo (22,2%) y el capacitismo (15,4%). A su vez, las consecuencias de estas violencias son multidimensionales: el 91,5% de los casos reportan un impacto severo en la salud emocional o psicológica, un 68,4% sufrieron consecuencias legales o administrativas, un 60,7% físicas y un 54,7% económicas. En el 73,5% de los casos, otras personas del entorno también resultaron afectadas, especialmente las hijas e hijos de las mujeres, mencionadas en más del 56% de los relatos.

El 52% de las violencias se producen en el ámbito judicial

Si se atiende a la pormenorización de sectores institucionales mencionados, el 52% de las violencias institucionales machistas identificadas se produjeron en el ámbito judicial, que concentra además a los agentes más señalados: la judicatura (53% de las instituciones), el Ministerio Fiscal (13,7%) y los servicios de abogacía de turno de oficio (12,8%). Le siguen el sector policial (11,6%), el de salud (10,6%) y el social (8%). Aunque en el 26,5% de los casos se identificó la intervención de instituciones de más de un sector, siendo la combinación judicial-policial la más frecuente.

Incumplimientos de la diligencia debida

Uno de los pilares fundamentales del informe es la constatación del "incumplimiento sistemático de las obligaciones institucionales en relación con la violencia machista", tal como lo establece la normativa internacional, estatal y autonómica. La diligencia debida, entendida como el conjunto de deberes que obligan a las instituciones a prevenir, investigar, sancionar, proteger y reparar de manera efectiva todas las formas de violencia machista, es vulnerada en la gran mayoría de los casos documentados. En concreto, el 84,8% de las instituciones señaladas no garantizaron una reparación integral del daño, el 79,8% omitieron acciones preventivas, el 59,1% no investigaron ni persiguieron los hechos denunciados y el 37,4% no implementaron sanción alguna contra los responsables institucionales o profesionales involucrados.

Estas omisiones implican, tal y como refleja el estudio, una "vulneración directa de derechos fundamentales". Por otra parte, según el informe, en el 96,6% de los casos, las instituciones impidieron u obstaculizaron el ejercicio de derechos humanos, lo que incluye desde el acceso a la justicia hasta el derecho a vivir una vida libre de violencias. En términos concretos, los derechos más afectados fueron el derecho a la reparación integral (82,8% de los casos), el derecho a la seguridad (68,2%) y el acceso a recursos efectivos (66,7%). Esto define las violencias institucionales no solo como "actos de negligencia", sino como "mecanismos de exclusión jurídica" que consolidan la "impunidad" y perpetúan la "desigualdad estructural" desde el propio aparato del Estado.

Los arrancamientos de hijos e hijas

Uno de los temas más repetidos en los relatos es el de la retirada de la custodia a madres protectoras, lo que popularmente se ha llamado "arrancamiento" de sus hijos e hijas. "Sale como un patrón muy claro", aseguran desde el equipo: "Lo que sucede es que se antepone el derecho de los padres al interés superior de las niñas y niños, que debería estar por encima según la Ley de Protección a la Infancia del Estado Español y los instrumentos internacionales".

El relato tipo, explica Júlia Vega, es el de mujeres, infancias y adolescencias que sufren violencias durante años y, al denunciar, se enfrentan a la desconfianza institucional: "El sistema se vuelve contra ellas. Se las obliga a mantener regímenes de visitas con el agresor, se impone la custodia compartida de forma sistemática y, en los casos más graves, se les retira directamente la custodia". "Hay juzgados que aplican la custodia compartida casi automáticamente, incluso cuando hay indicios claros de violencia", lamenta Vega. "Esto es parte de las violencias institucionales más graves que hemos documentado", concluye. El canal de denuncia con los respectivos formularios sigue operativo en la página web del OVIM, desde donde las expertas continúan trabajando en estudios futuros.