Trabajo obliga a Prosegur a activar el protocolo de acoso que negó a la vigilante que denunció una agresión machista

La compañía alegó que los golpes, los insultos machistas y el intento de atropello que sufrió Ángela Vázquez Romero en agosto del año pasado fueron "un incidente aislado".

Fachada exterior de una de las sedes de la empresa de seguridad Prosegur en la Calle Pajaritos, Madrid, en un imagen de archivo tomada el 8 de enero de 2020. — Eduardo Parra / Europa Press

A Coruña 11/01/2022 Juan Oliver Público

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha ordenado a la compañía Prosegur que active con carácter inmediato su protocolo de acoso para proteger a Ángela Vázquez Romero, la vigilante de seguridad que denunció un intento de agresión y de atropello por parte de otro empleado de la compañía cuando realizaban el cambio de turno en un edificio del campus de Ourense de la Universidad de Vigo.

Los hechos ocurrieron en agosto pasado, cuando el agresor golpeó a Ángela e intentó atropellarla con su coche causándole diversas heridas tras una discusión en la que el hombre profirió insultos y gestos machistas, sin que el supervisor de Prosegur en la zona ni otro vigilante que acudió al lugar de los hechos hicieran nada por ayudarla.

Finalmente, la agredida pudo llamar a la Policía, que a su vez llamó a una ambulancia que la asistió en un primer momento. Los médicos de dos centros sanitarios distintos constataron esa misma noche las lesiones físicas y psíquicas que sufrió, y emitieron sendos informes que certifican que eran compatibles con la agresión en el ámbito laboral que había denunciado.

Pese a eso y a la gravedad de la denuncia de su empleada, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Prosegur se negó a activar su protocolo de acoso asegurando que lo sucedió no podía considerarse acoso dado que se trató de un "incidente aislado".

A raíz de una denuncia de la Confederación Intersindical Galega (CIG), de la que Vázquez Romero es delegada, la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social abrió una investigación que ha concluido con el requerimiento a la empresa para que active el citado protocolo.

"En base a las actuaciones inspectoras llevadas a cabo, se formula requerimiento a la empresa a fin de que lleve a cabo la inmediata aplicación del Protocolo de Acoso Laboral, en los términos que se indican en el código de prevención del acoso laboral y procolo de actuación en caso de denuncia de acoso en el Grupo Prosegur", reza la resolución de la inspectora de Trabajo firmada el pasado 4 de enero y a la que ha tenido acceso este diario.

Público se ha dirigido a Prosegur para conocer la opinión de la compañía sobre las medidas que prevé adoptar tras la resolución de la Inspección de Trabajo, pero al cierre de esta información no había obtenido respuesta.

En octubre pasado, la empresa anunció que había abierto una investigación interna sobre el caso que había encargado a un consultor externo, pero no ha querido informar de las conclusiones de ese expediente. Vázquez Romero asegura además que nadie de la empresa ni nadie en su nombre se ha puesto en contacto con ella en estos casi cinco meses, ni para interesarse por su estado ni para conocer su versión de los hechos. Por si fuera poco, y con ella de baja, Prosegur ha designado a su presunto agresor para cubrir el puesto que ella desempeñaba.

La CIG emitió este lunes un comunicado en el que valora la resolución de Trabajo pero en el que lamenta "tanto la tardanza de la actuación inspectora como la ausencia de acta de infracción y propuesta de sanción por haberse negado la empresa a la aplicación del citado protocolo, a pesar de habérselo pedido expresamente desde la CIG y también la propia trabajadora".

"La víctima asegura que nadie de la empresa se ha puesto en contacto con ella en estos casi cinco meses"

"Esperamos ahora que la Universidad [de Vigo] deje de mirar a otro lado e intervenga de una vez en un asunto de la gravedad y magnitud del que nos ocupa, y exija de la empresa apartar al acusado de agresión de las instalaciones universitarias", añade el sindicato.

"La víctima de esta dilatada actuación inspectora y judicial es la trabajadora agredida, que cuatro meses y medio después sigue de baja y en tratamiento de las secuelas psíquicas que padece desde los hechos de aquel 20 de agosto, sin que la mutua, ni el INSS hayan reconocido aún a día de hoy la situación como derivada de accidente de trabajo", concluye el comunicado.